Hace sólo tres semanas, alrededor de 40 legisladores porteños, de los bloques del PRO, Frente para la Victoria, y sus respectivos aliados, votaron a favor un paquete de leyes en el que se posibilita el desprendimiento de tierras públicas por parte del Estado y su cesión a privados, beneficiando principalmente a Grandes corporaciones inmobiliarias, como la empresa IRSA; la exención de diversos impuestos a grandes empresas; rezonificaciones en el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad; y otras que suponen beneficios a los intereses de algunos legisladores que, a cambio de esas concesiones, prestaron sus votos para que los proyectos antes descriptos pudieran aprobarse.Es verdaderamente preocupante lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Esta avanzada legislativa comandada por el Pro y el kirchnerismo es un capítulo más del modelo elitista que se está consolidando en la Ciudad, y que nos retrotrae a recordar los terribles efectos que surgieron a raíz de las políticas neoliberales caracterizadas principalmente por la reforma del estado, las privatizaciones de los servicios urbanos de infraestructura, y el protagonismo privado en la economía y en la producción de la ciudad.
Este mismo modelo es el que se profundiza hoy. Con el pretexto y la lógica de que el progreso y el desarrollo son sólo posibles con inversión privada, y a través de grupos empresarios de enorme poder, los partidos políticos que gobiernan la ciudad y la nación -el Pro y el Frente para la Victoria- se han puesto de acuerdo para brindarle todas las facilidades y garantías posibles a emporios económicos como el Grupo IRSA, el mayor terrateniente urbano de la Capital Federal. En este contexto la entrega de tierra pública se ha instalado como uno de los principales mecanismos para que el sector privado incremente sus ganancias y amplíe sus negocios, a la vez que los dos oficialismo logran concretar dos de sus objetivos más claros: la reactivación de la economía vía derrame -propio del modelo neoliberal- a partir de la inyección de dinero fresco proveniente de inversión privada con rentabilidad asegurada en la economía local -específicamente en el sector constructivo, y en otros sectores de la economía-, ya sea de forma directa e indirecta, intentando, de un modo destinado al fracaso, mitigar así el aumento del desempleo y el lento crecimiento de la economía. En otras palabras: pretenden resolver con una intervención hipercapitalista la crisis propia de los ciclos del capitalismo.
El modelo que nos proponen es la materialización de una ciudad de y para la clase media-alta y alta, a partir de la expulsión y desplazamiento de amplios sectores de la población de pocos recursos, vía mercado. Esto ocurre dado que las grandes inversiones inmobiliarias a las que se someterá a la ciudad traerán consigo un incremento escandaloso del valor de la tierra (el metro cuadrado), acentuando el fenómeno de gentrificación en la Ciudad, que significa la expulsión de sectores de la población que ya no pueden hacer frente al costo de vida del lugar en el que viven, no como consecuencias de situaciones particulares como la pérdida del empleo, sino que está asociado al encarecimiento del valor de la tierra y el aumento de los impuestos, entre otros. La gentrificación responde a un proceso planificado por el poder económico, el que encarnan las grandes corporaciones inmobiliarias, que fijan el valor de la tierra; y habilitado por el poder político, que les facilita la normativa que les permita construir en zonas originalmente destinadas a otros fines (muchas veces en forma meramente especulativa), las exime de impuestos (incluso en paralelo a incrementarlos para el resto de la sociedad) y, si resulta necesario, pone las fuerzas de seguridad del Estado a su servicio para reprimir las eventuales resistencias sociales a estos procesos injustos, desiguales, privatistas y expulsivos.
Es de este modo que se busca liberar a la ciudad de pobres -y también de amplios sectores medios-, vaciarla de ellos. El Estado, que sí está presente para brindar el marco jurídico apto para garantizar el lucro a los grandes grupos privados, está ausente en lo que podría ser una eventual regulación del mercado inmobiliario, tanto en operaciones de compra-venta, como en alquileres, profundizando la aguda crisis habitacional que afecta actualmente a no menos de 500 mil personas en nuestro ámbito urbano.
