INVITAMOS a autoconvocarnos para conformar un FRENTE
CONTRA EL NUEVO CÓDIGO URBANÍSTICO Y LA ACTUAL PLANIFICACIÓN DEL GCBA
POR UNA PLANIFICACIÓN CIUDADANA INTEGRAL
Nos autoconvocamos desde espacios universitarios y académicos, sindicatos, asambleas, organizaciones sociales y territoriales, medios vecinales, Asociaciones Civiles y redes de profesionales, a un encuentro para expresar nuestro rechazo a la planificación urbana del PRO en la Ciudad y a los nuevos códigos de Edificación y Urbanísticos que se están tratando en la Legislatura porteña.
El encuentro será el día sábado 12 de mayo a las 11 hs. en el Parque Patricios (centro del Parque), para conformar un frente contra los nuevos códigos y la planificación propuesta por el GCBA, específicamente para rechazar el tratamiento del Nuevo Código Urbanístico.
En la Legislatura se están tratando el proyecto de Código Urbanístico y de Código de Edificación que cerrarán el ciclo de entrega de tierras públicas, privatizaciones de servicios públicos y consolidación de negocios inmobiliarios en un marco de absoluta desregulación del mercado de suelos y de alquileres en la Ciudad.
En el encuentro firmaremos una nota para presentar en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura y la Carta del Derecho a la Ciudad para presentar en la Legislatura Porteña como un proyecto de ley.
*Queríamos invitarlos a ser convocantes y estar presente el día del encuentro* (La convocatoria abierta y difusión del encuentro la comenzaríamos a realizar el próximo fin de semana con los convocantes confirmados hasta ese momento).
Para ser convocante y confirmar presencia al encuentro escribir a:
011 1532667008
PUNTOS DE RECLAMO Y PROPUESTAS para la nota a firmar y presentar ante la Comisión de Planeamiento de la Legislatura de la Ciudad
1. Rechazamos el actual tratamiento en la Legislatura de la Ciudad del Proyecto de Ley del Código Urbanístico (Expte. N° 849-J-2018) y del nuevo Código de Edificación (Expte. N° 1058-J-2018).
2. Estos Proyectos de Ley no surgieron de un participación ciudadana real, adecuada y eficaz. Son una clara muestra de la falta de reconocimiento de las aspiraciones de la comunidad.
3. No están sustentados en un diagnóstico participativo integral de la ciudad. No existen estudios serios de ningún tipo sobre las problemáticas actuales de la ciudad ni el estado de situación de cada uno de los servicios públicos y la calidad de vida de sus habitantes Cuestiones como: la crisis ambiental y habitacional, las privatizaciones y ventas de inmuebles públicos, una real sostenibilidad ambiental, el colapso de los servicios públicos, el proceso de inquilinización y de gentrificación, la concentración del suelo en menos manos, la desigualdad y fragmentación como consecuencia de la privatización y la mercantilización de la vida urbana, las dificultades de las economías populares, y los efectos negativos de la desregulación y especulación inmobiliaria, entre otros, no están contemplados ni mínimamente en estos proyectos.
4. Tampoco se ha acompañado con el Código Urbanístico estudios sobre los impactos sociales, ambientales y económicos, acumulativos y estratégicos, de las propuestas que tienen por objeto establecer nuevos parámetros constructivos y de usos. Es necesario analizar las capacidades constructivas que se asignan y las densidades habitacionales resultantes, en relación con la oferta de infraestructura, servicios, equipamientos sociales y espacios abiertos, que son los soportes básicos de la calidad de vida en las ciudades. También resulta ineludible la formulación de análisis que relacionen el impacto de la nueva normativa con los precios y la dinámica inmobiliaria, y a estos con el crecimiento de la precariedad habitacional.
5. Primero debe actualizarse el Plan Urbano Ambiental y aprobarse por ley su Modelo Territorial. Su actualización es obligatoria cada 5 años y está pendiente desde el año 2014. El Modelo Territorial nunca se aprobó. Debe iniciarse el proceso con una evaluación y diagnóstico participativo de lo que ocurrió en la ciudad en las últimas dos décadas y su estado actual.
6. Con posterioridad, debe tratarse el Código Urbanístico conjuntamente con un Código Ambiental que responda al Plan Urbano Ambiental actualizado. La Legislatura ha incumplido, en más de 20 años, el mandato constitucional de sancionar el Código Ambiental.
