Por Patricio Tesei
El marco fue una nueva reunión donde se discutió el proyecto de Presupuesto 2011 para el área de Desarrollo Urbano. Luego de la exposición del ministro correspondiente, Daniel Chain, y de todos sus funcionarios, fue el turno de las preguntas de los legisladores. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, y en vez de indagar sobre los números, enfiló para otro lado: expresó su “preocupación” por la actividad privada del ministro. “Es muy malo estar en los dos lados del mostrador”, explicó, y cuestionó que Chain sea parte integrante de una sociedad dedicada al desarrollo inmobiliario junto a Héctor Lostri, subsecretario de Planeamiento. La respuesta del funcionario no tardó en llegar.
“Yo no compro ni vendo cosas que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. Solo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada. Lamento mucho su comentario, no solamente me parece incorrecto sino equivocado. Usted puede hacer cualquier denuncia que la vamos a contestar en el lugar correspondiente”.
Más tarde, en diálogo con NOTICIAS URBANAS, Ruanova detalló su denuncia, y sostuvo que cuenta con documentación de la Inspección General de Justicia (IGJ) “donde se documenta la constitución de una Sociedad Anónima dedicada al desarrollo inmobiliario, con el ministro como parte de la misma en fechas donde ya había asumido su cargo en el Gobierno porteño”.
El legislador agregó que puede demostrar que esta sociedad “compró un inmueble en un domicilio donde casualmente, más tarde, solo a dos cuadras, se decidió la creación de una estación de subte, lo que representa un aumento en el valor de la propiedad”.
En defensa del ministro PRO, durante la jornada de Presupuesto, Álvaro González reconoció que “no solo hay que hacer, sino parecer”. “Chain merece mi consideración y es fácil lanzar alguna acusación que después no se prueba o no se sigue. Hay que tener cuidado cuando se habla en un lugar público y con periodistas presentes. No se tienen que lanzar este tipo de acusaciones acá, sino en la justicia”.
Más allá del enojo de funcionarios y legisladores macristas, Ruanova evalúa una presentación en la justicia. “Hay que tener en cuenta que en la Ciudad no existe una Ley de Ética Pública, por lo que todo lo referido a estas cuestiones está referido a una ley nacional. Creo que no es ético que se de esta situación, aunque no haya una normativa que lo prohíba”, explicó.
La Constitución de la Ciudad establece que los ministros tienen el mismo segmento de incompatibilidades que tienen los legisladores y, en este punto, el artículo 73 establece que la función de diputado es incompatible con: “Ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora de asesoramiento o el mandato de una empresa que contrate con la Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados. Para la actividad privada, esta incompatibilidad dura hasta dos años después de cesado su mandato y su violación implica inhabilidad para desempeñar cualquier cargo público en la ciudad por diez años”.
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