sábado, septiembre 22, 2018

No haga nada

Proto Comuna Caballito
           15 años (2003/2018)
                                                 Hechos. No palabras
Amig@s y vecin@s:
                                                       Si Ud. considera que está bien que tenga que pagar por estacionar en la puerta de su casa de 8 a 20 horas los días hábiles y de 8 a 13 horas los sábados. Entonces no haga nada. Si Ud. cree correcto llevar de 4.000 a 85.000 los espacios pagos por estacionar en la Ciudad. Alégrese y no haga nada. Si Ud. está de acuerdo con tener que pagar por estacionar en 10.000 de las 24.000 cuadras de la CABA. Muchas de ellas en lo más profundo de los barrios. Espere. No haga nada. Si  Ud. ve como una buena política de la Ciudad llevar las grúas destruye coches a 14 de las 15 Comunas porteñas. No haga nada. Si Ud., está de acuerdo en que se apliquen políticas de Estado meramente recaudatorias sin la participación de los vecinos. No haga nada.
                                                      Si Ud. considera impagables los aumentos de, hasta ahora, 1.700% en la energía eléctrica, del 1.300% en la tarifa del gas y de más del 500% en la del servicio de aguas y cloacas y que si se aprueba esta ley tendrá que pagar 5.200$ por estacionar su coche por mes en la calle y está de acuerdo. No haga nada. Si Ud. es un jubilado al que le quitaron los remedios y considera que es el momento oportuno para que le cobren por estacionar en la calle del médico. Está bien. No haga nada. Su Ud. está de acuerdo con que se aprueben leyes inconstitucionales que no respetaron las mayorías  y los procedimientos marcados por la Constitución de nuestra Ciudad (tanto la ley 5.728 como el proyecto modificatorio 2.253 fueron aprobados con 34 votos y necesitaban de 40 según la CAABA). Quédese en su casa. No haga nada.
                                                     Si a Ud. no le molesta que el proyecto 2.253 solo tenga para su aprobación los votos afirmativos del Bloque del PRO en la Legislatura y que absolutamente toda la oposición haya manifestado que se trata de una norma ilegal y haya votado en contra. No haga nada.
                                                    Pero si todo esto lo indigna, lo molesta, lo preocupa. Entonces participe de la Audiencia Pública el 23 de octubre a las 15 horas en la Legislatura de la CABA. Perú 160. Con registro de participantes previo desde el lunes 24 de setiembre a las 10 hs.http://www.legislatura.gov.ar 2253-J-2018. TRÁNSITO Y TRANSPORTE Cierre del Registro de Participantes: 18/10/2018 a las 15:00 hs.
                                                    Y díga NO a esta ley injusta, inconsulta e ilegal. Participe. Después no se queje.

                                                                                                    Gustavo Desplats
                                                                                                                Proto Comuna Caballito
Contacto: 15-3833-8491
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Inscripción de Participantes:
Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través de la página web: www.legislatura.gov.ar, cliquear sobre Participación Ciudadana y después sobre Audiencias Públicas y buscar el expediente 2.253 correspondiente a la comisión de Tránsito y Transporte y completar el formulario. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 1°, Of. 110.  de lunes a viernes de 10 a 18 horas
Para finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección General. Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana.
Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.

El Estacionamiento Medido en la Ciudad
Hace veintiocho años que dos empresas, que pareciera ganarían el actual proceso licitatorio, están brindando este servicio de forma deficiente; la mayor parte del tiempo, sin licitación, y desde el año 2001, con la licitación vencida.
Algunos datos más, esta es la sexta vez que se trata este tema:
Primero, fue la Ley 4.003, del 10 de noviembre de 2011; no había pliegos. El Poder Ejecutivo debía remitirlo dentro de los 120 días. Nunca lo realizoTodas las iniciativas terminan igual: dando un plazo. Si no, el servicio pasa después a ser públicoY nunca se cumplió. Esto pasa desde el año 2011. Y nunca la Ciudad asume la responsabilidad de lo escrito por la Ley.
En segundo lugar, se sancionó la Ley 4.482, del año 2012, que prorrogó la primera.
Luego en un tercer momento, en 2013, tuvo lugar la Ley 4.621, que también prorrogó la primera.
A continuación en un cuarto intento, en el año 2013, la Ley 4.888 modificó el Código de Tránsito y Transporte, y le incorporó terminología nueva, como lo de las tarifas progresivas. Esta incorporación de conceptos siempre tiene que ver con incrementar la recaudación. Y se vuelve a advertir que, si después de 120 días no se logra la licitación, el servicio debería ser público.
La quinta es la ley número 5.728, del año 2016. En ella se incorporo las tarjetas azules, terminales, software y una cláusula transitoria segunda que dice que en un plazo máximo de dieciocho meses contraídos a partir de la promulgación, el Poder Ejecutivo adjudicará la licitación pública. Vencido el plazo indicado, el Ejecutivo se hará cargo y el servicio deberá ser público.
El actual proyecto 2.253-J-2018 es el sexto tratamiento. Para salvar una ley NULA e inconstitucional. El PRO intenta aprobar otra ley inconstitucional buscando además burlar el fallo de la Justicia.

Para continuar con las inconsistencias, en el informe del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, que da cuenta de las denuncias que tienen estas dos empresas por este servicio deficiente. La mayoría de las ellas es por el no funcionamiento de las ticketeadoras, por la omisión en la venta de cospeles, por el exceso del precio de las fichas, por la falta de atención telefónica por parte de la empresa e, incluso, por conducta inapropiada del personal. Estas empresas fueron sancionadas en el año 2017 por un total que supera el millón de pesos. Los motivos de las sanciones corresponden a daños por acarreono funcionamiento de las ticketeadoras, conducta inapropiada y, en general, deficiencia en la prestación del servicio.
Por otra parte, el despacho de la diputada Muiños realizo un informe observando que en elmapa de tarifas de la ley 5.728 y encontraron serias inconsistencias sin justificación, especialmente cambios abruptos, extremos e inexplicables en el tipo de tarifa en una misma calle, habiendo casos en los que, aun manteniéndose idénticas condiciones de flujo de tránsito, cada dos cuadras se pasa de no estar tarifado a progresiva 2 y viceversa. Son 195 calles que presentan este inconveniente en toda la ciudad.

La Comisión de Evaluación de Ofertas está integrada por tres legisladores de la Legislatura. Todos del bloque oficialista.
Según información del 2 de julio de este año. Cada empresa abona un canon mensual de 55.000 pesos al Gobierno de la Ciudad.
El Gobierno de la Ciudad tiene asignados 118 agentes de tránsito a la operación de la empresa BRD y 96 agentes de tránsito a la operación de la empresa Dakota. Las remuneraciones varían entre 17.000 y 19.500 pesos. Pueden variar en cuanto al pago de suplementos como horas nocturnas, horas extras, etcétera. Ante la pregunta realizada a la Ciudad: “Informar si existieron gastos, pagos, remuneraciones u otras a cargo del Gobierno de la Ciudad a favor de las empresas y/o sus empleados El Gobierno de la Ciudad reconoce y abona mensualmente a ambas empresas los mayores costos salariales de la operación del sistema de control de estacionamiento en las zonas que actualmente le corresponden. Ante la pregunta: “Cantidad total y parcial por empresa de acarreos mensuales”, la empresa Dakota realiza aproximadamente 7.100 acarreos mensuales y la empresa BRD aproximadamente también en el orden de 7.000.
Las playas las pone la ciudad; los sueldos los paga la ciudad; los agentes de tránsito los provee la ciudad; y las ganancias se las llevan estas dos empresas desde hace 28 años en una situación completamente irregular.

Antecedentes de la Ley 5.728
El 1 de diciembre de 2016, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley N° 5.728[1] que autorizó la concesión del Sistema de Estacionamiento Regulado por el plazo de 10 años, modificando a su vez la Ley N° 4.888. 
Esta ley fue aprobada por 34 votos (PRO + Coalición Cívica). A raíz de esta votación se presentó una acción de amparo que tramito en el Juzgado N° 23 secretaría N° 45, y está caratulada como DESPLATS, GUSTAVO MARIA CONTRA GCBA POR AMPARO - OTROS, Expte. N° A2248-2017/0[2].  Y actualmente se encuentra en trámite en la Sala 1 de la Cámara.
Se cuestionó que la ley N° 5.728 fue aprobada por mayoría de 34 votos  y en simple lectura cuando debió ser aprobada por mayoría de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura (40 votos) y cumpliendo el procedimiento de doble lectura con la realización de audiencia pública obligatoria. 
- La ley N° 5.728 establecía un incremento de casi  1.200% de los espacios alcanzados actualmente por el estacionamiento medido.
- Ampliaba de 4.000 a 85.000 los espacios tarifados en un territorio de 203,3 km2, llegando en muchos casos hasta el interior profundo de los barrios porteños.
El sistema se ampliaba a 10.000 de las 24.400 cuadras con las que cuenta la Ciudad [7].
- Las grúas iban a llegar a 14 de las 15 comunas.  
-El vecino frentista tendria que pagar en las  tres diferentes tipos de zonas . En la sencilla tendria que realizar un complejo tramite para no pagar para estacionar hasta a 200 metros de su casa. En la progresiva 2 tiene que realizar el tramite para pagar el 50% de la tarifa y en la Progresiva 1 paga tarifa completa.
El 19 de Junio pasado, el Juez Francisco Ferrer dictó sentencia de fondo haciendo lugar a los planteos realizados en la demanda y declaró que los artículos 2, 4, 5 de la ley 5728, conjuntamente con sus Anexos, en tanto contemplan supuestos alcanzados por el artículo 89, incs. 1, 4 y 5 de la Constitución de la Ciudad, debieron cumplir con el procedimiento de doble lectura exigible. Asimismo, declaró que, encontrándose cumplidos los recaudos impuestos por el artículo 82, incisos 4, y 5 de la Constitución de la Ciudad, resultaba exigible que fueran aprobados por la mayoría de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de los artículos anteriormente identificados, aclarando que idéntico reproche se hace extensivo a las cláusulas de su antecedente que regularon idénticas hipótesis, artículos 6, 7 y 8 de la ley 4888 y sus Anexos.  
La sentencia detalló que la violación del procedimiento de doble lectura violó el derecho de los habitantes de la ciudad a ejercer su derecho a la participación y a la Democracia Participativa a través de la audiencia pública que obligatoriamente debió convocarse para aprobar la Ley 5.728.
También expresó que se violó el derecho a la libertad de expresión de los habitantes en cuanto comprende participar del debate público a través de los procedimientos legalmente establecidos.
En agosto del corriente la Fiscal de Cámara Nidia Karina Cicero considero correcto el fallo marcando la inconstitucional de  la ley de Estacionamiento Medido de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 5.728) y desistió de la apelación al fallo del Juez Francisco Ferrer. Para ver el dictamen completo 
EL GCBA DEBIO ASUMIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO  
            La Ley N° 5.728, como todas sus antecesoras desde el año 2011, dispuso que si en el plazo de 18 meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, no se adjudica la concesión del sistema de estacionamiento regulado, el Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el servicio público por sí. 
Este plazo venció el 9 de junio de 2018. Con esta sentencia el GCBA no puede adjudicar la licitación, por lo tanto, debió asumir la prestación del servicio.  
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA del Juez Ferrer
A) Tanto la Ley N° 4.888,  y N° 5.728 adoptaron medidas tendientes a otorgar en concesión servicios vinculados con el Servicio de Estacionamiento Regulado que afecta calles, y también confiere derechos sobre otros inmuebles que integran el dominio público -destinados a playas de acarreo-,  cabe concluir que debieron cumplir con el procedimiento de doble lectura (conf. artículo 89, inciso 5 de la CCABA). 
B) Estas leyes toda vez que disponen sobre bienes inmuebles de la Ciudad, a la vez que establecen concesiones y constituyen derechos sobre el dominio público de la Ciudad, por un plazo que supera los cinco años, debieron haber contado, para su sanción, con la mayoría agravada consagrada en el artículo 82, inciso 5° de la CCABA (40 votos). 
C) La alteración de predios zonificados como Urbanización Parque (UP) debió haberse efectuado siguiendo el procedimiento de doble lectura previsto en el artículo 89, inciso 1° de la CCABA. 
ANTECEDENTES y DATOS:
El contrato de concesión del acarreo de autos y el estacionamiento medido está vencido desde el año 2001. Las empresas que operan las grúas son STO (Dakota S.A) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I). Ambas empresas se dividen la Ciudad: STO desde Viamonte hacia el Norte y SEC de Viamonte al Sur.
- Dakota y BRD pagan un canon irrisorio: alrededor de 100 mil pesos por mes entre ambas acarrean 14.000 autos por mes.
El costo del acarreo incrementó mas de un 600% en 8 años. de 150 a 950 pesos.
- De esta forma, durante la gestión Pro, el acarreo acumula una suba de mas del 600 por ciento: en 2008 aumentó de 150 a 190 pesos (40%); en 2012 a 350 (84%); en 2014 a 450 pesos (29% más) y otro 29% a 580$ (2015) y en 2016 a 750 pesos. Y en 2018 a 950$.
- En noviembre de 2016, el valor del servicio se duplicó, de $ 4 a $ 8. Y en 2018 se elevo a 10$ por hora. Y según fuentes se duplicaría a 20$ por hora con la nueva concesión.
Hay mas de 14.000 acarreos mensuales por empresa. Las grúas levantan hasta 550 autos en días laborables [3]. Es decir, ganan 13,5 millones de pesos mientras sólo pagan 55 mil pesos de canon cada una. En menos de 4 horas las dos empresas recuperan el irrisorio canon de 100 mil pesos que le pagan a la Ciudad"[4].
A partir de fines del año 2014 el servicio tendría que haber sido prestado por el Gobierno de la Ciudad directamente en virtud de la ley N° 4.888. No se cumplió y ahora se otorgó otra prórroga por la ley N° 5.728 hasta mediados de 2018[5]. Y ahora mediante el proyecto 2253 se ´plantea dar otra nueva prórroga.

