lunes, noviembre 29, 2010

Crece la lucha vecinal para proteger la identidad barrial

PIDEN QUE NO SE ENTREGUEN MAS HABILITACIONES

Cada vez son más las agrupaciones que buscan frenar las construcciones de edificios. Se quejan del cambio de la fisonomía del barrio, de problemas con el colapso de los servicios y del fuerte incremento del tránsito.
“Todos los días nos llegan denuncias por la cantidad de obras que hay en Caballito. Las quejas no sólo vienen por el lado de los problemas que generan las construcciones de edificios, sino también por la pérdida de identidad del barrio”. Gustavo Desplats, de Protocomuna Caballito, una agrupación que nuclea a decenas de vecinos que trabajan por ese barrio, anuncia la problemática. El debate ya está planteado: cada vez son más los vecinos que intentan frenar las construcciones de grandes edificios o torres. El cambio de fisonomía que experimentan esos lugares, sumado a problemas por el aumento de la densidad de la población, caos en el tránsito y hasta pedido de suspensión de construcciones, están al tope de los reclamos.

Según un relevamiento de la Consultora Reporte Inmobiliario, Palermo, Caballito, Belgrano, Puerto Madero y Villa Urquiza encabezan la lista de los barrios en donde más construcciones hubo en los últimos ocho años. Otros sectores, como Villa Pueyrredón, están en pleno crecimiento. “Mucha gente se nos acerca para pedirnos ayuda. Por la saturación de instalaciones, tienen problemas con cloacas, el gas y la presión del agua. Es algo muy común en los barrios donde abundan las construcciones”, cuenta Javier Miglino, un referente de Defendamos Buenos Aires. Y agrega que la postal de aquellos barrios de casas bajas “cambió por un lugar de edificios de altura, con poca luminosidad”. Caballito es el barrio que pinta de cuerpo entero el panorama: hay 101 construcciones de edificios en 54 manzanas.

Esto de “construcciones de altura” genera discordias. Desde Reporte Inmobiliario aseguran que “en un 99 por ciento, las habilitaciones que se consiguen para construir no son de torres, como suelen confundir los vecinos”. Sin embargo, los edificios de 20 pisos, explica Miglino, abundan. Desde Protocomuna Caballito presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Justicia para suspender la entrega de permisos y finales de obras en Urquiza, Villa Pueyrredón, Palermo y Coghlan hasta que se realicen las obras incluidas en el decreto 220/07, que establece que deben realizarse cañerías cloacales y de provisión de agua.

Construcciones sin previsión

Todo el tiempo surgen nuevas construcciones de edificios. Se tira abajo cualquier cosa y se empieza con la obra. Después, comienzan los problemas que los vecinos denuncian: olores por las cloacas, problemas de gas, poca presión del agua, falta de luminosidad, superpoblamiento de los barrios, congestionamiento de tránsito... Muchos de los vecinos que se acercan, además, nos cuentan que tienen miedo. Hay casas que quedan entre medio de edificios y, durante las construcciones, las vibraciones y los ruidos son terribles. Todo esto sumado a algo que, a esta altura, se dejó de lado: la pérdida de identidad de los barrios. La fisonomía quedó destruida.



jueves, noviembre 18, 2010

El barrio donde las torres no se rinden

VECINOS DE VILLA PUEYRREDON RECLAMAN QUE NO SE AUTORICE LA CONSTRUCCION DE TRECE NUEVOS EDIFICIOS
Pese a que una ley prohíbe construcciones superiores a doce metros de altura, el gobierno no rechazó los pedidos realizados con anterioridad para construir torres. Los vecinos temen que las autoricen por supuestos “derechos adquiridos”.

Por Eduardo Videla
Los vecinos de Villa Pueyrredón lograron en mayo la aprobación de una ley que limita la altura de las nuevas construcciones en el barrio, pero el fantasma de las torres sigue vigente. Es que aún están pendientes de resolución trece pedidos de permiso de obra para construir edificios de diez pisos de altura. Esas solicitudes habían sido hechas antes de la sanción de la ley y, si bien los inversionistas no hicieron otro gasto que la compra del terreno, en distintas áreas del gobierno porteño ya hablan de “derechos adquiridos”. Los vecinos aseguran que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, les había prometido que en el barrio no se otorgarían nuevos permisos de obra. Pero como los permisos no fueron denegados, después de tanto tiempo, temen que esa palabra no se cumpla.
“Cuando hay daño ambiental no hay derecho adquirido que valga”, advierte a Página/12 Abel De Grande, uno de los vecinos de Villa Pueyrredón perjudicados por la proliferación de edificios de altura: su casa quedó justo al lado de una torre y uno de los nuevos permisos solicitados es para el terreno que da a la otra medianera. “Si se aprueba, mi casa quedaría encajonada entre dos edificios”, afirmó.
La zona afectada tiene como eje a la calle Salvador María del Carril, una arteria que hasta hace poco se caracterizaba por un perfil de casas bajas, en un barrio donde abundan los pasajes. Los vecinos iniciaron la protesta el año pasado, cuando vieron que el auge de la construcción y los negocios inmobiliarios habían llegado hasta el barrio, con la construcción de unos treinta nuevos edificios de altura.
Los vecinos recurrieron primero a la Justicia. Después de obtener una respuesta negativa a un recurso de amparo, lograron un fallo favorable a una presentación que encabezaron los diputados Rocío Sánchez Andía, Eduardo Epzsteyn, Juan Cabandié y Adrián Camps. El fallo de la jueza Andrea Danas, del 27 de abril de este año, ordenó “la suspensión del otorgamiento de permisos de obras nuevas”. De acuerdo con esa sentencia, el Gobierno de la Ciudad no debería autorizar ninguno de los pedidos realizados.
Días después, el 13 de mayo, la Legislatura aprobó por unanimidad una ley que limita a 12 metros la altura máxima de las nuevas construcciones sobre Del Carril, desde Campana hasta Constituyentes, y sobre La Pampa, hasta Burela. Se trata de la ley 3447, publicada en el Boletín Oficial en junio. Cinco meses después, las trece solicitudes de permisos presentados antes de la sanción de la ley siguen pendientes de resolución.
Ante una consulta de Página/12, en el Ministerio de Planificación y Desarrollo Urbano porteño –donde la Dirección de Registro de Obras y Catastro debe decidir si se autorizan o no las construcciones– explicaron que “los trece expedientes fueron girados en consulta a la Procuración General para definir un criterio”. Pero tanto en ese ministerio como en la Procuración, los vecinos escucharon hablar de los supuestos “derechos adquiridos” de los inversores que iniciaron sus trámites antes de la sanción de la ley, aunque hasta ahora no hayan comprado ni un ladrillo. De los trece trámites, sólo uno fue iniciado este año, otro comenzó en 2007 y los once restantes corresponden al año 2009.
“Sabemos que este estado de indefinición puede durar años y que, tal como ocurre actualmente en Caballito, después de más de dos años de promulgada una ley, comienza la construcción de nuevos edificios burlando la lucha vecinal y la voluntad expresada por la Legislatura”, manifestaron los vecinos a través de un comunicado.
El 18 de octubre último los vecinos de Salvemos al Barrio le presentaron al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, una nota en la que solicitan que “arbitre las medidas necesarias para que las nuevas construcciones se adecuen a la nueva zonificación, dispuesta por la ley 3447”.
“Que se edifiquen torres en una zona en la que han sido prohibidas repetiría los mismos perjuicios y reclamos por los que hemos gestionado todo este tiempo”, expresa el petitorio que los vecinos le entregaron a Macri.
“No estamos en contra de las construcciones –concluye De Grande–, pero queremos que se respete nuestro derecho a una vida digna.”

