El titular de Desarrollo Urbano fue denunciado por integrar una sociedad dedicada a los emprendimientos inmobiliarios que se benefició con la compra de terrenos en una zona de la Ciudad sobre la que luego se decidió la prolongación de la línea del subte B. También está acusado el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri.
“Los Jardines de Roosevelt es un concepto arquitectónico totalmente innovador en la zona. Sus originales pautas de diseño combinan confort y abundantes espacios verdes. Espectaculares duplex y triplex”, dice el anuncio de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la esquina de las calles Aizpurua y Roosevelt, en el barrio de Villa Urquiza.
Lo llamativo es que detrás de este complejo hay una sociedad anónima -Roosevelt Desarrollos Inmobiliarios S.A.- y que sus accionistas son dos integrantes del gobierno porteño: el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín y el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, quienes invirtieron en la obra siendo funcionarios públicos. pict_7686
“Es muy malo estar de los dos lados del mostrador”, señaló el diputado Gonzalo Ruanova (del sabatellista bloque Nuevo Encuentro) y explicó que Chaín y Lostri participaron de la compra del terreno, poco antes de que el Ejecutivo porteño decidiera que por allí iba a pasar la extensión de la Línea B de subtes.
Es que la construcción de la última estación prevista, llamada “Villa Urquiza”, se emplazará por debajo de la Avenida Triunvirato, en el cruce con las calles Monroe y Roosevelt. Muy cerca del emprendimiento inmobiliario.
La denuncia se planteó en la Legislatura, en el marco de las reuniones de Presupuesto 2011. “Yo no compro ni vendo cosas que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. Sólo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto de vista ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada”, respondió fríamente el ministro.
En tanto, el legislador señaló que evalúa presentar una denuncia judicial y que puede demostrar que esta sociedad “compró un inmueble en un domicilio donde más tarde, y sólo a dos cuadras, se decidió la creación de una estación de subte, que lógicamente incrementa el valor de la propiedad”.
“No se tienen que lanzar este tipo de acusaciones acá, sino en la Justicia”, defendió el diputado Alvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto. Luego de la reunión, el diputado Ruanova precisó que el principal problema con este tipo de cuestiones radica en que “el PRO se niega a tratar la Ley de Etica Pública para la Ciudad, que evitaría estas claras incompatibilidades éticas en el ejercicio de la función pública”.
domingo, noviembre 07, 2010
Crecen los grupos “antitorres” en los barrios de Buenos Aires
Hay más de 15 organizaciones vecinales. Se quejan porque los barrios cambian “para mal”, pierden identidad y colapsan los servicios públicos.
“No queremos que nuestro barrio pierda su identidad”, se quejan casi a coro los representantes de las agrupaciones vecinales que se oponen al boom inmobiliario, desde hace más de cinco años. SOS Caballito, Vecinos por las Casas Bajas, San Telmo Preserva y Proteger Barracas son sólo algunas de las que proliferaron casi tan rápido como los edificios contra los que luchan.
Mientras que muchos desarrolladores consideran que la construcción en altura representa el progreso, los vecinos temen que el patrimonio, la tranquilidad e incluso la estabilidad infraestructural de sus barrios se pierdan por la especulación inmobiliaria.
El origen de estas agrupaciones puede rastrearse tras la recuperación económica luego de 2003, cuando, ante la falta de opciones, muchos inversores y desarrolladores se volcaron a los ladrillos.
“En realidad, no hubo un aumento importante en la cantidad de metros construidos con respecto a otros años. La diferencia es que toda la actividad se concentró en cuatro barrios”, explica Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario.
Carlos “Lito” Grisafi es canillita y conoce Villa Urquiza como pocos. Desde su quiosco en Monroe y Triunvirato, vio cómo los edificios fueron barriendo las casas con jardín de lo que alguna vez fue una zona residencial. Aunque admite que el aumento en la cantidad de habitantes lo beneficia económicamente, comenzó a militar en Salvemos Villa Urquiza (SVU), motivado por la pérdida de calidad de vida que, para él, traen los nuevos edificios para los viejos residentes. “Antes eran todas casitas bajas, había luz y aire, pero ahora se está transformando en un barrio triste, gris”, se lamenta.