[1] Esta fue promulgada por el Decreto Nº 015/017 del 09/01/2017. Y se publicó en el Boletín Oficial N° 5.048 del 16/01/2017
[2] La causa judicial fue apoyada por el entonces legislador Gustavo Vera. 
[3] https://www.clarin.com/ciudades/estacionamiento-medido-sistema-obsoleto-funciona-pleno-comienza-lenta-modernizacion_0_BJPKZaTzW.html
[4]http://www.diarioregistrado.com/sociedad/110024-ciudad--fuertes-criticas-al-aumento-del-acarreo-y-parquimetros.html
[5] Cláusula Transitoria II:
En un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo adjudicará la Licitación Pública para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado.
Vencido el plazo indicado para la adjudicación de la Licitación Pública para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado, sin que se hubiese dado satisfacción a lo establecido, el Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral y su encuadre en el CCT 40/89.
LEY N° 5.728
Sanción: 01/12/2016
Promulgación: Decreto Nº 015/017 del 09/01/2017
[6] https://www.clarin.com/ciudades/estacionamiento-medido-sistema-obsoleto-funciona-pleno-comienza-lenta-modernizacion_0_BJPKZaTzW.html
[7] http://www.iprofesional.com/notas/261304-combustibles-precios-gasto-autos-comercio-Adios-a-los-parquimetros-en-la-Ciudad-el-estacionamiento-medido-se-gestionara-por-celular?page_y=0

jueves, septiembre 20, 2018

Sistema de Estacionamiento Regulado: Audiencia Pública 23-10-2018, 15.00 HS

Sistema de Estacionamiento Regulado: Audiencia Pública 23-10-2018, 15.00 HS

FECHA: 23 de octubre de 2018
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5449 del 4 de septiembre de 2018 referente al Expte. 2253-J-2018. Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/09/2018 Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/10/2018 a las 15:00 hs.
 Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través de la página web: www.legislatura.gov.ar o bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 1°, Of. 110.
Para finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-1033, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.

Mejores momentos del debate por la ley de emparche inconstitucional de estacionamiento medido


I.    OBJETO

Que atento las expresiones volcadas por los Sres. Legisladores en virtud del tratamiento en la Lesilatura de la Ciudad del Proyecto 2253-j 2018, el cual, como se indica en su encabezado, tiene como fin “Modificar y aclarar los alcances de la ley referida a la concesión de la prestación de los servicios relacionados con el estacionamiento regulado”, vengo a adjuntar las mismas por cuanto estas hechan luz sobre el tratamiento de la cuestion aquí planteada.
Es de resaltar que esta vez se presente autorizar el uso de determinados predios de la Ciudad para destinarlos a playa de estacionamiento para la remisión de vehículos en infracción por el palzo de 5 años, lo cual es estrictamente necesario para la prestación del servicio que se pretende concesionar por un plazo de 10 años.
Por ello también luce, en forma palmaria y manifiesta, que la ley de aprobacion inicial, resultante de este proyecto, es otra vez claramente incostitucional, todo por las razones que seguidamente se exponen:

II. FUNDAMENTA:

II. 1. Que el día 30 de agosto ppdo recibió aprobación inicial un proyecto modificatorio de la Ley 5728.
Esta norma es fruto del tratamiento del proyecto 2253-J 2018 oportunamente presentado a esta causa.
En virtud del principio de economía procesal, no repetiré los argumentos allí mencionados, sino me limitare a las novedades y cambios que recibió el mismo. Fundamentalmente, como se mencionara en el Punto I del presente, la baja del período de entrega del los predios destinados a playa de acarreo de 10 a 5 años, no obstante mantenerse el plazo de las concesiones a otorgarse por 10 años, ya que indudablemente al termino de esos 5 años el GCBA renovará por otro tanto la entrega de los predios para playas de acarreo hasta el fin de la Concesión. Por lo que se recurre a un artilugio legal a fin de intentar obviar el tramite previsto en el art. 82 inc. 4 y 5 de la CCABA y engañar a V.E.
Ello es contrario a lo establecido en el párrafo final del articulo 90 de la Constitución de la Ciudad, que establece: "Ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este trámite (de audiencia publica) y si lo hiciera éstas son nulas." Lo mencionado entre paréntesis me pertenece.
Es de destacar que el Proyecto, aprobado en primera lectura, asigna  el uso de "playa de estacionamiento" y no de "playa de remoción", ya que esta categoría no existe en el cuadro de usos del CPU. Por lo tanto es una excepción al Código, y también requiere para su aprobación del tratamiento de doble lectura, según lo normado por el art. 89 CCABA.
Las “playas de estacionamiento" tienen un plazo máximo de estadía de 24 horas según el Cuadro de Usos del CPU punto 5.2.1, no tienen oficinas administrativas, ni trafico de grúas y coches acarreados. (véase Ordenanza N° 33.373 y modificatorias).
En cuanto a los “garajes” (art. 5.3.3 y 5.3.4 Ley N° 123), en ellos si pueden permanecer los vehículos más de 24 horas, pero las instalaciones deben ser cubiertas, por lo que se confirma lo señalado en el anterior párrafo.
Por lo tanto se puede afirmar que, en todos los casos como en el presente, son nulos aquellos actos jurídicos que desde su nacimiento no reúnen todos los requisitos que de acuerdo al ordenamiento jurídico deben cumplir, por lo que no producen efectos.
En este caso los requisitos necesarios son: a) la sanción de la norma con una mayoría de 2/3 de los integrantes del cuerpo y b) debe realizarse cumpliendo con el procedimiento de doble lectura y Audiencia Publica entre ellas.  
II. 2. En segundo termino, la modificación de una Ley que debía requerir al menos 40 votos del Cuerpo para su aprobación, necesita contar para su modificación –en el supuesto que hubiese obtenido la primer norma esa mayoría-, el mismo número de votos e igual procedimiento. 
Por lo tanto, se puede afirmar sin temor a error que la Ley de Primera Lectura, que pretende modificar la Ley 5728, aprobada con solo 34 votos no tuvo un tratamiento legislativo de acuerdo a lo establecido por la Constitución local.
No existe en todo el texto de la Carta Magna de la Ciudad la posibilidad de dar cumplimiento en "cuotas" o “partes” de las obligaciones constitucionales. Así no cabe duda que el procedimiento de doble lectura del proyecto 2253-J-2018 no remplaza a la que no se realizo por la Ley 5.728.
Y este proyecto, para peor y como ya se mencionara, pone en evidencia que la afectación al uso “Playa de Acarreo” del predio de la plaza Los Andes por la Ley 5728, modificó el Código de Planeamiento Urbano sin cumplir con el procedimiento marcado por los artículos 89 y 90 de la CCABA.
II. 3. Al respecto se trascribirán las partes pertinentes de las versiones taquigráficas que se adjuntan al presente en su totalidad, en las cuales varios Sres. Legisladores corroboran lo que aquí se ha mencionado:
II. 3 1. Los dichos del diputado García de García Vilas vicepresidente segundo del Bloque “Vamos Juntos” de la Legislatura:

Por el contrario, entendemos que sí se han realizado modificaciones que resultan sustanciales. Nosotros entendíamos que, tal como estaba planteada la versión de la ley que se votó en su momento, era necesaria una doble lectura e, incluso, una mayoría especial 

Al el momento de la votación de la Ley 5728 el bloque "Confianza Publica" al que pertenecía el Sr. García de García Vilas voto en contra del proyecto.

La miembro informante del oficialismo, la Legisladora García de Aurteneche, expreso:

 "Los cambios que se proponen tienen que ver fundamentalmente con dos cuestiones. La primera, es el rol que ocupan estos predios, que van a ser utilizados para el acarreo y depósito de los vehículos estacionados indebidamente en la vía pública. La segunda, es el tipo de uso… - Murmullos en la Sala. Que se le está dando a una autorización de uso para playa de estacionamiento a estos predios que componen la ley y la licitación que está vigente. Sin predios que funcionen como lugar de destino para estos vehículos que se encuentren en infracción, no hay manera de prestar el servicio de forma eficiente e integral"

De esta manera, un Legislador del mismo bloque que impulsa el proyecto, confirma la necesidad de asignarle un "Uso" al predio con zonificación UP de Chacarita, planteado en esta Litis, y por lo tanto es necesariamente una ley que debió cumplir el requisito de doble lectura y audiencia publica.

Afirmando mas enfáticamente la posición de esta parte, el Diputado Maximiliano Ferraro, Vicepresidente Primero del bloque “Vamos Juntos” (oficialista) comento:

"… Estamos cumpliendo con lo que manda la Constitución de la Ciudad y hemos incorporado la modificación del artículo 6°. El tratamiento de ese artículo 6° va a tener el procedimiento de doble lectura, conforme al uso del Código de Planeamiento Urbano sobre playas de estacionamiento. Además, hemos limitado hasta un máximo de cinco años el uso de estos predios como cuestión accesoria a lo que significa brindar el servicio de estacionamiento regulado en nuestra ciudad".

De estos dichos, se infiere la afirmación de que en primer lugar en la sanción de la Ley 5728 no se cumplió con lo establecido por la Constitución, y además que la modificación por el plazo de 5 años, de la entrega de los predios para playa de acarreo y estacionamiento, deja de manifiesto que con los 10 años originales se requería de la mayoría de 2/3, establecida en el articulo 82 inc 4 y 5 CCABA y cumplir con el procedimiento establecido por los artículos 89 inc 1, 4 y 5 y 90 de la CCABA.
Pero aún más, también se desprende de lo trascripto y subrayado que este Legislador intenta adjudicar el carácter de “cuestión accesoria” a la entrega de los predios de acarreo y playas de estacionamiento, los cuales en algunos casos cuentan con zonificación UP según el Código de Planeamiento Urbano, a fin de intentar desvincular el hecho de que las playas son un “requisito sine qua non” para el funcionamiento de la Concesión, por lo que es imposible diferenciar los plazos de la entrega de los predios (5 años) y de las Concesiones (10 años) como se pretende en el Proyecto modificatorio.

El Diputado Guouman, del bloque “Evolución”, dijo:

“…el expediente que hoy estamos abordando no logran subsanar definitivamente la cuestión de la inconstitucionalidad que viene siendo tratada en esta ley. Entendemos que las modificaciones que apuntan a que las concesiones sean de servicio público y no del dominio público no logran superar el escollo que establece el inciso 5) del artículo 89 de la Constitución Porteña. Si bien se aclara una y otra vez que lo que se concesiona es el servicio, este se va a desarrollar sobre bienes inmuebles que integran el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, volviendo a caer en la norma recientemente mencionada.
Al respecto, incluso hay jurisprudencia. Precisamente, en el fallo Martin, la Sala interviniente aclara que la expresión “toda concesión” a la que hace referencia el inciso 5) del artículo 89 de la Constitución de la Ciudad abarca tanto al servicio público como al dominio público, teniendo en cuenta lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: la interpretación máxima de toda ley es su letra. A esto se suma la afectación del predio parque Chacarita, que posee una calificación de Distrito Urbanización Parque, UP, el cual, según el Código de Planeamiento Urbano, corresponde “a áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público”. Por este motivo, la autorización para utilizar este predio con otro fin importa una modificatoria indirecta del Código de Planeamiento Urbano, lo cual, de acuerdo también con el artículo 89, requiere el procedimiento de aprobación de doble lectura. Por lo tanto, entendemos que la afectación de este predio continúa viciada de nulidad por ser también inconstitucional”.

El Diputado Cortina, del bloque “PS”, dijo:

. ….Muchos bloques, en su momento, cuando se discutió la ley anterior, plantearon que los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad habían sido ignorados en la discusión, ya que estos artículos de alguna manera nos explican con claridad que un proyecto de estas características debía tener un procedimiento de doble lectura y una mayoría agravada de dos tercios. La verdad es que a regañadientes la presentación de este proyecto terminó dándole la razón a todos esos bloques y han accedido a convocar a una audiencia pública, pero eluden los 40 votos que hacen falta al reducir a cinco años el permiso de uso sobre las playas de acarreo. En consecuencia, se está discutiendo más de lo mismo. Por eso digo que no ha cambiado la matriz de lo que cuestionábamos y no tiene por qué cambiar el sentido de nuestro voto, que es de rechazo. Quiero agregar algunas cuestiones más. Hay un error o continúa habiendo un error en considerar o insistir en establecer una distinción artificial entre la concesión del servicio y los bienes de dominio público. Porque el servicio involucra a las calles, que son de dominio público. Entonces, me resulta extraño que el Gobierno desconozca esto. Otro dato que no puede ser menor en un tema tan gravitante como son los espacios verdes en la ciudad es que se desconozca que la mayoría de las playas de acarreo estarán en zona de Urbanización Parque. En ese sentido, el Gobierno hace un esfuerzo para explicar lo inexplicable, porque dice que eso permitirá que se complementen. Una cosa es un estacionamiento, que puede llegar a complementar un especio verde, y otra cosa, es una playa de acarreo. Son dos cosas totalmente distintas y, claramente, se interfiere en la calidad de los espacios verdes y no se los complementa para nada”.

El Diputado Sergio Abrevaya, del bloque “GEN”, dijo:

“…Ustedes me dirán que ahora estamos discutiendo dónde van las playas. No. Ahora estamos discutiendo la rehabilitación de la ley. Porque la ley, con la complicación judicial planteada por Desplats, está en un limbo…”.