lunes, noviembre 15, 2010

Vecinos van a la Justicia para frenar túneles bajo las vías

Están presentando amparos contra unos 20 viaductos pequeños en calles laterales de la Ciudad previstos para 2011. El Gobierno responde que son necesarios para hacer los túneles más grandes. Dicen que alteran el barrio y no eliminan las barreras
Era un conflicto anunciado. Cuando el programa de obras del Ministerio de Desarrollo Urbano que contempla la construcción de 25 pasos en vías de ferrocarriles tomó conocimiento público, aparecieron también las quejas de los vecinos de los diferentes barrios afectados que cuestionan puntos clave del proyecto y buscan que la Justicia dicte una medida cautelar para frenar algunas de estas obras (ver recuadro). El foco está puesto en 20 de esos túneles, que son de un sólo carril y están previstos para las calles paralelas a las grandes avenidas (se los conoce como “sapitos”) porque, según argumentan, no cumplen con los objetivos planteados en el Plan Urbano Ambiental: eliminar las barreras para minimizar el riesgo de accidentes, agilizar el tránsito y poder aumentar la frecuencia de las formaciones.
El programa establece el comienzo inminente de los trabajos en siete puntos clave de las líneas Mitre y Urquiza. La semana pasada largaron con la construcción de la rampa del paso bajo nivel en el cruce con las vías del ramal Suárez, por lo que está restringido el tránsito en los dos carriles de la izquierda de la avenida Monroe, entre Naón y Estomba. Después vendrán los viaductos de Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde, en el ramal Tigre. Y los pasos de Iberá y Besares (ramal Tigre), Arias (ramal Mitre) y Ceretti (ramal Suárez). Estos últimos, todos “sapitos”, serán de menor altura (la referencia son las ambulancias coronarias) y tendrán un costo de unos $ 17 millones cada uno. La previsión es que en 2011 habrá 20 túneles en construcción.
“Nadie se opone al progreso, pero nos encontramos con que la mayoría de estos túneles no elimina las barreras”, resume Lucas Tarquini, vecino de Cuenca y Asunción, Agronomía. Y sigue: “Lo único que va a hacer es llevar el tránsito liviano a los barrios. Por la avenida San Martín circulan camiones, y colectivos que van a seguir utilizando esa barrera”.
Miguel Angel Pérez, vecino de Lavallol y Gutenberg, se suma al reclamo. “La obra altera de cuajo nuestro sistema de vida. Achica las veredas, reemplaza árboles de 25 metros de altura por arbustos y queda una calle lateral en la que ni siquiera podrán detenerse los vehículos. Ni hablar de la polución: va a ser terrible”, enumera. Y Cecilia Tomalino, también frentista de la zona, apunta: “En el radio de Agronomía y Devoto hay diez pasos a nivel, se van a hacer seis ‘sapitos’ y no se elimina ninguna barrera”.
Sobre las obras previstas para las intersecciones de Navarro y Juan Pedro Varela con las vías del ferrocarril San Martín opina Roberto Larreguy, vecino de Navarro y Chivilcoy. “Reconozco que, desde lo urbanístico, nuestro proyecto es mejor que el de Lavallol y Cuenca. Pero no está contemplado que tanto en Navarro como en Varela, a pocos metros de la salida de los túneles, hay cruces en los que habrá que colocar semáforos, lo que va a derivar en cruces y taponamientos complicados . Nosotros no queremos quedarnos con el no a los túneles, queremos que se hagan donde está el verdadero problema: las barreras”, analiza.
En la zona de Núñez se harán cuatro “sapitos”. “Por algo nosotros elegimos un barrio tranquilo y residencial como este”, argumenta Pablo Fazio, vecino de Deheza y 3 de Febrero. “Consideramos que estas obras contradicen la normativa ambiental, porque las calles están catalogadas así. Afecta el medio ambiente, la tranquilidad, la seguridad, y las barreras de Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde siguen ahí”, sostiene.
Desde la cartera que encabeza Daniel Chaín insisten con los fundamentos del proyecto. “En la Ciudad quedan 103 pasos a nivel, en los que hay un índice muy alto de muertes por accidentes . Los “sapitos” son un paso previo y necesario para poder contener el tránsito cuando llegue el momento de encarar las obras en los cruces que tienen barrera que, por supuesto, son de mayor envergadura. No se puede hacer todo junto”, responden. Los vecinos objetan que se destine este dinero a obras que no son prioritarias y que, además, afectarán la calidad de vida en las zonas residenciales.
Sapos y sapitos
La polémica por los viaductos no es nueva. Tampoco, que los vecinos no quieran obras en la puerta de sus casas. Pero aquí interesa que muchos dicen no estar en contra de los cambios, sino que se les explique y garantice cuándo se van a hacer los grandes viaductos para eliminar las barreras, el tema más importante. Lo que parecen estar pidiendo es no “bancarse” sapitos y después quedarse sin nada. La Ciudad dice que son necesarios. Pero también que la obra mayor queda planteada para 2012, sin que se sepa qué gestión estará a cargo del gobierno.

