14-05-2009 / La ciudad apura la venta de terrenos públicos. El jefe de gobierno busca impulsar negocios inmobiliarios multimillonarios. La doble presión a legisladores y vecinos. Los vínculos con los constructores Caputo y Calcaterra. La contracara: la gestión Macri todavía no licitó viviendas sociales.
Por Andrea Recúpero
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planea vender “las joyas de la abuela”. El inventario incluye tres terrenos en Catalinas Norte, la traza de la ex Au3 y los hospitales Borda y Moyano, cuya defunción fue anunciada por el propio intendente porteño, Mauricio Macri. El objetivo: favorecer emprendimientos inmobiliarios privados por más de 500 millones de dólares.
El jefe Pro viene presionando a la Legislatura para que modifique el Código de Planeamiento Urbano y autorice las operaciones de compraventa. La persistencia despertó las sospechas de la oposición. No es un secreto que el círculo íntimo de Macri incluye a dos colosos del hormigón: Nicolás Caputo y Angelo Calcaterra.
Además de ser uno de los constructores más exitosos de la ciudad, Caputo participa de la “mesa chica” del gobierno. La propia Gabriela Michetti graficó su influencia: “Caputo es muy amigo de Mauricio... Hablamos de todos los temas. Es un asesor informal que ha generado una muy buena relación con Marcos (Peña), con Horacio (Rodríguez Larreta) y con todos nosotros, y que está ahí”, en los almuerzos que Macri organiza los lunes para discutir la gestión.
“Nicky”, como lo apodan, y Mauricio se conocieron en el Colegio Cardenal Newman. Inseparables desde la primaria, se unieron aún más cuando Macri fue secuestrado. El empresario había sido designado como asesor “ad honorem” del gobierno porteño, pero tuvo que renunciar –justamente– porque fueron objetados los contratos de su empresa familiar, Caputo S.A., con la ciudad. La firma de Nicky participa en Desarrollos Caballito S.A. y Riverside House S.A., y tiene en ejecución las Torres Mirabilia en Palermo, el Edificio Moca (ex Bagley) en Barracas, el Centro Metropolitano de Diseño con la Corporación Buenos Aires Sur, la Ciudad de la Música con el Gobierno de la Ciudad de Buenos, Mall Dique 3, Edificio El Aleph y Obra Zencity en Puerto Madero y Edificio Dosplaza en Caballito. Además, Caputo S.A. compró hace unos meses parte de Salvatori S.A., una empresa que hace obras públicas, en especial parques y plazas.
La ciudad es un cliente importante de la firma. Basta citar un ejemplo: la última reseña informativa de Caputo S.A., de septiembre de 2008, indica que el contrato firmado con el gobierno porteño por la Ciudad de la Música, a valores básicos de septiembre de 2005, era de $ 54.448.126. Sin embargo, en la página web de la empresa el valor del contrato para la “sede definitiva de la Orquesta Filarmónica” asciende a $ 78.883.000.
El primo hermano de Macri, Angelo Calcaterra, está apegado a la tradición familiar. Hijo de la hermana de Franco Macri, durante años presidió Sideco, la histórica constructora del grupo Socma, que en los últimos años creció con la adquisición de Iecsa y Creaurban. Ambas firmas, pródigas en obra pública, también integraban el grupo comandado por Franco, pero fueron transferidas a Calcaterra el mismo día en que el primo Mauricio inició su campaña electoral. La fusión buscó despegar al entonces candidato de los negocios del grupo, pero tras la asunción se reanudaron los lazos familiares.
El portfolio de Calcaterra es envidiable: se adjudicó licitaciones millonarias para construir dos pasos bajo nivel del Ferrocarril Urquiza, dos emprendimientos en Puerto Madero (Torres Mulieris y Torres del Yatch) y los canales aliviadores del Arroyo Maldonado, entre otras obras. Eso sí: aún le debe 45 millones de pesos a su tío por la absorción de Iecsa y Creurban, que podrán ser pagados en cómodas cuotas.
Desde el corralito bancario de 2001, que espantó a los ahorristas financieros, Buenos Aires experimenta una fiebre de ladrillos. Con un total de 3 millones de metros cuadrados construidos en ocho años, la ciudad vive el mayor boom inmobiliario de su historia. Y Macri quiere subirse a la ola.
