Los familiares de las tres víctimas fatales del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, ocurrido en agosto del año pasado, reclamarán ante la Justicia el procesamiento de los funcionarios porteños responsables del control de obras. Lo harán después de que la jueza María Fontbona de Pombo, a cargo de la causa, procesara al ingeniero que estaba a cargo de la obra lindera al edificio derrumbado, al dueño de la constructora y al propietario de la excavadora, por el delito de “estrago doloso”.
El derrumbe de Villa Urquiza se produjo el 9 de agosto último, cuando el gimnasio ubicado en la calle Mendoza 5030 se vino abajo como consecuencia de la excavación que se había realizado en el terreno lindero, donde se pensaba levantar un edificio, sin que se realizara el apuntalamiento de la medianera.
Los procesados son el ingeniero Guillermo Heyaca Varela, responsable de la obra; Daniel Menta, dueño de la constructora, y José Pataro, propietario de la máquina que realizó la excavación. Pero para el abogado Fernando Burlando, que representa a la familia de Maximiliano Salgado, uno de los fallecidos en la tragedia, también deben ser procesados los funcionarios a cargo del control, porque “su responsabilidad es aún mayor, por su condición de funcionarios públicos”.
Se refería al entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control, Oscar Ríos, y al inspector que concurrió en dos oportunidades a la obra, ante denuncias de irregularidades, y no procedió a la clausura. Tres semanas antes del derrumbe, la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) había denunciado que en la obra no se adoptaban medidas de seguridad básicas.
Ríos fue echado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, días después de la tragedia pero no por las falencias en los controles sino porque durante el operativo de rescate de las víctimas concurrió a una reunión de comisión directiva de Boca Juniors, de la cual es integrante.
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