Derrumbe en Las Cañitas / Polémica tras el accidente Las napas habrían influido en la caída de la grúa Los expertos advierten sobre los riesgos en suelos ganados al río

Fernando Massa
LA NACION

A sólo 72 horas del derrumbe en la zona de Las Cañitas, en Palermo, que milagrosamente no dejó heridos, y sobre la base de los peritajes preliminares, pocos ponen en duda que la torre-grúa cayó sobre cuatro edificios porque cedió el suelo donde estaba apoyada. Sin embargo, expertos consultados por La Nacion se refirieron a un aspecto que pudo haber provocado el accidente y del cual hasta el momento no se había hablado: el lavado del suelo que se realiza en las zonas bajas de la ciudad antes de comenzar a construir.

El arquitecto Marcelo Almuina, especialista en patología de la construcción que fue perito de la causa AMIA, indicó a La Nacion que la raíz de este fenómeno se da porque la ciudad de Buenos Aires se ha expandido sobre zonas que fueron ganadas al río y que tienen cota muy baja, es decir que las napas de agua se encuentran muy cerca de la superficie.

"En Palermo, Núñez, Belgrano, Las Cañitas y Puerto Madero el agua se encuentra apenas se empieza a excavar, porque son zonas de cota muy baja, y la napa está muy cerca. Por eso, antes de construir, se realiza mediante un sistema de bombas lo que se denomina depresión de las napas, y esa agua es enviada a la vía pública. Pero cuando se utiliza el sistema de bombas se produce un lavado de suelo, es decir que las partículas más finas, como puede ser el limo, se separan del suelo y migran con el agua. De esta manera, en todas estas zonas se ha desconsolidado el suelo, lo que pudo haber provocado la alteración de los suelos linderos y el posterior descalce de la base de la torre-grúa", explicó el especialista.

Almuina puntualizó, además, que muchas veces la celeridad para realizar la obra atenta contra los procesos de seguridad, pero que de todas maneras "es algo que se pudo haber previsto".

Otras opiniones

En tanto, Luis Perri, uno de los socios de la empresa Obras y Sistemas SRL, que efectuaba los trabajos de construcción con la grúa que provocó el siniestro, se limitó a decir ayer que, en su opinión, lo que cedió fue el suelo donde estaba fijada la grúa-torre y también a sus costados, lo que provocó la fractura de los pilotes donde estaba apoyada y la pérdida de la resistencia, una hipótesis que de ninguna manera contradice lo afirmado por el arquitecto Almuina.

Por su parte, fuentes del gobierno de la ciudad indicaron que las hipótesis preliminares que se manejan son dos: en primer lugar, una mala praxis producto de las excavaciones realizadas alrededor de la grúa que pudo provocar que la grúa cediera; la otra posibilidad es que haya estado bien hecho el apuntalamiento, pero que haya cedido igualmente por fatiga de materiales, es decir, porque las piezas móviles que componen la grúa tuvieran un tiempo de uso superior al debido.

Frente a esta última hipótesis, un dato brindado ayer por el ingeniero Franco Sborlini, de la firma Obras y Sistemas SRL, se torna fundamental: la grúa-torre NS52 de la compañía española Jaso -estas grúas no se fabrican en la Argentina- es modelo 2005, por lo que se considera una grúa nueva. "Esta torre-grúa contiene un manual de instrucciones que demanda mantenimiento mensual, que fue puntualmente realizado. De por qué se cayó no manejamos ninguna hipótesis. En 72 horas es muy difícil estimarlo y preferimos evitar que haya malas interpretaciones", dijo.

Consultado por La Nacion, el doctor Daniel Butlow, especialista en arquitectura legal, también abogó por la teoría del lavado de suelo, pero hizo hincapié en que lo primero que se debe tener en cuenta es que si bien la instalación de una grúa es una obra temporaria, no deja de ser una obra en sí misma. "Me llamó la atención que todos los vecinos hayan presentido que iba a suceder, pero que no hayan hecho nada al respecto. Por eso es bueno que sepan que existen herramientas legales para prevenir este tipo de accidentes, como lo es la figura de la denuncia de daño temido, contemplada en el artículo 2499 del Código Civil", afirmó.