“El único fin es la máxima ganancia de los constructores”, dijo a Veintitrés Gustavo Desplats, coordinador de la protocomuna de Caballito e impulsor de una denuncia por apropiación ilegal de terrenos públicos contra Caputo S.A. por montar un showroom durante la construcción las supertorres Dosplaza. El dirigente barrial aseguró, además, que al mismo ritmo de la construcción “se incrementó la falta de control de las obras” en desarrollo, que trabajan de lunes a lunes, cuando está prohibido por ley, y que se autorizan “sin medir las consecuencias nefastas que tendrán en la infraestructura” sobre la que se asientan. Según Desplats, “en dos años colapsarán las cloacas y el agua no subirá más allá del primer piso” de esas monumentales torres que están cambiando la fisonomía de Caballito y que se venden a un promedio de 2.000 dólares el m2. Esto sin considerar que de continuar el crecimiento edilicio sin control no alcanzarán las escuelas, ni el lugar disponible para estacionar, ni los desagües, ni los medios de transporte.
Ya en 2006 el incremento desmesurado era tal que los vecinos de Caballito solicitaron una acción de amparo destinada a detener las obras en las manzanas más críticas del barrio. El fallo fue favorable, pero en 2007 el Ejecutivo porteño logró revocar la medida. Al mismo tiempo, tras comprobarse fallas en la infraestructura de los cinco barrios más densamente poblados de la Capital, el gobierno firmó un acuerdo con AySA para la “recuperación de la estructura hídrica”. El plan implicaba una inversión de 400 millones de pesos, destinada a obras para revertir la emergencia urbana. Aunque la fecha estimada para dar inicio a las labores era marzo de 2007, hasta ahora no comenzaron.
La contracara del boom inmobiliario es la parálisis de la vivienda social. Según el último informe de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, la ciudad de Buenos Aires está en situación de “emergencia habitacional”, con 211.000 personas repartidas en 16 villas de emergencia. El mismo informe puntualiza que el 50 por ciento de todo lo que se construye en la ciudad es vivienda suntuosa, pero sólo el 3 por ciento de la población es de clase alta. Mientras tanto los alquileres siguen en aumento, proliferan las casas tomadas y las familias viviendo en hoteles o hacinadas en una única habitación disponible. Según Desplats, “se construye para los que no lo necesitan. Los que compran en los barrios top son gente del campo que invierte en propiedades, y extranjeros”.
Según el sitio de Internet “reporteinmobiliario.com”, en la zona de Puerto Madero, considerada la más cara de la ciudad, “la construcción se mantiene estable por cuarto año consecutivo y los valores aumentaron más de un 21 por ciento en el último año”. Pese a la inestabilidad de los mercados, según un relevamiento de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, los últimos lanzamientos en Puerto Madero ya vendieron el 60 por ciento de sus unidades, con precios promedio que fluctúan entre los 2.700 y 5.000 dólares por metro cuadrado.
El gobierno de Macri está entusiasmado con extender el negocio inmobiliario hacia distintas zonas de la ciudad. Y está dispuesto a alimentar el boom con terrenos públicos. Por eso planea poner a la venta los tres lotes ubicados en Catalinas Norte, dos sobre Av. Madero para construir en cada uno una torre de 110 metros de altura, y otro sobre Av. Córdoba, donde actualmente hay una estación de servicio y se proyecta un edificio de 150 metros. “Están vendiendo las joyas de la abuela para buscar recursos”, ilustró el diputado porteño Eduardo Epzteyn, quien objetó la operación que involucra a estos terrenos.
El Ejecutivo porteño presentó dos proyectos de ley sobre los lotes de Catalinas Norte. En uno se pide retirar del dominio público los terrenos para que se puedan vender y en el otro plantea un cambio en la zonificación y usos de esas tierras, limitado actualmente a estaciones de servicio o garajes. El proyecto pide que se puedan utilizar para oficinas y comercios anexos, como el resto de la manzana, y plantea la posibilidad de “ceder” los jardines perimetrales de la ciudad como espacio verde de esos emprendimientos.
Según especialistas consultados, los lotes valen doscientos millones de dólares, pero considerando los edificios que se alzarán en el lugar, el valor en el mercado inmobiliario superará –para el que se quede con el negocio– los 500 millones de dólares.
Sin embargo, a pesar del valor de estas tierras, el gobierno macrista planea subastarlos mediante el Banco Ciudad, lo que –como en todo remate– mejorará el precio para el comprador a cambio de pagar de inmediato y en efectivo.