La Diputada Muiños, del bloque “Peronista”:

Señor presidente: después de las intervenciones de los diputados Guouman, Cortina y Abrevaya, a las cuales suscribo en un cien por ciento….sino que también entendemos que este marco provocará que se vuelva a presentar un amparo”.

El Diputado Depierro, del bloque “Mejor Ciudad”, dijo:

Cuando el año pasado se votó esta Ley de Estacionamiento medido, ya se planteó una estrategia cuando se trató de obviar el hecho de las mayorías agravadas y las dobles lecturas. Hubo un fallo de la Justicia –ya no es un amparo–, una sentencia de primera instancia, que establece que la ley estuvo mal votada. Sin embargo, aquí seguimos insistiendo en repetir un procedimiento que no dio resultado... Lo que se está haciendo acá es responderle, punto por punto, al juez. No voy a adentrarme en los detalles que ya dieron los diputados preopinantes sobre la ampliación de las zonas de concesión y las condiciones. Lo que se está haciendo acá es tratar de explicar todos los argumentos en los que se basó la sentencia de primera instancia, que ni siquiera fue apelada por el fiscal. La verdad es que este es un caso raro porque, en general, el trabajo de los fiscales es apelar; en este caso, compartió los argumentos de la sentencia… se aclara que las playas de remisión no formarán parte de la concesión; pero son parte de la concesión desde el momento en que se remiten. Busquemos la forma jurídica que queramos, pero son parte de la concesión. Si no, no se podrían acarrear vehículos. “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conservará la propiedad de los predios durante toda la vigencia de la concesión”. En cualquier concesión se conserva la propiedad. O sea, en este caso, no se suma nada. “La afectación de los predios por parte del Gobierno de la Ciudad es instrumentar la eficiente prestación del servicio, constituyendo una mera autorización a favor del concesionario”. Esto no aporta nada. “En ningún caso, esta autorización constituirá a favor del concesionario derecho, privilegio o usufructo alguno sobre los predios”. Tenemos una lengua bastante rica; busquemos una palabra. Pueden remitir los autos, entrar las grúas, tener los coches estacionados y, seguramente, va a haber personal de las empresas en cada uno de estos predios. Si esto no es un derecho, un privilegio o un usufructo, es algo. O sea, se les está dando el uso de estos predios a las empresas. Por otro lado, el plazo máximo de cinco años lo entiendo como una picardía para no pasarnos del plazo establecido en la Constitución, donde queda claro que es una ley que requiere 40 votos y doble lectura. ¿Qué va a suceder después de que pasen esos cinco años?,
….Hablando de la prórroga de seis meses, “El plazo indicado en el párrafo precedente, no incluye el lapso en que por decisiones ajenas al Gobierno de la Ciudad la licitación pública no pudiera iniciarse”. En este caso, otra vez le hablamos al juez. Un fallo judicial no es una decisión ajena al Gobierno de la Ciudad.… Un fallo judicial no suspende los plazos de concesión. Si hablamos de que en seis meses, si no lo pudimos licitar, nos tenemos que hacer cargo, está en el “bolillero” que aparezca un fallo judicial que establezca que la ley que se votó y por la cual se está haciendo la licitación, está mal. Entonces, me parece que teníamos una oportunidad para generar consenso como para que esta ley se votara en las condiciones en que se tenía que votar: 40 votos y doble lectura……. Sinceramente, como se planteó anteriormente, me parece que vamos otra vez a chocarnos de cabeza contra una decisión judicial. Estas cosas no subsanan los fundamentos que originaron este fallo. …va a seguir siendo negativo porque pasó un año y no aprendimos nada. Todos los defectos que tenía la ley de estacionamiento medido siguen estando y vamos camino otra vez a darnos un “porrazo”, porque le estamos dando al juez todos los argumentos como para que la sentencia quede firme y que, en el caso de una cautelar, se vuelva a dar otra vez. No modificamos nada con respecto a los defectos de origen que tenía la ley.”

El Diputado Solano, del bloque “Frente de Izquierda y los Trabajadores”:
“…Vinieron a hacer una modificación de la ley diciendo que, en realidad, lo que se cede es el servicio y no los predios. Esto no se los cree nadie. ¿No es un predio donde se van a guardar los autos? De ese modo, se quiere sortear un fallo judicial y el mecanismo constitucional de los 40 votos necesarios y la audiencia pública. La ley original no tuvo 40 votos ni audiencia pública, pero esta ley, oh casualidad, como ven que no tienen los 40 votos dicen que hay audiencia pública. Por esta vía delatan que la primera sanción fue ilegal y lo quieren sortear con un mecanismo ilegal. …. También quisieron evitar la norma constitucional que obligaba a los dos tercios y a la audiencia pública. Pero hoy la ley está trabada…”. 

La Diputada Penacca, del bloque “Unidad Ciudadana”, dijo: 
Se vuelve a plantear un problema que, además, creemos que es el nudo central de esta situación: como estamos intentando forzar una norma y no tenemos el consenso suficiente en esta Legislatura para que la norma salga, terminamos generando una ley que es declarada inconstitucional. La ley que hoy discutimos tiene un marco regulatorio muy dudoso. De hecho, tenemos una sentencia de primera instancia, que dice que hay un montón de artículos que son inconstitucionales. Y todo es para evitar los cuarenta votos, porque no se llega al consenso suficiente,…. A este proyecto tuvieron que recauchutarlo, ponerle un rulo y hacerle modificaciones. Está bien, pero no alcanza. Lo cierto es que no hay consenso para avanzar en esta norma.
En verdad, vamos a volver a tener complicaciones. Lo decía recién un diputado: no votemos normas que sabemos que van a volver a ser recurridas en la Justicia. Perdemos el tiempo y se lo hacemos perder a la sociedad en su conjunto. Desde que se inició este amparo y el juez le dio lugar a la medida cautelar, el Gobierno de la Ciudad, desconociendo que esto está en la Justicia –cuando se llenan la boca diciendo que la Justicia tiene que resolver y que hay que esperar las resoluciones de la Justicia–, avanzó en las licitaciones. De tres licitaciones que se hicieron, dos fueron recurridas y ya hay empresas quejándose por el proceso licitatorio. Sumado a eso, ahora estamos modificando los pliegos de la licitación, con los sobres ya abiertos. Volvemos a exponer a la Legislatura a estar votando una ley que no va a tener sentido, que no va a quedar vigente, porque va a volver a tener alguna queja en la Justicia. Obviamente, está también la discusión de la inconstitucionalidad. Precisamente, dos de los predios que se incorporan en esta ley tienen zonificación UP; por lo tanto, son plazas. No hay manera de no entender que son bienes de dominio público de la ciudad. No importa cómo lo quieran maquillar, qué quieran dibujar o cómo quieran construir el relato; lo cierto es que se trata de bienes de dominio público. Por lo tanto, no se está cumpliendo con el artículo 82, inciso 5), de nuestra Constitución. Todo este planteo es compartido por el conjunto de la oposición en la Legislatura. No sé si hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero en esto me parece que hay un acuerdo rotundo”.

Ello así, demuestra que se intenta salvar la vigencia de gran parte del articulado declarado inconstitucional de la ley 5728, por su tramite de aprobación, mediante el dictado de otra norma formal de igual carácter. De más esta decir que, ante semejante osadía, no existe jurisprudencia de casos análogos.

Version taquigrafica del tratamiento en la Legislatura CABA de la ley de emparche del estacionamiento medido