La Nelly y las torres

Obras sin control

A seis meses del derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza, que provocó la muerte de tres personas, la Justicia procesó por estrago doloso al ingeniero Guillermo Heyaca Varela, que estaba a cargo de la obra lindera que causó la tragedia. También quedaron procesados el contratista, Daniel Alberto Menta, y José Pataro, quien llevaba adelante la excavación. El último sábado se sumó la caída de una grúa a los "controles cero" en la ciudad de Buenos Aires.

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PEDIRAN QUE SE INVESTIGUE A FUNCIONARIOS PORTEÑOS Tres procesados por un derrumbe

Los familiares de las tres víctimas fatales del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, ocurrido en agosto del año pasado, reclamarán ante la Justicia el procesamiento de los funcionarios porteños responsables del control de obras. Lo harán después de que la jueza María Fontbona de Pombo, a cargo de la causa, procesara al ingeniero que estaba a cargo de la obra lindera al edificio derrumbado, al dueño de la constructora y al propietario de la excavadora, por el delito de “estrago doloso”.

El derrumbe de Villa Urquiza se produjo el 9 de agosto último, cuando el gimnasio ubicado en la calle Mendoza 5030 se vino abajo como consecuencia de la excavación que se había realizado en el terreno lindero, donde se pensaba levantar un edificio, sin que se realizara el apuntalamiento de la medianera.

Los procesados son el ingeniero Guillermo Heyaca Varela, responsable de la obra; Daniel Menta, dueño de la constructora, y José Pataro, propietario de la máquina que realizó la excavación. Pero para el abogado Fernando Burlando, que representa a la familia de Maximiliano Salgado, uno de los fallecidos en la tragedia, también deben ser procesados los funcionarios a cargo del control, porque “su responsabilidad es aún mayor, por su condición de funcionarios públicos”.

Se refería al entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control, Oscar Ríos, y al inspector que concurrió en dos oportunidades a la obra, ante denuncias de irregularidades, y no procedió a la clausura. Tres semanas antes del derrumbe, la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) había denunciado que en la obra no se adoptaban medidas de seguridad básicas.

Ríos fue echado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, días después de la tragedia pero no por las falencias en los controles sino porque durante el operativo de rescate de las víctimas concurrió a una reunión de comisión directiva de Boca Juniors, de la cual es integrante.

CUATRO DÍAS DESPUÉS DE LA CAÍDA DE UNA GRÚA SOBRE CUATRO EDIFICIOS EN LAS CAÑITAS El macrismo eludió explicar cómo se controlan las excavaciones

Javier Ibáñez, director de la Agencia Gubernamental de Control, fue a la Legislatura y no respondió a las inquietudes de los diputados. Ya hay tres procesados por el derrumbe del gimnasio Orión, en Villa Urquiza, en agosto de 2010.
 

