Barracas vigilante

El valioso garaje de la calle Uspallata al 700 apareció tapiado y los vecinos temen que lo vayan a demoler desde adentro y clandestinamente. Otro caso de vandalismo para burlar el nuevo marco legal.

Por Sergio Kiernan

Cuando uno tiene hijos, se acostumbra a repetir infinitamente cosas como que hay que lavarse los dientes –y las manos, y la cara– o que correr escaleras abajo no es realmente una buena idea. Los pequeños salvajes rezongan y ni siquiera pueden concebir que la falta de cepillo pone a los dientes verdinegros poco antes de hacerlos caer. Ni hablar de accidentes diversos, quebraduras y otros temores de los padres. Los niños exhiben esta inconsciencia porque son niños, en estado de inocencia, y sólo un Scrooge podría acusarlos de hacer trampa.

Pero este repetir reglas y anunciar consecuencias resulta particularmente desagradable entre adultos, porque significa que alguien hace trampa, que no puede creer que tiene que dejar de hacer algo. Es lo que está pasando con las demoliciones clandestinas: hay una ley que prohíbe demoler cualquier edificio construido antes de 1941 sin un permiso especial, pero varios avivados creen que no es con ellos, que pueden demoler igual y luego todo se va a arreglar igual.

El caso más reciente fue descubierto por ese gran recurso porteño, el blog de los vecinos de Proteger Barracas –protegerbarracas.blogspot.com–, en la calla Uspallata al 700. Es un edificio del tipo que hizo a Buenos Aires un garaje con dos viviendas en propiedad horizontal, realizado a lo grande en lo que era una ciudad nueva, rica y bien construida. Como se ve en las fotos, el edificio acaba de ser tapiado y los vecinos sospechan que la demolición es inminente y de adentro hacia afuera.

El terreno donde se alza esta belleza tiene 1600 metros cuadrados, lo que permite en principio construir varios pisos de altura. Como la arquitectura argentina no es más que una maqueta de lo que supo ser, lo nuevo será seguramente muy inferior a lo demolible. Basta ver los elementos del edificio actual: proporciones equilibradas, herrerías eternas y elegantes, pilastras, querubines, aberturas verticales, piel dura de Piedra París. Y esto en un garaje de barrio, construido por un honesto seguidor del canon de la época para un cliente que quería hacer una inversión rentable...

El garaje no puede ser demolido legalmente por la simple razón de que cuenta con una doble protección. Por un lado, cae bajo la ley 3158 que se debate en la Legislatura porteña para proteger especialmente una amplia zona de Barracas, nuestro sur intacto. Como el proyecto tiene estado parlamentario, ya quedaron inhibidos los muchos edificios que abarca.

Y por el otro lado, el edificio es evidentemente anterior a 1941 y está protegido por la 3056, ya sancionada, que crea un mecanismo especial. Si los vándalos quisieran demoler el garaje por derechas, tendrían que presentarse por ventanilla a pedir el permiso de obra correspondiente. Allí les avisarían que esa parcela urbana está inhibida y que el trámite se tiene que girar al Consejo Asesor en Asuntos Urbanos, CAAP, para que lo debata. El CAAP, que reúne privados, ONGs, ejecutivo y legislativo, revisa el caso particular y decide recomendar su catalogación o demolición. En el primer caso, el trámite va a la Legislatura, en el segundo vuelve a la ventanilla original.

Ultimamente, a todos quienes siguen estos temas de cerca les están entrando dudas sobre dónde están parados en el CAAP, que tiene el sí fácil para las demoliciones y se pone a justificarlas en arquitecturés, hablando de “contextos urbanos” y otras macanas. Pero la cuadra de Uspallata al 700 es casi perfecta, de una altura tan pareja que parece trazada a cordel, con sus arquitecturas en orden y hasta con un empedrado en buen estado. Ni el arquitecto Alvarez encontraría un argumento de buena fe.

Con lo cual lo único que queda es vandalizarla, romperla toda, dejarla hecha una cáscara, de modo que el CAAP muestra su falta de rigor y decida, como se permitió opinar en el caso del Kalnay en la calle Palestina, que ya no vale la pena preservarla. En Barracas, los vecinos están vigilando que esto no pase y, si el Ejecutivo cumple su palabra, en breve podrán denunciar las demoliciones para que los autores paguen duras multas de hasta medio millón de pesos. Esto será cuando llegue a la Legislatura el reglamento de penalidades preparado por el Ministerio de Cultura para quienes destruyan el patrimonio.