Sr. Secretario (Pérez).- Corresponde considerar las preferencias con despacho. Modificación de la Ley 5728 sobre sistema de estacionamiento regulado
Sr. Secretario (Pérez).- Despacho 446, proyecto de ley, modificación de la Ley 5728, referente al sistema de estacionamiento regulado. Es una ley de primera lectura. Ayer se acordó diez minutos por bloque para hacer uso de la palabra.
- Insertar Despacho 446.
Sr. Presidente (Quintana).- En consideración. Tiene la palabra la diputada Cristina García de Aurteneche.
Sra. García de Aurteneche.- Señor presidente: como dijo el Secretario Parlamentario, estamos considerando el Despacho 446/18. Antes de adentrarme en este despacho, quiero compartir en este recinto las virtudes y los beneficios que trae consigo el sistema de estacionamiento regulado en la ciudad. Cada vez que debatimos este tema aparecen discusiones ideológicas que tienen que ver con la forma en que es operado el sistema, es decir, si es el Estado el que lleva adelante la operación o un tercero. Sin embargo, –y agradezco a los integrantes de las comisiones en las que tuvo tratamiento este despacho– se plantea un interés común a las vecinas y a los vecinos de esta ciudad, que es resolver y ordenar eficientemente el espacio público en la ciudad. Esto aparece en las diferentes propuestas de despacho que han presentado los distintos bloques. Como todos saben, las condiciones de prestación del servicio de estacionamiento regulado las venimos debatiendo en esta Legislatura desde hace muchísimos años, incluso mucho antes de que nosotros fuéramos legisladores. También es sabido que a lo largo de todos estos años las presentaciones judiciales que han hecho los dos operadores del sistema actual, así como también las presentaciones que han realizado particulares, lamentablemente, han obstruido los plazos y las leyes que se han aprobado en esta Legislatura. Creemos que, directa o indirectamente, eso ha beneficiado a estas dos
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empresas para que sigan operando el sistema en la actualidad, más allá de que llevan un contrato que tiene muchísimos años. Como dije al principio, en primer lugar, quiero detenerme estrictamente en los beneficios del servicio público. Principalmente, están vinculados con el ordenamiento y la administración de forma eficiente del uso del espacio público. Así se ordenan y evitan situaciones indeseadas que suceden a diario en la vida pública, poniendo en riesgo la seguridad vial y trayendo conflictos, en lo cotidiano, entre los vecinos. En segundo término, es importante destacar que el suelo es un bien escaso, que debe ser regulado y administrado por el Estado de una manera eficiente. Además, en una ciudad como la nuestra, donde el parque automotor ha crecido en estos últimos años, es responsabilidad de éste regularlo y administrarlo de una manera eficiente, así como también establecer prioridades sobre su utilización. Esto forma parte de las discusiones que se dan en muchas ciudades del mundo. Por eso, es necesario que, junto con la reducción de vehículos que se generan con el estacionamiento regulado, se promuevan otros medios de movilidad sustentable; también que se desaliente el uso del auto particular, tema que hemos debatido en esta Legislatura. La Secretaría de Transporte ha venido llevando adelante muchas políticas a lo largo de estos últimos años que, como el estacionamiento regulado, son una herramienta para utilizar. Ahora sí, señor presidente, quiero hacer hincapié en los puntos que creo que son importantes traer a este recinto, que tienen que ver con esta modificación de la Ley 5728. Lo primero que quiero expresar es que este proyecto se presenta más allá e independientemente del proceso judicial actual que se está llevando a cabo por una presentación. También quiero resaltar que el espíritu con el que fue sancionada esta ley no se va a ver afectado. Los cambios que se proponen tienen que ver fundamentalmente con dos cuestiones. La primera, es el rol que ocupan estos predios, que van a ser utilizados para el acarreo y depósito de los vehículos estacionados indebidamente en la vía pública. La segunda, es el tipo de uso… - Murmullos en la Sala. Sr. Presidente (Quintana).- Perdón que la interrumpa, diputada. Por favor, pido un poco de silencio. Continúa en el uso de la palabra la diputada García de Aurteneche. Sra. García de Aurteneche.- …que se le está dando a una autorización de uso para playa de estacionamiento a estos predios que componen la ley y la licitación que está vigente. Sin predios que funcionen como lugar de destino para estos vehículos que se encuentren en infracción, no hay manera de prestar el servicio de forma eficiente e integral. No recae sobre los bienes inmuebles. Los predios sobre los que se está concesionando no tienen ningún derecho, ni privilegio, ni usufructo. Cumplen un rol meramente accesorio para satisfacer un negocio público. Es decir, son herramientas necesarias para prestar y brindar el servicio público de estacionamiento regulado. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conserva la propiedad de los mismos durante todo el tiempo que estén afectados. Por lo tanto, el Gobierno de la Ciudad de
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 Buenos Aires es el que controla y está a cargo de las decisiones de operatoria y regulación de tránsito y estacionamiento. También es importante referirme a que cualquier mejora que hagan los concesionarios sobre estos predios para brindar el servicio queda a cargo del Gobierno de la Ciudad. Por último, vuelvo a aclarar en este recinto que todos los ingresos por el cobro de esta estadía en estos predios, como todos los ingresos del sistema, son de patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Con relación al último punto al que hice referencia sobre la autorización para el uso de playa de estacionamiento de los once predios que están detallados en el Artículo 6°, se hace por un plazo de cinco años a los fines de cumplir con lo establecido en el pliego que se votó en esta Legislatura. Finalmente, y para darle tiempo a que hagan uso de la palabra mis compañeros de bloque, quiero agradecer a la Secretaría de Transporte, a los funcionarios que asistieron al debate en comisión, al arquitecto Colombo, de Planeamiento Urbano, que también asistió; a los diputados de las distintas comisiones que firmaron el despacho; a la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano y, sobre todo, a los diputados García de García Vilas y Ferrero, quienes han realizado cambios sustanciales. Voy a dejar tiempo para que ellos los expliquen.
Sr. Presidente (Quintana).- Tiene la palabra el diputado Guouman. Sr. Guouman.
- Señor presidente: quiero mencionar tres cosas e intentaré ser breve. Nosotros creemos que por esta Casa han pasado, en los últimos años –por lo menos, en los dos años y medio desde que estoy acá–, un conjunto de iniciativas que hemos acompañado y otras que no. Algunas de ellas han sido muy importantes a fin de ordenar el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. En ese punto, compartimos la visión de que las medidas que se han ido desarrollando han sido productivas y positivas en algún sentido y, básicamente, se meten en la cotidianeidad de la vida de los porteños. Por eso, nos parece importante profundizar el trabajo en perspectiva de aporte a lo que se viene haciendo desde el Poder Ejecutivo. En este caso, nosotros tenemos una historia que comienza en el punto de arranque de la ley que estamos reformando hoy con alguna distancia importante. En el año 2016 habíamos realizado una propuesta para la regulación del estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, la distancia que tuvo la propuesta que presentamos con la que se llevó a cabo por el bloque oficialista hizo que en aquel momento no acompañáramos la iniciativa que hoy se está reformando. El segundo punto tiene que ver con que entendemos que las reformas implementadas en el expediente que hoy estamos abordando no logran subsanar definitivamente la cuestión de la inconstitucionalidad que viene siendo tratada en esta ley. Entendemos que las modificaciones que apuntan a que las concesiones sean de servicio público y no del dominio público no logran superar el escollo que establece el inciso 5) del artículo 89 de la Constitución Porteña. Si bien se aclara una y otra vez que lo que se concesiona es el servicio, este se va a desarrollar sobre bienes inmuebles que integran el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, volviendo a caer en la norma recientemente mencionada.
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Al respecto, incluso hay jurisprudencia. Precisamente, en el fallo Martin, la Sala interviniente aclara que la expresión “toda concesión” a la que hace referencia el inciso 5) del artículo 89 de la Constitución de la Ciudad abarca tanto al servicio público como al dominio público, teniendo en cuenta lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: la interpretación máxima de toda ley es su letra. A esto se suma la afectación del predio parque Chacarita, que posee una calificación de Distrito Urbanización Parque, UP, el cual, según el Código de Planeamiento Urbano, corresponde “a áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público”. Por este motivo, la autorización para utilizar este predio con otro fin importa una modificatoria indirecta del Código de Planeamiento Urbano, lo cual, de acuerdo también con el artículo 89, requiere el procedimiento de aprobación de doble lectura. Por lo tanto, entendemos que la afectación de este predio continúa viciada de nulidad por ser también inconstitucional. Nuestro proyecto, aquel presentado en el año 2016, entendía sobre el conjunto de aspectos que aborda la ley que estamos modificando. Por supuesto que lo hacía desde una perspectiva y enfoque diferentes, entendiendo que hay herramientas tecnológicas que se están aplicando en otras latitudes, que han sido muy efectivas en la administración integral del tránsito. También entendemos que una ciudad importante, una de las más importantes de Latinoamérica, se podía colocar en esa instancia utilizando concretamente un aplicativo de celular que en el proceso de administración del flujo de estacionamiento de la ciudad hubiera sido importante y nos hubiera puesto tecnológicamente a la cabeza. Además, entendemos que hubiera implicado el ahorro de algunos recursos públicos, porque la tecnología que se usará luego de sancionada, corregida o implementada esta ley es más cara que la que hubiera sido un aplicativo del celular, con el software y su desarrollo que dicha administración implica. Nuestra ley preveía aspectos vinculados con la administración del acarreo de automóviles y con la administración del proceso integral del estacionamiento de la ciudad. Por supuesto, destaco el trabajo que se realiza en la comisión, en donde gracias al espíritu de la presidenta se trabaja con un modo colaborativo y participativo muy importantes; es decir, lo hacemos del modo en el que trabajamos cada una de las propuestas con las que venimos a esta Casa. Insisto en la necesidad de ponernos a disposición para que pensemos las mejores estrategias que beneficien de un modo directo al conjunto de los ciudadanos. En ese sentido, vamos a estar a disposición para seguir discutiendo los temas relacionados con el tránsito. Por todo lo dicho y por toda la argumentación que he presentado, el voto de nuestro bloque será negativo.
Sr. Presidente (Quintana).- Tiene la palabra el diputado Cortina. Sr. Cortina.
- Señor presidente: en el mismo sentido que planteó el diputado Guouman, trataré de ser breve, porque este es un tema que se reitera y nosotros no vamos a cambiar la orientación de nuestro voto histórico. Así también lo hizo el diputado Arce en el período 2013-2015, la última vez que este tema se trató.
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Nosotros rechazamos los términos en que está planteado el estacionamiento regulado tal como lo propone el Gobierno porque, claramente, desde nuestro punto de vista, no persigue ni contribuye al reordenamiento del espacio público y del tránsito, sino que tiene claramente una finalidad recaudatoria. Esta corrección que ha enviado el Poder Ejecutivo a través de esta ley, no ha resultado suficiente para alterar una matriz que nosotros hemos criticado en su momento, que es la extensión en el territorio de la ciudad de manera desproporcionada y exagerada que, como dije anteriormente, tiene un perfil fuertemente recaudatorio. En su momento, nosotros habíamos cuestionado, tal como lo hicieron otros bloques, que este sistema de estacionamiento regulado invada de alguna manera o llegue a barrios que claramente son residenciales. Además, ponemos la lupa en la clara intención que tiene el Gobierno con esta ley de poner los incentivos a favor de cuál es la cantidad de vehículos que logre acarrear cada empresa. Entonces, cuando sucede eso, se desvirtúa la finalidad. En ese sentido, la finalidad no es mejorar, reordenar o contribuir al ordenamiento del tránsito y del espacio público, sino recaudar. En consecuencia, habrá muchos vecinos y barrios que se verán claramente perjudicados. Muchos bloques, en su momento, cuando se discutió la ley anterior, plantearon que los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad habían sido ignorados en la discusión, ya que estos artículos de alguna manera nos explican con claridad que un proyecto de estas características debía tener un procedimiento de doble lectura y una mayoría agravada de dos tercios. La verdad es que a regañadientes la presentación de este proyecto terminó dándole la razón a todos esos bloques y han accedido a convocar a una audiencia pública, pero eluden los 40 votos que hacen falta al reducir a cinco años el permiso de uso sobre las playas de acarreo. En consecuencia, se está discutiendo más de lo mismo. Por eso digo que no ha cambiado la matriz de lo que cuestionábamos y no tiene por qué cambiar el sentido de nuestro voto, que es de rechazo. Quiero agregar algunas cuestiones más. Hay un error o continúa habiendo un error en considerar o insistir en establecer una distinción artificial entre la concesión del servicio y los bienes de dominio público. Porque el servicio involucra a las calles, que son de dominio público. Entonces, me resulta extraño que el Gobierno desconozca esto. Otro dato que no puede ser menor en un tema tan gravitante como son los espacios verdes en la ciudad es que se desconozca que la mayoría de las playas de acarreo estarán en zona de Urbanización Parque. En ese sentido, el Gobierno hace un esfuerzo para explicar lo inexplicable, porque dice que eso permitirá que se complementen. Una cosa es un estacionamiento, que puede llegar a complementar un especio verde, y otra cosa, es una playa de acarreo. Son dos cosas totalmente distintas y, claramente, se interfiere en la calidad de los espacios verdes y no se los complementa para nada. Por último, señor presidente, me sorprende la ligereza con la que se ha justificado, primero, la flexibilización y, ahora, la directa eliminación de los requisitos impuestos a las empresas respecto de la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales. Eso significa un gran retroceso. Ante esta situación, se ha dicho que Moyano puede estar atrás, adelante o al costado. No quiero meterme en cuestiones sociolaborales, pero el solo hecho de que se expanda esta modalidad beneficia al sindicato que conduce Moyano. No quiero abrir un