La mejor política es el silencio. Otra vez, el gobierno PRO decidió no dar explicaciones, esta vez ante los legisladores porteños, sobre la falta de controles a las construcciones impulsadas por el boom inmobiliario en la ciudad. Ayer, el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez, asistió a la Legislatura y fue interpelado por diputados porteños sobre los hechos ocurridos el sábado pasado en el barrio de Las Cañitas, cuando una pluma cayó sobre cuatro edificios, pero se negó a contestar cualquiera de sus preguntas.
La negligencia se da en un contexto en el que la justicia ordenó procesar a los tres acusados por las muertes ocurridas tras el derrumbe del gimnasio Orión, en Villa Urquiza, en agosto de 2010, y mientras se investiga a funcionarios del gobierno de la Ciudad encargados de los controles a las obras. Según explicó a Tiempo Argentino, Roberto Damboriana, abogado de Pablo Galli, dueño del gimnasio que colapsó, los tres procesados por el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 45 por “estrago doloso” son Guillermo Heyaca Varela, el ingeniero a cargo de la obra; Daniel Menta, el dueño de la constructora; y José Pataro, propietario de la máquina retroexcavadora.
Ibáñez asistió ayer a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar un decreto sobre la regulación de natatorios públicos y semipúblicos. El legislador Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires, interrogó en cuatro oportunidades al responsable de la AGC sobre las razones del desmoronamiento en Las Cañitas y sobre la existencia de normativas que regulen la actividad de las grúas, pero en todos los casos se ignoraron sus interrogantes. Por eso, en los próximos días su despacho enviará un pedido de informes.
Allí se interrogará específicamente sobre cuál es la normativa y el ente encargado de hacer inspecciones de grúas habilitadas, cuántos controles se realizaron en los últimos meses, cuáles son las faltas más comunes y las clausuras realizadas. También se pedirá información sobre la idoneidad de los operadores, las cargas máximas autorizadas y el estado de situación, es decir, si existe un relevamiento actualizado sobre la cantidad de grúas en actividad, un tema sobre lo que Ibáñez prometió trabajar en las próximas dos semanas. Con respecto a la grúa utilizada por la constructora Obras y Sistemas en el terreno donde se pensaba levantar una torre de 20 pisos, en el complejo Quartier del Polo, la AGC deberá dar cuenta sobre quién verificó el lugar de emplazamiento de la grúa y si hubo conformidad de los vecinos para la instalación de la estructura de más de 200 metros, que invadía sus propiedades.
“Se niegan a responder porque están en falta. La AGC es un nido de corrupción que no ejerce su función por falta de voluntad política”, explicó Epszteyn. Por su parte, Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria), agregó: “Nosotros propusimos a fin de año poner en alerta a la Ciudad. Queremos generar un convenio con las universidades para que ayuden a relevar obras en construcción. La Ciudad está en emergencia y es el talón de Aquiles de la seguridad de los porteños.”  <

Tres procesados por el derrumbe de un gimnasio

15/02/11

Estaban a cargo de una obra que causó 3 muertos. El 9 de agosto colapsó la medianera de un edificio en Mendoza al 5000, cuando una excavadora trabajaba en el lote de al lado. Los acusan de no haber cumplido con las medidas de seguridad.

PorPABLO NOVILLO

La Justicia penal procesó por “estrago doloso” a Guillermo Heyaca Varela, el ingeniero a cargo de la obra junto al gimnasio que se derrumbó en Villa Urquiza en agosto, y cuya caída provocó la muerte de tres personas .

También fueron procesados Daniel Menta, el dueño de la empresa que quería construir un edificio al lado del gimnasio; y José Pataro, dueño de la excavadora que trabajaba en ese lote lindero.

Los tres irían a juicio oral porque, tal como publicó Clarínel 10 de noviembre, una pericia de Bomberos demostró que los constructores “no respetaron las reglas” para la excavación que debían realizar, lo que habría dañado la estructura del gimnasio, que así terminó colapsando.

El 9 de agosto, el edificio de dos plantas de Mendoza 5030, donde funcionaba el gimnasio, se derrumbó. Entre los escombros quedaron atrapados Guillermo Fede, de 37 años; Luis Lu, de 27; y Maximiliano Salgado, de 18 y cuyo cuerpo fue encontrado dos días después.

En el lote vecino, el de Mendoza 5042, los días previos a la tragedia había una excavadora trabajando, ya que se iba a construir un edificio. Según la pericia de Bomberos, ese trabajo se hizo sin respetar las medidas de seguridad. “Pudo observarse la inexistencia de apuntalamientos eficaces ”, “falta de base de apoyo” de los tabiques, y que las bases de la demolición se veían “totalmente descalzadas y apuntaladas de manera deficiente”, son algunos de los puntos más críticos del informe.

