lunes, julio 27, 2009

“Macri hace una gestión municipalista en el peor de los sentidos”

En su nuevo libro Ciudad vista, la escritora analiza el impacto de las tecnologías y los shoppings en la vida urbana. Habla de la inseguridad, de los artesanos, de la invasión del espacio público y de los rastros de las crisis de 2001 en Buenos Aires.

“Los ciudadanos exigen medidas de seguridad, pero no son capaces de discutir las consecuencias”, dispara Beatriz Sarlo, profesora, escritora, crítica literaria y profusa ensayista autora de más de catorce libros. Armada de una mirada quirúrgica, pero con gran sensibilidad, recorrió Buenos Aires durante varios años y analizó sus transformaciones de las últimas décadas. En esta búsqueda antropológica que conforma Ciudad vista. Mercancías y cultura urbana, su último libro editado por Siglo XXI, Sarlo pone el foco en la circulación de mercancías, desde los shoppings hasta los artesanos; la irrupción de las grandes construcciones; el comportamiento de las nuevas migraciones y los nuevos usos del espacio público, definidos también por las consecuencias de 2001.

De la ciudad posmoderna, colmada de reclamos por la inseguridad y atravesada por nuevos actores sociales, afirma sin nostalgias: “Pensar que las señoras van a dejar de ver televisión para ir a tejer a la vereda como en 1950 es ridículo”. Por eso dice que es imprescindible “defender aquello que sus habitantes pueden hacer con algún grado de espontaneidad, como la huerta orgánica de Caballito destruida por las topadoras de Macri”.

–Uno de los ejes de su libro es el análisis del uso del espacio público. El gobierno de Mauricio Macri promete instalar más cámaras filmadoras para controlar el delito en la ciudad. En este combate contra la inseguridad, ¿qué riesgo colateral corre la población?

–Los ciudadanos piden las medidas de seguridad, pero no son capaces de discutir las consecuencias. Exigen la vigilancia sobre lo urbano y luego se escandalizan cuando una huerta orgánica es destruida por las topadoras de Macri. Eso entra en la lógica del equilibrio entre vigilancia-seguridad y la implantación de un uso restringido del espacio público. Es necesario repensar ese equilibrio constantemente. No se trata de que no haya ningún espacio público sin rejas. El tema no es la reja en sí, sino la vigilancia autoritaria que se ejerce sobre la ciudad.

–¿Cree que hay una lógica autoritaria en el gobierno porteño cuando impulsa medidas sobre el espacio público?

–El desalojo por la fuerza de la huerta orgánica, que no comía espacio sino que estaba pegada a una plaza, es el claro ejemplo de una visión autoritaria del funcionamiento del espacio público. El sostenimiento de la huerta es un espacio de ciudad que se construye espontáneamente. Y acá radica su importancia. Porque si hay algo que defender en las ciudades de la posmodernidad, es aquello que sus habitantes pueden hacer con algún grado de espontaneidad, que ni el mercado, ni el autoritarismo, ni el Estado con sus mejores intenciones pueden construir.

–Más allá de esta particularidad y a un año y medio de que Macri ganara las elecciones por más del 60%, ¿qué evaluación hace de la administración local?

–Me parece que Macri hace una gestión municipalista en el peor de los sentidos del término. La ciudad es sólo luminaria y bacheo. Es una administración inocua. Eso es evidente en la forma que interviene. Y los proyectos que encara son propios de los Centros de Participación y Gestión, en caso de que se implementara la Ley de Comunas. No tiene ningún gran proyecto para Buenos Aires.

–Según la oposición, los únicos grandes proyectos que tiene son los supuestos negocios inmobiliarios…

–A Macri no le quedan ya sino las migajas para los negocios inmobiliarios. El gran avance sobre el espacio público se dio con las construcciones de torres autorizadas por gobiernos anteriores. Incluido el espacio aéreo, que es eminentemente público porque está relacionado con el uso de la luz y la renovación del aire, entre otras cosas. Gracias a las excepciones al Código de Edificación, Buenos Aires se llenó de torres. La gran operación inmobiliaria de Buenos Aires fue de (Carlos) Grosso, cuando impulsó la remodelación de Puerto Madero con un enorme éxito para el mercado inmobiliario.