Chain: los grandes, en 2012
Consultado sobre el tema, el ministro Daniel Chain dijo a Clarín : “Además de los sapitos que se harán el año que viene, trabajamos en lo que van a ser los cuatro túneles grandes, en San Martín, Triunvirato, Alvarez Thomas y Constituyentes. Se están revisando los proyectos para ponerlos en ejecución”, explicó. El punto es buscar la mejor alternativa para contener el tránsito por estas vías. Es cierto, de cualquier manera van a tener que hacer barreras alternativas para el tránsito pesado en las calles paralelas mientras se hacen las obras. “Triunvirato ya está licitado. Para San Martín hay un proyecto de 1998. En 2011 vamos a repasar los proyectos, convocar a las audiencias públicas y hacer el estudio de impacto ambiental correspondiente, así queda todo preparado para que en 2012 se pueda iniciar la construcción”.
Los amparos, en detalle
Hasta el momento se presentaron al menos tres recursos de amparo, y podría haber más. Las actuaciones del grupo de Cuenca y Lavallol contaron con el aval de unos 500 vecinos, y se tramitan en el juzgado N° 3. “Queremos evitar que la obra se adjudique a una empresa, porque si sale el amparo, el Gobierno va a tener que indemnizarla”, explica Lucas Taquini, uno de los vecinos que encabeza el reclamo. El miércoles pasado se llevó a cabo la primera audiencia. “La jueza solicitó al Gobierno de la Ciudad que sume al expediente los proyectos de las obras que van a eliminar las barreras, lo que se supone que vendría en una segunda etapa. También los proyectos alternativos que se barajaron, y las razones por las que fueron descartados. Y la versión taquigráfica de la audiencia pública del 3 de noviembre”, agrega. El plazo se extiende hasta el miércoles. Después habrá que esperar a que la jueza se expida.
Mientras que en el caso de los vecinos de Núñez, la semana pasada se conoció el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1, Vicente Cataldo, quien rechazó el pedido de que se “declare la nulidad y se deje sin efecto todo lo actuado respecto de la obra del paso bajo nivel de la calle Deheza y vías del ex FCC Mitre Ramal Tigre”.

miércoles, noviembre 10, 2010

Marcha a tres meses del derrumbe del gimnasio 3 videos TN

Se cumplen tres meses del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza
que terminó con la vida de tres personas. Familiares y amigos de quienes
 fallecieron, además de sobrevivientes, marcharon para pedir justicia y
 más controles.
El punto de encuentro fue la esquina de Triunvirato y Olazábal, a una
 cuadra del gimnasio. Los manifestantes están en contra de la cantidad
de torres que se construyen en el barrio, sin controles suficientes, según
denunciaron.
La cuasa tiene 5 imputados: un ingeniero civil, el titular de la constructora,
el dueño de la empresa de excavaciones y dos operadores de la máquina
 excavadora. La causa está caratulada como estrago doloso y los
 imputados por ahora están libres.


http://www.tn.com.ar/sociedad/123406/marcha-tres-meses-del-derrumbe-del-gimnasio

Derrumbe de Villa Urquiza: una pericia oficial complica al ingeniero

10/11/10
Es de bomberos y está en la causa. Dice que la excavación “no respetó las reglas”.

