La veda a las torres continuará de hecho en cinco de los seis barrios

Edicion impresa 11 de febrero

No podrá construirse sin un certificado de AySA y habrá mayores requisitos

El próximo jueves, vencido el plazo durante el cual el gobierno porteño suspendió la entrega de permisos de obra para torres en seis barrios porteños, las restricciones continuarán de hecho en casi toda la superficie abarcada hoy por la veda.
En realidad, para obtener un permiso de construcción para edificios altos los solicitantes deberán presentar un certificado de factibilidad técnica extendido por la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que, según se prevé, no será fácil de conseguir. Así lo adelantaron a LA NACION fuentes de las partes involucradas en el conflicto -los desarrolladores urbanos, los vecinos y el gobierno porteño- y argumentaron que las autoridades de la ciudad manejan informes de AySA que revelan serias deficiencias tanto en las cañerías de agua como en el tendido cloacal en buena parte de cinco de los seis barrios afectados por el decreto 1929.
Ese decreto frenó por 90 días la autorización para emplazar nuevos edificios de más de 13,5 metros de altura en Caballito, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Núñez, Coghlan y Palermo, luego de que los vecinos reclamaran y la Justicia ordenara paralizar varias obras por el posible colapso de la red de servicios públicos, como consecuencia de la explosión inmobiliaria registrada en los últimos años. Bienvenida por esos vecinos, la medida fue severamente criticada, en cambio, por el gremio y los empresarios de la construcción.
Cuando esta semana venza la prohibición, el gobierno porteño dará a conocer un nuevo paquete regulatorio que, además de la exigencia del certificado de factibilidad extendido por AySA, incluirá -dijeron las fuentes- un proyecto de reforma de la ley de impacto ambiental para disminuir a la mitad la superficie mínima a partir de la cual un emprendimiento inmobiliario deberá realizar un estudio de impacto ambiental. De 10.000 metros cuadrados pasará a 5000 metros cuadrados.
Pero habrá un cambio tal vez más relevante en este sentido: el Poder Ejecutivo reglamentará una nueva metodología para medir el impacto ambiental que no sólo evalúa los efectos de una obra considerada aisladamente, sino enmarcada en un perímetro. Este mecanismo, según explicaron, resulta más rico y más completo porque analiza las interconexiones e interrelaciones de una construcción con otras existentes en el entorno, con la red de servicios públicos, con la red de calles, etcétera.
Por ejemplo, si en una misma manzana hay permisos de obra para dos edificios por un total de 4500 m2 de superficie y alguien solicita un tercer permiso para un edificio de 1500 m2, la evaluación no sólo se hará por los 1500 m2, sino por los 6000 m2 que soporta esa manzana. Si bien en el gobierno porteño reinó el hermetismo, LA NACION pudo saber que la batería de medidas ya fue comunicada a los desarrolladores urbanos, por un lado, y a los vecinos de los barrios afectados, por el otro.
Inversiones
Con las nuevas exigencias, de las que sólo quedarán librados los emprendimientos en la mayor parte de Coghlan, el barrio que menos deficiencias en las cañerías de agua y de vertido de líquidos cloacales mostró, la ciudad anunciará la firma de un convenio con AySA para reparar cientos de kilómetros de ambas redes, con una inversión conjunta de 800 millones de pesos. Aparentemente, el diagnóstico elevado por AySA al ministro de Obras Públicas porteño, Juan Pablo Schiavi, revela que el 40% del agua purificada que se entrega se pierde en los caños troncales y maestros. A eso deben sumarse posibles fugas en los caños menores, lo que provoca una disminución del líquido ofrecido y de la presión con que llega.
Consultados sobre los planes del gobierno porteño para el día 91, los vecinos expresaron su satisfacción y los desarrolladores urbanos, cautela, pero no rechazo. Gustavo Desplats, representante de vecinos de Caballito, y Viviana Marcos, delegada de los de Villa Urquiza, opinaron que los estudios de AySA demostraron que el reclamo de los vecinos era legítimo. "Escucharon todos los pedidos que hicimos para que se garantizara el crecimiento sustentable", agregó Desplats. Por su parte, el ingeniero Eduardo Gutiérrez, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, ofreció su conformidad con la exigencia de presentar un certificado de factibilidad técnica en toda la zona alcanzada por la suspensión de los permisos de obra. Respecto de este requisito, el gobierno no hará más que acelerar la puesta en vigor de una ley aprobada en primera lectura en la Legislatura, que también prevé la incorporación de dicho certificado.
Por Angeles Castro
De la Redacción de LA NACION
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