La contracara de Villa Soldati es el caótico boom inmobiliario que incluye altas edificaciones concentradas en pocos barrios porteños. Las redes de agua y cloacas están al borde del colapso
En los últimos ocho años, el 80 por ciento de las construcciones que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires se concentraron sólo en 11 de los 48 barrios que conforman la capital, según un relevamiento hecho por organizaciones vecinales. Villa Urquiza, Caballito, Coghlan, Villa Pueyrredón y Palermo son los más afectados por la demolición de casas bajas y posterior edificación de torres. Este boom inmobiliario no fue el resultado de un plan de urbanización pensado. Porque no hubo más plan que el gran negocio de la construcción de este tipo de viviendas.
El planeamiento urbano, clave para cualquier ciudad del mundo a fin de brindar una buena calidad de vida a sus habitantes, no fue un tema prioritario para la actual gestión de gobierno, ni para las anteriores. Y los casi tres millones de porteños viven sobre una estructura de redes de agua y cloacas que no los soporta. No a todos, y menos aún con una concentración tan marcada en algunas zonas.
“En el año 2006, varios vecinos de Caballito nos dimos cuenta que el modelo constructivo que se estaba desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires -un modelo de concentración y exclusión- entre otras nefastas consecuencias ponía en riesgo la capacidad de funcionamiento del sistema de provisión de agua y del sistema de recolección de fluidos cloacales”, cuenta Gustavo Desplats, coordinador de la organización barrial Proto Comuna Caballito.
Mientras las diversas gestiones de gobierno siguen adeudando un nuevo código urbanístico que reemplace al de Planeamiento Urbano vigente, distintos proyectos son presentados todos los años para revertir o al menos frenar esta situación.
“Es necesario repensar el tema, sino dejás que el mercado inmobiliario sea el que diseñe la ciudad. Todas las urbes del mundo están reguladas, limitando la construcción. Pero acá, la política es permitir y permitir”, dice el legislador porteño por la Coalición Cívica Sergio Abrevaya, quien presentó un proyecto para controlar las construcciones altas en muchos barrios. Por eso propone las edificaciones de hasta tres pisos en la mayoría de los barrios, ya que “permiten la multivivienda, y preservan el cielo y la luz que por suerte todavía vemos”.
Pero mientras la ciudad crece en altura en el marco de una legislación que le queda chica, las consecuencias se hacen sentir. La disminución en la presión del agua y el cambio de fisonomía de los barrios residenciales son las causales de la mayoría de las demandas de los vecinos.
Adrián Camps, diputado del bloque Proyecto Sur, afirma que “la mayor parte de los reclamos proviene de la alteración visual que se produce en el barrio. Desgraciadamente, la ciudad no está protegida contra ese tipo de impacto ambiental”. Y agrega: “Cuando las empresas constructoras realizan lo que se llama englobamiento de parcelas, este tipo de construcción queda por fuera de la legislación, y la altura que pueden realizar se somete a una decisión ministerial arbitraria. Se hace sin evaluar el impacto ambiental acumulativo; lo cual es terrible, porque no es lo mismo que hagan un edificio en altura en un barrio, a que hagan veinte. Esto no está contemplado en absoluto. Acá lo que se hace son negocios y negocios”.
El planeamiento urbano, clave para cualquier ciudad del mundo a fin de brindar una buena calidad de vida a sus habitantes, no fue un tema prioritario para la actual gestión de gobierno, ni para las anteriores. Y los casi tres millones de porteños viven sobre una estructura de redes de agua y cloacas que no los soporta. No a todos, y menos aún con una concentración tan marcada en algunas zonas.
“En el año 2006, varios vecinos de Caballito nos dimos cuenta que el modelo constructivo que se estaba desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires -un modelo de concentración y exclusión- entre otras nefastas consecuencias ponía en riesgo la capacidad de funcionamiento del sistema de provisión de agua y del sistema de recolección de fluidos cloacales”, cuenta Gustavo Desplats, coordinador de la organización barrial Proto Comuna Caballito.
Mientras las diversas gestiones de gobierno siguen adeudando un nuevo código urbanístico que reemplace al de Planeamiento Urbano vigente, distintos proyectos son presentados todos los años para revertir o al menos frenar esta situación.
“Es necesario repensar el tema, sino dejás que el mercado inmobiliario sea el que diseñe la ciudad. Todas las urbes del mundo están reguladas, limitando la construcción. Pero acá, la política es permitir y permitir”, dice el legislador porteño por la Coalición Cívica Sergio Abrevaya, quien presentó un proyecto para controlar las construcciones altas en muchos barrios. Por eso propone las edificaciones de hasta tres pisos en la mayoría de los barrios, ya que “permiten la multivivienda, y preservan el cielo y la luz que por suerte todavía vemos”.
Pero mientras la ciudad crece en altura en el marco de una legislación que le queda chica, las consecuencias se hacen sentir. La disminución en la presión del agua y el cambio de fisonomía de los barrios residenciales son las causales de la mayoría de las demandas de los vecinos.
Adrián Camps, diputado del bloque Proyecto Sur, afirma que “la mayor parte de los reclamos proviene de la alteración visual que se produce en el barrio. Desgraciadamente, la ciudad no está protegida contra ese tipo de impacto ambiental”. Y agrega: “Cuando las empresas constructoras realizan lo que se llama englobamiento de parcelas, este tipo de construcción queda por fuera de la legislación, y la altura que pueden realizar se somete a una decisión ministerial arbitraria. Se hace sin evaluar el impacto ambiental acumulativo; lo cual es terrible, porque no es lo mismo que hagan un edificio en altura en un barrio, a que hagan veinte. Esto no está contemplado en absoluto. Acá lo que se hace son negocios y negocios”.