–Lugares como Puerto Madero o el “Faena District”, donde muchos sólo pueden contemplar como en los centros comerciales, ¿no comienzan a parecerse a los shoppings a pesar de diferir en el funcionamiento?

–Con el tiempo puede ser que terminen transformándose en un centro de mercancías al aire libre. Pero por el momento no. El shopping es una especulación inmobiliaria, pero también la última forma de disposición de las mercancías móviles, constituyendo una burbuja dentro del espacio urbano. Se opone a la ciudad moderna, que entró en crisis y se terminó, en primer lugar, por el avance de la pobreza y por el imaginario de la inseguridad. Otra de las causas es la crisis del sistema del transporte.

–Otro grupo social que aparece en su libro son los artesanos. ¿Considera que representan una resistencia al avance autoritario sobre el espacio público?

–Más bien creo que los artesanos hacen lo que no pueden dejar de hacer. Son gente que no tiene trabajo, no puede conseguirlo o ya se habituó a una cultura de ese estilo. Cuando una persona está quince años sin empleo, no hay nadie que lo lleve de vuelta al mercado laboral. Esa gente ocupa el espacio público porque está sobreviviendo.

–Pero muchas veces desde el gobierno y desde parte de la sociedad se cuestiona por igual la presencia de los artesanos y los vendedores ambulantes, con mafia o sin ella.

–La ciudad es conflicto, pero la perspectiva de un gobierno tiene que distinguir entre los problemas fundamentales y los secundarios. Es mucho más escandaloso que se otorguen permisos para la edificación por sobre lo que marca la ley, que una persona venda ositos de peluche en la calle. Los vendedores ambulantes, como gran parte de la población, vienen golpeados de varias crisis económicas.

–En ese sentido, ¿cómo impactaron las distintas crisis en la geografía urbana?

–La distribución del ingreso se refleja en la nueva división de Buenos Aires. Sur y norte no son solamente lugares en el mapa, sino conceptos de estratificación social. El sur ha avanzado hacia el norte, que es cada vez más chico. Antes, como decía Borges, el sur terminaba en Rivadavia. Hoy llega hasta Santa Fe.

–Una de las divisiones analíticas que utiliza en Ciudad vista es “La ciudad de los pobres”. ¿Cree que hay una tendencia a naturalizar la indigencia por parte de los porteños?

–Hubo un momento de sensibilización extrema en la sociedad durante 2001 y 2002. Cuando las capas medias y medias bajas pensaron que les podía pasar lo que estaban viendo que les pasaba a los pobres. Se tomaron muchas iniciativas muy románticas. Como los centros de trueques, a partir de los cuales las capas medias iban a trocar como si estuviéramos de nuevo en el siglo X. Pero cuando terminaron de caer todos los que iban a caer, este sentimiento de solidaridad futura se extinguió. O al menos se atenuó. Es que exigir al resto de los habitantes un estado de visión de shock permanente es imposible.

–Pero es una problemática que desde el Estado los distintos gobiernos no pudieron dar respuesta...

–Lo que resulta inconcebible es que, después de haber atravesado la crisis, todavía haya chicos en las calles y el Estado no haya implementado políticas activas en este sentido. Sin internarlos en institutos de educación, que sería lo mismo que si los llevaran al quinto círculo del infierno. Pero no es un problema sólo de Macri. Tampoco pudo ser solucionado en las administraciones anteriores.

–Bueno, pero el jefe de Gobierno no se caracteriza por su vocación social...

–Es cierto que no tiene un discurso fuerte sobre lo social. Interpela al “vecino respetable”, no a los otros. Sin embargo, las anteriores administraciones tenían un discurso que hacía eje en lo social y al final dudo de que hayan materializado políticas activas para modificar la situación de los más necesitados. Claro, son más simpáticos los dirigentes que tienen un discurso con contenido social. Pero son más simpáticos aún los que tienen una acción y un plan concreto.

–El macrismo suele referirse a los porteños como “vecinos” y no como ciudadanos. ¿No cree que hay un vaciamiento de sentido en esa interpelación?