A tres meses del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, la situación del ingeniero Guillermo Heyaca Varela, el encargado de la obra lindera al edificio que se desmoronó, parece bastante complicada . La pericia de los Bomberos sobre las causas del derrumbe determinó que la excavación “ no respetó las reglas ”. Además, familiares de las víctimas pedirán que se investigue a funcionarios del Gobierno porteño y al dueño del local.
El 9 de agosto, el edificio de dos plantas de Mendoza 5030, donde funcionaban el gimnasio y locales de ropa, se derrumbó. Murieron tres personas que estaban dentro del gimnasio: Guillermo Fede, de 37 años; Luis Lu, de 27; y Maximiliano Salgado, de 18. La tragedia terminó costándole el cargo a Oscar Ríos, por entonces director de la Agencia Gubernamental de Control.
Desde el primer momento, el foco quedó puesto sobre Heyaca Varela, el profesional a cargo de la construcción de un edificio en el lote de al lado del gimnasio. Allí se estaba haciendo una excavación, que habría dañado los cimientos del gimnasio, según el informe.
La Justicia abrió una causa por “estrago”, delito que contempla penas de hasta cinco años. La causa quedó a cargo del juzgado penal N° 45, cuya titular es María Fontbona de Pombo.
La pericia estuvo a cargo de los Bomberos de la Policía Federal.
Clarín accedió al informe, que entre sus puntos más importantes asegura que “pudo observarse la inexistencia de apuntalamientos eficaces”, “falta de base de apoyo” de los tabiques, y que las bases de la demolición de la construcción que estaba antes en el lote se veían “ totalmente descalzadas y apuntaladas de manera deficiente ”.
En la causa, Heyaca Varela afirmó que había realizado todo lo que correspondía y que contaba con las habilitaciones de parte del Gobierno porteño. Los otros dos imputados son Daniel Menta, dueño de la obra que se estaba construyendo, y José Pataro, titular de la empresa que alquiló la excavadora.
El Gobierno porteño intentó presentarse como querellante, pero la jueza se lo negó. La postura oficial es que Heyaca presentó los planos correctamente, pero luego hizo otra cosa . “Ningún funcionario fue imputado”, informó el procurador de la Ciudad, Ramiro Monner Sans.
Pero los familiares de las víctimas quieren que se investigue el rol del Gobierno. Fernando Burlando, abogado de Patricia Izraelewiz, la madre de Maxi Salgado, le aseguró a Clarín : “Si el Gobierno porteño hubiera realizado los controles correspondientes, esto no habría pasado. Queremos que se investigue al poder político. En otro lugar esto hubiera significado un escándalo y el final de la carrera de varios funcionarios”.
El principal punto respecto del rol del Gobierno son los controles. Es que, por ejemplo, la UOCRA, el gremio de la construcción, había denunciado que en la etapa de la demolición en el lote lindero al gimnasio ya se habían encontrado situaciones riesgosas, pero el Gobierno dijo que no pudo completar las inspecciones porque cuando fueron no encontraron a nadie.
La familia de Maxi Salgado también buscará que se investigue si el dueño del gimnasio, Pablo Galli, tuvo alguna responsabilidad.

Marcha con velas contra la impunidad

Familiares de las víctimas del derrumbe y vecinos de Villa Urquiza realizaron ayer una marcha para reclamar justicia por los tres muertos en la tragedia.Unas 300 personas se juntaron a las 20 en Olazábal y Triunvirato, y a partir de las 20.40 comenzaron a caminar hasta Mendoza y Triunvirato, donde está el lote que ocupaba el gimnasio.
Entre la multitud se pudo ver a muchos adolescentes, varios de ellos compañeros de colegio de Maxi Salgado. Llevaban remeras blancas con la foto de la víctima. También se sumaron varias personas de la colectividad coreana acompañando a los familiares de Luis Lu. Muchos también llevaron velas, que colocaban dentro de vasos descartables.
Además se vieron banderas de organizaciones vecinales que se oponen a la construcción desmedida de torres en su barrio. Es que la falta de controles a las construcciones, que denuncian los vecinos, fue uno de los principales temas que planteó la gente. También hubo reclamos contra el Gobierno porteño: “Macri da la cara. Pasaron tres meses ¿y los culpables no están?”, decía una bandera.
“Queremos que no quede impune esta tragedia y eso no significa echar un par de funcionarios sino hacer bien las cosas”, aseguró Cristian, un vecino de 42 años. En tanto, Candelaria, de 19, agregó que “se sabía que esto podía pasar, pero a nadie le importó y siguieron permitiendo que se construyera”. Y Catalina, de 22, aseguró que “si no paran con la construcción de torres ni ponen buenos inspectores, esto seguirá pasando”.

lunes, noviembre 08, 2010

Proyecto en la Legislatura por colapso de Buenos Aires


INFORMACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO: 02722

Proyecto nº:201002722  Año:2010 
Tipo:RESOLUCION Sesión:23/09/2010 
Resumen:
EL PODER EJECUTIVO INFORMARA SOBRE PUNTOS RELACIONADOS CON EL CONVENIO FIRMADO ENTR LA EMPRESA AYSA Y LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
Autores:HOUREST, MARTIN - EPSZTEYN, EDUARDO - CAMPS, ADRIAN - BASTEIRO, FABIO - ABREVAYA, SERGIO 
Bloques:DEL SUR - COALICION CIVICA - DIALOGO POR BUENOS AIRES - IGUALDAD SOCIAL - PROYECTO SUR 
Tratamiento:OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1º - El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informará a esta Legislatura, a través de los organismos correspondientes y dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos, todos ellos relacionados con el  convenio firmado entre la empresa AySA y la Ciudad de Buenos Aires en consecuencia de lo establecido por los Decretos 1929/06, 220/07 y la ley 2.359:

1.     Para que informe sobre la nómina completa de las obras a realizar en los barrios de Villa Pueyrredon, Villa Urquiza, Caballito, Palermo y Nuñez y de sus tiempos de ejecución, De las obras ya  realizadas en los cinco barrios comprendidos. las fechas de su realización. Asimismo si formaban parte de las obras de "demanda inmediata", "corto plazo" o "mediano plazo", según lo establecido en el informe de la empresa AySA.

2.     Para que informe el presupuesto oficial de las obras ya realizadas y el de las a realizarse, acompañando los antecedentes, estudios, análisis, consultas de la realización de las obras.

3.     Que informe de la existencia de estudios sobre la posible contaminación a los acuíferos Pampa y Puelche. Y sobre la población de la Ciudad de Buenos Aires producto de las perdidas y roturas de caños aceptadas por el informe de AySA de enero de 2007. Si es afirmativo solicitamos sean remitidas copias a la Legislatura.

4.     Para que informe cual es el área de la administración de la Ciudad que actuó como contralor del cumplimiento del Decreto 220/07 y de la Ley 2.359 desde su puesta en vigencia hasta la actualidad. Remitiendo listado de las  o los funcionarios que estuvieron a cargo del  o los mismos.

5.     Para que informe si en el caso de inexistencia de obras se está estudiando una solución alternativa a esta situación, Si es afirmativo solicitamos remitan toda la información a la Legislatura. Incluyendo cual es la dependencia o las que participan y los nombres de los funcionarios a su cargo.

