La mejor política es el silencio. Otra vez, el gobierno PRO decidió no dar explicaciones, esta vez ante los legisladores porteños, sobre la falta de controles a las construcciones impulsadas por el boom inmobiliario en la ciudad. Ayer, el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez, asistió a la Legislatura y fue interpelado por diputados porteños sobre los hechos ocurridos el sábado pasado en el barrio de Las Cañitas, cuando una pluma cayó sobre cuatro edificios, pero se negó a contestar cualquiera de sus preguntas.
La negligencia se da en un contexto en el que la justicia ordenó procesar a los tres acusados por las muertes ocurridas tras el derrumbe del gimnasio Orión, en Villa Urquiza, en agosto de 2010, y mientras se investiga a funcionarios del gobierno de la Ciudad encargados de los controles a las obras. Según explicó a Tiempo Argentino, Roberto Damboriana, abogado de Pablo Galli, dueño del gimnasio que colapsó, los tres procesados por el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 45 por “estrago doloso” son Guillermo Heyaca Varela, el ingeniero a cargo de la obra; Daniel Menta, el dueño de la constructora; y José Pataro, propietario de la máquina retroexcavadora.
Ibáñez asistió ayer a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar un decreto sobre la regulación de natatorios públicos y semipúblicos. El legislador Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires, interrogó en cuatro oportunidades al responsable de la AGC sobre las razones del desmoronamiento en Las Cañitas y sobre la existencia de normativas que regulen la actividad de las grúas, pero en todos los casos se ignoraron sus interrogantes. Por eso, en los próximos días su despacho enviará un pedido de informes.
Allí se interrogará específicamente sobre cuál es la normativa y el ente encargado de hacer inspecciones de grúas habilitadas, cuántos controles se realizaron en los últimos meses, cuáles son las faltas más comunes y las clausuras realizadas. También se pedirá información sobre la idoneidad de los operadores, las cargas máximas autorizadas y el estado de situación, es decir, si existe un relevamiento actualizado sobre la cantidad de grúas en actividad, un tema sobre lo que Ibáñez prometió trabajar en las próximas dos semanas. Con respecto a la grúa utilizada por la constructora Obras y Sistemas en el terreno donde se pensaba levantar una torre de 20 pisos, en el complejo Quartier del Polo, la AGC deberá dar cuenta sobre quién verificó el lugar de emplazamiento de la grúa y si hubo conformidad de los vecinos para la instalación de la estructura de más de 200 metros, que invadía sus propiedades.
“Se niegan a responder porque están en falta. La AGC es un nido de corrupción que no ejerce su función por falta de voluntad política”, explicó Epszteyn. Por su parte, Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria), agregó: “Nosotros propusimos a fin de año poner en alerta a la Ciudad. Queremos generar un convenio con las universidades para que ayuden a relevar obras en construcción. La Ciudad está en emergencia y es el talón de Aquiles de la seguridad de los porteños.” <
La negligencia se da en un contexto en el que la justicia ordenó procesar a los tres acusados por las muertes ocurridas tras el derrumbe del gimnasio Orión, en Villa Urquiza, en agosto de 2010, y mientras se investiga a funcionarios del gobierno de la Ciudad encargados de los controles a las obras. Según explicó a Tiempo Argentino, Roberto Damboriana, abogado de Pablo Galli, dueño del gimnasio que colapsó, los tres procesados por el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 45 por “estrago doloso” son Guillermo Heyaca Varela, el ingeniero a cargo de la obra; Daniel Menta, el dueño de la constructora; y José Pataro, propietario de la máquina retroexcavadora.
Ibáñez asistió ayer a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar un decreto sobre la regulación de natatorios públicos y semipúblicos. El legislador Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires, interrogó en cuatro oportunidades al responsable de la AGC sobre las razones del desmoronamiento en Las Cañitas y sobre la existencia de normativas que regulen la actividad de las grúas, pero en todos los casos se ignoraron sus interrogantes. Por eso, en los próximos días su despacho enviará un pedido de informes.
Allí se interrogará específicamente sobre cuál es la normativa y el ente encargado de hacer inspecciones de grúas habilitadas, cuántos controles se realizaron en los últimos meses, cuáles son las faltas más comunes y las clausuras realizadas. También se pedirá información sobre la idoneidad de los operadores, las cargas máximas autorizadas y el estado de situación, es decir, si existe un relevamiento actualizado sobre la cantidad de grúas en actividad, un tema sobre lo que Ibáñez prometió trabajar en las próximas dos semanas. Con respecto a la grúa utilizada por la constructora Obras y Sistemas en el terreno donde se pensaba levantar una torre de 20 pisos, en el complejo Quartier del Polo, la AGC deberá dar cuenta sobre quién verificó el lugar de emplazamiento de la grúa y si hubo conformidad de los vecinos para la instalación de la estructura de más de 200 metros, que invadía sus propiedades.
“Se niegan a responder porque están en falta. La AGC es un nido de corrupción que no ejerce su función por falta de voluntad política”, explicó Epszteyn. Por su parte, Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria), agregó: “Nosotros propusimos a fin de año poner en alerta a la Ciudad. Queremos generar un convenio con las universidades para que ayuden a relevar obras en construcción. La Ciudad está en emergencia y es el talón de Aquiles de la seguridad de los porteños.” <
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