–Es verdaderamente insultante que a los habitantes de Buenos Aires se los trate de vecinos, como si no fueran ciudadanos, como si no tuvieran derechos. Aunque todos le hablan al “vecino”. No es una exclusividad de este gobierno.

–¿El miedo atenta contra la libertad de la ciudad?

–Coarta de manera subjetiva a los habitantes de la ciudad. No simplemente por el sistema de vigilancia. Les impide moverse por la ciudad por razones que son objetivas, por una parte, porque ha aumentado la inseguridad en todas partes de mundo, pero también subjetivas, por otra, porque se trata de cómo es vivido ese aumento. En esta cuestión, los grandes responsables son los medios de comunicación.

–¿Por qué?

–No son capaces de definir el tema de la inseguridad en términos comparativos. La prensa fogonea el miedo y oculta que Buenos Aires es, junto con Santiago de Chile y Montevideo, la ciudad más segura de América Latina. Otra cuestión son las villas como la 1.11.14. Pero yo no conozco ningún habitante de Belgrano que pasee por ahí. Los lugares más inseguros son donde viven los más pobres. El discurso del miedo está construido de manera hiperbólica en la prensa. Claro que la dimensión comparativa no consuela ni concierne a las víctimas, pero sí puede concernir a la colocación del resto de la sociedad en el espacio público.

–Ante esas problemáticas muchas veces se añoran tiempos anteriores. ¿Hay una idealización del pasado?

–Es que se quiere construir una imagen de una ciudad que es imposible. La gente mayor de 40 años, que es la voz cantante en la problemática de la inseguridad, tiende a decir que “todo pasado fue mejor”. Entonces, la ciudad de su infancia era más linda, más segura. Pero no se puede construir política sobre la idea de nostalgia. Tiene que ser considerada como un dato subjetivo, no como una objetividad para la política.

–En ese sentido, ¿cuánto influye el discurso oficialista?

–La otra cuestión es que Macri les habla a los vecinos acerca de que es posible restaurar la Buenos Aires de 1950. Pero esta ciudad no existe más. No se pueden pensar políticas para retrotraer el uso de la ciudad a 1950, donde los chicos jueguen a la pelota en la calle mientras pasan autos a 150 kilómetros por hora. Ahora el uso del espacio público está dado en los grandes espacios. Pensar que las señoras van a dejar de ver televisión para ir a tejer a la vereda es ridículo.

–¿Qué impresión le causa la emergencia de los nuevos barrios reciclados, como Palermo?

–Lo interesante de la modificación de Palermo es que no se trató de una gran operatoria inmobiliaria sino de una movida de sus habitantes para defender el barrio. Los Sensibles de Palermo y otros grupos de vecinos fueron los primeros en defender una forma del uso del espacio público y del uso de la propiedad que constituía su identidad. Recién después entraron los desarrolladores inmobiliarios, que aprovecharon las dotaciones de las viejas casas para convertir a Palermo en lo que es hoy: un inmenso patio de comidas con un circuito de ventas al aire libre.

–Las casas ocupadas también emergieron en la urbanidad porteña como el reflejo de una problemática habitacional. ¿Qué piensa de ellas?

–Las casas tomadas son la precaria solución de vivienda para gente que no la tiene. Ya sea enviada ahí por caudillos políticos o caudillos inmobiliarios, que van alquilando las piezas de las casas porque saben cuáles se pueden tomar. Las ocupaciones no siempre son espontáneas. Y, naturalmente, las casas tomadas no producen ciudad en el sentido de innovación. No se pueden reproducir esos modelos. La gente vive de la peor manera posible, en condiciones horribles de sanidad y servicio público, que no se termina de integrar en el barrio sino que deteriora la trama urbana de ese barrio. El Estado tiene el deber de solucionar el problema de esas personas. Me resisto a tener una visión romántica de ninguno de los modelos de ocupación del espacio público que sean dañinos para aquellos que lo ocupan.

Inmigración y proyectos políticos

–Otro grupo que aparece en su libro son los inmigrantes. ¿Qué diferencia encuentra entre las nuevas oleadas de bolivianos, peruanos y paraguayos y las que se dieron con el flujo europeo?