6.     Para que informe si en caso de falta de realización de las obras de infraestructura necesarias se está estudiando la suspensión de la entrega de permisos de obra nueva y de finales de obra como medida mitigadora del daño ambiental. Si no fuera así que informe cual otra/s medida/s se estudian para preservar el medio ambiente y mitigar la contaminación producida en la actualidad. De ser así solicitamos remitan toda la información a la Legislatura. Incluyendo cual es la dependencia o las que participan y los nombres de los funcionarios a su cargo.

7.     Para que informe si el Poder Ejecutivo ha iniciado algún tipo de sumario interno para determinar las responsabilidades del incumplimiento del convenio entre la Ciudad y la empresa AySA y con lo establecido por el Decreto 220/07 y la Ley 2.359. Si esto fuera así solicitamos se remita a la Legislatura toda la información sobre el caso. Si no es esta instruyendo solicitamos se responda  los motivos  y los responsables de tal decisión.

8.     Informe si se produjo un asesoramiento, dictamen y estudio ambiental específicos sobre esta problemática por cualquier dependencia de la Ciudad o consultora de cualquier tipo. De ser afirmativa la respuesta solicitamos se remita a la Legislatura.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS

Señor vicepresidente primero:
El motivo de este pedido de informes es intentar obtener la mayor certeza sobre denuncias vecinales referidas al incumplimiento de diferentes normas y convenios que estarían exponiendo a la Ciudad de Buenos Aires y a sus habitantes a un importante daño y peligro ambiental. Si se confirmase el incumplimiento del convenio firmado con AySA  en febrero de 2007, del Decreto 220/07 y de la Ley 2.359 estaríamos ante la desgraciada situación de haber estado contaminando durante 4 años los acuíferos Pampa y Puelche por contaminación por mezcla con agua potabilizada, y lo que es aun peor por residuos cloacales.
Asimismo nos encontraríamos ante una fragante situación de incumplimiento de los deberes de funcionarios público.  Exponiendo la calidad de vida y la salud de la población. Dañando el medio ambiente y destruyendo recursos que debemos a nuestros hijos.
Por si esto fuera poco 12.000.000 de metros cuadrados de construcciones no contarían con la posibilidad de acceder a los fundamentales servicios de provisión de aguas y de recolección de residuos cloacales sin colapsar el actual ya congestionado sistema, de casi 100 años de existencia.
El Decreto 1929/06 suspendió la entrega de permisos de obras nuevas en 6 barrios de la  Ciudad de Buenos Aires por 90 días y solicito la realización de estudios de sus redes a los proveedores de gas, corriente eléctrica y provisión de agua y recolección de cloacales a los efectos de verificar las numerosas denuncias vecinales sobre la saturación de las diferentes redes.
Como resultado de los estudios realizados la empresa AySA presenta un informe que comprueba la dramática situación de la provisión de agua y de los sistemas cloacales en 5 de esos barrios, Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Caballito, Palermo y Núñez. Con la necesidad de realizar de manera urgente obras de renovación de 154 kilómetros de redes de agua, incluyen 13,9 kms. de refuerzos de la red maestra, 30 kms. de renovación de cabeceras y más de 140 kms. de renovación de colectoras. La situación de la red cloacal es todavía más dramática con obras imperiosas por un total de 134 kms. de cañerías. Estas obras demandarían hace 4 años más de 235 millones de pesos.
De manera inexplicable las obras no fueron realizadas burlando lo establecido por el Decreto 220/07 para la entrega de permisos de obra en los 5 barrios implicados. Generalizado posteriormente a toda la Ciudad de Buenos Aires por la Ley 2.359 (BOCBA N° 2736 del 31/07/2007) que estableció "Para obras nuevas o de ampliación de obras existentes, en edificios destinados a vivienda multifamiliar: certificado de disponibilidad de recursos de redes de servicios públicos. Las empresas prestatarias certificarán que la infraestructura instalada es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda que generará la obra nueva, sin deterioro de la calidad del servicio. La empresa prestataria de los servicios de provisión de gas certificará las especificaciones correspondientes a caudal de gas y presión de gas, establecidos en sus normas de servicio. La empresa prestataria de los servicios de provisión de electricidad certificará las especificaciones correspondientes a la calidad del producto técnico suministrado y nivel de tensión establecidos en sus normas de servicio. La empresa prestataria de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales certificará las especificaciones correspondientes a presión de agua, caudal de agua, continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable e inundaciones por desbordes de desagües cloacales establecidos en las normas de servicio"
Tal cual lo demuestra el Resumen Ejecutivo de la empresa AySA, de principios de 2007,  que acompañamos, sobre la red de agua: "el estudio comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de "transportar y entregar" mas caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer una demanda adicional.". Más adelante y ya para causar  indignación y temor se indica que; "la capacidad de conducción de las cañerías de las zonas objeto del estudio, se reduce en rango del 60 a 80% por lo tanto en igual medida se debe reducir el caudal teórico transportado.". En lo que se refiere a la situación cloacal se determino que: "poseen escasa capacidad de "descargar" mas caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer unas descarga adicional".
Es incomprensible que ante esta situación el Ejecutivo de la Ciudad no realizara acción alguna que permitiera paliar esta difícil situación que pone en colapso ambiental a 5 barrios de la Ciudad de Buenos Aires y provoca día a día un incremento de la contaminación y un deterioro de la calidad de vida de los vecinos de nuestra Ciudad.

Proyecto en Diputados de la Nacion por colapso de Buenos Aires

PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº 3/07 PARA LA "RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES", SUSCRIPTO ENTRE LA EMPRESA AYSA Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.



