Fuerte concentración inmobiliaria

Durante 2011 siguió afianzándose la concentración territorial en la localización de los desarrollos inmobiliarios junto con la tendencia a producir unidades de reducidas dimensiones pensadas para compradores que pagan una cuota. Los m2 registrados en el GCBA se duplicaron con respecto a 2010. Palermo aglutina casi el 10 % de la superficie a construir dentro de la ciudad. El 79 % de los departamentos que se proyectaron para edificar en 2011 son de 1 y 2 ambientes. 

En 2011 creció significativamente la registración de permisos para construcción en la Ciudad de Buenos Aires. Los m2 presentados a través de las distintas carpetas con proyectos a lo largo del año pasado duplico la superficie inscripta durante el 2010. 

Por todo concepto tanto para obras nuevas como para ampliaciones el área registrada superó los 2,5 millones de m2. La tipología multifamiliar sigue siendo aquella que concentra la mayor cantidad de superficie nueva a construir con el 80 % de los m2 a edificar dentro de la ciudad. 

La concentración sigue siendo el común denominador en la fórmula de desarrollo de los últimos 10 años para la ciudad de Buenos Aires. Una concentración que se dá por doble vía, por localización y por producto. 

Como un calco del mapa geográfico de localización de las obras que imperó en la última década Palermo es el barrio donde más metros cuadrados se presentaron para construir. Dentro de los cinco barrios con más superficie a edificar figuran también Belgrano, Villa Urquiza y Caballito, localizaciones también recurrentes en su performance a la hora de contar m2 de construcción en los últimos años. Por el contrario y a pesar de planes e iniciativas oficiales por parte del Gobierno de la ciudad los barrios del Sur siguen postergados en las carpetas de proyectos de la mayoría de los constructores privados, la estadística del propio gobierno así lo demuestra, por caso en Parque Patricios donde se impulsa el distrito tecnológico apenas se superaron los 25.000 m2 registrados casi diez veces menos que en Palermo. 

Así, los m2 se siguen aglutinando en su mayoría en determinados enclaves de la ciudad, pero además esa superficie se concentra en unidades de superficie acotada. Menos del 5 % del área de departamentos a construir tiene más de dos dormitorios, continuando así la tendencia en la comoditización de las viviendas que por amplia mayoría son de 1 y 2 ambientes. 

¿Cuál será el mejor futuro para la calidad de vida de un barrio en el largo plazo?. ¿Quedar afuera del fenómeno actual de construcción o participar de él? El tiempo se encargará de dirimir este interrogante pero lo que se advierte es que este tipo de concentración acrecienta la fragmentación del mapa social urbano. 

Normas claras para el patrimonio

02/02/2012

POR MARÍA CARMEN ARIAS USANDIVARAS*

Miles de inmuebles están catalogados preventivamente, pero no por ley. Así, es posible retirarlos de esa condición a partir de reconsideraciones. Falta la catalogación definitiva de los bienes patrimoniales de la Ciudad.

El patrimonio porteño comprende el patrimonio arquitectónico-cultural-ambiental, concepto que implica englobar también sus espacios públicos exteriores con sus objetos artísticos y naturales incluidos, como así también sus parques, plazas y monumentos. La Nación delegó por mandato la guarda de esos bienes en los habitantes de nuestra Ciudad. La identidad y la memoria de los barrios de las que habla la Constitución de la CABA en su artículo 32 son, asimismo, los lugares donde se desarrollaron episodios de relevancia, edificios donde vivieron nuestros antepasados destacados, y la cultura popular que subyace en la música, el teatro y en todas las expresiones de nuestra porteñidad.

La Ley 2548, promulgada en el año 2007, estableció un régimen de protección al patrimonio edificado antes de 1941. Fecha de ninguna manera arbitraria pues fue el primer catastro de la ciudad –documentado con fotografías aéreas– y sólo protegía un pequeño polígono de la misma; las sucesivas prórrogas la extendieron a todo Buenos Aires. Su espíritu fue que, una vez evaluados la totalidad de esos inmuebles, estimados como el eslabón más débil de la cadena patrimonial, se consolidaría parcialmente el inventario general de la Ciudad, y para completarlo debían ser incluidas como política de estado, la totalidad de los edificios que, a posteriori de esa fecha, se consideran con valores para integrar este inventario.

Desde su origen llamó la atención que una ley perdiera vigencia anualmente pero, ante tanta presión ejercida transversalmente en todos los bloques con representación en la Legislatura, donde la corporación de arquitectos y desarrolladores inmobiliarios actuaron de manera mancomunada, ésta fue la única forma de proteger, un poco más, el patrimonio valioso edificado. Esta ley sólo establece un procedimiento de evaluación de los inmuebles para su demolición o modificación (previa solicitud de un particular) por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, organismo compuesto con representantes del Ejecutivo y del Legislativo, así como varias instituciones cuyos miembros son en su mayoría arquitectos, faltando de esta manera la dimensión simbólica de los bienes culturales, donde la diversidad es lo que hace la diferencia y en la que seguramente se encontrarían otros elementos de valoración para su evaluación. Recalcamos que esta ley no inmoviliza a la Ciudad sino que evalúa lo que debe ser preservado. Con esta ley, las decisiones del órgano asesor son vinculantes: si consideran que el inmueble tiene valores, envían esa información al Ministerio de Desarrollo Urbano, Subsecretaría de Planeamiento, quien debe incorporarlo a un catálogo preventivo y comunicar esta restricción a la DGROC para que se inhiba la parcela. Luego pasa a la Legislatura para su tratamiento de catalogación. Constitucionalmente estas leyes son de doble lectura y audiencia pública entre ambas.

En la historia de Buenos Aires las demoliciones han sido una constante. Existen numerosos libros sobre “Buenos Aires Demolida” escritos, muchos de ellos, por funcionarios que debieran haber preservado más, y no sólo legarnos fotos. El tema “patrimonial” no existía en la opinión pública hasta que los ciudadanos vimos como día a día desaparecían piezas valiosas y nos unimos en organizaciones no gubernamentales para tratar de poner un coto a tanta destrucción, coincidiendo con la sanción de la Ley 2548. Antes de ella, se podía demoler todo… Es cierto que si la ley no se prorrogaba comenzaban otra vez las demoliciones indiscriminadas. La ley fue sólo un trámite más para algunos pues, aún con ella, no pararon las demoliciones de edificios históricos de manera ilegal. Distintos medios atestiguaron que en el conjunto de los actores de la industria de la construcción estaban esperando el 1º de enero del 2012 para proceder a demoler lo que hasta ese momento no se podía. Tampoco están establecidas las penalidades para quien destruye ilegalmente.