Otro emprendimiento inmobiliario, confirmó Epzteyn, es el que involucra el cierre del Borda y el Moyano, acompañado de la construcción de diez centros de internación y 12 hospitales diurnos para atender a los pacientes con patologías neuropsiquiátricas. “Son muchas hectáreas (en Barracas), otra reserva grande de espacio donde se plantea la creación de un centro cívico, lo que permitirá valorizar las tierras lindantes y donde seguramente ya se concretaron operaciones de compraventa”, puntualizó el diputado, quien reveló que el proyecto incluye además cambiar la traza de los subterráneos y las estaciones cabeceras.
En el caso de la Au3, la disputa, por ahora, es con los ocupantes. El gobierno busca forzar a los vecinos –unas 400 familias– a que tomen dinero a cambio del desalojo, pero una ley los protege de la desocupación forzada dándoles la posibilidad de comprar esas tierras. En esa zona, entre Villa Urquiza y Saavedra, el monto comercial rondaría los 100 millones de dólares.
Rápido para los negocios, Macri no muestra la misma celeridad para resolver la crisis habitacional que afecta a un millón de porteños. En 2008, por caso, no se licitó ni una sola vivienda social en la ciudad.
“Nosotros no tenemos datos de nuevas obras en construcción licitadas a través del IVC. No tenemos ninguna constancia”, confirmó el presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Facundo De Filippo, quien precisó que “se han terminado 688 viviendas en 2008, pero todas fueron licitadas en las gestiones anteriores”.
El legislador de la Coalición Cívica explicó que “el año pasado el presupuesto del IVC era de 486 millones, pero se ejecutaron 350 millones, es decir que le sacaron 100 millones, y luego no terminaron de ejecutar lo que quedaba”. Esos fondos, precisó, se destinaron a otra cosa, como reparación de veredas y calles, según informó el propio macrismo. “Ese nivel de subejecución importante es toda una definición política”, concluyó De Filippo.
El 25 de septiembre el Gobierno de la Ciudad aprobó la resolución 3029/08 que llama a licitación y concesión de un servicio de consultoría para el relevamiento, clasificación y valuación de la cartera de activos inmobiliarios de la ciudad. La licitación ya se realizó, es la 423/08 y el presupuesto asignado para el relevamiento es de 465.000 pesos. ¿Para qué harán el relevamiento? La abuela, parece, todavía guarda más joyas para vender.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planea vender “las joyas de la abuela”. El inventario incluye tres terrenos en Catalinas Norte, la traza de la ex Au3 y los hospitales Borda y Moyano, cuya defunción fue anunciada por el propio intendente porteño, Mauricio Macri. El objetivo: favorecer emprendimientos inmobiliarios privados por más de 500 millones de dólares.
El jefe Pro viene presionando a la Legislatura para que modifique el Código de Planeamiento Urbano y autorice las operaciones de compraventa. La persistencia despertó las sospechas de la oposición. No es un secreto que el círculo íntimo de Macri incluye a dos colosos del hormigón: Nicolás Caputo y Angelo Calcaterra.
Además de ser uno de los constructores más exitosos de la ciudad, Caputo participa de la “mesa chica” del gobierno. La propia Gabriela Michetti graficó su influencia: “Caputo es muy amigo de Mauricio... Hablamos de todos los temas. Es un asesor informal que ha generado una muy buena relación con Marcos (Peña), con Horacio (Rodríguez Larreta) y con todos nosotros, y que está ahí”, en los almuerzos que Macri organiza los lunes para discutir la gestión.
“Nicky”, como lo apodan, y Mauricio se conocieron en el Colegio Cardenal Newman. Inseparables desde la primaria, se unieron aún más cuando Macri fue secuestrado. El empresario había sido designado como asesor “ad honorem” del gobierno porteño, pero tuvo que renunciar –justamente– porque fueron objetados los contratos de su empresa familiar, Caputo S.A., con la ciudad. La firma de Nicky participa en Desarrollos Caballito S.A. y Riverside House S.A., y tiene en ejecución las Torres Mirabilia en Palermo, el Edificio Moca (ex Bagley) en Barracas, el Centro Metropolitano de Diseño con la Corporación Buenos Aires Sur, la Ciudad de la Música con el Gobierno de la Ciudad de Buenos, Mall Dique 3, Edificio El Aleph y Obra Zencity en Puerto Madero y Edificio Dosplaza en Caballito. Además, Caputo S.A. compró hace unos meses parte de Salvatori S.A., una empresa que hace obras públicas, en especial parques y plazas.