En su defensa, Heyaca Varela aseguró que contaba con todas las habilitaciones de parte del Gobierno porteño. Es cierto, pero al ingeniero se lo acusa precisamente de no haber respetado esas medidas de seguridad que había presentado en el expediente. De igual manera, Menta y Pataro podrían ser responsables, por no haber cumplido por su parte con los procedimientos para la demolición y excavación.

El procesamiento de los tres fue decidido por la jueza María Fontbona de Pombo. Así se lo confirmaron a Clarín tanto Roberto Damboriana, abogado de Pablo Galli, el dueño del gimnasio, como el estudio jurídico de Fernando Burlando, que representa a la familia de Maxi Salgado.

De acuerdo a Damboriana, “la acusación es por estrago doloso, el mismo delito de la causa de Cromañón . Las penas van de tres a diez años de prisión”.

Ahora los acusados tienen tres días para apelar el procesamiento ante la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal. Este tribunal ya les había otorgado la eximición de prisión, por lo tanto permanecerán en libertad hasta el juicio oral, que aún no tiene fecha.

Pero tanto Damboriana, como en su momento Burlando, le adelantaron a Clarín que también pedirán que se investigue a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad encargados de los controles a las obras. Entienden que, aunque los planos presentados hubieran sido correctos, la Ciudad no ejerció su poder de policía .

Es que desde el momento de la tragedia se conoció que hubo denuncias de irregularidades, que en principio no fueron bien atendidas. Concretamente, el 17 de junio la UOCRA había denunciado que en la obra junto al gimnasio, en la etapa de demolición de una estructura que había en ese lote, faltaban medidas de seguridad . La Ciudad respondió que habían enviado inspectores, pero que en las dos oportunidades que fueron al lugar lo encontraron cerrado, con la demolición ya terminada.

Por lo pronto, el Gobierno porteño le prohibió por 15 años la firma para cualquier nuevo proyecto a Heyaca Varela, y le clausuró otras cuatro obras, que en realidad estaban casi terminadas. También intentó presentarse como querellante, pero la Justicia se lo negó.

Además, la Ciudad echó a Oscar Ríos, el director de la Agencia Gubernamental de Control, pero porque durante el operativo de rescate fue a una reunión de la comisión directiva de Boca Juniors, club del cual es dirigente.

En busca de los responsables

15/02/11

PorGUILLERMO ALLERAND 

Por si alguien no lo tiene fresco en la memoria, el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, con sus tres muertes, fue hace sólo seis meses: uno de los desastres más impactantes en la Ciudad, que puso seriamente en la mira la falta de controles sobre las obras en construcción, tema ya instalado por otros colapsos anteriores sin tanta consecuencia. Mencionamos hace poco que el crecimiento trae problemas y que el negocio no puede estar por encima de la vida y la salud de la gente. Ahora la Justicia dictó el procesamiento de los responsables directos de la obra que causó la tragedia. Los abogados piden que se investigue la responsabilidad de los funcionarios.

Tres procesados por el derrumbe del gimnasio

La Justicia penal procesó por estrago doloso a Guillermo Heyaca Varela, ingeniero a cargo de la obra junto al gimnasio Daniel Menta, dueño de la empresa que quería construir un edificio al lado del gimnasio; y José Pataro, dueño de la excavadora que trabajaba en ese lote lindero. Murieron 3 personas

Las tres personas irían a juicio oral luego del procesamiento de la jueza María Fontbona de Pombo porque una pericia de Bomberos demostró que los constructoresno respetaron las reglas ni medidas de seguridad para la excavación que debían realizar, lo que habría dañado la estructura del gimnasio.

A partir de ahora, los acusados tienen tres días para apelar el procesamiento ante la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y como el tribunal les había otorgado la eximición de prisión, permanecerán en libertad hasta el juicio oral, que aún no tiene fecha.