No son ciertas las estadísticas aportadas por el Ministro Daniel Chain, que se manifiestan en falacias. Existen 140.000 edificios anteriores a 1941 y sólo están catalogados alrededor de 3.000, fuera de aquellos que integran un Area de Protección Histórica. Otros 2.500 están en el Catálogo Preventivo del Ministerio de Desarrollo Urbano y, como interpretamos que de manera maliciosa, no los envía a la Legislatura para convertirlos en ley, están en una zona peligrosa y fácil de retirarlos del catálogo por medio de reconsideraciones del mismo CAAP que ya una vez se expidió por su catalogación. Otro mecanismo, ilegal, es la descatalogación por ese Ministerio, siendo que solamente se puede realizar por una ley específica.

Hemos insistido en estos años que se finalizara con la evaluación de todos estos inmuebles, sin éxito. No nos consta que se haya celebrado un convenio con la FADU-UBA para la confección del catálogo definitivo. En los siete tomos de los Atlas publicados por el Gobierno porteño, figuran inmuebles ya demolidos (como el asilo San Vicente de Paúl, en Bustamante y Pacheco de Melo, o el garage de Carlos Calvo 1456) y otros con resoluciones pero sin haberse convertido en ley, o sea no protegidos. Eso sí, todos magníficamente ilustrados.

Desde la publicación “Salvemos Buenos Aires”, que editamos junto con Fundación Ciudad, proponemos una mayor participación ciudadana en la defensa del patrimonio; un cuerpo normativo claro y de cumplimiento ineludible; un modelo de gestión coordinada y participativa a cargo de profesionales idóneos, elegidos por concurso público y con integración de las organizaciones sociales que trabajan en el tema. Y, por último, la definitiva y completa catalogación de todos los bienes patrimoniales de la ciudad.

*Abogada, presidenta de la Asociación Basta de Demoler.

Patrimonio arquitectónico Recursos no renovables

Gabriela Macoretta y Mariela Onorato

Publicado en Hospitalidad & Negocios, febrero de 2012

Los edificios históricos forman parte de la identidad y memoria de la Ciudad, además de ser un recurso económico y turístico de relevancia. La asignatura pendiente en este segmento es una norma clara y ágil, que disponga de un catálogo completo de los inmuebles que se deben proteger. Las ONGs, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, y profesionales vinculados al sector reclaman integrar dichos inmuebles a la planificación urbana y brindarles a los inversores y propietarios un buen marco jurídico para desarrollar sus proyectos.

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En la recta final de 2011 el gobierno porteño anunció que intentaría reabrir la tradicional Confitería del Molino, que permanece cerrada desde 1997. Si bien fue un halo de esperanza en un año en el que la Ciudad perdió a otro de sus establecimientos emblemáticos: la confitería Richmond, lo cierto es que la noticia cumplió la misión de poner paños fríos a la manifestación convocada por un grupo de ONGs para reclamar que no se deje sin efecto la ley que protege a los edificios construidos antes de 1941 y que obliga a pedir autorización antes de demoler o remodelar dichas propiedades (el bloque del PRO no la trató en la Legislatura por decisión del Ejecutivo).
"Buenos Aires no está muy bien posicionada en el campo de la conservación de su patrimonio. Tiene problemas de relevancia que no logra superar. En primer lugar, hay muy poco patrimonio protegido. Más allá de que las actuales autoridades aseveren que son 14 mil los edificios catalogados, lo cierto es que los que tienen protección firme son poco más de 2.000. A su vez, el sistema de protección tiene fallas en cuanto a la identificación, catalogación, manejo y control", aseveró el arquitecto Marcelo Magadán, master en Restauración de Monumentos y especialista en Gestión de Conservación. Y sentenció: "Los edificios antiguos son un capital cultural, artístico, social e histórico que da cuenta, entre otros aspectos, de la evolución a través del tiempo de los porteños, de su forma de vida, de sus gustos estéticos. Son también un recurso económico y turístico significativo, ya que son un atractivo de relevancia para muchos visitantes. Además, la conservación del patrimonio construido contribuye a la sustentabilidad ambiental, ya que evita generar y tener que disponer de los desechos que toda demolición genera, a la vez que reduce el consumo de agua potable y la producción de contaminantes que genera la fabricación de buena parte de los materiales empleados en la construcción de toda obra nueva".

PRESERVACION VS. RENOVACION."La antinomia entre preservación y renovación no tendría lugar si el Estado garantizara el derecho ciudadano a la conservación del patrimonio natural y cultural -reivindicado en la Constitución- y, además, cumpliera con su responsabilidad, en tanto regulador de la ocupación y uso del suelo, desde una perspectiva de defensa del bien común y de la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo. 
Es necesario que el Estado identifique, con la participación de los ciudadanos, aquellos bienes que forman parte del patrimonio de un barrio, de la ciudad y del país, determinando las áreas cuyo patrimonio será conservado y aquellas en las que, por determinadas circunstancias, se habilitarán procesos de renovación urbana. Luego habrá que determinar las características de estos procesos y la forma en que esa nueva arquitectura se insertará en el contexto", comentó Magadán, a lo que agregó: "Recordemos que en Buenos Aires el Estado está promoviendo la construcción en base a un Código de Planeamiento surgido durante la última Dictadura Militar, al que se le han realizado reiterados parches destinados a aumentar la superficie a construir. Las autoridades actuales tendrían que discutir un nuevo Código de Planeamiento, siguiendo los lineamientos del Plan Urbano Ambiental, aprobado hace tiempo. Debería contemplar la conservación del patrimonio urbano y ambiental de la ciudad, y tendría que ser consensuado con la ciudadanía". 
Sin embargo, Guillermo García, arquitecto titular de la consultora grgarcía&asoc., considera que "esta aparente contradicción ha sido superada hace ya casi una década. La investigación aplicada que desarrollamos en nuestra consultora apunta al diseño de instrumentos que permitan operaciones urbanas en el marco del equilibrio adecuado y equitativo entre conservación, sustentabilidad y desarrollo, tal como lo señala la Declaración de Budapest sobre patrimonio mundial de 2002".
Así como profesionales, existen distintas posturas en este debate, que algunos lo consideran hasta filosófico. Alicia Santaló, integrante de la Comisión de Arquitectos del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), consideró que "según el valor del edificio, no siempre se debe proteger tal cual es. Algunos soportan una intervención de arquitectura contemporánea. Si no recordemos la ampliación del Louvre, en París. Se le incorporó una pirámide de cristal y no deja de ser menos patrimonial por eso. Están quienes no quieren cambiar nada, quienes quieren detener la vida por su gran nostalgia por el pasado. Consideran que el patrimonio debe mantenerse intacto, solo con obras de restauración. Pero hay que mirar para adelante, construir para el futuro. La arquitectura es la síntesis de lo que la sociedad quiere y piensa, y eso hay que construirlo".
"En primer lugar hay que identificar los elementos, materiales y espacios que caracterizan al edificio. Luego hay que evaluar el estado de conservación para plantear una criteriosa intervención, que permita la adaptación a los requerimientos de confort y funcionamiento del proyecto. Lo fundamental es que no pierda su carácter; si logramos un buen resultado estaremos sumando valor a la inversión. Y para ello siempre es útil contar con el asesoramiento de un especialista en conservación y gestión de edificios históricos", agregó Magadán.