Muchas personas que viven en la ciudad se preguntan cómo puede ser que en una ciudad tan rica como Buenos Aires existan tantas villas y asentamientos informales y que éstas estén cada vez más pobladas. La respuesta sin duda está en la falta de planificación de una ciudad accesible para sus habitantes o, dicho de otro modo, en el hecho de que la planificación corra por cuenta de grupos económicos cuyo fin es el lucro y no la búsqueda de la igualdad y la conquista de derechos.
Lejos de confirmar el tantas veces repetido prejuicio que indica que quienes habitan las villas “viven de arriba”, no pagan impuestos y por eso eligen instalarse allí, el escenario planteado con las leyes que se vienen impulsando refuerza la idea de una ciudad cada vez más excluyente, en la que a muchas familias no les queda otra opción que ir a vivir en barrios informales, y en viviendas caracterizadas por el hacinamiento, la falta de servicios públicos básicos y en muchos casos sin acceso a la infraestructura mínima.. Así, los sectores de bajos ingresos, ya marginados de diversas maneras, sea por el regresivo sistema impositivo que proporcionalmente los castiga más que a los pudientes; por el trabajo en negro y las diversas formas de precarización laboral; por la alarmante realidad del transporte público; la falta de vacantes en escuelas públicas; o el deterioro de la atención médica gratuita; sufren además la inseguridad que implican el desarraigo, la pauperización de su calidad de vida, la falta de garantías al vivir en barrios “informales”, siempre amenazados por la posibilidad del desalojo o la erradicación, y, a la vez, en emergencia habitacional, ambiental y sanitaria.
Evidentemente no ha alcanzado con el aumento de un 140 por ciento en el pasaje de subte, ocurrido en el último verano. Ese incremento no debe leerse como un hecho aislado ni menor: el medio de transporte más rápido con que cuenta la ciudad y en el que viajan alrededor de un millón de personas por día se encareció de un día para el otro de manera estrepitosa. Ese fue otro caso de acuerdo PRO-FPV, en el que uno -el Frente para la Victoria- se aseguró aliviar la caja al descontar subsidios a Metrovías, y otro -el PRO- dio un nuevo paso hacia una Buenos Aires más elitista. Por si fuera poco, le sirvió para seguir victimizándose y continuar confrontando peleas ante los medios, mientras los acuerdos pretenden desarrollarse tras bambalinas.
Para explicar el diseño de una ciudad que parece cada vez más difícil de habitar y disfrutar, es necesario complementar lo dicho acerca de las leyes votadas el 1º de noviembre y las que se busca aprobar en estos días, con una política que viene siendo insignia del estilo PRO: la creación de polos o distritos temáticos o sectoriales que, sobre la base de la exención de impuestos a empresas asociadas a distintos rubros , generan barrios más caros y exclusivos por el incremento desregulado del valor de la tierra. El último de ellos se produjo en la votación de hace tres semanas en la Legislatura, al darse vía libre para el Distrito de las Artes, en La Boca, donde no sólo aumentará el costo de vida en un barrio popular de la ciudad, sino que la gran industria del arte competirá -y desplazará- a muchísimos artistas independientes y callejeros que actualmente enriquecen la cultura porteña. Un proceso expulsivo similar ocurrirá en caso de aprobarse el llamado “Plan Maestro de la Comuna 8” (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo).
Con la entrega de tierras públicas -en una ciudad con una alarmantemente escasa proporción de espacios verdes por habitante-, con las exageradas ventajas fiscales -y la consecuente presión tributaria que sobrevendrá para el conjunto de la población porteña-, las reformas al Código de Planeamiento a fin de permitir usos del suelo antes impedidos, entre otras “intervenciones urbanas”, el sector público sirve en bandeja la ciudad al sector privado, que hará de ella lo que mejor le convenga para ganar dinero. Y eso no es precisamente lo que conviene o beneficia a los demás sectores de la ciudad, que seguirán luchando para tratar de vivir dignamente, para acceder a la vivienda propia y para seguir habitando el lugar donde se arraigaron, se educaron y crecieron.
Quienes hablan de progreso y desarrollo quieren dejarnos una ciudad cada vez más difícil para vivir. Es claro y profundamente grave el modelo de ciudad que se instala: una Buenos Aires en beneficio de los ricos golpeando a los pobres. Una ciudad para los pocos que puedan pagarla.
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