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juicio de valor, y menos en la Argentina de hoy. No estoy haciendo una crítica al sindicalismo, ni siquiera estoy hablando de Moyano; es el oficialismo el que habla de él. La expansión de esta modalidad aumenta la cantidad de afiliados del sindicato de Moyano. Lo planteo para responder a los que justificaron si esto se hacía o no se hacía por Moyano. La “verdad de la milanesa” es que, de las dos empresas que se han presentado, según lo expresan los que saben –lo tendría que corroborar, pero de todas formas lo quiero decir en el recinto–, una de ellas tiene algún tipo de vínculo con Moyano. Habrá que ver si es verdad o no. Por todas estas razones, vamos a rechazar el proyecto. Por otra parte, no deja de ser paradójico el hecho de que en el texto que obra en nuestras bancas diga, una vez más, a través de una cláusula gatillo, que cuando venza el plazo de la concesión el Estado debe hacerse cargo del servicio. Nuevamente incluyen esa cláusula gatillo. En lugar de ello, ¿por qué no resuelven de una vez por todas que se haga cargo el Estado? Estamos dando terreno público para las playas de acarreo y, además, vamos a pagar 500 millones de pesos para la adquisición de las terminales. Siempre repetimos la misma historia con las concesiones. Por estas razones, más allá su lealtad política con el oficialismo, reconozco –como lo hizo el diputado Guouman– la predisposición permanente que tiene la presidenta de la Comisión en estos temas. Sabemos que trabaja muy bien en esa comisión, pero lo que critico es la orientación y, específicamente, la política pública que está llevando a cabo el Gobierno de la Ciudad. Como corresponde, el bloque del oficialismo defiende el proyecto y ella, que preside la Comisión, lo defiende, lo explica y lo argumenta. Sin embargo, estas explicaciones no son suficientes como para cambiar la orientación de lo que nosotros criticamos en su momento. Por ello, vamos a votar en contra.
Sr. Presidente (Quintana).- Tiene la palabra el diputado García de García Vilas.
Sr. García de García Vilas.- Señor presidente: voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero agradecer también a la presidenta de la Comisión y a los funcionarios del Poder Ejecutivo que han receptado muchas de las cuestiones o de los reparos que teníamos en relación con la ley original. Por el contrario, entendemos que sí se han realizado modificaciones que resultan sustanciales. Nosotros entendíamos que, tal como estaba planteada la versión de la ley que se votó en su momento, era necesaria una doble lectura e, incluso, una mayoría especial. Entiendo que las modificaciones respecto de la limitación de cinco años para los bienes inmuebles son sustanciales. Nos lleva a entender que esta mayoría no es necesaria y que, como bien planteaba el diputado preopinante, es un proyecto que se tratará en doble lectura. En segundo lugar, en relación con la derogación de la cláusula a la que también hacía referencia el diputado preopinante –que en algún punto entendemos favorecía al Sindicato de Camioneros de Moyano–, consideramos una buena alternativa su derogación, porque, en definitiva, lo que estaba subyacente dentro de la cláusula anterior era que el sindicato debía dar la validación previa al grupo empresario o a cualquier otro que quisiera participar de la licitación como para poder presentarse. Esta eliminación también es sustancial. Y claramente no coincido cuando se plantea que hacer esto más laxo implica
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que en la ciudad quienes planteen los procesos licitatorios no tengan control sobre si hay complimiento de las obligaciones tributarias. Simplemente, estos cumplimientos u observaciones tienen que ser vistas por parte de la misma ciudad. Por último, con relación a esta cláusula transitoria, que establece que cuando esto termine, como planteaba el diputado preopinante, debe prestar el servicio la ciudad, esa no es la interpretación. La verdad es que es una cláusula transitoria que juega únicamente en el supuesto de que no se llegue a realizar la adjudicación dentro del plazo de 18 meses. No implica ningún tipo de condicionamiento hacia futuro el vencimiento del plazo de las concesiones.
Sr. Presidente (Quintana).- Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sergio Abrevaya.
Sr. Abrevaya.- Gracias, señor presidente. Esta debe ser la quinta ley que se trata en la Legislatura acerca de esta permanente insistencia. Más allá de las diferencias sobre política pública, diría que es una insistencia de BRD y STO. Esta no es una ley solamente para modificar la anterior y que permita de esa manera obtener técnicamente una mejor redactada. Es una ley que permite habilitar la posibilidad de que el 40 y algo por ciento de la ciudad quede con parquímetros y que el cien por ciento de la ciudad con grúas. De eso se trata. Esta es la discusión de hoy. Más allá de que adelanto mi voto negativo, vayamos un poco a los principios básicos de algo que podría ser el control de tránsito en la ciudad, a través del estacionamiento medido. En realidad los gobiernos tienden a establecer los estacionamientos medidos cuando ven que algunas zonas necesitan un recambio permanente de automóviles que acceden a ese lugar, de manera tal que ese lugar lo pueda ocupar otro. Esta es la razón por la cual se establece un sistema de estacionamiento medido. Buscan que se siga renovando el lugar. Esto tiene sentido en el micro y macro centro y en las centralidades barriales. Tenía sentido en la Ley 4003 que, en el artículo 8° establecía claramente que era en las arterias principales donde había que pensarlo. Es decir, donde se requiere que el auto esté poco tiempo y se vaya. Esta es la razón por la cual lo establecería. Tiene sentido que sea así, porque no tiene ninguna finalidad establecerlo en un barrio en donde nadie tiene visitas permanentes de automóviles que accedan a comercios, universidades o lo que fuere en carradas. En donde eso no ocurre, no tiene sentido establecer el estacionamiento medido. Por otro lado, mientras tanto, aparece la grúa. Quiero hacer una acotación: la ecuación grúa–estacionamiento medido es un negocio de la BRD y STO establecido en 1991, durante la gestión de Carlos Grosso que dijo que podía ser uno sin el otro. No hay porqué establecerlos los dos juntos. Las dos últimas leyes siguen confirmando que hay que trabajar sobre la idea de las dos. Hecha esta acotación, el estacionamiento medido tiene sentido, decía, cuando necesitamos el recambio de autos. ¿Cuándo tiene sentido la grúa? Cuando el estacionamiento medido no fue cumplido. Pero sobre todo, tiene sentido cuando necesitás remover el vehículo. ¿Por qué removerías el vehículo? Porque está obstruyendo el tránsito. Esta razón fundamental no está en esta ley que permite las licitaciones. La razón fundamental en esta ley que permite las licitaciones para la ecuación económica
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parquímetro-grúa está en sacar al que no pagó. Esto no tiene nada que ver con el tránsito. ¿Por qué querríamos poner parquímetros en calles de barrios donde no hay un recambio furioso? ¿Por qué querríamos ponerlos en Roseti y Plaza, en donde a la vuelta tenemos el Instituto San Roque? Y además desde hace ocho años existe la posibilidad de construir una playa de estacionamiento subterráneo bajo el asfalto para no complicar el drenaje de la ciudad, a través de la Ley 3050 que, además, es disuasoria. Alguien puede decir que en esa zona está el Jumbo y el subte y algunos pueden dejar el auto para tomarse el subte. Jumbo tiene estacionamiento propio. En ese caso, les diría que hagan el estacionamiento subterráneo. El gran problema del estacionamiento privado en la Ciudad de Buenos Aires no está en el micro y macro centro –voy sumando información–, sino en los barrios, que es donde faltan garajes, porque el mercado inmobiliario se llevó puestos los garajes. Entonces, ahí vamos a imponer el cobro con parquímetros. Mencioné estas calles pero podría dar otros ejemplos del mismo estilo que acabo de dar: Atenas al 2800, en Parque Chas; Basualdo entre el 100 y el 700, en Liniers; Belén entre el 100 y el 800, en Floresta. Es larga la lista. No los quiero aburrir. No tiene ningún sentido de política pública útil cobrarle al que accede a ese estacionamiento. Ustedes me dirán, con alguna razón, que no le van a cobrar al vecino. No. Pero le van a cobrar a los que visiten al vecino. Por otro lado, que al vecino no se le ocurra –como al vecino que vive a tres casas de la mía, que es el que antes mencioné, que es herrero– tener una camioneta de trabajo. En ese caso, por alguno de sus vehículos va a pagar. Y, además, tu tía, tu abuela o tu prima que venga a visitarte en tu cumpleaños va a pagar. El que venga a trabajar a tu casa va a pagar. ¿Por qué, si no se necesita? No necesitamos el recambio de vehículos rápido en las calles del barrio. Es más, les diría que la ciudad debería volver a ensayar una vieja postura, la de la tolerantia o tolerancia que explicaba por qué, en algunos barrios, cuando el Estado no logra resolver el tema de estacionamiento u otro tipo de faltas adecuadamente lo que hace es regular aplicando las fotomultas; ve hasta cuándo va “reventando” vecinos si no logra resolver el problema mediante, por ejemplo, la construcción de playas subterráneas para que la gente pueda estacionar. Esta es la mirada que hay que tener en esa parte de la Ciudad de Buenos Aires. No corresponde aplicar una expansión de 4.000 lugares de estacionamiento medido a 80.000. Es más, aconsejaría al gobierno que no haga esto en este momento, porque es una época complicada. Es complicado salir a cobrar a la gente común que cree que estaciona en su lugar y que tiene derecho a hacerlo y que ahora va a tener que pagar. Se va a poner peor la situación. Por todo lo dicho, me parece que desde la política pública no se explica esta postura. Desde la tolerancia que deberíamos tener por no haber resuelto el problema con las playas de estacionamiento propuestas en la 3050 tampoco se explica. Tampoco por no haber logrado mejorar del todo –y no quiero ser crítico en absoluto, sino que la menciono como una política pública en las últimas dos décadas– el subterráneo y otro tipo de transporte que baja el transporte de la ciudad cada día laboral, en vez de mantener los siete millones y medio o mas de viajes en colectivo por superficie. Esto hace más complicado el tránsito. Y digo esto porque este problema hay que mirarlo de manera integral.
VT 25 - Pág. 30 LEGISLATURA 30 de agosto de 2018 * Texto debates - Pendiente de observaciones y corrección* Al no haber logrado mejorar por estas vías, no habría que presionar a los barrios cobrando estacionamiento. La grúa, como decía, es otro negocio. Probablemente es uno de los negocios más importantes. Espero estar bien de tiempo, señor presidente. Recuerdo cuando hicimos un amparo junto al titular de “No al parquímetro”, el señor Chavarri, porque por quincuagésima vez continuaban las empresas a cargo de un sistema que estaba vencido en 2001. Por aquel amparo, las empresas se presentaron a la audiencia a la que convocó la jueza y explicaron que a ellas, en realidad, les convenía el sistema tal como estaba, salvo que se aplicara en toda la ciudad, porque así se lo cobrarían a todo el mundo. ¿Qué sentido tiene darle las grúas a la misma empresa? Ninguno. Es más, lo que yo haría para mejorar el control que debe tener el Estado de la desobstrucción del tránsito a través de las grúas, sería cederlo por comunas a pymes. Esto permitiría, además de distribuir mejor la riqueza en lugar de concentrarla, empoderar de otra manera al vecino de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, como en los dos casos hay que subir a la grúa a un agente de tránsito de la ciudad, el costo para la ciudad sería el mismo. Yo haría eso y estatizaría el sistema de parquímetros. Porque, hoy, con la tecnología que tenemos, el cobro va a ser directo. De hecho, algo de eso hay en la ley anterior. Lo aplicaría solo en centralidades barriales –como establecía la ley–, en algunas arterias principales –donde tiene sentido el recambio– y en micro y macro centro. Ustedes me dirán que ahora estamos discutiendo dónde van las playas. No. Ahora estamos discutiendo la rehabilitación de la ley. Porque la ley, con la complicación judicial planteada por Desplats, está en un limbo. Y, si no resuelven esto técnicamente, no hay manera de ponerlo en funcionamiento. Por lo cual, como dijeron muchos de los preopinantes, nosotros vamos a tratar de impedirlo votando en contra. Esta es la realidad de lo que se discute hoy. En realidad, me parece que están ante la oportunidad de cambiar de idea –ya sé que no lo van a hacer, pero no importa; siempre vale la pena decirlo– y de volver a un sistema que restrinja el estacionamiento medido a estas arterias, que no combine la ecuación económica y que distribuya mejor la riqueza. La licitación tiene la posibilidad de las cinco zonas y las empresas se pueden llevar dos de las zonas. Es decir, BRD y Dakota STO van poder llevarse dos zonas cada una. Es decir, van a ampliar su negocio enormemente. Me parece que la Legislatura debería frenar esto. Me parece que este es un mal momento para hacerlo. Para mí, siempre estuvo mal como política pública. Pero podemos disentir. Ahora, además, creo que es un mal momento para hacerlo. Por supuesto, adelanto mi voto en contra. De todas formas, le agradezco a la presidenta de la comisión y a los distintos diputados que la integran porque hemos podido discutir una política pública con el mayor de los intereses en el sentido de la profundidad de lo que uno quiere para la Ciudad de Buenos Aires. Realmente, creo que esto es así y está muy mal continuar con esta política.
Sr. Presidente (Quintana).- Tiene la palabra la diputada Muiños.
Sra. Muiños.- Señor presidente: después de las intervenciones de los diputados Guouman, Cortina y Abrevaya, a las cuales suscribo en un cien por ciento, me queda simplemente agregar algunos datos. Hablamos de veinte años, pero en realidad hace veintiocho años que las dos empresas están brindando este servicio deficiente; la mayor parte del tiempo, sin licitación, y después, con la licitación vencida, desde el año 2001. Nosotros también queremos pensar el ordenamiento del espacio público desde el lugar de oposición que nos toca, sabiendo que las prioridades las fija el Ejecutivo con un criterio que ya es conocido, ya que no invierte en subtes. De hecho, recién ahora está invirtiendo en el subte, después de doce años de ser gobierno. Además, estamos tratando un Código Urbano que planea incorporar a la Ciudad de Buenos Aires tres millones más de habitantes, sin tener la previsión del ordenamiento integral de la ciudad, de su tránsito, de sus servicios y de su infraestructura. Voy a sumar algunos datos más. Como dijo el diputado Abrevaya, no son cinco las leyes, sino que esta es la sexta. Primero, fue la Ley 4003, del 10 de noviembre de 2011; no había pliegos. El Poder Ejecutivo debía remitirlo dentro de los 120 días. Todas las iniciativas terminan igual: dando un plazo de un año. Si no, el servicio pasa después a ser público. En segundo lugar, se sancionó la Ley 4482, del año 2012, que prorrogó la primera. Luego, en 2013, tuvo lugar la Ley 4621, que también prorrogó la primera. Finalmente, en el año 2013, la Ley 4888 modificó el Código de Tránsito y Transporte, y le incorporó terminología nueva, como lo de las tarifas progresivas. Esta incorporación de conceptos siempre tiene que ver con la recaudación. Y se vuelve a advertir que, si después de 120 días no se logra la licitación, el servicio debería ser público. Esto pasa desde el año 2011. La última ley es la número 5728, del año 2016. En ella incorporamos tarjetas azules, terminales, software y una cláusula transitoria segunda que dice que en un plazo máximo de dieciocho meses contraídos a partir de la promulgación, el Poder Ejecutivo adjudicará la licitación pública. Vencido el plazo indicado, el Ejecutivo se hará cargo y el servicio deberá ser público. Hay una insistencia permanente que el Ejecutivo no está escuchando. Para continuar con las inconsistencias, hemos recibido el informe del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, que da cuenta de las denuncias que tienen estas dos empresas por este servicio deficiente. La mayoría de las denuncias son por el no funcionamiento de las ticketeadoras, por la omisión en la venta de cospeles, por el exceso del precio de las fichas, por la falta de atención telefónica por parte de la empresa e, incluso, por conducta inapropiada del personal. Estas empresas fueron sancionadas en el año 2017 por un total que supera el millón de pesos. Los motivos de las sanciones corresponden a daños por acarreo, no funcionamiento de las ticketeadoras, conducta inapropiada y, en general, deficiencia en la prestación del servicio. Por otra parte, estuvimos observando el mapa de tarifas y encontramos serias inconsistencias sin justificación, especialmente cambios abruptos, extremos e inexplicables en el tipo de tarifa en una misa calle, habiendo casos en los que, aun manteniéndose idénticas condiciones de flujo de tránsito, cada dos cuadras se pasa de no estar tarifado a progresiva 2 y viceversa. Trajimos el mapa, por si quieren verlo. Mi equipo se ocupó de marcar calle por calle; son 195 calles que presentan este inconveniente en toda la ciudad.