ES LO QUE HAY. Actualmente el marco legal que existe en la Ciudad es la Ley de Emergencia Patrimonial. Se trata de un instrumento que obliga a que los pedidos de demolición o modificación de toda construcción erigida antes de 1941 sean evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Es una normativa de carácter preventivo, destinada a impedir la destrucción de edificios históricos.
Una fuente de la organización Basta de Demoler aclaró que la elección del año de referencia no es azarosa, ya que en 1941 "se realizó el primer catastro aéreo de la Ciudad, el cual permitió estudiar las parcelas". 
En cuando al CAAP, que funciona en la órbita de la Dirección General de Interpretación Urbanística de la Subsecretaría de Planeamiento, remarcó que no cuenta con "ningún representante de las asociaciones no gubernamentales a pesar de que muchos reclamos fueron motivados por las ONGs". 
Cabe remarcar que esta ley fue aprobada en 2009 y su renovación es anual. Hacia fines de 2011 la prórroga que debía aprobarse no fue votada por la Legislatura y solo tiene vigencia gracias a un recurso de amparo que presentó una ONG ante la Ciudad. "Gracias a este amparo el gobierno porteño no puede dar ningún permiso de demolición ni de obra", explicó Graciela Novoa, consejera del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU).
Más allá del tiempo de vigencia que tendrá esta norma, Magadán planteó que uno sus principales inconvenientes "gira en torno al CAAP, en tanto órgano de aplicación, que se manejó con criterios contradictorios, sin una metodología de evaluación específica y usando los más diversos recursos para justificar las demoliciones. Fue así que menos de un 10% de los casos evaluados merecieron una recomendación de catalogación, lo que implica el inicio de un complejo trámite administrativo hasta que la protección quede firme".
En cuanto al proceso que plantea esta ley, desde Basta de Demoler relataron: "La idea es que cuando se quiere demoler un edificio previo a 1941, se inicie un trámite que tiene que pasar por la Dirección General de Interpretación Urbana y luego sea "estimado" o "desestimado" por el CAAP. Debería ser rápido porque hay un inversor que está esperando una respuesta sobre ese lote. Luego, si la propiedad es estimada, se inicia un trámite de catalogación y pasa a tener una protección preventiva que puede ser estructural (interiores, exteriores y todo lo que sea ornamento) o solo una protección de fachada. Pero si está desestimado, el edificio puede ser demolido. Sin embargo, el espíritu de la ley es que se haga el catálogo definitivo". 
Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Liliana Barela, directora general de la Dirección de Patrimonio e Instituto Histórico, habló sobre las implicancias y la vigencia de la Ley de Emergencia Patrimonial. "El recurso de amparo tendrá validez hasta que se retome la actividad en la Legislatura. Pero para que nos demos una idea, todos los edificios anteriores a 1941 suman 140 mil en la Ciudad. Catalogarlos y saber si se los debe proteger por sus valores arquitectónicos o históricos requiere de un estudio muy específico. Debe ir un arquitecto a relevarlo y estudiarlo, y luego pasar a una comisión para que lo apruebe. Yo hice un cálculo de lo que logramos en tres años y solo relevamos 5.000 casos, y no llegan a 1.000 las que requieren protección. Con este ritmo de trabajo, para revisar los 140 mil edificios estaríamos necesitando 70 años". 
Colocando el acento en aspectos que van más allá de la ley, Santaló aseveró: "Más que con leyes, estas cosas se resuelven con políticas e inversiones públicas. Así los privados empiezan a interesarse en determinada zona y se fomenta la recuperación de edificios. De todas maneras, en primer término tendría que haber una norma más clara y procesos más ágiles. No puede ser que una catalogación dure meses; es una barbaridad. Está en contra de la protección del patrimonio. Y lo que es peor es que si la Legislatura no lo trata o no quiere catalogarlo, igual queda en un limbo. Es una situación muy dañina para el propietario y para el patrimonio". 
Por su parte, García postuló los fundamentos teóricos para la preservación del patrimonio. "Considerando los valores y actitudes que internacionalmente se han definido en convenciones universales, y de las que nuestro país es signatario, no hay dudas sobre al valor histórico patrimonial de todos los objetos, muebles e inmuebles que forman parte de una identidad determinada. En síntesis, se trata de transformar conceptos abstractos en plataformas culturales y económicas para el desarrollo sustentable del conjunto. Hay que pensar en un plan de desarrollo estratégico que contribuya a la recuperación de aquellos valores que hacen a un sitio único e irrepetible; y que garantice el uso por parte de las actuales generaciones y los visitantes. De hecho su conservación debe tener un alto grado de autenticidad para que los disfruten las generaciones futuras.
En la misma sintonía, desde Basta de Demoler remarcaron: "Nosotros no queremos que se deje de construir, está muy lejos de nosotros. Queremos planificación y que el patrimonio se asimile al desarrollo de la Ciudad, no que sea un escollo. El espíritu de Basta de Demoler es mantener la identidad urbana. Y en tal sentido el patrimonio es un recurso no renovable, como el petróleo.

BARAJAR Y DAR DE NUEVO.Sin embargo, desde el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo también analizaron la funcionalidad de la actual ley. De hecho, Novoa relató que se enviaron cartas a la Legislatura solicitando que no se prorrogue la norma. "Consideramos que se debería hacer un catálogo definitivo de la Ciudad, en el que se establezca lo que se protege y lo que no, para que la gente lo sepa. Tiene que haber una regla clara. La situación actual es muy insegura jurídicamente. Es muy complicado trabajar así".
Mientras que Santaló agregó que "desde el CPAU consideramos que se deberían proteger, por lo menos, los edificios anteriores a 1970. Hay obras del mismo valor que de 1920, como el Banco de Londres, la Biblioteca Nacional y el Teatro San Martín, entre otros. El año pasado comenzamos con esta campaña, llamada ‘Moderna Buenos Aires'".
Por su parte, Barela también aclaró que desde la Dirección de Patrimonio e Instituto Histórico se creó un observatorio de patrimonio barrial, mediante el cual "los vecinos nos plantean una vez por mes los problemas vinculados a edificaciones que ellos creen que son valiosas. Nosotros les decimos acerca de cuáles pueden iniciar el trámite de preservación y sobre cuáles no. Además, está vigente la ley 1.227, que permite resguardar algunos aspectos o marcas de los edificios. En estos casos se puede hacer un centro de interpretación o colocar algo que diga que ‘acá estuvo tal cosa' o ‘acá sucedió tal otra'. A veces la casa no es lo atractivo sino algún objeto que contenga, como puede ser un archivo; y para ello existen distintas instancias de protección. Por otra parte, dentro del rubro gastronómico, tenemos armado el listado de los Cafés notables y un registro de las heladerías y pizzerías, porque son los tres rubros que para nosotros están muy asociados a la manera de ser porteña".