Asimismo, los abogados de las familias querellantes pedirán que se investigue a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad encargados de los controles a las obras porque entienden que, aunque los planos presentados hubieran sido correctos, la Ciudad no ejerció su poder de policía.

Cabe recordar que el 17 de junio, casi dos meses antes de la tragedia, la UOCRA denunció que en la obra junto al gimnasio, en la etapa de demolición de una estructura que había en ese lote, faltaban medidas de seguridad. Al enviar inspectores en las dos oportunidades que fueron al lugar lo encontraron cerrado, con la demolición ya terminada según informa el diario Clarín.

El 9 de agosto, el edificio de dos plantas de Mendoza 5030 del barrio de Villa Urquiza, donde funcionaba el gimnasio, se derrumbó. Entre los escombros quedaron atrapados Guillermo Fede, de 37 años; Luis Lu, de 27; y Maximiliano Salgado, de 18 y cuyo cuerpo fue encontrado dos días después.

A SEIS MESES DEL ACCIDENTE EN VILLA URQUIZA Derrumbe del gimnasio: procesan al ingeniero

Se trata de Guillermo Heyaca Varela, a cargo de la obra vecina que causó la tragedia. Lo acusan de estrago doloso.
A seis meses del derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza, que provocó la muerte de tres personas, la Justicia procesó por estrago doloso al ingeniero Guillermo Heyaca Varela, que estaba a cargo de la obra lindera que causó la tragedia. También quedaron procesados el contratista, Daniel Alberto Menta, y José Pataro, quien llevaba adelante la excavación.

En diciembre, cuando se abrió la indagatoria, el Gobierno de la Ciudad había inhabilitado a Heyaca Varela para seguir construyendo y le clausuró varias obras, pero la Justicia decidió que no podía accionar penalmente contra él hasta que no se determinaran las responsabilidades de cada parte del caso.

Heyaca Varela, de 65 años y ex docente de la Universidad Tecnológica Nacional, es ingeniero civil y titular de la constructora que llevaba adelante la obra en el terreno lindero al gimnasio y que, según Mauricio Macri, había sido la responsable del derrumbe.

En aquel episodio, ocurrido en agosto de 2010, fallecieron Guillermo Ramón Fede (37 años), Luis Lu (23) y Maximiliano Salgado (18), en tanto que otras once personas sufrieron heridas. Los familiares de las víctimas y cuatro de los heridos son querellantes en la causa.

Escape de gas en Virasoro al 800

Exclusivo: los graves destrozos que causó la grúa que cayó en Las Cañitas

Un día después que cayera una grúa de obra sobre cuatro edificios en el corazón de Las Cañitas de Palermo, los bomberos, la Policía y el gobierno porteño siguen evaluando los daños y las responsabilidades por el accidente que provocó graves daños materiales. Mientras los vecinos de Báez al 500van regresando sus viviendas tras el 'temblor', la constructora aseguró aPerfil.com que "la falla no habría sido de la grúa, sino del suelo".

Ayer hasta la madrugada, y desde esta mañana, la constructora comenzó a apuntalar techos y paredes destruidas y ya no hay peligro de derrumbe. El inmueble más afectado es el de Báez 540, piso noveno: sobre su techocayó una pluma de una tonelada y lo destruyó. Allí viven una mujer de 80 años y su hijo discapacitado. El viernes, por fortuna, se habían ido a Mendoza. Pero ahora no tienen dónde vivir, denunció a este medio su hija, que es la propietaria.

El socio gerente de la firma Obras y Sistemas SRL, Luis Perri, señaló a este portal que peritos aún no determinaron qué produjo que la grúa se desbalanceara y cayera sobre los edificios lindantes a la obra de unedificio de 27 pisos ubicada en Ortega y Gasset 1915, una zona que además posee una alta densidad de bares y restaurantes.