FIRMANTES:
SOLANAS, FERNANDO EZEQUIELMOVIMIENTO PROYECTO SURCIUDAD de BUENOS AIRES
ARGUMEDO, ALCIRA SUSANAMOVIMIENTO PROYECTO SURCIUDAD de BUENOS AIRES
LOZANO, CLAUDIOMOVIMIENTO PROYECTO SURCIUDAD de BUENOS AIRES
CARDELLI, JORGE JUSTOMOVIMIENTO PROYECTO SURCIUDAD de BUENOS AIRES
PARADA, LILIANA BEATRIZMOVIMIENTO PROYECTO SURCIUDAD de BUENOS AIRES
MERCHAN, PAULA CECILIALIBRES DEL SURCORDOBA
ALCUAZ, HORACIO ALBERTOGENBUENOS AIRES


 La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en el marco del Convenio Nº 3/07 para la "Recuperación de Infraestructura Hídrica de los Barrios de la Ciudad de Buenos Aires", suscripto entre la empresa AySA y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informe a este Cuerpo Legislativo, remitiendo la documentación detallada y precisa en todos los casos, sobre las siguientes cuestiones:
1. Cuáles acciones conjuntas entre AySA y el GCABA se desarrollaron desde la suscripción del citado Convenio a la fecha, con el objeto de asegurar la recuperación de la infraestructura de agua y cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sírvase de informar también cuáles son las acciones que en el mismo sentido se desarrollarán próximamente, en caso de que exista su planificación.
2. Cómo está integrada la nómina completa de las obras realizadas y a realizarse, según el caso, por la empresa AySA en los barrios que conforme a los Decretos CABA 1929/06, 220/07 y el mismo Convenio 03/07, se consideran de "criticidad" en relación a la red de servicios de provisión de aguas y de recolección de residuos cloacales.
3. Cuál es la etapa de ejecución, los tiempos proyectados y requeridos, y la vinculación de cada una de las obras relativas al punto anterior con la "demanda inmediata", de "corto plazo" o "mediano plazo" que informa la empresa AySA en su Resumen Ejecutivo, publicado en 2007.
4. Cuántos "Certificados de Factibilidad Técnica e Hídrica" se entregaron por parte de AySA desde la suscripción del Convenio y tal como éste lo establece. Asimismo infórmese para qué tipo de emprendimientos fueron emitidos y las características de los mismos, señalando las zonas específicas donde ellos se ubican.
5. Si se han producido vencimientos de los plazos pertinentes sin efectuarse las obras correspondientes lo cual, de acuerdo a la Cláusula Segunda y Tercera del Convenio, faculta al GCABA a efectuar las reparaciones necesarias por cuenta y cargo de la empresa AySA. En caso de haberse producido este supuesto, informar sus características y particularidades.
6. Si existen casos registrados en los cuales una vez vencido el plazo de entrega de los "Certificados de Factibilidad Técnica e Hídrica", conforme lo dispuesto por la Cláusula Tercera del Convenio, la empresa AySA ha omitido hacerlo, generando con su silencio "efectos positivos" que implican la autorización por parte de la misma a que los requirentes puedan efectuar sus proyectos. En caso afirmativo, sírvase remitir toda información al respecto identificando detalladamente cada situación.
7. Cual es la composición actual de la Comisión Ad-hoc creada por la Cláusula Cuarta del Convenio, y cuales han sido y son sus acciones desde el momento de su creación hasta la fecha.
8. Si existen estudios sobre la posible contaminación de los acuíferos Pampa y Puelches realizados por AySA. En caso afirmativo, sírvase de informar si la Comisión mencionada fue notificada de los resultados, teniendo en cuenta las pérdidas y roturas de sectores de la red, que fueron señaladas en el Resumen Ejecutivo de la empresa, correspondiente a enero de 2007 y remítase copia de tales informes a este Cuerpo Legislativo.


FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos es una sociedad anónima del Estado Nacional que se encuentra muy vinculada, interjurisdiccionalmente y por los servicios que presta, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La capital del país, desde hace años, experimenta un fuerte crecimiento de la actividad constructora en su territorio. En algunos barrios, como Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Caballito, se vive un verdadero "boom" de la construcción e inmobiliario aunque -paradójicamente- las posibilidades reales de acceder a la adquisición de este tipo de viviendas son remotamente lejanas, tanto por una falta de financiación coherente y efectiva, así como por los exorbitantes precios que pueden alcanzar las unidades nuevas. Esto es así al menos para la clase trabajadora que pelea día a día la batalla contra la rampante inflación. De cualquier manera, las grandes empresas constructoras continúan avanzando. El Informe Ejecutivo de AySA (Dirección Regional Capital Federal) sobre Planificación y Diagnóstico Técnico surgido en 2007 dictamina en su punto 1. 2. a) que existe un "déficit preexistente" de los servicios de agua y cloacas que "requiere la ejecución de obras que mejoren los indicadores de presión y de caudal en agua, y de funcionamiento de los colectores en cloaca, con independencia de cualquier crecimiento futuro de la demanda." En el punto 1. 2. b) revela que según "información suministrada por el GCABA, en los barrios alcanzados por el Decreto, la tasa anual de crecimiento (expresado en viviendas) es significativamente mayor (entre un 2,0 y 4,7%) al promedio de Capital Federal (0,8%) y que "ello representará en los próximos 5 años un total de 53.000 nuevas viviendas (5.270.769 m2 adicionales)". El informe destaca que el metraje de las viviendas promedio suministrado por el GCABA permitió inferir, por ejemplo para Caballito, un valor de 99 m2 por cada unidad, lo que determina un alto costo económico de las mismas.
Aquellos que pueden acceder a la compra de estas viviendas flamantes se incorporan a una demanda creciente de todos los servicios públicos. Uno de ellos, vital y fundamental, es la red de abastecimiento de aguas y desagüe de desechos cloacales.
La saturación de los servicios es un problema central hoy en la ciudad de Buenos Aires, así como lo es el mismo crecimiento de la construcción -muchas veces caótico, desordenado y desregulado- cuyas consecuencias negativas padecemos: derrumbes periódicos (con muertos y heridos), obras con precarias medidas de seguridad, incumplimiento de la normativa en la materia, reducción de espacios verdes, saturación visual y un sinfín de problemas que constituyen el "lado oscuro" de la dinámica de una gran ciudad.
Ante esta situación, en 2006, el Poder Ejecutivo de la CABA emitió el Decreto 1929/06 que suspendió la entrega de permisos para ejecución de obras nuevas en seis barrios de la Ciudad de Buenos Aires: Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Caballito, Nuñez, Coghlan y Palermo por noventa días, solicitando la realización de estudios sobre las redes de servicios a los proveedores de gas, corriente eléctrica, aguas y recolección de residuos cloacales a los efectos de verificar las numerosas denuncias y movilizaciones vecinales sobre la saturación de las diferentes redes por la mayor demanda.
Como resultado de los estudios realizados específicamente en relación a la red de aguas y cloacas, la empresa AySA presentó el informe mencionado, que demuestra la dramática situación de su servicio en cinco de esos barrios: Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Caballito, Palermo y Núñez. En el punto 3. 1. del informe se dice textualmente sobre el estado de mallas, cabeceras y descargas de subcuencas que "el estudió comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de "transportar y entregar" más caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer una demanda adicional." En el mismo punto, Inc. a) se describe la "Situación Actual del Servicio: falta de agua - falta de presión - escapes en vereda / calzada - filtraciones"
En el punto 4 (Resultado del Diagnóstico - Conclusiones) se destaca "la necesidad de instalar diversos refuerzos que permitirán abastecer de agua a zonas donde el consumo se incrementará en forma significativa" en las redes maestras. Además "se observó la necesidad de renovar cañerías de diámetros menores (100 mm / 125 mm) que actualmente funcionan como cabeceras y que no serán capaces de soportar ni la demanda global ni la inmediata." Por otro lado, "se han identificado descargas de subcuencas que resultan insuficientes para la población inmediata estimada."
En 2007, mediante el Decreto 220, el Poder Ejecutivo de la CABA celebró un Convenio con AySA para desarrollar la llamada "Recuperación de Infraestructura Hídrica de los Barrios de la Ciudad de Buenos Aires" y paliar estas situaciones de degradación e insuficiencia del servicio. En los Considerando de la norma se señala: "(...) el informe presentado por AySA presenta en forma acabada la situación de la infraestructura en materia de agua potable y desagües cloacales de los barrios alcanzados por el Decreto N° 1.929/06; Que en consecuencia, advirtiéndose que sectores determinados de la malla hídrica de la ciudad se hallan en un estado de criticidad tal que podría afectar en un futuro su normal desarrollo urbanístico, con fecha 7 de febrero de 2007 se suscribió entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa AySA un convenio para la recuperación de la infraestructura hídrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dentro de dicho marco, en los barrios alcanzados por el Decreto N° 1.929/06, AySA ha identificado áreas o lugares de criticidad en el desarrollo de la infraestructura, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias para su puesta en condiciones de servicio (...)"
En un sentido también protectivo, la Ley 2359 (CABA) dispone que: "Las empresas prestatarias certificarán que la infraestructura instalada es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda que generará la obra nueva, sin deterioro de la calidad del servicio (...) La empresa prestataria de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales certificará las especificaciones correspondientes a presión de agua, caudal de agua, continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable e inundaciones por desbordes de desagües cloacales establecidos en las normas de servicio."
Por su parte, en el Decreto 220/07 se considera "Que dentro de dicho marco, en los barrios alcanzados por el Decreto N° 1.929/06, AySA ha identificado áreas o lugares de criticidad en el desarrollo de la infraestructura, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias para su puesta en condiciones de servicio", por lo cual cabe a esta empresa vinculada al Estado Nacional la responsabilidad ejecutora de las obras, motivando el presente proyecto.
El Convenio entre AySA y el GCABA debería ser una respuesta efectiva a la grave problemática que revela el Resumen Ejecutivo de la empresa AySA, a principios de 2007: "(...) el estudio comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de "transportar y entregar" mas caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer una demanda adicional." En esta línea, y de forma alarmante, se afirma que "la capacidad de conducción de las cañerías de las zonas objeto del estudio, se reduce en rango del 60 a 80%, por lo tanto en igual medida se debe reducir el caudal teórico transportado." En lo que se refiere a la situación cloacal el informe concluye que: "poseen escasa capacidad de "descargar" mas caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer una descarga adicional". Sin embargo, desconocemos en absoluto los alcances de las obras, si efectivamente estas se están ejecutando o ya se completaron, y cuales son las perspectivas ante una demanda incesante por parte de nuevos consumidores de servicios. De darse algún incumplimiento en este sentido, las perspectivas son graves para buena parte de la población de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin dudas, las observaciones de la misma empresa especialista nos generan -como legisladores nacionales por a Ciudad de Buenos Aires- una gran y profunda preocupación que se vincula no sólo con la provisión de servicios básicos para los pobladores, sino también con la alarma de posible contaminación ambiental al señalar AySA la existencia de fisuras, roturas y averías en distintos tramos de la red de desagües cloacales (que trasladan sustancias contaminantes) en los barrios críticos, lo que puede afectar a los principales acuíferos de la región metropolitana: Pampa y Puelche. Ambos abastecen de agua no sólo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también a grandes sectores del Conurbano Bonaerense.
Es por la gravedad que toda la situación descripta implica para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en materia de servicios públicos esenciales y de cuidado ambiental que solicito el acompañamiento del presente proyecto por parte de mis pares, mediante su voto afirmativo.

domingo, noviembre 07, 2010

PEDIMOS LAS RENUNCIAS DE CHAIN Y LOSTRI

Proto Comuna Caballito
                                  Hechos. No palabras.
 