–Al contrario de lo que pasó con los italianos y españoles que llegaron en 1880 hasta la Primera Guerra y después de la década del 20, el Estado los necesitaba para tener mano de obra barata y tenía un mercado de alimentos relativamente barato. En cambio, las migraciones que llegan de Bolivia, Paraguay, Perú no forman parte de ningún proyecto público. Estamos obligados constitucionalmente a recibirlos y a darles todas las posibilidades. La cuestión de las migraciones no es un tema de las villas. Es un tema federal.

–¿Qué consecuencias trae esa falta de proyecto?

–Al no estar contemplada como política, se crean reflejos antimigratorios en los sectores populares con trabajo porque los inmigrantes parece que vendrían a recargar un mercado de trabajo que ya en sí mismo no es demasiado grande.

domingo, julio 26, 2009

Demoliciones y reglamentos

Hay una verdadera epidemia de demoliciones, con y sin autorización. El CAAP aprueba cosas muy cuestionables. Y el Ejecutivo prometió que en 15 días llega a la Legislatura el régimen de faltas especial para el patrimonio.


Por Sergio Kiernan

Hasta la persona más sanguínea, de las que pueden ignorar la gripe mexicana, tiene la sensación de que hay otra epidemia en la ciudad. La dolencia en este caso es la demolición a las apuradas de edificios patrimoniales cuya destrucción está prohibida, agravada por dos factores. Uno es que el cuerpo médico especializado, en este caso el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, la está pifiando con los diagnósticos. Y el otro es que el gran antibiótico antipiquetas, el régimen de penalidades para el patrimonio, sigue sin salir de los cajones oficiales. Las buenas noticias son que el CAAP está empezando a reaccionar y que el régimen será presentado en dos semanas –prometen en el gobierno– para que la Legislatura lo sancione.

Tres casas

Hubo tres casos en estos días de piqueta malandra, con tres situaciones legales diferentes y tres resultados variados. Los edificios son viviendas de Recoleta, Montserrat y San Telmo, que van del petit hotel francés a la casa de barrio de las mejores.

En Pueyrredón 1741, a metros de Peña, se alzó por muchos años el petit hotel, que empezó a ser demolido la semana pasada con la frivolidad habitual en estos casos. Una empresa compró este tesoro y un arquitecto, o arquitectos, se prestó a destruirlo para reemplazarlo por algo mucho peor, mucho más feo, mucho menos valioso, pero más grandote y rentable. En la zona roja le dicen a esto prostitución, entre arquitectos le dicen ganarse la vida. Vecinos y diputados patrimonialistas se movilizaron para frenar el aparente atentado, pero resulta que no se pudo hacer nada porque los permisos estaban en regla. Un petit hotel menos para la ciudad.

Más ambigua resulta la situación de la casita de barrio de la calle México al 1400 –foto en la tapa– que ya está a medio demoler. Resulta que en este caso los vándalos sacaron un permiso del que se sabe que fue tramitado todavía en 2008. Pero sucede que los permisos vencen a los 180 días, o más exactamente lo que caduca es algo llamado “certificado de uso conforme”. Este papel, parte normal del trámite, asegura al demoledor que no le van a cambiar las leyes al día siguiente que sacó el permiso y lo pagó. Por ejemplo, nadie puede caerse por la obra para avisar que hay un nuevo impuesto al ladrillo colorado, o que hay que pagar más porque ahora el trámite subió de precio.

Como ya estamos a julio de 2009, el papel está obviamente vencido, pero no queda en claro si esto alcanza para detener la ya avanzada destrucción de la casa. El diputado Patricio Distefano (PRO) está apadrinando esta casa y tratando de que le expliquen por qué los planos llevan un sello de fines de junio, cuando la ley 3056 ya estaba en efecto. Por supuesto, la casa de la que hablamos es anterior a 1940.