El movimiento, que congrega a otras agrupaciones como Juntos por Urquiza y SOS Parque Chas, tomó mayor impulso a partir del derrumbe del gimnasio que causó tres muertes hace tres meses, por problemas infraestructurales de una construcción contigua. Con léxico de arquitecto, que admite que tuvo que aprender a la fuerza, Lito asegura que la agrupación cuenta con 4.500 firmas para pedir el cambio de zonificación y que no se pueda construir más de nueve metros de alto en algunas zonas de Villa Urquiza.
Otra de las quejas que se repiten se relaciona con la incapacidad del barrio de absorber nuevos vecinos: “La infraestructura no alcanza, el agua tiene menos presión y el gas viene más diluido”, se queja Susana Gutman, miembro de SOS Caballito. Gustavo Desplats, presidente de la ONG Proto Comuna Caballito, otra de las agrupaciones que se disputan la iniciativa en la lucha contra las moles de hormigón, explica: “Antes, en una manzana vivían 600 personas, hoy vive el doble”.
Aunque todas las organizaciones cuentan con abogados y arquitectos, Basta de Demoler, una de las más importantes que abarca muchos barrios, está comandada por un músico. “Viví dos años en Alemania y cuando volví me di cuenta de que la ciudad había cambiado”, se queja Santiago Pusso, presidente de la ONG. Director coral de profesión, militó en Vida Silvestre y en la Fundación Ciudad y apoya el leitmotiv de la organización: la defensa del patrimonio. “Se demuelen construcciones con valor patrimonial de forma clandestina, total, la multa no llega a los 10 mil pesos”, denuncia.
Los vecinos apuntan sus reclamos a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano y a la acción del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), ente que autoriza las demoliciones de edificios antiguos. “Como está compuesto por la coorporación de constructores, desestiman la mayor parte de los casos. Por eso, queremos que el consejo tenga participación vecinal”, reclamo Pusso.
Según el subsecretario de Planeamiento Urbano porteño, Héctor Lostri, todas las construcciones se realizan de acuerdo al marco legal. “Es muy difícil hablarle con racionalidad a la gente que está angustiada”, se queja y agrega: “Cuando empezamos en diciembre de 2007, había 1.200 edificios históricos protegidos y ahora estamos arriba de los 12 mil”.
DANIEL CHAIN, DE DESARROLLO URBANO Un ministro porteño invierte en un negocio inmobiliario
Junto a otros dos funcionarios, forma parte de un fideicomiso de 144 departamentos por $ 3,7 millones.
El 10 de mayo de 2007, poco más de un mes antes de las elecciones de junio que llevarían a PRO al poder, el arquitecto Daniel Chain, que ya sabía que iba a ser el futuro ministro de Desarrollo Urbano porteño, participó de la creación de una sociedad anónima –un fideicomiso de construcción– en la que se erigió como vicepresidente del directorio, según se publicó en el Boletín Oficial, siete días después.
Así nació Roosevelt Desarrollos Inmobiliaros SA (RDI), un emprendimiento que también involucró a su actual subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri, como director suplente y a Daniel David Dibinsky, uno de los directores de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), que planifica dónde y cómo se ampliará la red de subterráneos porteña.
En otras palabras: el ministro de Obra Pública de Macri, el funcionario que planea cómo desarrollar la Ciudad y uno de los hombres que decide cómo se harán las obras de subte conformaron un fondo (junto a otros inversores) para construir un megadesarrollo inmobiliario a siete cuadras de donde se inaugurará en octubre de 2011 la estación Juan Manuel de Rosas (Subte B) en Triunvirato y Roosevelt.
En pleno Villa Urquiza, su proyecto es realmente fastuoso: Jardines de Roosevelt hoy se encuentra en proceso de comercialización. Se trata de un complejo de 144 dúplex y tríplex, con seguridad privada, parrilla y varias amenities, en una esquina codiciada, Roosevelt y Aizpurúa.
¿Los tres funcionarios habrán aprovechado la información privilegiada para potenciar un emprendimiento propio? Hay que tener en cuenta que cuando una línea de subterráneo llega a un barrio, la tierra se revaloriza entre un 20% y 30%.
Así y todo, Chain, en varias reuniones de gestión, se quejó en público de que la tierra todavía no se revalorizó como esperaba y hasta se atrevió a ofrecerles departamentos en alguna oportunidad a otros funcionarios que no participan del negocio.
A pesar de haber sido socios fundadores, Chain y Lostri renunciaron al directorio el 26 de octubre de 2007. Pero seguirían siendo accionistas del megaemprendimiento y poseen cada uno el 7% del terreno.