La ciudad es un cliente importante de la firma. Basta citar un ejemplo: la última reseña informativa de Caputo S.A., de septiembre de 2008, indica que el contrato firmado con el gobierno porteño por la Ciudad de la Música, a valores básicos de septiembre de 2005, era de $ 54.448.126. Sin embargo, en la página web de la empresa el valor del contrato para la “sede definitiva de la Orquesta Filarmónica” asciende a $ 78.883.000.
El primo hermano de Macri, Angelo Calcaterra, está apegado a la tradición familiar. Hijo de la hermana de Franco Macri, durante años presidió Sideco, la histórica constructora del grupo Socma, que en los últimos años creció con la adquisición de Iecsa y Creaurban. Ambas firmas, pródigas en obra pública, también integraban el grupo comandado por Franco, pero fueron transferidas a Calcaterra el mismo día en que el primo Mauricio inició su campaña electoral. La fusión buscó despegar al entonces candidato de los negocios del grupo, pero tras la asunción se reanudaron los lazos familiares.
El portfolio de Calcaterra es envidiable: se adjudicó licitaciones millonarias para construir dos pasos bajo nivel del Ferrocarril Urquiza, dos emprendimientos en Puerto Madero (Torres Mulieris y Torres del Yatch) y los canales aliviadores del Arroyo Maldonado, entre otras obras. Eso sí: aún le debe 45 millones de pesos a su tío por la absorción de Iecsa y Creurban, que podrán ser pagados en cómodas cuotas.
Desde el corralito bancario de 2001, que espantó a los ahorristas financieros, Buenos Aires experimenta una fiebre de ladrillos. Con un total de 3 millones de metros cuadrados construidos en ocho años, la ciudad vive el mayor boom inmobiliario de su historia. Y Macri quiere subirse a la ola.
“El único fin es la máxima ganancia de los constructores”, dijo a Veintitrés Gustavo Desplats, coordinador de la protocomuna de Caballito e impulsor de una denuncia por apropiación ilegal de terrenos públicos contra Caputo S.A. por montar un showroom durante la construcción las supertorres Dosplaza. El dirigente barrial aseguró, además, que al mismo ritmo de la construcción “se incrementó la falta de control de las obras” en desarrollo, que trabajan de lunes a lunes, cuando está prohibido por ley, y que se autorizan “sin medir las consecuencias nefastas que tendrán en la infraestructura” sobre la que se asientan. Según Desplats, “en dos años colapsarán las cloacas y el agua no subirá más allá del primer piso” de esas monumentales torres que están cambiando la fisonomía de Caballito y que se venden a un promedio de 2.000 dólares el m2. Esto sin considerar que de continuar el crecimiento edilicio sin control no alcanzarán las escuelas, ni el lugar disponible para estacionar, ni los desagües, ni los medios de transporte.
Ya en 2006 el incremento desmesurado era tal que los vecinos de Caballito solicitaron una acción de amparo destinada a detener las obras en las manzanas más críticas del barrio. El fallo fue favorable, pero en 2007 el Ejecutivo porteño logró revocar la medida. Al mismo tiempo, tras comprobarse fallas en la infraestructura de los cinco barrios más densamente poblados de la Capital, el gobierno firmó un acuerdo con AySA para la “recuperación de la estructura hídrica”. El plan implicaba una inversión de 400 millones de pesos, destinada a obras para revertir la emergencia urbana. Aunque la fecha estimada para dar inicio a las labores era marzo de 2007, hasta ahora no comenzaron.
La contracara del boom inmobiliario es la parálisis de la vivienda social. Según el último informe de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, la ciudad de Buenos Aires está en situación de “emergencia habitacional”, con 211.000 personas repartidas en 16 villas de emergencia. El mismo informe puntualiza que el 50 por ciento de todo lo que se construye en la ciudad es vivienda suntuosa, pero sólo el 3 por ciento de la población es de clase alta. Mientras tanto los alquileres siguen en aumento, proliferan las casas tomadas y las familias viviendo en hoteles o hacinadas en una única habitación disponible. Según Desplats, “se construye para los que no lo necesitan. Los que compran en los barrios top son gente del campo que invierte en propiedades, y extranjeros”.