Estimados amig@s:  
El próximo martes  se cumplen tres meses del derrumbe evitable de Villa Urquiza
Ante las denuncias del diputado Ruanova que involucran al Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Daniel Chain y a su Subsecretario Arq. Héctor Lostri que fueron difundidas por numerosos medios de comunicación
Exigimos la renuncia del Ministro Chain y del Subsecretario Lostri.
Desde el comienzo de la administración macrista denunciamos la complicidad y cercanía de los funcionarios con la especulación inmobiliaria que esta destruyendo y poniendo al limite del colapso a la Ciudad de Buenos Aires. Nuevamente no nos equivocamos. La cercanía era tal que un ministro y un subsecretario forman parte de ella.
Esto es realmente impresentable. La impunidad total de los destructores. La permisibilidad con los infractores. La falta de adecuación de los valores monetarios de las multas y sanciones. El 80% de las demoliciones clandestinas. El cajoneo de proyectos y mejoras del Código. Se entienden hoy mas que nunca. No están cerca de los desarrolladores. Nunca dejaron de serlo.
Y no estamos hablando de personajes alejados del poder o en lugares remotos de la administración. Son los funcionarios centrales del área de gobierno que administra, planifica y habilita toda la temática de la construcción. Sus puestos le otorgan manejo de información privilegiada.  ¿Es ético que participen?.
Por otra parte queremos acercarles una nota del diario Perfil, publicada este domingo.
Queremos aclarar algunos puntos. El párrafo final donde habla el Subsecretario Lostri es una mentira. Cosa a lo cual nos tiene acostumbrado el funcionario. Especialista en mentirle a los vecinos y cajonear proyectos importantes para la Ciudad.
La Ciudad, contando los incluidos en "Catalogo Preventivo" No llega a los 4000 edificaciones "protegidas". Y como comentamos mejor en el siguiente punto, bastante poco "protegidas". Por culpa directa de Chain y Lostri.
Por ultimo los invitamos a que lean el Proyecto 3238-D-2010, del Diputado Martín Hourest. Que crea un régimen de sanciones y penalidades para los infractores de la ley 2548 y la nota  en el suplemento M2 de Pagina 12 sobre el mismo.
 
 
L@s saludo fraternalmente.
                        Lic. Gustavo Maria Desplats
                Coordinador Proto Comuna Caballito

Fuerte denuncia de Ruanova contra Chain

El legislador de Nuevo Encuentro acusó al funcionario porteño de accionar de manera “antiética” por participar de una sociedad que tiene por objetivo el desarrollo inmobiliario, junto a Héctor Lostri. “Es muy malo estar en los dos lados del mostrador”, expresó, y podría iniciar una acción judicial. Chain respondió: “Estoy tranquilo desde el punto de vista ético con lo que hago”. El marco fue una nueva jornada de discusión del Presupuesto 2011 en la Legislatura.

Por Patricio Tesei 

El marco fue una nueva reunión donde se discutió el proyecto de Presupuesto 2011 para el área de Desarrollo Urbano. Luego de la exposición del ministro correspondiente, Daniel Chain, y de todos sus funcionarios, fue el turno de las preguntas de los legisladores. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, y en vez de indagar sobre los números, enfiló para otro lado: expresó su “preocupación” por la actividad privada del ministro. 

“Es muy malo estar en los dos lados del mostrador”, explicó, y cuestionó que Chain sea parte integrante de una sociedad dedicada al desarrollo inmobiliario junto a Héctor Lostri, subsecretario de Planeamiento. La respuesta del funcionario no tardó en llegar. 

“Yo no compro ni vendo cosas que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. Solo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada. Lamento mucho su comentario, no solamente me parece incorrecto sino equivocado. Usted puede hacer cualquier denuncia que la vamos a contestar en el lugar correspondiente”.

Más tarde, en diálogo con NOTICIAS URBANAS, Ruanova detalló su denuncia, y sostuvo que cuenta con documentación de la Inspección General de Justicia (IGJ) “donde se documenta la constitución de una Sociedad Anónima dedicada al desarrollo inmobiliario, con el ministro como parte de la misma en fechas donde ya había asumido su cargo en el Gobierno porteño”.

El legislador agregó que puede demostrar que esta sociedad “compró un inmueble en un domicilio donde casualmente, más tarde, solo a dos cuadras, se decidió la creación de una estación de subte, lo que representa un aumento en el valor de la propiedad”. 

En defensa del ministro PRO, durante la jornada de Presupuesto, Álvaro González reconoció que “no solo hay que hacer, sino parecer”. “Chain merece mi consideración y es fácil lanzar alguna acusación que después no se prueba o no se sigue. Hay que tener cuidado cuando se habla en un lugar público y con periodistas presentes. No se tienen que lanzar este tipo de acusaciones acá, sino en la justicia”. 

Más allá del enojo de funcionarios y legisladores macristas, Ruanova evalúa una presentación en la justicia. “Hay que tener en cuenta que en la Ciudad no existe una Ley de Ética Pública, por lo que todo lo referido a estas cuestiones está referido a una ley nacional. Creo que no es ético que se de esta situación, aunque no haya una normativa que lo prohíba”, explicó.

La Constitución de la Ciudad establece que los ministros tienen el mismo segmento de incompatibilidades que tienen los legisladores y, en este punto, el artículo 73 establece que la función de diputado es incompatible con: “Ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora de asesoramiento o el mandato de una empresa que contrate con la Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados. Para la actividad privada, esta incompatibilidad dura hasta dos años después de cesado su mandato y su violación implica inhabilidad para desempeñar cualquier cargo público en la ciudad por diez años”.