El 17 de diciembre del mismo año, la empresa informó que el capital inicial de $ 40 mil con el que se constituyó la sociedad aumentó a $ 3.714.333, correspondiéndole a Chain $ 252.304; iguales sumas a Lostri y a Dubinsky, quedando este último –funcionario de Sbase– como presidente de la sociedad. Hace tres meses se empezaron a vender los departamentos.
“Sólo tengo el 6,9% del terreno y está en mi declaración jurada”, se defiende Lostri y asegura que no encuentra contradicción en tener un terreno, participar del proyecto y ser funcionario.
Pero para el legislador porteño de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, sí la hay. Esta semana, durante una reunión donde Chain y todo su equipo defendieron el presupuesto 2011, el diputado cuestionó esta delgada línea entre los negocios y la política:
“No se puede estar de los dos lados del mostrador”, se quejó, y estudia presentar una denuncia penal para que la Justicia evalúe si se trata de un delito. En la Ciudad no hay legislación que impida este tipo de “zonas grises”. “No podemos seguir sin tener una ley porteña de ética pública”, pidió Ruanova.
Para castigar el vandalismo
La Legislatura porteña sigue dando señales de vida y a los proyectos para reformar el CAAP y extender el régimen de protección se suma ahora uno muy conciso para crear castigos.
Por Sergio Kiernan
Hace un par de semanas se realizó una reunión en la Legislatura porteña para empezar a tratar de extender la Ley 3056, que es nuestro débil dique ante la piqueta mañera. Como se dijo en ese momento, se plantearon varios temas: extender la ley, que vence en diciembre, reformar en serio las áreas de protección patrimonial del Ejecutivo, tratar de una vez por todas el proyecto de transferencia de FOT creado por Teresa de Anchorena y Marta Varela, y crear un régimen de castigos para los que demuelen y remodelan con la total impunidad de hoy y bajo la mirada complacida del gobierno porteño. El diputado Eduardo Epszteyn dio el paso concreto de introducir para su tratamiento el proyecto de FOT, y ahora el diputado Martín Hourest presentó un proyecto de castigos a los vándalos. La Legislatura, parece, se está despertando.
El proyecto de Hourest lleva como título “Sanciones y penalidades” y es tan breve como claro:
Artículo 1º. En el caso de daño parcial, total o demolición de edificios protegidos por la Ley 2548 y modificatorias se procederá de igual forma que en las zonas APH. Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las sanciones que fija el Código de Faltas para este tipo de contravención. Los mismos sólo podrán construir hasta un máximo equivalente al 70 por ciento del volumen destruido, siempre y cuando este valor no supere el 70 por ciento de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación tanto lo establecido por el parágrafo 2.4.3.2, lo normado por los parágrafos 2.4.3.3 y 2.4.4 del Código de la Edificación. Como lo establecido en las Leyes 1217 y 1227.
Art. 2º.La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Cultura.
Art. 3º.Comuníquese, etc.
Cláusula transitoria primera: La presente Ley tendrá una vigencia de 24 meses a partir de su publicación o hasta plena entrada en vigencia de la Ley sobre el Régimen de Sanciones y Penalidades de la Ley 1227.
Como se ve, el principal castigo es uno que ya existe, la pérdida de capacidad de construcción –se destruye una casa, sólo se puede construir un maxikiosco– pero el detalle es que le quita la autoridad de aplicarlo al Ministerio de Desarrollo Urbano. Esto es revolucionario, ya que Daniel Chaín es un ministro muy poderoso, que mató toda idea de sacarle el poder de sanción e inspección, y es también un orgánico de la industria de la construcción concentrada. En tres años de gestión, jamás movió un dedo para pasar leyes, aumentar multas o tener alguna iniciativa para contener a los grandes desarrollistas y crear una real capacidad de control para su ministerio. Esto lo hizo porque su verdadera lealtad no está con el público, los votantes o su partido, sino con ese sector económico.
Esta originalidad de Hourest demuestra que sabe qué alzada tienen estos bueyes, lo que termina de quedar en claro con la cláusula transitoria del final, que admite que esta ley es un parche hasta que se cumpla con la Ley 1227. Esta ley estuvo años cajoneada en Cultura por esa inolvidable funcionaria llamada Silvia Fajre, hasta que Teresa de Anchorena la forzó a reglamentarla con un recurso de amparo. Fajre lo hizo, pero nunca la cumplió, en particular la parte que decía que su ministerio tenía que crear un régimen de penalidades y castigos, y un cuerpo de inspectores para hacerlo cumplir.