Lo que no se demolió fue la linda casa en PH de Estados Unidos 946, que los vecinos de San Telmo Preserva denunciaron indignados se iba a rematar en pedazos. Este tipo de remate consiste en hacer lotes de todo lo que se puede de una casa antes de destruirla. Al despedazarla, se retira todo lo que ya se vendió y se entrega al comprador. Los vecinos estaban indignados porque asumieron que una casa en buen estado, obviamente valiosa y en pleno San Telmo, tenía que estar protegida. También sabían que esta casa está a metros del APH de su barrio y está incluida en la ampliación futura del área.

Se equivocaban: la demolición ya había sido autorizada por el CAAP, que explicó que “el entorno” hacía que no se mereciera ser protegida. Sólo faltaba el permiso formal de demolición, lo que dio tiempo para que el diputado Distefano presentara un proyecto de catalogación el jueves de la semana pasada. Al día siguiente, se comunicó por escrito al Ejecutivo para avisar que el edificio quedaba inhibido. El lunes, la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena (CC), hizo lo mismo para formalizar el tema. Hasta nuevo aviso, la casa de Estados Unidos está a salvo.

Y el CAAP, con otro error, introduce un cuarto edificio en esta lista. Es la casa de Andrés Kálnay en la calle Palestina, demolida parcialmente sin permiso ni papeles. La obra fue clausurada inmediatamente, gracias a la denuncia de los vecinos, porque la estaban haciendo de araca. Se ve que los dueños sabían que no se iba a poder destruir un Kálnay con papeles, por lo que pasaron a la clandestinidad. Pues ahora, la dirección general que se ocupa de las Areas de Protección Histórica le preguntó al CAAP si consideraba que la casa de Palestina tenía valor, parte del trámite en curso. ¿Qué contestó el Consejo? Que no valía la pena conservarla porque ya estaba “demasiado dañada”.

¿Quién les preguntó eso? ¿No perciben en el Consejo que así ayudan a premiar a los vándalos?

Las penalidades

Todo esto ocurre en rigor por la casi entera impunidad con que se puede hacer cualquier cosa en esta ciudad. Como se entenderá, los inspectores no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, con lo que resulta invaluable que los vecinos avisen de estas avivadas. Pero hasta cuando se clausuran las obras el gobierno porteño se encuentra con pocas herramientas para punir a los culpables. Las multas tienen más de diez años sin actualizarse y resultan minúsculas. Y no existe un régimen especial para punir a quienes rompan lo nuestro.

O mejor dicho, sí existe, pero en un largo invernar en los cajones oficiales. Allí, en tiempos del increíble Aníbal Ibarra, se logró aprobar la ley 1227, la primera dedicada específicamente al patrimonio. Una de las cosas que ordenaba la ley era que el Ejecutivo preparara y remitiera a la Legislatura un reglamento para velar por el patrimonio edificado, con castigos y reglas. Silvia Fajre, primero como subsecretaria de Patrimonio y luego como ministra de Cultura de Jorge Telerman, se ocupó minuciosamente de cajonear la 1227. Fajre se negó a reglamentarla para que todo siguiera en el limbo y fue necesario que la diputada Anchorena le presentara un amparo para que la ley fuera efectiva, algo que debe ser un caso único en la historia institucional argentina.

Lo que nunca ocurrió fue que se redactara el reglamento y las penalidades, tarea que le quedó a la actual subsecretaria de Patrimonio, Josefina Delgado. El reglamento fue largamente discutido y revisado, y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le dijo a m2 este jueves que ya se lo envió al subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri. “Hoy mismo (por el jueves) hablé con Lostri –dijo el ministro Lombardi–, y me aseguró que en 15 días el reglamento está en la Legislatura.”

Con lo que a mediados de agosto los diputados pueden estar discutiendo sancionar la herramienta para frenar estos desmanes. Legalmente, se trata de incluir una sección específica en el régimen de faltas de la ciudad. Esta sección, la número doce, trata de bienes inmuebles y muebles y castiga a los profesionales a cargo de la obra, la empresa que demuela y la empresa constructora con multas de 350.000 a 500.000 unidades fijas por una demolición total sin permiso, de 200.000 a 350.000 por una demolición parcial y de 50.000 a 200.000 cuando “se modifique, destruya o substraiga una parte constitutiva del bien”. Una unidad fija es hoy aproximadamente un peso.