CREDITOS E INCENTIVOS.Consultado sobre las facilidades que pueden tener los propietarios de edificios protegidos, Magadán comentó que "prácticamente se carece de incentivos. Los que están previstos en la normativa no se aplican. Un mecanismo interesante como el Fondo de Recuperación de Edificios Catalogados (Ferec), que debía destinar parte de los fondos que el Estado recauda en concepto de derechos de construcción a conservar edificios protegidos, nunca se reglamentó. Por lo tanto, en la práctica, no funciona. Y los incentivos que están vigentes tienen una aplicación compleja. Así, las exenciones a la tasa de ABL a los edificios catalogados, un mecanismo no muy conocido por los posibles beneficiarios, requieren de un trámite específico y no falto de complejidad. Hay que mejorar los incentivos y retomar el debate sobre la transferencia de la capacidad constructiva, un mecanismo de compensación que permite vender los metros cuadrados que deja de construir un propietario en determinada zona por comprometerse a mantener un edificio catalogado".
A lo que García agregó: "Invertir en un bien existente resulta mucho más económico que demoler y construir nuevamente. Además, los plazos para recuperar la inversión son más cortos. Tal vez el mayor inconveniente no radica en la falta de mecanismos sino en el desconocimiento o desconexión que existe entre los grupos de inversión y los especialistas en la intervención o puesta en valor de bienes patrimoniales". 
Por su parte, Barela, en cuanto a las medidas específicas para el sector hotelero y gastronómico, mencionó a la ley 35 de Fomento de Bares Notables. "No cuida al edificio pero sí asesora. Virtualmente tenemos una línea de subsidios del Fondo Metropolitano, que brinda dinero para fachadas y arreglos especiales. Además, existen subsidios de patrimonio para bares, calesitas o edificios, en los que el consorcio contribuye con el 50% de la inversión y nosotros lo ayudamos un poco". A su vez, adelantó que el ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi, "está trabajando sobre la ley de Bares Notables para aplicar una baja de impuestos a estos establecimientos. Además, yo tengo un proyecto que recién va a ingresar a la Legislatura para crear un fondo especial para patrimonio que provenga de la obra pública". 
Consultada por las facilidades que ofrecen hoy a los propietarios o futuros inversores del sector que cuentan con un edificio antiguo, la funcionaria especificó que se les brinda asesoramiento legal sobre lo que pueden modificar de la propiedad y si amerita que esté catalogado o no. Por ejemplo, en la calle Bolívar una arquitecta comenzó a edificar un hotel y encontró restos arqueológicos. "Cuando se inaugure tendrá vistas al subsuelo y a los restos, lo que lo hará más atractivo", indicó Barela.

EL PATRIMONIO Y EL SECTOR.Otro de los debates que se plantean es si un edificio histórico debe ser utilizado como establecimiento hotelero o gastronómico. ¿Se pierde la esencia del patrimonio o genera valor agregado? "En este escenario no hay impedimentos para que en un edificio histórico funcione un hotel, bar o restaurante. Lo importante es tener claro cómo se hará esa adaptación para mantener las características arquitectónicas que lo hacen especial, evitando desvirtuarlo con modificaciones incorrectas que no aporten desde el punto del diseño. Considero que ciertos rasgos de antigüedad, la nobleza de los materiales históricos, la escala de algunos espacios, la forma en la que juega la luz natural y las texturas originales de los paramentos, son elementos que atraen al cliente y agregan valor a un negocio gastronómico u hotelero", aseveró Magadán, y subrayó: "Los edificios tienen que estar en condiciones de uso y ser usados. Son muy pocos los casos en que deban limitarse a una actividad cultural, como un museo. El resto tiene que continuar con su destino original o, en su defecto, ser adaptado a una nueva actividad que le permita permanecer en servicio". 
García fue un paso más allá y se refirió a lo macro: "En la actualidad no solo los edificios sino los conjuntos o centros históricos se utilizan conservando sus valores. España es un ejemplo en gran escala. El Estado buscó ventajas en otros segmentos al asociar su imagen con la cultura, la gastronomía y la tradición. El caso barcelonés es, tal vez, el más citado en esta materia porque resume con claridad cómo un buen trabajo de planificación y diseño de marca puede convertir a una ciudad a la deriva en una atractiva metrópolis".

EL ABANDERADO Y LOS ESCOLTAS. Yendo a los casos específicos, uno de los edificios que reclama una solución concreta y urgente para su preservación es el de la Confitería del Molino. De hecho, es la bandera de reclamo de varias ONGs. 
Según explicó en diciembre el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, el Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto para que se utilice la figura del "privado expropiante", previsto en la ley 238. Se haría un concurso público en el que se presentarían proyectos para recuperar y reabrir el establecimiento. Luego se deberá declarar al lugar "de utilidad pública" y autorizar al ganador a actuar como "expropiante", en reemplazo del Estado. Así, los propietarios del edificio no podrían objetar la operación.
Sobre este caso, Barela especificó que hace años que vienen peleando: "Poder reabrirla es el gran desafío en esta gestión. Ahora parece que los nuevos herederos están con la idea de vender. Caso contrario, la solución es que un privado ponga la confitería a punto y utilice todos los espacios rentables del edificio (el salón y las oficinas, por ejemplo). Hoy existe la ley 1.227 de expropiación por parte del organismo público, pero ¿qué podes hacer en ese lugar?, ¿llevar una oficina pública? Ese es el problema del Estado cuando expropia. Además, después lo tiene que sostener". 
Sobre este tema Magadán explicó que "en un extremo tenemos la actual situación de abandono y, en el otro, la posibilidad de la expropiación contemplada en la legislación vigente. En el medio, sin llegar a esos extremos, existe un abanico de alternativas que requieren que, desde el Estado, se implementen formas novedosas de gestión y de manejo. Para ello, los administradores públicos deberían tener un claro interés en proteger el patrimonio y, además, saber cómo hacerlo. Buena parte de nuestra clase dirigente ve, aún hoy, al patrimonio como obstáculo y no como una oportunidad".
Asimismo, Novoa recordó que la Confitería del Molino está dentro de un listado de edificios de interés histórico que hizo en su momento la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Es Monumento Histórico Nacional por decreto del Poder Ejecutivo, y además tiene una protección estructural. "Sería fantástico que tenga un uso comercial, porque la mejor forma de proteger un patrimonio es usándolo."
Pasando a otros ejemplos apremiantes, García recordó que en 2008 hubo un caso con cierta resonancia, que fue la demolición irregular del edificio que albergaba a ‘El Navegante', una simpática fonda de la calle Viamonte. Era el único testimonio que había sobrevivido de los locales similares que existían en la zona y que databan de la época en que esa parte del puerto de la ciudad funcionaba a pleno. 
Novoa reflexionó que "se habla bastante de los edificios que se tiran abajo y poco de los edificios importantísimos, de valor patrimonial y protegidos, que se dejan prácticamente abandonados. Pienso en el edificio en el que estaba Harrods, en la calle Florida. Es vergonzoso que no haya manera de exigir la puesta en valor y en funcionamiento. La Ciudad no se merece estas desidias".