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También me gustaría hacer mención a la Comisión de Evaluación de Ofertas que está integrada por tres legisladores de esta Casa. La última vez que esto se trató fue en una sesión en la que nuestros bloques –en ese momento era el interbloque Frente para la Victoria– no bajaron al recinto, se suscribió sobre tablas y estaba integrado por tres legisladores del oficialismo. Por último, me gustaría señalar que, al igual que para otros proyectos que se tratan en esta Casa, hay falta de información. Existe un pedido de informe de mi autoría que el Cuerpo votó en el año 2016 –Resolución 406– sobre el sistema de acarreo que el Poder Ejecutivo nunca respondió. Por suerte, la Ley 104 funciona. Al igual que el diputado Abrevaya, voy a nombrar al vecino Juan Manuel Chavarri, quien nos ha nutrido de mucha información bastante interesante. Me gustaría señalar que esta información es del 2 de julio de este año; no estamos hablando de información antigua. Cada empresa abona un canon mensual de 55.000 pesos al Gobierno de la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad tiene asignados 118 agentes de tránsito a la operación de la empresa BRD y 96 agentes de tránsito a la operación de la empresa Dakota. Las remuneraciones varían entre 17.000 y 19.500 pesos. Pueden variar en cuanto al pago de suplementos como horas nocturnas, horas extras, etcétera. Ante la pregunta: “Informar si existieron gastos, pagos, remuneraciones u otras a cargo del Gobierno de la Ciudad a favor de las empresas y/o sus empleados”, la respuesta es, por un lado, incorrecta porque se basa sobre el Decreto 966 –en realidad, después de rastrearlo nos dimos cuenta de que era el 996 y normas complementarias. El Gobierno de la Ciudad reconoce y abona mensualmente a ambas empresas los mayores costos salariales de la operación del sistema de control de estacionamiento en las zonas que actualmente le corresponden. Ante la pregunta: “Cantidad total y parcial por empresa de acarreos mensuales”, la empresa Dakota realiza aproximadamente 7.100 acarreos mensuales y la empresa BRD aproximadamente también en el orden de 7.000. La 104 le proveyó mucha más información a este vecino. Me parece que podemos hacer un cuadro de situación interesante: las playas las pone la ciudad; los sueldos los paga la ciudad; los agentes de tránsito los provee la ciudad; y las ganancias se las llevan estas dos empresas desde hace 28 años en una situación completamente irregular. No solo no vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto, sino que también entendemos que este marco provocará que se vuelva a presentar un amparo.
Sr. Presidente (Quintana).- Tiene la palabra el diputado Depierro. Sr. Depierro.- Señor presidente: trataré de ser breve, sobre todo porque comparto los argumentos que han volcado algunos diputados preopinantes. No hace falta que me extienda en el caso de la diputada García. Ella sabe cuál es mi opinión sobre ella y que valoro el trabajo que hace en el marco de la comisión. El problema que se presenta es el siguiente. Cuando votamos leyes que vienen del Ejecutivo –“leyes J”–, el marco de acción y de negociación está muy acotado. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no está aquí sentado; no hay una banca 61 del Poder
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Ejecutivo. Hay 34 bancas de diputados que representan al oficialismo y que, muchas veces, se tienen que hacer cargo de argumentos que no son propios. Lamentablemente, la estrategia que está trazando el Poder Ejecutivo está nuevamente equivocada. Cuando el año pasado se votó esta Ley de Estacionamiento medido, ya se planteó una estrategia cuando se trató de obviar el hecho de las mayorías agravadas y las dobles lecturas. Hubo un fallo de la Justicia –ya no es un amparo–, una sentencia de primera instancia, que establece que la ley estuvo mal votada. Sin embargo, aquí seguimos insistiendo en repetir un procedimiento que no dio resultado. El nuevo proyecto de ley que estamos tratando no da respuestas a las dudas o planteos de los vecinos. Ni siquiera es una ley que nos dé respuestas a los diputados que no acompañamos la votación anterior de la ley anterior. Lo que se está haciendo acá es responderle, punto por punto, al juez. No voy a adentrarme en los detalles que ya dieron los diputados preopinantes sobre la ampliación de las zonas de concesión y las condiciones. Lo que se está haciendo acá es tratar de explicar todos los argumentos en los que se basó la sentencia de primera instancia, que ni siquiera fue apelada por el fiscal. La verdad es que este es un caso raro porque, en general, el trabajo de los fiscales es apelar; en este caso, compartió los argumentos de la sentencia. De esta manera, llegamos a soluciones como las que se han manifestado. Por ejemplo, se aclara que las playas de remisión no formarán parte de la concesión; pero son parte de la concesión desde el momento en que se remiten. Busquemos la forma jurídica que queramos, pero son parte de la concesión. Si no, no se podrían acarrear vehículos. “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conservará la propiedad de los predios durante toda la vigencia de la concesión”. En cualquier concesión se conserva la propiedad. O sea, en este caso, no se suma nada. “La afectación de los predios por parte del Gobierno de la Ciudad es instrumentar la eficiente prestación del servicio, constituyendo una mera autorización a favor del concesionario”. Esto no aporta nada. “En ningún caso, esta autorización constituirá a favor del concesionario derecho, privilegio o usufructo alguno sobre los predios”. Tenemos una lengua bastante rica; busquemos una palabra. Pueden remitir los autos, entrar las grúas, tener los coches estacionados y, seguramente, va a haber personal de las empresas en cada uno de estos predios. Si esto no es un derecho, un privilegio o un usufructo, es algo. O sea, se les está dando el uso de estos predios a las empresas. Por otro lado, el plazo máximo de cinco años lo entiendo como una picardía para no pasarnos del plazo establecido en la Constitución, donde queda claro que es una ley que requiere 40 votos y doble lectura. ¿Qué va a suceder después de que pasen esos cinco años? Si el problema son las playas de acarreo, ¿por qué no se exige dentro del marco de la concesión que cada uno de los concesionarios provea los lugares? Que salgan y los compren. Si no, acá siempre estamos en la misma: no le estamos exigiendo nada al concesionario. Acabamos de votar una ley –que yo no acompañé– y, como decía la diputada Muiños, el Gobierno de la Ciudad va a vender los predios que ya estaba establecido que se vendieran dentro del viejo Tiro Federal, dando la posibilidad de que esa compra se financie. Hace dos semanas atrás votamos un bono de 300 millones de dólares porque el Gobierno Nacional no vendía los predios con los cuales íbamos a financiar las obras y hoy, con el dólar diez pesos más caro, nosotros le vamos a dar facilidades de pago a un particular para que compre un predio en una de las mejores zonas del país. En este caso,
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pasa lo mismo: ¿por qué les tenemos que dar las playas? ¡Que las compren! Seguramente, hay terrenos y playas de estacionamiento. Que se hagan cargo de la inversión que requiere ser concesionario de este tipo de servicio público. Hablando de la prórroga de seis meses, “El plazo indicado en el párrafo precedente, no incluye el lapso en que por decisiones ajenas al Gobierno de la Ciudad la licitación pública no pudiera iniciarse”. En este caso, otra vez le hablamos al juez. Un fallo judicial no es una decisión ajena al Gobierno de la Ciudad. Una decisión ajena al Gobierno de la Ciudad es que mañana caiga una lluvia ácida y se deshaga el asfalto; una decisión ajena al Gobierno es que caiga un meteorito arriba de una planta de energía y no tengamos más semáforos. Puede ser cualquier cosa, pero un fallo judicial sale de parte de los poderes en los cuales está dividido el Estado. Un fallo judicial no suspende los plazos de concesión. Si hablamos de que en seis meses, si no lo pudimos licitar, nos tenemos que hacer cargo, está en el “bolillero” que aparezca un fallo judicial que establezca que la ley que se votó y por la cual se está haciendo la licitación, está mal. Entonces, me parece que teníamos una oportunidad para generar consenso como para que esta ley se votara en las condiciones en que se tenía que votar: 40 votos y doble lectura. ¿Cuáles eran las condiciones? El diputado Guouman planteó una parte: que la inversión no se hiciera en máquinas, sino en aplicaciones. El diputado Abrevaya planteó que se acote la zona de estacionamiento medido. La diputada Muiños señaló el tema de los gastos en los que incurre la ciudad para que funcione este servicio de concesión. Por mi parte, es lo que les acabo de decir: el privado que se hace cargo de la licitación también se haga cargo de la inversión que requiere. Si quiere prestar un servicio de acarreo y de grúa, que se haga cargo de tener el playón para llevar los vehículos por los cuales está cobrando. Pero nada de eso se está dando. Sinceramente, como se planteó anteriormente, me parece que vamos otra vez a chocarnos de cabeza contra una decisión judicial. Estas cosas no subsanan los fundamentos que originaron este fallo. Desde lo personal, no me gusta que la Justicia intervenga en leyes que debemos votar nosotros, pero no tenemos que darle excusas. No puede ser que votemos leyes para dar una muestra de que pueden ser sancionadas, aunque sepamos que lo que estamos votando está mal. Creo que perdimos la oportunidad de sancionar una buena ley de estacionamiento medido que organizara el tema del estacionamiento. Lamentablemente, la presidenta de la Comisión de Transporte no tiene en sus manos la total libertad, aunque sé de su buena predisposición para escuchar todos estos argumentos. De todas maneras, mi voto va a seguir siendo negativo, como en la votación anterior de la ley. Va a seguir siendo negativo porque pasó un año y no aprendimos nada. Todos los defectos que tenía la ley de estacionamiento medido siguen estando y vamos camino otra vez a darnos un “porrazo”, porque le estamos dando al juez todos los argumentos como para que la sentencia quede firme y que, en el caso de una cautelar, se vuelva a dar otra vez. No modificamos nada con respecto a los defectos de origen que tenía la ley.
Sr. Presidente (Quintana).- Tiene la palabra el diputado Solano.
Sr. Solano.- Señor presidente: voy a ir por partes. Si uno debiera poner un título a esta ley, la podríamos denominar “Ley de un curro”, quizás de un “gran curro”. Un gran curro ilegal 22ª
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e inconstitucional. De esto no cabe duda. Me voy a encargar de señalar por qué es un gran curro ilegal e inconstitucional. Se podría agregar que es un gran curro ilegal, inconstitucional e irresponsable. Para tomar lo que dije antes, llama la atención cómo están jugando con fuego. Creo que ustedes se dan cuenta de que el horno no está para bollos. Es un país en crisis, con fuga de capitales. Para no irnos lejos, acá enfrente, en el ENACOM, hubo 500 despidos; a dos o tres cuadras, en Agroindustria, me llegan los informes de que hubo 700 despidos. Ustedes despiden 500 del ENACOM y a 700 de Agroindustria; el dólar está a 40 pesos y pico; la tasa al 60 por ciento, y dicen: “Che, de paso le vamos a cobrar estacionamiento medido a todos en la Ciudad de Buenos Aires”. Llama la atención la audacia. Capaz que al Jefe de Gobierno no le importa, porque tal vez se vaya a la Casa Rosada como Jefe de Gabinete y le deja el problema al que quede de relevo, y diga: “No importa, después buscaremos pactar un acuerdo desde la Jefatura de Gabinete de la Casa Rosada para un ajuste mayor con otros y le dejamos el problema al que viene”. Pero están jugando con fuego. Napoleón planteaba que, cuando el adversario o el enemigo se equivoca, hay que dejarlo. Acá estoy violando el precepto napoleónico y se los advierto: están jugando con fuego. El curro es tan grande, que llama la atención que se lo pueda presentar de una manera tan liviana. No puede ser que se pase del 0,7 al 36 por ciento del espacio de la ciudad, que va a ser utilizado para cobrar, y no pase nada. De 4 mil plazas, pasamos a 87 mil. Ese aumento no tiene parangón y la única finalidad que tiene –y olvídense del tema del tránsito porque nadie se los va a creer– es generar un efecto recaudatorio. Hace 36 horas anunciaron el aumento de las multas en un 37 por ciento. ¿Por qué aumentó así? Porque las multas están atadas a la nafta, y ésta al dólar. Miren qué interesante. Entonces, aumentan las multas en un 37 por ciento por un problema de tránsito pero, oh casualidad, lo hacen a precio dólar. Me pregunto, ¿según el precio de qué aumenta el salario de los docentes? Porque en la paritaria de docentes universitarios le ofrecieron un aumento en dos cuotas: una de 460 y otra de 250 pesos. ¡Imagínense si a un docente universitario lo multan! Se tiene que matar, porque la multa está a precio dólar y su salario ni siquiera tiene que ver con la tasa de interés que se paga en pesos. ¡Directamente es una burla! Indudablemente estamos ante una confiscación que hace la Ciudad de Buenos a sus vecinos y a los trabajadores que vienen cotidianamente hacia acá. Por otro lado, el trabajador que viene con su auto y lo dejaba en un lugar en donde no pagaba tarifa, ahora empieza a hacerlo, lo que le implica una reducción salarial. Lo mismo sucede con el vecino de la Ciudad de Buenos Aires que hoy estaciona su auto en un lugar en donde no paga, pero ahora le dicen: “No se haga drama, porque solo va a pagar la mitad”. ¡Antes no pagaba nada! También se produce una reducción en sus ingresos. Reitero: estamos ante una confiscación; este es un proyecto de recaudación y confiscación. Además, es interesante señalar que esta misma Legislatura que ahora va a votar este proyecto, en diciembre del año pasado, a pedido del presidente Macri, votó reducirle impuestos a las empresas: ustedes hicieron los cálculos y aproximadamente fue en el orden de los 4 mil millones de pesos; les redujeron a las empresas y ahora les van a sacar a los vecinos y a los trabajadores cobrándoles más multas o estacionamiento medido.