Según explicó Perri, "no es que la grúa no soportara el peso. Se detectó un problema y se paró la obra. Pero cuando se retiraron los operarios la grúa comenzó lentamente a recostarse sobre un edicio y despues se rompió al impactar. No estaba rota", explicó el directiva a este portal.

Franco Bindi, el apoderado de la propietaria más afectada, adelantó que por los daños deben tirar el techo del dúplex y volver a construirlo. De acuerdo a lo que él pudo averigüar, "la base de la grúa no estaba en condiciones para operar. No tenía la fuerza para mantener esa estructura".

Controles bajo sospecha. El diario PERFIL informó hoy que la Agencia Gubernamental de Control inspeccionó en enero la obra y no detectó irregularidades. "Tenemos todos los papeles en regla", insistió el socio gerente de la constructora que desde 1984 realizó edificaciones en el Grupo Techint, Nordelta o Los Molinos de Puerto Madero, entre otros.

Sin embargo, los vecinos damnificados estudian demandas penales contra la constructora. Geraldine Alberdi, dueña del dúplex más dañado, le contó aPerfil.com que la constructora se les acercó y pidió disculpas. "Sólo ofrecieron apuntalar el techo, nada más", criticó. También se quejó que, una vez desalojado su edificio, la Policía dejó entrar a peritos de la constructora, pero no a los propietarios.

"Tuve que entrar de prepo con mi apoderado, sacar fotos y denunciar los daños", siguió. Su indignación no tiene fin por lo sucedido: "Es una negligencia absoluta. Un error inaceptable. Vamos a parar la obra. Es una de las constructoras más grande del país y no tomaron recaudos. Solo les importa construir y vender. Los vecinos, nada", continúo.

Pero la damnificada no responsabiliza solo a la constructora. Para ella, "el gobierno de la Ciudad tambien tiene parte de culpa: no controlaron nada". A su vez, Geraldine recordó también el susto de los vecinos cuando escucharon el estruendo: "Sintieron un temblor y salieron en calzoncillos y en camizón a la calle".

Este es el tercer golpe que sufre el Gobierno porteño en siete mesesrelacionado con irregularidades en los controles y fiscalizaciones en las obras. El más fuerte llegó a principios de agosto de 2010, cuando se derrumbó un gimnasio en Villa Urquiza que dejó tres muertos y 11 heridos.

PRE CAUTELAR POR DAÑO AMBIENTAL

Proto Comuna Caballito

                                  Hechos. No palabras.

Amig@s

                        La Juez Karina Cicero a cargo del juzgado 14 en el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad dicto una medida pre cautelar intimando al Gobierno de la Ciudad y a la empresa AYSA a entregar en un plazo máximo de 10 días toda la documentación referente a las obras estipuladas en el Decreto 220/07 (referente a la construcción de 320kms de cañerías de provisión de agua y cloacales en cinco barrios de la Ciudad ). Luego de este plazo la Juez tiene que decidir sobre una medida cautelar pedida por la ONG Proto Comuna Caballito que solicita la suspensión de la entrega, por la administración porteña, de los permisos y finales de obra en los barrios porteños de Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coglhan por daño ambiental. Hasta que se realicen la totalidad de las infraestructuras comprometidas en 2007 con la firma del Decreto 220/07.

                       La vorágine construcción especulativa en nuestra Ciudad ha desatado una situación muy grave para quienes vivimos en ella. En efecto, basta recordar que desde el año 2006 han sido numerosas las protestas de los vecinos por la construcción indiscriminada de edificios, sin planeamiento racional ni infraestructura de servicios adecuada. Dejando al mercado como único guía y referente. Abandonando el Estado todo tipo de intervención y regulación que ponga a los intereses de la sociedad en general por sobre los de los especuladores.

