La caída del edificio de la calle Mitre volvió a mostrar que el boom de la construcción no tiene medidas de seguridad que protejan a los vecinos y a los trabajadores. Las denuncias son desoídas y una ley que refuerza los controles es rechazada por las cámaras profesionales.
El 14 de junio de 1970 fue un día trágico para la ciudad. Cerca de las 9 de la noche, un edificio de 14 pisos se desplomó inesperadamente y 30 personas resultaron muertas. La causa, se supo luego, fue la falta de un estudio completo del suelo. Cuarenta años después, la ciudad vivió una historia similar: un edificio se derrumbó en pleno centro porteño, pero esta vez, los vecinos lograron autoevacuarse antes de que los diez pisos colapsaran. Todos menos uno: al cierre de esta edición un hombre de 74 años -con problemas de movilidad y audición- continuaba desaparecido. Una grieta provocada por la excavación de una obra aledaña habría provocado la destrucción de los cimientos del edificio ubicado en la calle Bartolomé Mitre al 1200.
El caso se convirtió en una foto repetida en Buenos Aires. Que termina o puede terminar en tragedia. Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en el último año se originaron 13 derrumbes. En lo que va del mandato PRO se produjeron por lo menos 23 derrumbes y nueve muertes. La oposición apunta al sistema de inspecciones del gobierno porteño, cuestionado por su ineficacia e investigado en la Justicia por supuestos hechos de corrupción. Para el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se trató de una desgracia con suerte porque "sólo tenemos un desaparecido".
Las palabras "accidente" y "desgracia" no sirven para explicar el derrumbe de este edificio. Todos los sistemas de advertencias funcionaron. La Uocra había denunciado que no se respetaban los tiempos de excavación y los vecinos habían denunciado otras irregularidades en el procedimiento de la constructora Lemarche SRL. El gobierno porteño afirmó ante la Defensoría del Pueblo que concurrió en siete oportunidades y detectó problemas que fueron corregidos. "Si ninguna de las inspecciones de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) pudo detectar que el trabajo podía provocar la tragedia que provocó, es porque o no hicieron el trabajo bien o hubo negligencia fuerte", señaló el legislador de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción de Guillermo Rongo, quien deberá determinar si el Gobierno y los inspectores actuaron correctamente.
En tanto, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para expropiar -previa tasación del Banco Ciudad- el edificio para indemnizar a las víctimas. A cambio, litigará contra la constructora y el estudio Ezequiel Rivarola & Arquitectos, responsable de la obra. Desde la oposición pusieron reparos. "No se entiende para qué quieren expropiar: el valor del terreno no es el mismo que el valor del edificio. El Gobierno debería pagarles a los damnificados sin generar burocracia y garantizarse que no los demanden", aclaró el legislador Aníbal Ibarra. Al cierre de este número, el texto no había ingresado en la Legislatura.
De prosperar, el proyecto generaría una jurisprudencia que podría generar inconvenientes: "Si se establece este mecanismo, el Gobierno deberá responder por los otros 23 derrumbes de la misma manera. Por eso hay que tener cuidado en cómo se fundamenta porque tampoco el Estado puede ser la banca de respaldo de empresarios inescrupulosos", añadió Ruanova.
Por su parte, la diputada peronista Silvina Pedreira presentó otro proyecto para adelantar un subsidio de 50 mil pesos a propietarios o inquilinos como paliativo ante la emergencia.
Impericia y negligencia
"Aquí se sumaron dos cuestiones: impericia de los privados y el Estado está llegando tarde a inspeccionar", explicó a Diario Z el defensor adjunto del pueblo, Atilio Alimena. "Si bien -aclaró- hay que esperar los resultados de los peritajes, se pudo observar que las paredes estaban submuradas, con lo cual es probable que el problema haya estado en el suelo". Alimena agregó que estos accidentes "no son fruto de la naturaleza, sino de errores que pueden y deben evitarse" y advirtió suceden porque existe por parte de las constructoras un "interés excesivo del lucro, de rentabilidad inmediata. Se hacen operaciones para reducir los tiempos de construcción y estos son los resultados". "Me da la impresión de que en este último tiempo hay más excavaciones, quizá porque ahora las cocheras valen más, se hacen más subsuelos de lo que era habitual y los problemas aparecen porque es una actividad en la cual no había esta cantidad de trabajo", opinó el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, Enrique García Espil.
Cada vez que hubo un boom de la construcción, se produjeron derrumbes en la ciudad. "En los 70, una serie de accidentes marcaron un antes y un después en la construcción. A partir de entonces se convirtió en obligatorio presentar un estudio del suelo porque existían muchos inconvenientes con el basamento, donde se colocan los cimientos", explicó Alimena. En 2007, el gobierno de Jorge Telerman, a raíz de casos similares, realizó un shock de inspecciones en obras. Se relevaron 687 construcciones que estuvieran en etapa de demolición y excavación. El resultado fue determinante: una de cada diez tenía irregularidades.
Desde 2001, se construyeron más de 20 millones de metros cuadrados y el ritmo de las denuncias, según la Uocra, acompañó el frenesí: en la actualidad hay unos 200 reclamos por mes. Entre 2005 y 2011, las denuncias del sindicato crecieron 800 por ciento. Desde la AGC informaron a Diario Z que el ritmo de las clausuras de obras fue creciendo 10% en los últimos tres años. "En 2009 se hicieron alrededor de 600 clausuras y este año ya pasamos las 700", aseguró un vocero.