El proyecto agrega que “si el responsable de la ejecución de la obra fuera un profesional o titular de una empresa, será sancionado con multas mayores a las de cada caso y puede ser pasible de la sanción de inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. Se procederá asimismo a la clausura de la obra”.

La potencia de este reglamento es evidente, y no sólo porque la multa pasa de ser de unos 10.000 pesos como máximo a medio millón. Con esta reforma se acaba esa obediencia debida de los profesionales de la construcción, que se niegan a hacerse cargo de la violencia de sus actos de vandalismo.

martes, julio 07, 2009

La plazoleta más cara de la ciudad

Por Marcelo L. Magadan *

Plazoleta de las Madres. Triangulito mínimo, resto de ciudad entre las avenidas Juan de Garay y Entre Ríos, y la calle Filiberto, en el rinconcito sudeste del barrio de San Cristóbal. Triangulito más o menos isósceles con sus puntas redondeadas. Cinco metros y medio en la base y casi treinta y dos de altura. Triangulito ínfimo, que hasta hace unas semanas tenía una veredita alrededor, un monolito, dos árboles y un poquito de tierra, sin pasto. Triangulito minúsculo que, campaña electoral mediante, ha sido remodelado.

La licitación fue pública y llevó el Nº 2343/2008. La convocó la Subsecretaria de Atención Ciudadana a cargo de la Lic. Gladys González, que depende de la Jefatura de Gabinete de la administración Macri, de Horacio Rodríguez Larreta. La subsecretaria se dedica a promover campañas de vacunación antirrábica y homenajes a barrios que cumplen años, pero devino ahora en proyectista y ejecutora de obras en espacios verdes.

Remodelada, la plazoleta tiene los dos mismos árboles de antes, 37 metros cuadrados de tierra sin pasto, 63 metros cuadrados de pavimento de cemento peinado y dos columnas de alumbrado. Se dirá que no mejoró mucho, pero eso depende de cómo se lo mire. Por este trabajito, los vecinos de la ciudad le pagamos a Aventura Emprendimientos S. A., empresa adjudicataria de la obra, la suma de $ 532.850,50.

¿Caro? Los 37 metros de tierra por ahora pelada, con demolición incluida, valen a precio de mercado unos $ 13.000. Los 63 metros de cemento peinado resultan en unos $ 31.000. Dos columnitas de iluminación, con instalación y lamparita incluida, digamos unos $ 3000. Un total de $ 47.000.

¿Cómo puede ser que algo que, exagerando, cuesta 47 lo cobren 530? Diez veces más de su valor. Hay que acomodarse la mandíbula y hacer la cuenta inversa. La obra nos costó $ 532.850,50 y la plaza tiene, sumando cemento y tierra, 100 metros cuadrados. Conclusión: $ 5328,50 el metro cuadrado de plazoleta remodelada. Con un dólar a $ 3,80, el metro cuadrado de plazoletita da el equivalente a 1402 dólares, un total de 140.223. En la zona (San Cristóbal), un departamento usado cuesta unos 900 dólares el metro cuadrado. Es decir que con lo que pagamos por esta remodelación nos podríamos comprar 155 metros cuadrados de departamento usado en el barrio. O, lo que es lo mismo, dos departamentos de tres ambientes de cerca de 70 metros cada uno. Y con ese monto ofrecen departamentos de 60 metros cuadrados en lo mejor de Recoleta.

Curiosamente, en otras obras que está ejecutando el gobierno de la ciudad en otros espacios verdes de la zona, los precios son drásticamente diferentes. En el Parque Pereyra, sin ir más lejos, el costo no alcanza a los $ 400 por metro cuadrado, trece veces menos. Según el pliego de licitación, Emprendimientos Aventura S. A. hizo una rebaja del diez por ciento en el precio final, ya que el presupuesto oficial de la obra era de $ 598.406,46.

Y esto no es manejar la ciudad como si fuera una empresa privada, acusación rutinaria al actual gobierno. Si una empresa privada estuviera comprando plazoletitas, es seguro que no pagaría 530 lo que puede costarle 47.

* Especialista en conservación de patrimonio arquitectónico