                        En el año 2006, y en virtud de varios precedentes judiciales (que prohibieron de manera transitoria la construcción de edificios en  polígonos en los barrio de Caballito y Palermo), El gobierno porteño suspendió la construcción en varias zonas de Buenos Aires, mediante el dictado del Decreto Nº 1.929/06 (Boletín Oficial Nº2.565). A partir de ese momento, se encargó a la empresa proveedora de servicios de agua y cloacas AYSA un estudio sobre la situación de la red sanitaria en el territorio de 6 barrios de Buenos Aires.  TEXTO COMPLETO

                        Dicho informe, señala que “… el estudio fue llevado a cabo en base a la información suministrada por el GCBA en relación a los metros cuadrados permisionados durante el año 2005 y 2006, como así también a los crecimientos esperados durante los próximos 5 y 10 años”.   

                        El informe de enero de 2007 arriba a varias conclusiones interesantes, siendo las más destacables:  

·       “Con relación al análisis de las mallas y fundamentalmente de las cabeceras que las abastecen, el estudio comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de “transportar y entregar” más caudal del actual y por tal motivo, serán “insuficientes” para satisfacer una demanda adicional”.

·       “Según datos de incrustación obtenidos de muestras de caños, en promedio, la capacidad de conducción de las cañerías de las zonas objeto del estudio, se reduce en rango que va del 60 a 80% por lo tanto en igual medida se debe reducir el caudal teórico transportado”.

·       “Las mallas involucradas con los refuerzos en algunos casos están trabajando en condiciones de stress y en otros hoy tienen un buen funcionamiento pero con el incremento de la demanda inmediata se verán afectadas las condiciones de servicio”,

·       “Además se observó la necesidad de renovar de cañerías de diámetros menores ( 100 mm / 125 mm ) que actualmente funcionan como cabeceras y que no serán capaces de soportar ni la demanda global ni la inmediata”.

·       “Teniendo en cuenta el alcance del Decreto, es importante remarcar que existe un número de viviendas ya permisazas, que actualmente se encuentran en ejecución y próximas a finalizarse que incrementarán la demanda en forma INMEDIATA” (el subrayado y la negrita son originales del texto).

                       

                      En su parte final, el Informe de AYSA propone, para evitar insuficiencias en el servicio, un plan de obras de corto y mediano plazo con un presupuesto de 230 millones de pesos (actualizados son más de 400 millones) con el siguiente detalle:

  

	Corto Plazo	Mediano Plazo	TOTAL
Agua(enKm)	89,46	95,19	184,65
Cloaca (en Km)	63,61	70,54	134,15
Totales	153,07	165,73	318,80

                        Por lo tanto, para que en el corto plazo (antes de 2008) la red de aguas y cloacas no sufriera ninguna situación de riesgo había que realizar más de 153 kilómetros de obras, y en el mediano plazo (antes de 2011), más de 165 kilómetros de tendido. Ninguna de estas obras fue nunca realizada. Lo que nos lleva al colapso inminente.

  

                        Con posterioridad al estudio antes referido, el GCBA dictó el Decreto Nº 220/07 (Boletín Oficial Nº2.628) TEXTO COMPLETO, donde, ante la crítica situación que planteaba la Empresa de Agua, SE FIRMO UN CONVENIO CON LA EMPRESA DE AGUA TEXTO COMPLETO. Y se comenzó a exigir, para permitir la construcción de edificios, un “Certificado de Factibilidad” de esta última. Además, creaba comisiones técnicas y de participación ciudadana, fijaba procedimientos y se obligaba a “Establecer un cronograma de adecuación de las redes a la nueva norma” (Anexo III).

                        Así las cosas, corresponde resumir la situación en que nos encontrábamos en el año 2007, al momento de implementarse el Decreto Nº 220:  

·       Se reconoció que la red de aguas y cloaca era inadecuada aun sin aumentar la demanda.

·       Se procedió a exigir, entonces, que las obras tuvieran un “Certificado de Factibilidad” de AYSA.

·       Se prometió la realización de importantes obras para mejorar la red por parte de AYSA, con la supervisión del GCBA.

