Junto a otros dos funcionarios, forma parte de un fideicomiso de 144 departamentos por $ 3,7 millones.
El 10 de mayo de 2007, poco más de un mes antes de las elecciones de junio que llevarían a PRO al poder, el arquitecto Daniel Chain, que ya sabía que iba a ser el futuro ministro de Desarrollo Urbano porteño, participó de la creación de una sociedad anónima –un fideicomiso de construcción– en la que se erigió como vicepresidente del directorio, según se publicó en el Boletín Oficial, siete días después.
Así nació Roosevelt Desarrollos Inmobiliaros SA (RDI), un emprendimiento que también involucró a su actual subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri, como director suplente y a Daniel David Dibinsky, uno de los directores de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), que planifica dónde y cómo se ampliará la red de subterráneos porteña.
En otras palabras: el ministro de Obra Pública de Macri, el funcionario que planea cómo desarrollar la Ciudad y uno de los hombres que decide cómo se harán las obras de subte conformaron un fondo (junto a otros inversores) para construir un megadesarrollo inmobiliario a siete cuadras de donde se inaugurará en octubre de 2011 la estación Juan Manuel de Rosas (Subte B) en Triunvirato y Roosevelt.
En pleno Villa Urquiza, su proyecto es realmente fastuoso: Jardines de Roosevelt hoy se encuentra en proceso de comercialización. Se trata de un complejo de 144 dúplex y tríplex, con seguridad privada, parrilla y varias amenities, en una esquina codiciada, Roosevelt y Aizpurúa.
¿Los tres funcionarios habrán aprovechado la información privilegiada para potenciar un emprendimiento propio? Hay que tener en cuenta que cuando una línea de subterráneo llega a un barrio, la tierra se revaloriza entre un 20% y 30%.
Así y todo, Chain, en varias reuniones de gestión, se quejó en público de que la tierra todavía no se revalorizó como esperaba y hasta se atrevió a ofrecerles departamentos en alguna oportunidad a otros funcionarios que no participan del negocio.
A pesar de haber sido socios fundadores, Chain y Lostri renunciaron al directorio el 26 de octubre de 2007. Pero seguirían siendo accionistas del megaemprendimiento y poseen cada uno el 7% del terreno.
El 17 de diciembre del mismo año, la empresa informó que el capital inicial de $ 40 mil con el que se constituyó la sociedad aumentó a $ 3.714.333, correspondiéndole a Chain $ 252.304; iguales sumas a Lostri y a Dubinsky, quedando este último –funcionario de Sbase– como presidente de la sociedad. Hace tres meses se empezaron a vender los departamentos.
“Sólo tengo el 6,9% del terreno y está en mi declaración jurada”, se defiende Lostri y asegura que no encuentra contradicción en tener un terreno, participar del proyecto y ser funcionario.
Pero para el legislador porteño de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, sí la hay. Esta semana, durante una reunión donde Chain y todo su equipo defendieron el presupuesto 2011, el diputado cuestionó esta delgada línea entre los negocios y la política:
“No se puede estar de los dos lados del mostrador”, se quejó, y estudia presentar una denuncia penal para que la Justicia evalúe si se trata de un delito. En la Ciudad no hay legislación que impida este tipo de “zonas grises”. “No podemos seguir sin tener una ley porteña de ética pública”, pidió Ruanova.
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