EL CASO STARBUCKS.Durante años el local de la planta baja del edificio Otto Wolf -emplazado en la intersección de la avenida Belgrano y Perú- funcionó como una ferretería industrial. El edificio está catalogado, aunque desde hace un tiempo fue abandonado y en la actualidad existe una disputa entre la Defensoría del Pueblo y una supuesta obra "trucha" por parte de la cadena de cafeterías Starbucks.
Consultado al respecto, Diego Paolini, gerente general de Starbucks Coffee Argentina, le dijo a Página 12: "La firma estudia y selecciona muy cuidadosamente cada lugar, buscando ofrecer espacios que sean convenientes para los clientes, dondequiera que deseen disfrutar de la Experiencia Starbucks. El espíritu de la compañía es ser muy respetuosos por el medio ambiente y la comunidad donde opera, cuidando los espacios elegidos, para que arquitectónicamente mantengan su esencia y origen". Y añadió: "Starbucks está siguiendo de cerca la situación para hacer cumplir con todo lo requerido por el gobierno y tomando las medidas que sean necesarias al respecto. Se asegurará de cumplimentar con todos los requisitos de forma tal de poder tener allí una tienda que no solo mantengan el aspecto físico del edificio, sino que conserve absolutamente toda la historia del lugar."
Graciela Novoa, consejera del CPAU, consideró que "quizás la mejor forma de que la gente conozca un edificio como el Otto Wolf sea mediante la instalación de un Starbucks. No está mal y hasta puede ser buenísimo. La cafetería debería tomar como valor agregado al edificio, y la sociedad como valor agregado a Starbucks. Un fundamentalista diría que la cadena es muy contemporánea para estar en un edificio de valor patrimonial, pero es un poco anacrónico pensar así".

LA MITAD LLENA.Al momento de analizar cuáles son los edificios bien conservados y con una buena gestión comercial, Novoa destacó que "los arquitectos tenemos un dogma: intervenir para proteger. Y el Estado tiene que controlar la obra. Seguramente hay muchísimos ejemplos de intervenciones comerciales en edificios de valor patrimonial que son excelentes, incluso en la Ciudad".
Mientras que Magadán remarcó que "existen ejemplos en la zona de Palermo, San Telmo y Montserrat, donde se hicieron adaptaciones interesantes de viviendas para alojar pequeños hoteles. También se recuperaron edificios valiosos, de mayor porte, como el Palacio Duhau (Park Hyatt Buenos Aires) y, algunos años antes, el Palacio Alzaga Unzué (La Mansión del Four Seasons Hotel Buenos Aires)". A esta lista se suman el Alvear Palace Hotel, el Marriott Plaza Hotel Buenos Aires y el Castelar Hotel & Spa.
Un caso paradigmático es el San Telmo Luxury Suites, que inauguró la cadena Nativa Collection en septiembre pasado, en el corazón de San Telmo. Con una arquitectura particular, el hotel boutique es una casona de fines del siglo XIX recuperada y que respeta el diseño original de la propiedad, lo que le da un sello distintivo. Tras cinco años en tareas de preservación, ejecución de obra y decoración, el establecimiento ofrece 12 habitaciones dispuestas en dos plantas tipo loft.
Al respecto, Verónica Brigandí, directora de Nativa Collection, explicó: "Se trata de una propuesta exclusiva, con un diseño vanguardista en un marco de gran valor histórico, ideal para un público exigente que quiere llevarse del destino una experiencia no tradicional".
Asimismo, en el segmento de restaurantes centenarios se destacan El Globo (1908), El Club del Progreso (1852), el Gran Café Tortoni (1858), El Imparcial (1860), El puentecito (1873), la confitería y restaurante Las Violetas (1884) y el Palacio Español (1911).

Indignación y dolor a tres meses del derrumbe de Balvanera

En diálogo con INFOnews, vecinos del edificio ubicado en Bartolomé Mitre al 1200 recuerdan aquel trágico episodio y se quejan porque “el gobierno porteño no cumplió con lo prometido”.

 Por: 

Federico Clarat

El 4 de noviembre de 2011 la calle Bartolomé Mitre, altura 1232, se convertía en el centro de escena durante un largo tiempo. El derrumbe de un edificio provocaba la desazón de cientos de familias y el profundo dolor de Mariano Madueña, quien sufría la pérdida de su padre, Isidoro.

Ahora, tres meses después de aquel episodio, la situación no cambió mucho. Sucede que las promesas realizadas en ese entonces por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aún no fueron cumplidas y los vecinos alzan la voz y piden que les devuelvan lo que les corresponde.

En ese sentido, Magna Mareco, encargada del edificio de Talcahuano 63, relató en diálogo con INFOnews como fue aquel episodio: “Recuerdo que fue un momento horrible y desde mi casa se sintió un temblor muy grande”.

Por otra parte, apuntó contra el ejecutivo de la Ciudad porque “en todo este tiempo nadie vino a fijarse en el mal estado en que se encuentran las casas vecinas que también fueron muy perjudicadas” y reclamó que “nadie se hizo responsable” por el derrumbe.

“Aún hay personas de ese edificio que están esperando cobrar el resarcimiento económico”, añadió respecto del plan de pago que se acordó tras la aprobación de todos los bloques de la legislatura porteña de otorgar a propietarios e inquilinos del inmueble un subsidio y un monto equivalente al valor de las propiedades.

Se cumplen tres meses del trágico derrumbe en la calle Bartolomé Mitre

La historia de Mónica Nizzardo es diferente. Como propietaria del edificio derrumbado tuvo que luchar contra viento y marea para que se realice el resarcimiento económico. Aún saca a relucir su enojo por la falta de controles y responsabiliza al Ejecutivo de la Ciudad.