Su sucesora, la profesora Josefina Delgado, tuvo esta misión como su utopía personal. No sólo redactó un proyecto, sino que lo redactó bien y logró la firma de su ministro de Cultura, Hernán Lombardi. Como Lombardi es ministro de Cultura sólo en nombre –él es especialista en turismo y tomó el puesto para evitarle todavía otra crisis a Macri–, fue realmente notable que Delgado lograra esto. El proyecto tenía que pasar por Chaín, que lo mató en una carta de escasas líneas firmada por su adlatere y frío cómplice, el subsecretario Héctor Lostri. La nota decía básicamente que los únicos que tienen o tendrán inspectores para algo construido serán ellos y que ni en sueños permitirían otro grupo. El proyecto fue a parar a un profundo cajón.
Delgado se dedicó a otra cosa y las dos delegadas de Cultura en el CAAP votan como si trabajaran para Chaín, dejando demoler con el único llamativo detalle de que una de ellas se pone nerviosa cuando ve a alguien de este suplemento –masculla cosas y señala con el dedo, actitudes francamente preocupantes y poco dignas en una funcionaria–. Por supuesto, nadie nunca más habló del tema. Este panorama deja abierta la duda sobre qué pasará si la Legislatura aprueba este proyecto: Chaín tendrá una guerra burocrática para matar en la semilla la idea de inspectores patrimoniales, y francamente es difícil pensar que Lombardi tenga algún entusiasmo por la cuestión.
Hourest evidentemente opina que hay que crear el cuerpo y luego dar la batalla para que funcione. Como recuerda en los fundamentos de su proyecto, en diciembre se cumplen diez años de la sanción de la Ley 1227 y “el Ejecutivo de la Ciudad sigue sin cumplir con su obligación de enviar a la Legislatura un proyecto de ley que establezca el régimen de sanciones y penalidades para quienes violen la ley”.
El diputado hasta cita a Lostri, que dijo que “En el contexto actual el sistema de multas objetivas establecidas en el Código de Edificación no desvirtúa el costo de oportunidad relacionado con el beneficio económico derivado de la proyección de las rentas urbanas posibles”. La frase significa, en criollo, que ni vale la pena respetar la ley porque quebrarla es, a lo sumo, un costo más y de los menores. De paso, pregunta completamente retórica, si Lostri sabe esto, ¿por qué no hace algo al respecto?
El resultado de esta situación es que se pierden “centenares de edificaciones valiosas cada año”, que es exactamente por qué Chaín y Lostri son dos personas felices con un futuro próspero. Por eso Hourest recuerda que la Ley 1227 “les otorga a los funcionarios del Ministerio de Cultura para casos de infracciones contra el patrimonio, la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública, secuestrar bienes, proceder a la clausura preventiva de locales y obras en infracción”.
El diputado agrega que su proyecto no es para “edificios excepcionales, de gran valor histórico, arquitectónico o artístico” sino también para proteger a “muchos edificios que son testimonios insustituibles de formas de construir y de habitar en la ciudad”.
Sigue Hourest: “Las décadas de 1970 y 1980 fueron escenario del gran desarrollo de edificios de propiedad horizontal provocando el cambio definitivo de barrios como Recoleta, Palermo, Belgrano y Caballito, con la consecuente demolición de inmuebles de baja altura. Estas sustituciones indiscriminadas se acrecentaron en los últimos diez años debido al aumento de la construcción, alcanzando barrios alejados del centro de la ciudad como Saavedra y Villa Urquiza. Las normas urbanísticas vigentes corresponden a un Código de Planeamiento Urbano, datado en la década de 1970 y reformado en el año 2000, que se basa en la realización de obras nuevas y prácticamente no considera la ciudad existente, con excepción de los Distritos Areas de Protección Histórica (APH) y de los edificios catalogados. En esa época todavía no se valoraba nuestro patrimonio. Y así se perdieron edificios formidables. Desafortunadamente hoy, ante la falta de un régimen definitivo de penalidades, todo o casi todo está en riesgo de desaparecer”.
miércoles, noviembre 03, 2010
PROYECTO LEY SANCIONES Y PENALIDADES LEY 2548
| Hola fue presentada en la tarde de hoy por el diputado Martin Hourest y lleva el numero de proyecto 3238.D-2010. Tiene giro a Planeamiento Urbano y el bloque de Igualdad Social pedira una preferencia para su tratamiento dentro de este año legislativo. Saludos Gustavo Desplats |
martes, octubre 26, 2010
CLAUSURA HIDALGO 560/H PUEYRREDON 573
Luego de una catarata de denuncias vecinales y de la rotura de una columna se presentaron la Guardia de Auxilio, la direccion de proteccion del Trabajo y la DGFyCO. Se constataron los daños y las irregularirades denunciadas y se procedio a las 17,30 horas a clausurar por 9 dias habiles el emprendimiento. Intimandolo a la inmediata restauracion de los daños ocacionados. Asimismo se le aplicara una multa monetaria.