Según el sitio de Internet “reporteinmobiliario.com”, en la zona de Puerto Madero, considerada la más cara de la ciudad, “la construcción se mantiene estable por cuarto año consecutivo y los valores aumentaron más de un 21 por ciento en el último año”. Pese a la inestabilidad de los mercados, según un relevamiento de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, los últimos lanzamientos en Puerto Madero ya vendieron el 60 por ciento de sus unidades, con precios promedio que fluctúan entre los 2.700 y 5.000 dólares por metro cuadrado.
El gobierno de Macri está entusiasmado con extender el negocio inmobiliario hacia distintas zonas de la ciudad. Y está dispuesto a alimentar el boom con terrenos públicos. Por eso planea poner a la venta los tres lotes ubicados en Catalinas Norte, dos sobre Av. Madero para construir en cada uno una torre de 110 metros de altura, y otro sobre Av. Córdoba, donde actualmente hay una estación de servicio y se proyecta un edificio de 150 metros. “Están vendiendo las joyas de la abuela para buscar recursos”, ilustró el diputado porteño Eduardo Epzteyn, quien objetó la operación que involucra a estos terrenos.
El Ejecutivo porteño presentó dos proyectos de ley sobre los lotes de Catalinas Norte. En uno se pide retirar del dominio público los terrenos para que se puedan vender y en el otro plantea un cambio en la zonificación y usos de esas tierras, limitado actualmente a estaciones de servicio o garajes. El proyecto pide que se puedan utilizar para oficinas y comercios anexos, como el resto de la manzana, y plantea la posibilidad de “ceder” los jardines perimetrales de la ciudad como espacio verde de esos emprendimientos.
Según especialistas consultados, los lotes valen doscientos millones de dólares, pero considerando los edificios que se alzarán en el lugar, el valor en el mercado inmobiliario superará –para el que se quede con el negocio– los 500 millones de dólares.
Sin embargo, a pesar del valor de estas tierras, el gobierno macrista planea subastarlos mediante el Banco Ciudad, lo que –como en todo remate– mejorará el precio para el comprador a cambio de pagar de inmediato y en efectivo.
Otro emprendimiento inmobiliario, confirmó Epzteyn, es el que involucra el cierre del Borda y el Moyano, acompañado de la construcción de diez centros de internación y 12 hospitales diurnos para atender a los pacientes con patologías neuropsiquiátricas. “Son muchas hectáreas (en Barracas), otra reserva grande de espacio donde se plantea la creación de un centro cívico, lo que permitirá valorizar las tierras lindantes y donde seguramente ya se concretaron operaciones de compraventa”, puntualizó el diputado, quien reveló que el proyecto incluye además cambiar la traza de los subterráneos y las estaciones cabeceras.
En el caso de la Au3, la disputa, por ahora, es con los ocupantes. El gobierno busca forzar a los vecinos –unas 400 familias– a que tomen dinero a cambio del desalojo, pero una ley los protege de la desocupación forzada dándoles la posibilidad de comprar esas tierras. En esa zona, entre Villa Urquiza y Saavedra, el monto comercial rondaría los 100 millones de dólares.
Rápido para los negocios, Macri no muestra la misma celeridad para resolver la crisis habitacional que afecta a un millón de porteños. En 2008, por caso, no se licitó ni una sola vivienda social en la ciudad.
“Nosotros no tenemos datos de nuevas obras en construcción licitadas a través del IVC. No tenemos ninguna constancia”, confirmó el presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Facundo De Filippo, quien precisó que “se han terminado 688 viviendas en 2008, pero todas fueron licitadas en las gestiones anteriores”.
El legislador de la Coalición Cívica explicó que “el año pasado el presupuesto del IVC era de 486 millones, pero se ejecutaron 350 millones, es decir que le sacaron 100 millones, y luego no terminaron de ejecutar lo que quedaba”. Esos fondos, precisó, se destinaron a otra cosa, como reparación de veredas y calles, según informó el propio macrismo. “Ese nivel de subejecución importante es toda una definición política”, concluyó De Filippo.
El 25 de septiembre el Gobierno de la Ciudad aprobó la resolución 3029/08 que llama a licitación y concesión de un servicio de consultoría para el relevamiento, clasificación y valuación de la cartera de activos inmobiliarios de la ciudad. La licitación ya se realizó, es la 423/08 y el presupuesto asignado para el relevamiento es de 465.000 pesos. ¿Para qué harán el relevamiento? La abuela, parece, todavía guarda más joyas para vender.