“Fueron 3 meses que realmente parecieron años. El primer mes fue de mucha incertidumbre porque no teníamos respuestas. Hicimos muchos reclamos y eso también hizo que los vecinos del edificio nos juntásemos para estar mas unidos. Igual hasta el 24 de diciembre no sabíamos ni cuando nos iban a pagar”, recordó.

Luego, explicó cómo empezaron a asomar los funcionarios porteños con el objetivo de calmar las aguas y tranquilizar las quejas de los vecinos. “A partir de ahí salio (María Eugenia, vicejefa del gobierno de la Ciudad) Vidal a decir que nos iban a pagar una vez en enero y otra en febrero”, expresó, aunque remarcó que no tienen la certeza sobre cuándo van a recibir la segunda parte del arreglo.

En otro orden, consideró que “los responsables son de la constructora y funcionarios del gobierno de la Ciudad” y argumentó que “hubo por falta de precisiones en los controles porque no es el primer derrumbe de este tipo”. “El tema es que no fue un accidente porque era un derrumbe evitable”, finalizó.

La Ciudad no responde 

Mauricio Macri, uno de los apuntados por los vecinos

INFOnews también intentó comunicarse con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social porteño para escuchar la otra campana pero José Luis Acevedo y Guadalupe Tagliaferri se negaron al diálogo y no quisieron dar sus argumentos sobre el caso.

Verano patrimonial (II)

 Por Facundo de Almeida

El sábado pasado relatamos cómo los recursos de amparo presentados por el presidente de la Asociación Civil Barrio La Imprenta para preservar los inmuebles de Puán 123 y Teodoro García 1733 sacaron a la luz otra de las trampas del Ministerio de Desarrollo Urbano y del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) para desafectar inmuebles ya protegidos.

Utilizan la curiosa figura de la “reconsideración”, que no deja de despertar suspicacias. Es que esas reconsideraciones las realizan sobre inmuebles que el mismo CAAP entendió que tenían valor patrimonial pocas semanas antes de la nueva decisión en contrario.

Recordemos que la reconsideración sólo puede aplicarla un órgano cuyas decisiones tienen carácter resolutivo –no es el caso del CAAP que es asesor– y cuando los efectos del acto administrativo “son definitivos o impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado”. Nada de esto ocurre con los dictámenes del consejo.

Tampoco ocurre con las resoluciones de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano porque, en estos casos, la incorporación al catálogo de bienes protegidos es en forma preventiva, y es la Legislatura quien con el tratamiento y aprobación de una ley de doble lectura cataloga el inmueble en forma definitiva.

Pero eso no es todo, los escritos del Dr. Guillermo Blousson revelan que en el caso del inmueble de la calle Puán el CAAP se reunió el 9 y 16 de agosto del año pasado para “reconsiderar” un dictamen anterior, en el que había resuelto que merecía ser protegido.

Tan es así, que ya se había dictado una resolución de la Subsecretaría de Planeamiento (Res. Nº196SSPLAN2011) para incorporarlo al catálogo preventivo. Esto quiere decir que estaban protegidos hasta tanto concluyera el proceso de catalogación y se dictara la ley inicial y luego la definitiva, o bien la Legislatura decidiera desestimar el proyecto.

Según las actas del CAAP, la votación resultó en un empate. Para llegar a esa situación, según explica el Dr. Blusson, “se consideró como válido el voto (por la descatalogación) del arquitecto Luna (representante del Plan Urbano Ambiental) que conforme consta en la misma nota del CAAP referida (del 16 de agosto de 2011) es una institución invitada con voz y sin voto, lo que además está taxativamente expresado en el reglamento que regula el procedimiento del CAAP”.

Es decir que, al mejor estilo del diputrucho de otras épocas, parece que hubo un consejerotrucho que votó sin tener derecho a hacerlo. Pero las irregularidades no terminan allí.

La prueba documental presentada por el abogado de la ONG demuestra que si bien no existió un empate –porque el voto del arquitecto Luna no era válido, y dos consejeros (el de la Sociedad Central de Arquitectos y el de la Comisión Especial de Patrimonio de la Legislatura) votaron por ratificar la catalogación y sólo uno (el del Cicop) por rectificar lo decidido con anterioridad–, se habría computado el voto del presidente del CAAP para desempatar la votación y autorizar la demolición.

El CAAP está presidido por Antonio Ledesma, que es a su vez director general de Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano. Lo curioso es que, según expresa el abogado, “no surge, ni de las actas ni de las notas CAAP, que el Sr. Ledesma haya producido el desempate durante la reunión, tal como exige el Reglamento del CAAP”. Tan es así que en el amparo se expresa que “ambas reuniones resultan nulas de nulidad insanable”, porque no se designó un presidente en su reemplazo.

En todo caso, Ledesma votó en soledad y con posterioridad a la sesión del consejo, algo que viola el reglamento de funcionamiento del órgano y el sentido común, y tal vez –abogados y fiscales deberían estudiarlo– también haya incurrido en delitos previstos en el Código Penal.

Pero eso no es todo, la resolución de la Subsecretaría de Planeamiento incorporando al inmueble en el catálogo preventivo fue publicada el día 6 de mayo de 2011. La retractación del CAAP se produjo tres meses después, incumpliendo largamente el plazo de 10 días que fija el Código de Planeamiento Urbano para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley de catalogación a la Legislatura, tal como exige el párrafo 10.1.2.

¿Por qué el CAAP “reconsideró” un dictamen en el que decían que el inmueble tenía valor patrimonial? ¿Por qué votó el representante de una organización que tenía voz pero no voto? ¿Por qué el Sr. Ledesma “desempató” sin haber participado de las reuniones? ¿Por qué el Ministerio de Desarrollo Urbano demoró tres meses y no elevó el proyecto al jefe de Gobierno para que sea remitido a la Legislatura? ¿Por qué el expediente no siguió su trámite normal luego del primer dictamen del CAAP y volvió dos casilleros para atrás? Estas y otras preguntas son las que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y los miembros del CAAP –todos ellos funcionarios públicos– deberán responderle a la Justicia.

La Legislatura, por su parte, debería poner manos a la obra y elaborar un proyecto de ley para crear el Consejo de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, para que, al igual que sucede en otros países y ciudades del mundo, sea un organismo autónomo, profesional, rentado, respetado y prestigioso, quien decida sobre el destino de los inmuebles valiosos.

Verano patrimonial (I)

 Por Facundo de Almeida

Los depredadores patrimoniales –públicos y privados– creyeron que tendrían un veranito de demoliciones. No fue así.

La ayuda que les dio la bancada del PRO y algunos legisladores opositores en la Legislatura porteña duró poco. El Poder Judicial, con el primero de varios fallos en plena feria, les amargó la temporada de caza: las leyes 2548 y 2056 –que protegen preventivamente los edificios anteriores a 1942– seguirán vigentes hasta tanto los diputados concluyan el debate sobre su eventual y necesaria prórroga.