Llenos de desechos. No tan a simple vista como la falta de luz natural, la contaminación del agua es otra de las consecuencias que se desprenden de este perimido planeamiento urbano. Durante los años 2005 y 2006, numerosas ONG y vecinos de distintos barrios de la capital llevaron adelante reclamos y protestas que terminaron en la firma de un decreto del entonces jefe de Gobierno Jorge Telerman. Esta norma determinó la realización de estudios de capacidad y demanda a las empresas de servicios públicos. En enero de 2007, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) presentó un informe que determinó una situación crítica en los mismos cinco barrios que fueron blanco del boom inmobiliario.
Desplats cuenta que la mayoría de los caños “fueron construidos mayoritariamente en 1911, en el caso de Caballito, y el más nuevo fue hecho en el año 1945; no es que no hayan sido intervenidos desde ese momento, pero la cañería originariamente es de esa época”. Y denuncia que “las roturas en la red cloacal están contaminando los acuíferos de los cuales tomamos. Estamos contaminando con heces cloacales y con agua clorificada al Acuífero Puelche, de donde empresas como Quilmes, Coca-Cola y Villa del Sur sacan el agua. Y lo estamos haciendo a conciencia, porque hay un decreto colgado en la página web de la Ciudad que advierte esta situación”.
Del informe realizado en 2007 resultó un decreto (el 220/07) que establece la necesidad de realizar 320 kilómetros de obras de infraestructura de provisión de agua y cloaca. El convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad y Aysa establecía que si la empresa no realizaba las obras en el término de año, el Ejecutivo porteño debía hacerse cargo de las mismas. Esta fecha se cumplió el 7 de febrero de 2008, a menos de dos meses de la asunción de Mauricio Macri. “En estos casi tres años de gestión, el actual gobierno no invirtió ni un centavo en un centrímetro de infraestructura. En su momento, las obras fueron valuadas en 235 millones de pesos. Ahora deben rondar los 400 millones”, dice Desplats y agrega: “La única actividad fue entregar dos millones de metros cuadrados cubiertos de nuevas construcciones. Y ya empiezan a habilitarse los edificios que se comenzaron en 2007, el año de mayor récord de permisos de la Ciudad de Buenos Aires. Las grandes torres de edificios se van a terminar más o menos a la vez, de acá a de tres meses, y en ese momento va a colapsar el sistema”.
En este contexto, la Proto Comuna Caballito se presentó ante la Justicia para solicitar una medida cautelar con el patrocinio del Presidente de la Red Verde Ciudadana, Osvaldo Sidoli. La causa se tramita en el Juzgado 14, Secretaría 27, a cargo de la jueza Karina Cichero. La medida cautelar solicitada es la inmediata suspensión de la entrega de permisos de obra nueva y de finales de obra en Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coghlan.
“Esperamos que antes del comienzo de la próxima feria judicial tengamos la cautelar que hemos solicitado en la Justicia, porque creemos que están dadas todas las condiciones como para preveer el daño ambiental”, afirma Desplats.
Desplats cuenta que la mayoría de los caños “fueron construidos mayoritariamente en 1911, en el caso de Caballito, y el más nuevo fue hecho en el año 1945; no es que no hayan sido intervenidos desde ese momento, pero la cañería originariamente es de esa época”. Y denuncia que “las roturas en la red cloacal están contaminando los acuíferos de los cuales tomamos. Estamos contaminando con heces cloacales y con agua clorificada al Acuífero Puelche, de donde empresas como Quilmes, Coca-Cola y Villa del Sur sacan el agua. Y lo estamos haciendo a conciencia, porque hay un decreto colgado en la página web de la Ciudad que advierte esta situación”.
Del informe realizado en 2007 resultó un decreto (el 220/07) que establece la necesidad de realizar 320 kilómetros de obras de infraestructura de provisión de agua y cloaca. El convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad y Aysa establecía que si la empresa no realizaba las obras en el término de año, el Ejecutivo porteño debía hacerse cargo de las mismas. Esta fecha se cumplió el 7 de febrero de 2008, a menos de dos meses de la asunción de Mauricio Macri. “En estos casi tres años de gestión, el actual gobierno no invirtió ni un centavo en un centrímetro de infraestructura. En su momento, las obras fueron valuadas en 235 millones de pesos. Ahora deben rondar los 400 millones”, dice Desplats y agrega: “La única actividad fue entregar dos millones de metros cuadrados cubiertos de nuevas construcciones. Y ya empiezan a habilitarse los edificios que se comenzaron en 2007, el año de mayor récord de permisos de la Ciudad de Buenos Aires. Las grandes torres de edificios se van a terminar más o menos a la vez, de acá a de tres meses, y en ese momento va a colapsar el sistema”.
En este contexto, la Proto Comuna Caballito se presentó ante la Justicia para solicitar una medida cautelar con el patrocinio del Presidente de la Red Verde Ciudadana, Osvaldo Sidoli. La causa se tramita en el Juzgado 14, Secretaría 27, a cargo de la jueza Karina Cichero. La medida cautelar solicitada es la inmediata suspensión de la entrega de permisos de obra nueva y de finales de obra en Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coghlan.
“Esperamos que antes del comienzo de la próxima feria judicial tengamos la cautelar que hemos solicitado en la Justicia, porque creemos que están dadas todas las condiciones como para preveer el daño ambiental”, afirma Desplats.
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