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Desde ya, se le redujo el impuesto a empresas que son un gran curro. Realmente, esperamos con mucha expectativa que aparezcan los cuadernos de las empresas de grúas. El día que aparezcan, Comodoro Py va a trabajar los sábados, los domingos y hasta el 24 de diciembre, porque estamos ante un curro fenomenal. Y como todo gran curro es ilegal, porque está frenado en la Justicia. Vinieron a hacer una modificación de la ley diciendo que, en realidad, lo que se cede es el servicio y no los predios. Esto no se los cree nadie. ¿No es un predio donde se van a guardar los autos? De ese modo, se quiere sortear un fallo judicial y el mecanismo constitucional de los 40 votos necesarios y la audiencia pública. La ley original no tuvo 40 votos ni audiencia pública, pero esta ley, oh casualidad, como ven que no tienen los 40 votos dicen que hay audiencia pública. Por esta vía delatan que la primera sanción fue ilegal y lo quieren sortear con un mecanismo ilegal. Hoy tenemos un curro inconstitucional de un gobierno en crisis. Obviamente, no vamos a votar esto. Además, va a pasar lo que sucedió con las otras leyes como la relacionada con la basura. Ya se los dije más de 25 veces y en todos los idiomas posibles y ahora está frenado. También quisieron evitar la norma constitucional que obligaba a los dos tercios y a la audiencia pública. Pero hoy la ley está trabada. Obviamente, es posible que los acuerdos que tengan con la Justicia hagan que en una instancia superior un juez de cámara, beneficiado por tal o cual ascenso, termine dándoles la razónEso lo descuento, porque habitualmente ocurre de ese modo. Pero eso no le da ninguna legitimidad a este tipo de maniobras que las considero absolutamente ilegales e ilegítimas. Y las tenemos que denunciar. Insisto: si ustedes van a cobrarle el impuesto inflacionario –que ya está por arriba del 40 por ciento con este dólar que tenemos ahora, más los despidos masivos y la imposibilidad de llenar el changuito– a quien estacione el auto en la puerta del supermercado con una tarifa para estacionar, son una fuerza no solamente “ajustadora” sino realmente muy arriesgada. Arriésguense, pero les puedo asegurar que esto así, termina mal.
 Sr. Presidente (Quintana).- Tiene la palabra el diputado Vilardo. Sr. Vilardo.
- Señor presidente, desde ya adelanto nuestro voto en contra a este proyecto de sistema de Estacionamiento Regulado, tal como lo plantean, básicamente por dos aspectos, que aquí también se han mencionado: por un lado, por el carácter privatista que tiene este proyecto y, por el otro, por el carácter confiscatorio. Nosotros lo hemos denunciado muchas veces. También es una posición de principios que los resortes de la economía estén en manos privadas y sean un objeto de lucro. Esto lo hemos planteado con relación al subte y la concesión a Metrovías; lo hemos planteado en la discusión del tarifazo de las empresas de servicios públicos; lo hemos planteado innumerablemente con los negocios inmobiliarios que lleva adelante el gobierno aquí en la ciudad. Y esto lo hemos planteado tanto en la ciudad como a nivel nacional. Muchas veces se da esta discusión –y esto es lo llamativo que tiene este proyecto–, cuando uno plantea estas cuestiones, y te dicen que la izquierda es dogmática y que, a veces, se necesitan inversiones de capitales privados, porque los Estados –en este caso la
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Ciudad de Buenos Aires– no tienen los recursos suficientes para llevar adelante un proyecto. Por supuesto, nosotros cuestionamos esos argumentos, porque cuestionamos la matriz productiva, y los verdaderos recursos que tiene un Estado o una ciudad. Sin ir más lejos, durante el gobierno de Macri, se fugaron 52.000 millones de dólares. Y no hace falta circunscribirlo solamente a un gobierno: en 40 años de democracia, se fugaron 250.000 millones de dólares, haciendo cálculos optimistas, oficiales; otros hablan de 500.000 millones de dólares. Es decir, es evidente que todo eso alimenta la idea de que un Estado o una ciudad necesita recursos para hacer grandes inversiones. De todas formas, a veces se da una discusión genuina de parte de quienes dicen que para un proyecto de gran envergadura se necesita una inversión. La verdad es que esto sorprende porque, entre otras cosas, estamos hablando de grúas. En ese sentido, uno se pregunta si no hay recursos suficientes para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza. Es evidente que eso da que pensar, como aquí se ha planteado, que detrás de esto hay claros intereses privados. Uno se imagina, quizás, el llamado por teléfono de algún funcionario del gobierno diciéndole “Es interesante; queremos meternos en este negocio”. Fue así como muchas veces nosotros planteamos la necesidad de mecanismos de democracia directa y de control de la población, y nos lo cuestionaron. También señalamos cómo los empresarios tienen acceso directo a los funcionarios con un simple llamado telefónico. Es importante tener esto en cuenta en el marco de lo que se está publicando en los grandes medios. Como siempre, nos gusta aclararlo: grandes, no en el sentido ético o moral, sino por la tirada masiva, ya que todo el tiempo están hablando de los cuadernos y de la corrupción, con un manipuleo absoluto, porque hablan de la corrupción de un gobierno puntual que empezó en 2003 y terminó en 2015. Manipulación que se repite cuando hablan de un grupo empresario de la obra pública, y no del poder económico de conjunto. Es tanta la manipulación, que ahora dicen que es un empresario –el dueño de la empresa–, y no la empresa. Entonces, Roggio le da la empresa a su hermana y todavía tiene la posibilidad de hacer negocios. Ese, por ejemplo, es el caso de la concesión del subte, ya que todavía puede ser beneficiado con una nueva concesión. No decimos esto para defender al gobierno anterior. Nosotros denunciamos la corrupción en términos sistémicos. ¿Qué se necesita para que sea sistémica? En primer lugar, que sea parte de un sistema, que haya negocios privados, que es fundamental. Este privado hace negocios a costa del pueblo y en contra del pueblo, porque le está robando. Pero al mismo tiempo, se necesitan mecanismos institucionales lo suficientemente opacos y poco transparentes como para que la población no tenga control, y así puedan robarle. Así se crea el caldo de cultivo para la corrupción. Este proyecto no tiene ningún tipo de mecanismo de control popular sobre esta concesión. No hay ningún tipo de comisión en los barrios que controle el desarrollo del servicio, entre comillas. Por eso pasa que una empresa tiene el contrato vencido desde 2001, paga un canon absolutamente irrisorio de 50.000 o 55.000 pesos y gana millones de pesos mensuales. La población no tiene ningún tipo de control sobre eso, lo que permite que la dirigencia política y los empresarios puedan seguir robándoles. Además del carácter privatista que venimos denunciando, también está presente el carácter confiscatorio. No podemos desligarnos del marco político nacional actual ni del inmenso saqueo que está llevando adelante el Gobierno Nacional, porque está entregando
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cientos de millones de dólares todos los días a especuladores, que todo el tiempo dicen “queremos más”. No podemos desligarnos de la crisis económica ni de la profunda recesión que estamos viviendo, que generará despidos y exclusión social. Todo este daño no solo es actual, sino también futuro, porque los chicos van a convivir dentro de familias sin trabajo y sin contención social. Seguramente, serán víctimas de una violencia social que terminará reproduciendo el discurso hipócrita del poder, que pretenderá aumentar la política represiva para contener el nivel de violencia. Entonces, es muy grave lo que está pasando a nivel nacional. Son muy graves los anuncios que ayer hicieron Macri y Dujovne, porque tienden a profundizar toda esta crisis. En este sentido, hemos presentado un proyecto sobre tablas en repudio a esos anuncios. Espero que no realicen una moción de orden para impedirnos considerar esta tabla. Dujovne ayer dijo que el 1,3 por ciento de déficit es un techo; es decir, seguirán ajustando. ¿Qué consecuencias sociales traerá esta decisión? Más escuelas que “vuelan”, como sucedió en Moreno –ya hay 800 escuelas cerradas en la Provincia de Buenos Aires porque están en riesgo–; hospitales cerrados –por ejemplo, el CESAC 14 se incendió por falta de mantenimiento, ya que tiene materiales inflamables–; y un presupuesto universitario de ajuste. Justamente, hoy se convocó a una marcha que ojalá sea multitudinaria, para poner un freno a esta política de ajuste. También existe una política de ajuste al salario para el conjunto de los trabajadores y, específicamente, para los docentes, que están haciendo paro. Mientras tanto, los especuladores están ganando fortunas todos los días, al igual que los bancos y los fondos de inversión. Ante esta situación, ¿cómo cumplen las distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires? Tienen que cumplir con lo que dice Dujovne: ajuste fiscal y metas fiscales, que traerán consecuencias sociales, y también mayor recaudación. Ahí es donde empalma este proyecto, que pasa a aumentar sustancialmente la cantidad de espacios que serán tarifados. Necesitan recaudar más para llegar a esa meta de inflación. No estamos planteando que este proyecto haya sido pensado específicamente en función del anuncio de ayer de Dujovne, porque sabemos que el problema se viene arrastrando desde hace muchos años, pero claramente empalma con esa política de ajuste y, por eso, tienen que seguir confiscando y atacando el bolsillo del conjunto de la población. Esta política, sin duda, también afecta a los espacios públicos, que pertenecen a la población; no son del gobierno ni de los legisladores que van a votar a favor. Los espacios que van a servir como playas de remisión son de la población. Uno puede preguntarse, con todas las sospechas que se han planteado, cuál es la prioridad de la población: si la población quiere utilizar esos espacios para escuelas y hospitales. Sin embargo, como resultado de la política de saqueo que está llevando adelante el Gobierno Nacional, seguramente la prioridad no son ni escuelas ni hospitales. Por todos estos fundamentos, vamos a votar en contra de este proyecto. Sr. Presidente (Quintana).- Tiene la palabra la diputada Bregman. Sra. Bregman.- Señor presidente: vimos ayer a las autoridades de esta ciudad en Facebook Live hablando de las veredas. Y ahora están tratando de mantener los negocios contra los vecinos, como se está discutiendo en este momento, nuevamente, en un esquema, como bien se dijo, donde se socializan los gastos y se privatizan las ganancias. Pero en este
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 contexto de la situación nacional la verdad es que esto es más escandaloso. Nos quieren mostrar una ciudad desacoplada de la situación nacional. Como que acá podemos discutir todos estos negociados como si nada pasara. Me gustaría saber qué estaban mirando en sus celulares mientras estábamos hablando. ¿Estaban pendientes del tema de los parquímetros o miraban a cuánto está el dólar? ¡Por favor! A nosotros sí nos importa la vida cotidiana de la gente. No decimos que estas cuestiones no son importantes, porque afectan profundamente. Nos gustaría discutir en esta Legislatura la situación de “La Litoraleña”, fábrica recuperada que, junto con todas las recuperadas de la Ciudad y del país, está atravesando una gravísima situación. O el cierre de Walmart donde nuevamente, como en 2001, los trabajadores llegaron a la puerta y se enteraron por un cartelito que iba a cerrar y que se quedaban sin trabajo. O los tarifazos de la luz, del gas, del subte. O del corrupto de Roggio, también aliado de ustedes hace varios años. O la toma de facultades y la enorme movilización que se va a realizar hoy, o las salas de salud que se prenden fuego. No pensamos que de este recinto van a salir las soluciones a todos estos problemas. ¿Pero les parece que le pueden dar la espalda tan alevosamente al pueblo de la ciudad? ¿Les parece que es el momento para reeditar la discusión del estacionamiento medido o la del Tiro Federal? Piensen que la devaluación del día de hoy; olvídense de todo lo que viene pasando y piensen solo en el día de hoy y en el esfuerzo que le implica a cada familia trabajadora poder mantener un autito, pagar el seguro, un repuesto y ni hablar cuando deben cambiarle algo. ¿Se les ocurre que además le tienen que exigir esto? Como decía el diputado Abrevaya, el acarreo que es el último curro, aumentó desde 2008 hasta ahora un 633 por ciento. ¿Qué más? ¿Vieron el humor social que hay? ¿Quieren multiplicar por miles la ficción de “Bombita” Darín? ¿Qué es lo que están buscando? El cine nacional ya encontró una figura para esa bronca inexplicable. ¿Qué es lo que están buscando? La verdad es que nos llama la atención que con tanta impunidad hoy estemos discutiendo este curro. Y quiero destacar que Cambiemos llegó al gobierno con un discurso que parecía de Caperucita Roja. Recuerdo los spot de la campaña electoral, pero la política era la del lobo feroz. Venían por una reforma previsional –que en parte concretaron–, una reforma laboral y otras medidas. Lo que está ocurriendo es que los mercados ya no tienen fuerza para eso y entonces los golpean. Sus amigos de los mercados; sus aliados de los mercados que, para utilizar una frase que se ha escuchado mucho en estos últimos días, ya fugaron más de un PBI. ¡Más de un PBI se fugaron sus amigos! Señor presidente: creemos que hay que tomar medidas concretas y se consiguen con lucha, si no nuevamente van a volver a ganar los de arriba. Somos socialistas, de izquierda y aunque las mayorías populares aún no comparten esta salida, creemos que hay medidas por las que debemos luchar todos juntos; medidas elementales de defensa nacional, que hay que discutir. Nosotros decimos claramente cuáles son las propuestas que tenemos para esta situación: hay que parar la fuga, romper con el FMI, terminar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es falso que puede haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a la vez tener salud y educación pública de calidad; es incompatible, es antagónico.
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Por eso, proponemos nacionalizar la banca. Ese puñado de bancos, son unos diez bancos, son los que organizan la fuga. Hay que nacionalizar la banca e impedir que esto siga ocurriendo. Para eso proponemos una asamblea constituyente libre y soberana que discuta de verdad los problemas profundos que atraviesan al país. ¿Sabe por qué, señor presidente? ¿Sabe por qué no se puede esperar más? ¿Por qué hay que luchar ahora? Porque la historia de los últimos 50 años demuestra que nunca la clase trabajadora, los sectores populares recuperan las condiciones anteriores al saqueo. Jamás. En el año 1974, la desocupación era del 2,3 por ciento. El primer gran saqueo llevado a cabo por la dictadura lo multiplicó, junto con la deuda externa y demás. Todos los saqueos posteriores hicieron que las condiciones nunca volvieran a ser las anteriores. Siempre se roban todo y, después de muchos años, con suerte, te devuelven un poquito. Te roban la casa y, con suerte, te devuelven el televisor. Por eso nosotros decimos que hay 2018, pero que es un saqueo. El 2018 es un saqueo y hay que luchar ahora contra eso porque todo lo demás le hace el juego a la derecha, a los especuladores y a los que se relamen en estas situaciones de crisis, porque ellos nunca pierden. Gracias. Sr. Presidente (Quintana).- Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Penacca. Sra. Penacca.- Señor presidente: voy a ser breve. Sobre todo, antes de que el dólar llegue a 50. Voy a hacer uso de la palabra en el marco que vienen planteando todos los legisladores y legisladoras que hicieron uso de la palabra. Me refiero a esta situación económica, que es producto de decisiones políticas que viene tomando el mejor equipo económico de los últimos 50 años, y que nos preocupa a todos y a todas. En realidad, no sé si a todos y a todas, porque a algunos los beneficia. A los que vienen fugando plata al exterior, seguramente hoy no les preocupa tanto el dólar a este precio. Y, como en todas las situaciones que tienen que ver con decisiones políticas, siempre hay algunos que se benefician y otros que se perjudican. Y en el tema que nos convoca hoy en este debate, que parece alejado de esa realidad económica tan apremiante que estamos atravesando argentinos y argentinas, también hay beneficiarios y otros muchos perjudicados. Los perjudicados, como tan bién nos tienen acostumbrados por algunas de las decisiones que se toman en el Gobierno de la Ciudad, somos el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Los beneficiarios, una vez más, son estas dos empresas que hace 28 años, como bien marcaban los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, vienen teniendo quizás el negocio más rentable de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha visto en este recinto que hay muchísimo trabajo y mucho debate. Es verdad el trabajo de la directora de la Comisión y que allí se ha podido debatir en profundidad este tema. Y no solo ahora, sino a través de los años en que se discutieron leyes de estacionamiento medido para la ciudad. También es cierto que hay muchas propuestas de cómo mejorar y para beneficiar a los ciudadanos; hay propuestas para construir un sistema de estacionamiento regulado que