7. El Código Urbanístico que propone el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es netamente un código inmobiliario al preocuparse solamente por: la capacidad constructiva de las parcelas, legalizar los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década, garantizar seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias, incrementar el precio del suelo y de los alquileres considerándolos buenos indicadores del desarrollo urbano, alentar las inequidades producidas por el mercado inmobiliario, y aumentar en forma genérica los metros cuadrados autorizados a construir en toda la ciudad.
8. El Código Urbanístico consolida la planificación de esta última dos décadas al no permitir el debate respecto a las normas que autorizaron: grandes proyectos inmobiliarios en terrenos públicos de la ciudad y nacionales, la sobreconstrucción, el sacrificio de grandes extensiones de espacios verdes públicos, la privatización de los servicios públicos, el vaciamiento del banco de inmuebles de la ciudad, y la pérdida de la diversidad cultural, patrimonial y de la identidad de los barrios.
9. El Código Urbanístico tiene como horizonte poblacional que en la ciudad vivan 6 millones de habitantes. "Cambiemos" justifica esta decisión con la descripción de que durante el día en la ciudad conviven 6 millones de personas pero sólo duermen en la ciudad 3 millones. La solución para Cambiemos es lograr que los otros 3 millones de personas duerman en la ciudad justificando de esta forma el eje arquitectónico del Código Urbanístico y del Código de Edificación que es el aumento generalizado de la capacidad constructiva en la ciudad. La orientación de la planificación debería ser la contraria. No debería impulsarse la concentración de la población metropolitana en la ciudad sino descentralizar el acceso a los servicios y al trabajo en toda el área metropolitana justamente para que esas tres millones de personas no deban trasladarse ni incrementar la ya alta densidad demográfica de la ciudad.
10. Solicitamos que se garantice nuestro derecho constitucional a la Democracia Participativa y a una PLANIFICACIÓN CIUDADANA que supere la planificación monopolizada por intereses económicos que no respeta la democracia participativa y las comunas. En la ciudad deciden los grandes inversores y el mercado inmobiliario que la ponen al servicio de sus intereses especulativos. La inversión pública y las plusvalías urbanas, que son producto de nuestro esfuerzo colectivo, están siendo apropiadas por grandes empresarios y propietarios inmobiliarios.
11.Solicitamos prioritariamente la suspensión del tratamiento de los proyectos de ley del Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación en la Legislatura de la Ciudad.
12. Además, peticionamos el inicio urgente del proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental y, con posterioridad a su sanción, el tratamiento en forma conjunta del Código Urbanístico, del Código Ambiental y del Código de Edificación. Solicitamos que se adopte como base del diagnóstico y la discusión: a) el relevamiento de las expectativas y propuestas ciudadanas que surgieron de la realización de diversos talleres llevados adelante por asambleas y colectivos, sintetizados en los doce puntos de la PROPUESTA URBANO AMBIENTAL VECINAL, y b) los principios, derechos e instrumentos propuestos en la Carta del Derecho a la Ciudad firmada por más de un centenar de organizaciones, colectivos y asambleas.
13. Debe reconocerse normativamente el paradigma del Derecho a la Ciudad con sus principios, derechos e instrumentos urbanísticos. Sus principales principios son los siguientes:
A) Un ejercicio pleno de los derechos humanos que destaque su carácter colectivo e impulse la consolidación de nuevos derechos urbanos que surjan de la relación de las personas con su territorio, el espacio y su hábitat.
B) La democratización de las ciudades garantizando la participación en la toma de decisiones relativas a la planificación y al gobierno. La democratización (distribución igualitaria) de los recursos y bienes comunes que ofrece la ciudad, de las de cargas y beneficios que genera, de la posesión del suelo y del uso de los espacios urbanos.
C) Entender las ciudad como un Bien Común:
· Garantizando la función social, ambiental y ecológica de la propiedad y de la ciudad, con prevalencia de lo público sobre lo privado y de lo colectivo sobre lo individual.
· Ambientalmente sustentable, que garantice un equilibrio entre el campo y la ciudad.
· Planificadas hacia la integración socio-urbana y la igualdad urbana con el objetivo de alcanzar ciudades: integradas, conectadas, incluyentes y equitativas.
· Evitando su descapitalización, la concentración de la tierra urbana en pocas manos y los procesos de gentrificación.
· Promoviendo una economía urbana caracterizada por la desmercantilización de las ciudades y el fortalecimiento de una economía social, solidaria y de pequeña escala.
· Orientada a una cultura urbana colaborativa, horizontal, solidaria y descolonizada que genere ciudades diversas y mixtas.
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