Los inspectores de trabajo y de la DGFyCO con los apoderados de la obra
LO AVISAMOS ROTURA DE COLUMNA DE VECINO MACRI ES EL RESPONSABLE
Foto de ayer con la pared bien
Foto de hoy a la mañana con pequeña rajadura
Foto de las 13 horas rajadura total y riesgo de caida
cables de media tension expuestos
corto video explicativo
DEMOLICION ILEGAL "ZONA LIBERADA" por MACRI
Proto Comuna Caballito
Hechos. No palabras.
Estimados amig@s:
MARTES 19 Hs. Hidalgo 560
ACTO VECINAL CONTRA DEMOLICIÓN ILEGAL
MACRI, queremos control
Por la clausura de la obra de Hidalgo 560
Por la disolución de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO).
Desde hace una semana en un doble lote con frentes a la Calle Hidalgo 560 y a la avenida Honorio Pueyrredon 561 se efectúa otra demolición ilegal en nuestra Ciudad. Poniendo en riesgo las vidas y propiedades de los vecinos. Macri basta de complicidad con los constructores corruptos.
Ya denunciamos ante la administración macrista y públicamente esta situación en cada una de los incidentes. Estamos cansados, tenemos miedo. Estamos indefensos. El zorro cuida el gallinero.
Específicamente 6 vecinos diferentes realizaron en los últimos días denuncias en la DGFyCO. Dos en la Dirección de trabajo. Otro en la Guardia de Auxilio. Uno mas en la OUCRA, dos al CGPC y dos mas a la policía federal. Hasta ahora NADA de NADA.
La demolición no presenta cartel reglamentario. No se sabe quien es el responsable de la obra. Ni el ingeniero o arquitecto, No hay razón social, ni CUIT ni dirección de la constructora.
Los obreros, según demuestran las fotos y videos, no disponen de ningún tipo de seguridad.
Sobre la calle Hidalgo no existen las pantallas protectoras. Ni la protección con media sombra. No se corto la circulación peatonal. No se identifico con cinta de emergencia. No se realizo el camino peatonal exigido. Sobre la avenida Honorio Pueyrredon no se identifico la entrada-salida de camiones y maquinas de gran tamaño. vea fotos y videos de la demolicion con riesgo de vida para obreros y vecinos
La propiedad de Honorio Pueyrredon 561 era de fines del siglo XIX. Por lo que estaba protegida por la ley 3056. ¿Se cumplió con lo que establece?
La ilegal demolición destruyo las conexiones telefónicas de la mayoría de los vecinos de la manzana.
¿Como puede ser que no se clausure la obra? ¿Están esperando mas muertes? Siguen jugando con la propiedad y la vida de los vecinos apoyando un modelo constructivo que esta destruyendo a 10 barrios de Buenos Aires y poniendo en riesgo su infraestructura de provisión de agua y saneamiento cloacal.
Tenemos que admitirlo los vecinos y nuestras propiedades somos lamentables "daños colaterales" en la construcción. Sin ningún valor ni importancia para el gobierno de la Ciudad.
Ya hace 2 meses que le entregamos a Mauricio Macri un petitorio con diez acciones que no tenemos duda solucionarían las problemáticas del modelo constructivo. No recibimos ningún tipo de respuesta. No le importa. No le importamos.
Lo que pasa es que esas acciones que asegurarían la calidad de vida, y la vida de los vecinos causarían molestias en capitales muy ligados al Jefe de Gobierno y en la dicotomía entre los vecinos y la especulación inmobiliaria, el Ing. Macri nunca estuvo con los vecinos.
L@s saludo fraternalmente.
Lic. Gustavo Maria Desplats
Coordinador Proto Comuna Caballito
Informes: 15-3833-8491
twitter: @protocomunacaba
Correos a: protocomunacaballito@yahoo.com
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