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ordene el tránsito, que realmente favorezca la rotación vehicular y que puedan prevenir situaciones de inseguridad vial. A pesar de todo eso, lo que se vuelve a discutir en esta Legislatura, como desde el año 2005, es cómo se sigue otorgando el beneficio de este gran negocio a Dakota y BRD. Es lo único que volvemos a discutir: nuevamente la prórroga de la cláusula transitoria segunda que vuelve a prorrogar el plazo. El Estado debería ser, por la cantidad de leyes a este respecto –decía la diputada Muiños que hay seis leyes–, el que brinde este servicio público. Estamos nuevamente frente a esta situación. Se trata de una concesión del año 1990. Casi parece la prehistoria de la Ciudad de Buenos Aires. Y seguimos con un servicio que es cada vez más deficiente. No solo vimos el informe del Ente de Servicios Públicos, sino también una denuncia que salió recientemente por el canal de aire TELEFE, donde se mostraba cómo empleados de esta empresa –o la propia empresa, no lo sabemos aún–, vendían permisos de tránsito y estacionamiento para discapacitados. Todo esto, además del negocio que sabemos que se viene llevando adelante, que tiene cifras concretas. También lo mencionaban anteriormente: 55.000 ridículos pesos de canon mensual frente a casi 14 millones de ingresos por mes, que es lo que se recauda por parquímetros y acarreos. Esto, además de que sabemos lo que genera a cualquier ciudadano o ciudadana llegar a un lugar y ver que se llevaron el auto y que tendrás que invertir una parte alta de tu sueldo, casi mil pesos, para poder recuperarlo. Otra vez estamos ante esta situación. Creemos, además, que esta modificación de la Ley 5728 no resuelve los problemas estructurales que ya tenía aquella ley que nuestro bloque no acompañó. Se vuelve a reforzar la lógica recaudatoria, extendiendo la cantidad de espacios de estacionamiento medido a la ciudad. Se vuelve a plantear un problema que, además, creemos que es el nudo central de esta situación: como estamos intentando forzar una norma y no tenemos el consenso suficiente en esta Legislatura para que la norma salga, terminamos generando una ley que es declarada inconstitucional. La ley que hoy discutimos tiene un marco regulatorio muy dudoso. De hecho, tenemos una sentencia de primera instancia, que dice que hay un montón de artículos que son inconstitucionales. Y todo es para evitar los cuarenta votos, porque no se llega al consenso suficiente, y la doble lectura, porque una vez más el Gobierno de la Ciudad demuestra que no le interesa la opinión de los vecinos y vecinas de carne y hueso. Me refiero a los vecinos de verdad, y no a los que inventan por las redes ni a los “trolls” de Marquitos Peña. Si hubiera una audiencia pública, esos vecinos de verdad vendrían a decir que no les alcanza el dinero de su bolsillo para tener que pagar también por poner su auto en la vereda de su casa. Frente a los tarifazos, los niveles de desocupación, lo que aumenta la canasta alimentaria y lo que aumenta la nafta, no hay manera de que, además, los ciudadanos medios porteños puedan pagar por el estacionamiento de su auto. Entonces, están intentando evitar escuchar a la sociedad. En otras palabras, están intentando evitar la audiencia pública. A este proyecto tuvieron que recauchutarlo, ponerle un rulo y hacerle modificaciones. Está bien, pero no alcanza. Lo cierto es que no hay consenso para avanzar en esta norma.
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En verdad, vamos a volver a tener complicaciones. Lo decía recién un diputado: no votemos normas que sabemos que van a volver a ser recurridas en la Justicia. Perdemos el tiempo y se lo hacemos perder a la sociedad en su conjunto. Desde que se inició este amparo y el juez le dio lugar a la medida cautelar, el Gobierno de la Ciudad, desconociendo que esto está en la Justicia –cuando se llenan la boca diciendo que la Justicia tiene que resolver y que hay que esperar las resoluciones de la Justicia–, avanzó en las licitaciones. De tres licitaciones que se hicieron, dos fueron recurridas y ya hay empresas quejándose por el proceso licitatorio. Sumado a eso, ahora estamos modificando los pliegos de la licitación, con los sobres ya abiertos. Volvemos a exponer a la Legislatura a estar votando una ley que no va a tener sentido, que no va a quedar vigente, porque va a volver a tener alguna queja en la Justicia. Obviamente, está también la discusión de la inconstitucionalidad. Precisamente, dos de los predios que se incorporan en esta ley tienen zonificación UP; por lo tanto, son plazas. No hay manera de no entender que son bienes de dominio público de la ciudad. No importa cómo lo quieran maquillar, qué quieran dibujar o cómo quieran construir el relato; lo cierto es que se trata de bienes de dominio público. Por lo tanto, no se está cumpliendo con el artículo 82, inciso 5), de nuestra Constitución. Todo este planteo es compartido por el conjunto de la oposición en la Legislatura. No sé si hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero en esto me parece que hay un acuerdo rotundo. Por supuesto, nuestro bloque no va a acompañar este proyecto. Vamos a votar negativamente y vamos a seguir proponiendo alternativas con el interés de ordenar el tránsito y de mejorar la vida de los vecinos y las vecinas, de modo que podamos tener alguna vez una ley de estacionamiento regulado que ayude al tránsito, al transporte y a la seguridad vial en la Ciudad de Buenos Aires y no a que Dakota y BRD se sigan haciendo millonarias.
Sr. Presidente (Quintana).- Tiene la palabra el diputado Ferraro. Sr. Ferraro.- Señor presidente: escuché a muchos diputados preopinantes referirse a lo que se intentaba plantear de fondo, en relación con la ley original, que es la 4003, con la continuidad de la 4888 y de la 5728. Respeto las opiniones que atraviesan este debate, que ya lleva bastante tiempo en la Legislatura. Sin embargo, entiendo que hay cierta ignorancia o pretensión de querer debatir sobre una realidad que muchos de nosotros no compartimos, tanto integrantes de la Comisión Evaluadora como de este parlamento, con respecto a la realidad actual del servicio y a la de estas empresas que están hace más de veinte y pico de años en la Ciudad. En tal sentido, señor presidente, me parece que lo importante es resaltar que nosotros traemos a este recinto el despacho de las comisiones de Tránsito y Transporte y de Planeamiento Urbano. Se trata de una propuesta de modificación que aclara los alcances de la Ley 5728 en relación con una posición que vamos a seguir sosteniendo, que es la concesión de un servicio público del sistema de estacionamiento regulado, con las correspondientes playas de estacionamiento en distintos predios de nuestra ciudad. Este proyecto tiene que ver con eso: que sea meramente aclaratorio, ya que no está
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 introduciendo cambios en las condiciones de licitación ni en los términos con los cuales se pretende concesionar el servicio. Algunos sectores de la oposición mencionaron que el sistema debería ser estatal y que, incluso, el estacionamiento medido en nuestra ciudad no debería regularse. Ya lo dijo la diputada Cristina García: no podemos obviar, en una ciudad de las dimensiones de Buenos Aires, la discusión sobre la regulación del suelo. El suelo es un bien escaso que debe ser compartido y regulado. Por lo tanto, en el marco de la discusión y de las leyes 4003 y 4888 –que son las leyes madre sobre estacionamiento medido–, consideramos que esto hay que regularlo. Como bien decía al principio, se plantea una “foto” de lo que fue la historia con Dakota y BRD. Ratifico que compartimos muchos argumentos de lo que ha sido la falta de control y de que estas empresas hacen lo que quieren con el estacionamiento medido. Pero el legislador, en el debate de fondo y en la discusión actual, no puede desconocer el trabajo realizado y el cambio de paradigma que intentamos con las leyes 4888 y 4003. Esto tiene que ver con algunas cuestiones que hacen que el sistema de estacionamiento regulado se pueda brindar de manera más eficiente, con el uso fehaciente de los recursos públicos. A su vez, en ese contrato, en ese pliego que aprobó esta Legislatura, se elevaron los estándares del servicio y se incorporaron nuevas tecnologías. Recuerdo a diputadas preopinantes que, en su momento, acompañaron el proyecto producto del gran trabajo del diputado Palmeyro, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, cuando se establecieron las plazas para el estacionamiento regulado. Se trabajó durante meses con las juntas comunales para el ordenamiento de esas plazas. Quedó establecido que el estacionamiento regulado se incorporaría de manera progresiva y que se usarían no solo parquímetros, sino también nuevas tecnologías para acceder a esas plazas de estacionamiento y espacios públicos a través de telefonía móvil y de Internet. A su vez, hubo un cambio significativo que tiene que ver con el funcionamiento de las actuales empresas y con los contratos que se renegociaban año tras año. A diferencia de las otras veces, a partir de ahora iba a recaudar la ciudad y, a partir de lo recaudado, se les pagaría a los futuros concesionarios que estarán distribuidos en cinco zonas. Sumado a eso, hay una cuestión lógica. ¿Por qué la presencia de agentes de tránsito en el marco del estacionamiento regulado? Porque son los funcionarios públicos los que dan la orden o no del acarreo y de la aplicación de la multa. Por otro lado, voy a seguir sosteniendo un principio y una definición que no son de ahora –ni personal ni desde el punto de vista del bloque Vamos Juntos–, pero quienes me han visto muchas veces intervenir en la Comisión de Tránsito y Transporte, saben que sostuve históricamente esta posición: el estacionamiento medido, de acuerdo con lo que estamos haciendo con esta ley aclaratoria, reviste el carácter de concesión de servicio públicoNo estamos hablando de concesión del dominio público. Reviste el carácter de concesión de servicio público, así como lo hicimos con la ley del subte y la ley de la basura. Esa fue la interpretación que tuvo esta Legislatura. Por supuesto, después intervienen distintos estamentos de la Justicia, pero yo no voy a permitir que se quiera instalar que en el proceso de formación y sanción de las leyes el Poder Legislativo no tenga el control de constitucionalidad necesario a la hora de interpretar. Quiero remarcar esto porque no solamente es un criterio que establecimos nosotros en el debate, sino también la Cámara a través –si se quiere– del fallo o el voto del doctor Carlos Balbín. El doctor Balbín establece claramente que, cuando debatimos estas características y votamos leyes sobre este tipo de concesiones, estamos hablando de concesión de servicio público. En ese sentido, señor presidente, no podemos confundir los términos de utilidad pública con dominio público. Claramente está establecido en el fallo Martín F. L. contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre amparo. En dicho fallo, la Cámara de Apelaciones ratifica esta interpretación que nosotros estamos haciendo ahora, pero que también hicimos en las anteriores sanciones vinculadas con el estacionamiento medido. Todos sabemos que la concesión de servicio público se puede definir como el acto mediante el cual el Estado encomienda a una persona, por un tiempo determinado, la organización y el funcionamiento de ese servicio público. El concesionario percibe una retribución por su labor y presta el servicio acorde con el pliego por el cual se le adjudicó tal servicio. Acá no se trata, señor presidente, de un acto de disposición de un bien de dominio público, pues los futuros concesionarios no se están apropiando de la vía pública, sino que se limitan a ejercer el control sobre su uso. Tampoco, como dije recién, recaudan sobre lo percibido por el estacionamiento regulado, sino que controlan con un agente de tránsito –que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires– el cumplimiento y la aplicación de lo que estamos discutiendo. Por último… Sr. Presidente (Quintana).- Diputado: sé que está terminando, pero quiero avisarle que le queda un minuto.
 Sr. Ferraro.- Por último, para reforzar parte de lo que venimos argumentando junto con la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, creemos que acá no hay ningún tipo de derecho que se establezca sobre bienes de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos cumpliendo con lo que manda la Constitución de la Ciudad y hemos incorporado la modificación del artículo 6°. El tratamiento de ese artículo 6° va a tener el procedimiento de doble lectura, conforme al uso del Código de Planeamiento Urbano sobre playas de estacionamiento. Además, hemos limitado hasta un máximo de cinco años el uso de estos predios como cuestión accesoria a lo que significa brindar el servicio de estacionamiento regulado en nuestra ciudad. Por estos motivos, señor presidente, nosotros creemos que esta aclaratoria que estamos haciendo es significativa a la hora de avanzar con la ley que regula el estacionamiento medido y que, como decía hace un rato, tiene un nuevo paradigma. Esperamos, desde la Comisión Evaluadora y como producto de lo que fue la sanción de estas leyes, que realmente se pueda aplicar de una buena vez por todas y terminemos con las estrategias judiciales de un lado y del otro que solamente buscan beneficiar, como lo dije en alguna otra sesión cuando discutíamos este tema, la continuidad o el vicio de estas dos empresas que hoy llevan adelante este servicio en nuestra ciudad.
Sr. Presidente (Quintana).- Como no hay más oradores anotados, pasamos a votar. Se va a votar en general y en particular, a través del sistema electrónico. Se vota.
- Se registran los siguientes votos positivos: Abboud, Acevedo, Álvarez Palma, Apreda, Bauab, Blanchetiere, Cingolani, Casas, del Sol, Estebarena, Ferraro, Ferrero, Fidel, Forchieri, García de Aurteneche, García de García Vilas, González Estevarena, González Heredia, Marías, Méndez, Michielotto, Petrini, Presti, Quintana, Reyes, Roldán Méndez, Romero, Rueda, Sahonero, Santamarina, Straface, Suárez, Villalba y Yuan.
 - Se registran los siguientes votos negativos: Abrevaya, Andrade, Arce, Bregman, Conde, Cortina, del Corro, Depierro, Gorbea, Guouman, Halperin, Heredia, Martínez, Montenegro, Muiños, Nosiglia, Penacca, Pokoik, Recalde, Roberto, Santoro, Solano, Tomada, Vilardo y Vischi.
Sr. Presidente (Quintana).- El resultado de la votación es el siguiente: sobre un total de 59 votos emitidos, se registraron 34 votos afirmativos y 25 negativos. La ley ha recibido aprobación inicial conforme a lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad. Por Secretaría se enunciará el siguiente tema.