Luego, llegó la prohibición de demoler la Casa Suiza y, esta semana, otras dos resoluciones de los jueces Vicente Cataldo y Elena Liberatori impidieron la destrucción de un inmueble en Puán 123 y otro en Teodoro García 1733. En estos casos los amparos fueron iniciados por el Dr. Guillermo Blousson, presidente de la Asociación Civil Barrio La Imprenta. Esta ONG patrimonialista nació al calor de la lucha –y el triunfo– para preservar los emblemáticos edificios conocidos como La Imprenta y La Cuadra.

La efectiva actuación de la Justicia en defensa del patrimonio cultural ya no es una noticia y, a esta altura, tampoco que los jueces habiliten la feria judicial para tratar estos temas, ni que los depredadores busquen cualquier resquicio para burlar la ley, pero las últimas decisiones judiciales traen novedades importantes.

La principal es que la Justicia ha puesto la lupa sobre el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Se trata de un órgano mixto, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Legislatura y de algunas instituciones, y sus miembros cumplen tareas en forma honoraria, pero esto no los exime de responsabilidad, incluso, penal.

Hasta 2007, cuando se sancionó la ley 2548, su función era casi decorativa, pero a partir de la existencia de esta norma se le otorgó el poder de desestimar inmuebles que a criterio de sus miembros no tuvieran valor patrimonial lo que equivale, en la práctica, a autorizar su demolición. Los dos primeros años actuaron –en general– con buen criterio.

Luego, todo cambió. Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano comprendieron que su afán depredador se veía impedido por ese ignoto órgano, y comenzaron a modificar su composición y a hacer cambiar de posición a muchos de sus integrantes, incluidos –curiosamente– los representantes del Ministerio de Cultura.

La primera y mayor acción depredadora del CAAP fue crear un listado de edificios “desestimados”, pero sobre los cuales nadie había pedido ningún tipo de autorización para demoler. Las consecuencias de este accionar fueron ya explicadas en reiteradas oportunidades en m2, y también que como corolario de la presión de los ciudadanos, la Justicia y la prensa, este sistema se dejó de lado.

Pero eso no impidió, en muchos otros casos, que el CAAP avalara la demolición de inmuebles que sin lugar a duda merecían protegerse. Tal vez, alertada de esta situación, es que la Dra. Andrea Danas en la medida precautelar que “prorrogó” la ley 2548 exigió que, a partir de ese momento, toda desestimación del CAAP deba ser remitida a su juzgado.

El otro atajo que los funcionarios de Desarrollo Urbano inventaron para facilitar su tarea depredadora fue la figura de la “reconsideración” de las decisiones del CAAP. Si la desestimación del valor patrimonial de un inmueble tiene una consecuencia inmediata: su demolición, la “estimación” de que un inmueble es valioso no implica su necesaria protección, sino que dispara el largo procedimiento de catalogación.

Este proceso concluye –o no– con la aprobación de una ley de doble lectura, y prevé dos oportunidades formales –una en el ámbito del Ejecutivo y otra en el ámbito de la Legislatura– para que el propietario exprese su oposición a la protección del bien.

Es más, el CAAP no dicta una resolución, sino que elabora un dictamen que puede ser tenido en cuenta por los legisladores para aprobar la catalogación, pero que en todo caso no es vinculante y puede ser dejado de lado.

Al tratarse de un órgano asesor y no resolutivo es absolutamente improcedente que se pretenda que sus decisiones puedan ser reconsideradas. En ese sentido, el procedimiento administrativo es claro, los recursos de reconsideración se pueden presentar frente a actos de un órgano ejecutivo y cuando éstos “son definitivos o impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado”.

Con los dictámenes del CAAP no ocurre ni una cosa ni la otra. Es además absurdo –y naturalmente podría despertar suspicacias– que una vez que reconocieron valor patrimonial en un inmueble, a los pocos días sus integrantes expresen la opinión contraria, más aún si esto se vuelve una práctica habitual como está sucediendo en el CAAP.

Es por eso que en los amparos presentados por el Dr. Blousson –en un caso la Justicia dictó una medida cautelar y en la otra una medida precautelar– los demandados son el Ministerio de Desarrollo Urbano y el CAAP.

En el caso del inmueble de la calle Puán 123 había dictaminado inicialmente a favor de la protección de bien, y el subsecretario de Desarrollo Urbano, Héctor Lostri, dictó la resolución Nº 196 - SSPLAN-2011, incorporándolo al Catálogo Preventivo de Inmuebles Protegidos.

La descripción de las curiosidades e irregularidades de la nueva votación en la que el CAAP resolvió desestimar un inmueble que ya se encontraba legalmente protegido vamos a dejarla para la semana que viene porque merecen una columna especial.

El edificio de Teodoro García forma parte, además, de un record que difícilmente puedan explicar los integrantes del CAAP que votaron a favor de su desestimación. Fue dejado sin protección junto con otros 900 –sí, ¡novecientos!– inmuebles “evaluados” en una sola reunión.

Tal vez por eso, y a pesar de que todavía no analizó la cuestión de fondo, el juez le dedicó un duro párrafo al CAAP: “Sin duda, ayuda a la pretensión cautelar de la demanda la total carencia de fundamentos de la decisión adoptada el 12-5-2009 por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, con la mera lectura de la ‘nota’ –las comillas son del juez y tienen que ver con la informalidad del CAAP, que no numera ni registra sus actuaciones– emitida ese día”.

No permiten demoler sin que haya una inspección previa

POR PABLO NOVILLO

Es obligatorio informar cuándo arranca la obra. La medida llega tras el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre. Los constructores deben avisar la fecha justa de la demolición o excavación, para facilitar los controles. Son los momentos más críticos. 

19/01/12

Los empresarios de la construcción que estén por comenzar a levantar un edificio deberán informar la fecha exacta del inicio de obras , para facilitar los controles de parte del Gobierno porteño. Además, si tuvieran que demoler alguna estructura vieja, no podrán hacerlo sin una inspección previa.

Estos requisitos, que están vigentes desde el lunes pasado, llegan por la puesta en marcha de la ley N° 3.562, que fue sancionada por la Legislatura porteña en setiembre de 2010, un mes después del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, que dejó tres muertos. Si bien esta ley estaba vigente, el Ejecutivo no la había reglamentado cuando fue el derrumbe parcial del edificio de Bartolomé Mitre 1232, en noviembre pasado, en el que murió Isidoro Madueña, un hombre de 74 años que no escuchó el llamado para evacuar el edificio. Esa demora en poner en marcha la ley le valió a la administración macrista varias críticas de la oposición.