"El Gobierno tiene que ponerse más riguroso en los controles, pero el Colegio de Arquitectos también tiene que ser más severo", afirmó Bárbara Rossen, arquitecta y directora de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura. Rossen concuerda con Alimena en resaltar la responsabilidad de los profesionales. "Para eso el profesional tiene una matrícula y es responsable de su actuación. Lo mismo sucede con los médicos. Tiene que haber fuertes sanciones, cuando suceden estas cosas los profesionales deben ser inhabilitados de por vida."
Por ahora, el único sancionado sería el director de Protección al Trabajo, Héctor Aguirre. Una fuente del Ministerio de Desarrollo Económico aseguró que el funcionario está despedido porque estuvo inencontrable todo el fin de semana cuando es el responsable de la seguridad de los trabajadores y también de recibir las denuncias de la Uocra.
Un documento de la Academia Nacional de Ingeniería (ANI) echa luz sobre las principales deficiencias en los controles. Además de destacar la exigencia y calidad necesarias en profesionales que llevan a cabo construcciones que ponen en riesgo vidas humanas, la Academia hace especial hincapié en la necesidad de los controles del Estado: "Existen etapas críticas en algunas obras civiles, en las cuales los riesgos son mayores y más difíciles de evaluar dada la característica heterogénea de los materiales puestos en juego. Esto se verifica en las excavaciones de túneles y de subsuelos que requieren submuraciones de edificaciones vecinas. Será conveniente implementar un procedimiento para que la autoridad pública realice inspecciones en esas etapas. Incluso debería contarse, para estas tareas, con especificaciones especiales en los códigos de edificación, pero sobre todo, la exigencia de someter los procedimientos constructivos a una revisión previa al inicio de la obra".
Las palabras de la ANI están a tono con el reclamo principal de la oposición: la reglamentación de las modificaciones a la ley 3.562, aprobada hace trece meses luego del derrumbe del gimnasio Orión en Villa Urquiza, donde murieron tres personas. "La ley manda a hacer tres inspecciones. Una en la demolición y otras dos en la excavación. Si hubieran ido cuando el pozo estaba abierto a verificar efectivamente cómo estaban haciendo las cosas, se podría haber detectado el problema bastante tiempo antes", explicó el legislador de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, autor de las modificaciones. Sin embargo, el gobierno porteño no estipuló siquiera el presupuesto para 2012, ya que no incluyó una partida para aumentar los controles, tal como lo estipula norma.
Lobbies vs. legisladores
El gobierno porteño adujo, a través de un comunicado de la AGC, que la ley "no se reglamentó por imperfecciones y falta de consenso con los consejos profesionales". La Asociación de Ingenieros Estructurales admitió que se opusieron y aclararon que "el porcentaje de accidentes es muy bajo". "Esto es terrible porque nos tenemos que preguntar quién gobierna la Ciudad y quién hace las leyes, si las cámaras profesionales o los legisladores", advirtió la legisladora Gabriela Cerruti. "No se puede pretender que los que deben de ser controlados, tengan que formular las leyes, disentir o aprobarlas para que sean reglamentadas. Estamos contrariando el buen funcionamiento de las instituciones democráticas", señaló el diputado de GEN, Martín Hourest. "No me sorprende porque el hombre de confianza de Macri, Nicolás Caputo, es uno de los constructores más fuertes de la ciudad; el Gobierno cedió ante el lobby de una corporación e incumple una ley, es gravísimo", agregó Aníbal Ibarra.
Desde la Comisión de Planeamiento dieron un paso para reglamentar "de hecho" la ley. El martes 8 se firmó un despacho para incorporar al Código de Edificación las exigencias de inspeccionar durante la demolición y excavación. El proyecto, acompañado por diputados del PRO, estipula que se deberán efectuar "inspecciones obligatorias, especiales y de oficio" en las obras. Se prevé una primera inspección donde se controle la ubicación del lote, la línea de edificación, el frente interno y la separación del edificio de los ejes divisorios. La segunda cuando se finaliza la última losa; la tercera, al culminar la mampostería y los montantes de las instalaciones, y la cuarta, cuando finaliza la obra.
También se acordó otro proyecto sobre la implementación de la ley de seguridad e higiene nacional en la Ciudad, presentado por la Defensoría del Pueblo en 2008. Lo reclamó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. "Hoy, las empresas constructoras son las que contratan y controlan la seguridad e higiene, en ese lugar debería estar el Estado. Intentaremos que se trate sobre tablas el jueves 10", adelantó Rossen.
En la Ciudad hay 120 peritos verificadores de obra (PVO) que la AGC contrata bajo el formato de locación de servicios. Los inspectores se sortean y el ritmo de las visitas depende de que haya denuncias. "Se hace una inspección cada 30 o 40 días", informaron desde la AGC. Sin embargo, según pudo saber este diario, hay demoras de hasta tres meses en los sorteos. Además, la AGC no está obligada a inspeccionar en el momento más crítico, es decir, durante la demolición o excavación. "Hoy, salvo que haya una denuncia, el Estado se hace presente recién cuando se coloca la primera losa. Por lo general, los inspectores van detrás de las denuncias, no hay una acción coordinada", detalló Rossen.
El ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, dijo que el Estado no es responsable porque no puede estar en cada obra como no podría estar en cada quirófano. Y su vocero refrendó: "No es nuestra responsabilidad controlar la AGC ni va a haber una intervención". Mañana será otro día.
Por Eduardo Videla