·       El GCBA se comprometió a realizar las obras de infraestructuras si estas no fueran realizadas por AYSA.

                        Desde 2007 a la actualidad este sistema no fue implementado de manera correcta. Se otorgaron los “Certificados de Factibilidad”  de manera automática, contradiciendo lo planteado en el informe técnico, ya que no existen constancias fehacientes de la realización de por lo menos, los 153,07 kms. de cañerias necesarias para poder cumplir con las necesidades inmediatas (del 2006) y tampoco con las necesarias para los nuevos emprendimientos constructivos.

  

                        No se realizaron las obras de 320 kms de cañerías. Pero los permisos de obra se siguieron otorgando igual, pese al estado de colapso de la red sanitaria. Las obras con permiso vigente desde 2007 hasta la fecha, podrían ser tachadas de nulas en materia administrativa y los funcionarios del GCBA podrían ser denunciados por los delitos de falsedad ideológica en instrumento público.

  

                        Ante estas circunstancias, podemos observar que  nos encontramos en una situación aun más grave de colapso sanitario que la que existía en 2006, ya que la condición objetiva que diera lugar a esta normativa incumplida sigue vigente: no se hicieron las obras requeridas, los “Certificados de Factibilidad” carecen de fundamento fáctico – jurídico y expresan una situación del estado de la red que no es real y los funcionarios del GCBA no cumplieron con sus funciones. Y se permitieron la construcción de 2 millones de metros cuadrados en esos barrios solo desde que se firmo el Decreto 220/07 hasta el momento.

  

                        Este grave y latente problema sanitario puede afectar, en cualquier momento, la calidad de vida de centenares de miles de habitantes de la Ciudad. No se trata de una cuestión menor, sino de una circunstancia que puede generar un daño ambiental irreparable e irreversible.

                        El Poder Legislativo de la Ciudad ha manifestado una preocupación similar sobre el tema, presentando un pedido de Informes y un Proyecto de Declaración. En el primero de ellos, se manifiesta en sus fundamentos que “El motivo de este pedido de informes es intentar obtener la mayor certeza sobre denuncias vecinales referidas al incumplimiento de diferentes normas y convenios que estarían exponiendo a la Ciudad de Buenos Aires y a sus habitantes a un importante daño y peligro ambiental. Si se confirmase el incumplimiento del convenio firmado con AySA  en febrero de 2007, del Decreto 220/07 y de la Ley 2.359 estaríamos ante la desgraciada situación de haber estado contaminando durante 4 años los acuíferos Pampa y Puelche por contaminación por mezcla con agua potabilizada, y lo que es aun peor por residuos cloacales”.

                        Ante esta difícil situación esperamos esperanzados el fallo de la Dra , Cicero a los efectos de poner orden y hacer cumplir la Ley , garantizando la calidad de vida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Que esta puesta en juego solo por la vil ganancia de unos pocos.

               L@s saludo fraternalmente.

                                              Lic. Gustavo Maria Desplats

                                         Coordinador Proto Comuna Caballito

     Informes:                15-3833-8491      4903-7444

       Twitter:                      @protocomunacaba 

Correos a:            protocomunacaballito@yahoo.com      

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   VIDEOS:         http://www.youtube.com/prensacaballito

VINCULO AL INFORME DE AYSA QUE COMPRUEBA EL COLAPSO

VINCULO AL CONVENIO ENTRE LA CIUDAD Y AYSA PARA LA REALIZACION DE 320 KM DE CAÑERIAS. NUNCA CUMPLIDO

VINCULO AL DECRETO 220/07 QUE ACEPTA COLAPSO. INCUMPLIDO POR MACRI

Desplats comenta la problematica en canal 7

                                                                 

            VEA INFORME TV DE HACE 4 AÑOS. TODO IGUAL ...PERO PEOR

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                                    OTRA BUENOS AIRES ES POSIBLE