Por eso, la Agencia Gubernamental de Control estableció un nuevo mecanismo. Una vez que el empresario consiga el permiso para construir, deberá presentar ante el organismo, que atiende en Perón 2941, los planos, un seguro de responsabilidad civil por los riesgos que pudieran sufrir terceros, y el plan de trabajo, en el que deberán especificar los plazos de las distintas etapas de obra, para que el Estado pueda ir realizando las inspecciones correspondientes a cada etapa. Hasta ahora, los constructores podían iniciar la obra en cualquier momento desde que conseguían la habilitación.

En el caso de que tengan que hacer una demolición, el profesional responsable de la obra tendrá que pedir la inspección con una anticipación de 5 a 30 días hábiles. Esas tareas no podrán comenzar hasta tanto la AGC no haya corroborado que en la obra se tomaron todas las medidas de seguridad obligatorias por ley, como el refuerzo de las medianeras de los edificios aledaños.

En tanto, en el caso de las excavaciones de hasta 4 metros de profundidad, será obligatoria una inspección cuando se haya llegado al 10% de la ejecución de los trabajos. Pero si la excavación prevista fuera de más de 4 metros, habrá una segunda inspección obligatoria al llegar al 50% de avance. En este caso, en el momento de la inspección será obligatorio que esté presente el representante técnico encargado de la excavación, que además debe estar matriculado en el registro de excavadores que tiene el Gobierno porteño.

Con el boom de la construcción de los últimos años se multiplicaron los casos de edificios dañados o directamente caídos por obras mal hechas en los terrenos linderos. Los casos más graves fueron los del gimnasio de Villa Urquiza y el edificio de Once, pero hubo más antecedentes: el 12 de febrero, una grúa cayó sobre un edificio en Las Cañitas y destruyó varios departamentos; y en marzo de 2007 hubo una seguidilla de cuatro derrumbes seguidos en Caballito, Boedo, Palermo y Villa Crespo, entre otros ejemplos.

Las etapas de demolición y excavación son críticas. Según la propia AGC, en el 50% de los casos los accidentes de obra se produjeron en los primeros días de trabajo , sobre todo en las medianeras. Un 30% ocurrió al momento de la edificación y el 20% se dio por diversas causas en distintos momentos de las obras.

Entre el 1° y el 20 de diciembre, en la primera etapa de puesta en marcha de la ley N° 3.562, la AGC realizó 397 inspecciones a obras. En el 70% no se detectaron irregularidades y en el 28,5% se encontraron problemas menores, pero el 1,5% restante de las obras tuvieron que ser clausuradas porque no respetaban las medidas de seguridad o tenían problemas con la documentación. El 30% de las inspecciones se hicieron en Caballito y el 25% en Palermo, los dos barrios más visitados.

Tras el derrumbe de Once, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo denunció que había detectado 883 obras en riesgo y que el Gobierno porteño no había actuado, pero en la Ciudad respondieron que habían controlado a todas las obras que correspondía.

Ciudad entre medianeras

12/01/2012

POR MIGUEL JURADO * - mjurado@clarin.com

La mezcla de edificios de distintas alturas y profundidades estropea los barrios. Hay que repensar el futuro del tejido urbano.

Buenos Aires es un collage de medianeras, un festival de edificios desparejos y desordenados que muchas veces resulta francamente desagradable. A pesar de eso, a muchos turistas les parece pintoresco, simpático, característico. Claro que ellos no tienen que vivir acá y sólo conocen los cuatro barrios armados para su satisfacción en los que el medianerismo porteño es casi un ikebana urbano.

El caos de edificios de distintas alturas, profundidades y alineaciones no sólo estropea a la mayoría de los barrios, sino que trae problemas ambientales, como afirma el urbanista Marcelo Corti: “El desorden produce deficiencias paisajísticas, pero también de asoleamiento, ventilación y privacidad entre edificios. Además de afectar la calidad del espacio público en calles y plazas”.

Por suerte hoy, entre técnicos urbanistas y políticos existe el consenso de que las próximas leyes urbanas deben establecer una forma concreta para la ciudad, teniendo en cuenta lo existente y lo nuevo. Será lo que se llama un código morfológico, en contraposición al que existe ahora que podríamos llamarlo “abstracto”.

Pero no es que los códigos abstractos no busquen que la ciudad tenga una forma determinada, el problema es que imaginan una renovación completa de la ciudad en un plazo más bien corto. Pensados de esa manera, los planes resultaban coherentes en los papeles, en el mundo platónico de las ideas o cuándo, en un futuro que nunca llega, todos los edificios de la ciudad son renovados. Los códigos que rigieron (y todavía rigen) a Buenos Aires alientan esa sustitución y es así como nacen las demoliciones epidémicas que padece cíclicamente la Ciudad.

Ahora, mientras llega el futuro soñado, todos vivimos en una ciudad a medio reformar, con huellas de cada uno de los distintos códigos en todas las cuadras.

Todo empezó hace tiempo, antes del Código de Planeamiento Urbano. En aquella época, el código que establecía la forma de Buenos Aires era el de Edificación. Pero, esa norma logró plasmar su fórmula sólo en grandes avenidas como Santa Fe y Rivadavia, donde se pueden ver cientos de edificios de departamentos entre medianeras que forman paredes continuas de balcones y ventanas. “Esto ocurrió entre los cincuenta y los sesenta, se completaron las avenidas principales, pero en el resto de la ciudad dejó una secuela de medianeras enormes a la vista y edificios de 8, 10 o 12 pisos aplastando a sus vecinos bajitos, como solitarios gigantes de una manzana distorsionada”, señala Corti.

El actual Código porteño no lo hizo mejor. Entró en vigencia en 1977 y, aunque sufrió cientos de modificaciones, sobrevivió con la misma idea con la que nació: apoyar la unificación de parcelas, la construcción de torres que hoy muchos vecinos odian, la creación de pulmones verdes en el centro de las manzanas y eliminar los patios de aire y luz para que los departamentos entre medianeras fueran más dignos.

Si bien en un principio, el Código actual establecía muchas restricciones a la superficie que se podía construir en cada lote (fue pensando para una ciudad de 3 millones de personas), las modificaciones levantaron las restricciones e impulsaron el boom constructivo que ya sufren los barrios más caros.

El código que se planee para el futuro inmediato de Buenos Aires, debe otorgarle especial importancia a la forma de la Ciudad, pero lo más importante es que considere a la manzana y a la cuadra como las piezas principales del tejido urbano para respetar las características de cada barrio y preservar áreas por sus rasgos y no sólo edificios aislados.

Como bien sabemos, la Ciudad no cambia de un día para el otro. Está en constante cambio, y ese proceso puede ser bello.

* Editor adjunto de ARQ