Un nuevo derrumbe ocurrido en la mañana de ayer en la Ciudad de Buenos Aires dejó como saldo tres obreros heridos, tras caerles encima una medianera de la obra en la que trabajaban. Con este hecho, ya suman al menos seis los muertos y 25 los heridos por derrumbes en los últimos ocho meses. En tanto, desde la UOCRA denunciaron irregularidades en 200 obras de demolición y excavación, y la Asociación de Verificadores de Obras alertó sobre un “abandono” del gobierno porteño en los controles. El accidente ocurrió a las 10, en Lafinur al 3000, en el barrio de Palermo. “Era una construcción pronosticada para diez pisos, la losa estaba nada más que en planta baja, los obreros estaban en el primero, y cuando iban a cavar para sacar la antigua medianera, se les cayó encima una pared de unos seis metros por tres”, contó a Tiempo Argentino el comisario de la 53ª, Alejandro Gemino.
Dos de los heridos, de 25 y 28 años, fueron rescatados de debajo de los escombros y trasladados al Hospital Fernández con politraumatismos diversos. El tercero alcanzó a saltar cuando vio que la pared caía, y sufrió heridas leves. Según el encargado de la obra, Gastón Castiglione, no hubo negligencia, aunque dijo haber descubierto recién ayer que “la medianera, que según los planos era una pared de 30 centímetros, tenía en realidad dos láminas de 15”.
Fuentes de la investigación señalaron que “se veía que la pared no estaba apuntalada”. Castiglione, que estuvo demorado en la Comisaría 53 y luego fue liberado por orden del juzgado, agregó que este tipo de “contingencias” son posibles cuando uno empieza a “meterle mano” a una obra, y aseguró que para los edificios linderos “no hay ningún tipo de riesgo”. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) coincidió con las declaraciones del constructor y ratificó que todos los papeles estaban en regla. “Puede haberse debido a un accidente en la construcción. Tenían realizados todos los controles, y las denuncias que se habían hecho en su momento ya habían sido supervisadas. Constatamos que tenían todos los documentos presentados y aprobados”, indicaron a Tiempo desde el área.
En octubre del año pasado, la UOCRA había denunciado ante la Dirección General de Protección del Trabajo porteña una obra en Lafinur 3060, por incumplimiento en mantenimiento y seguridad. “La UOCRA, como sindicato, no tiene poder de policía laboral ni puede hacer peritajes. En este caso, parece haber habido un defecto estructural en la medianera que los responsables de la obra no detectaron al iniciar el trabajo, ni tampoco los inspectores, aunque lo más probable es que no hayan ido”, indicaron. En 2011, el sindicato ya denunció 200 obras de demolición con irregularidades.
La Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad ya recibió un pedido de informes hace diez días por parte de los diputados Marcelo Parrilli y Laura García Tuñón (Movimiento Proyecto Sur). Parrilli aseguró que “hay graves irregularidades en las actas de inspección de obras, cuya entrega a los inspectores y su devolución carecen de un control riguroso. De julio a diciembre de 2010, se distribuyeron 8500 actas, pero no se registra devolución de 4200. Es decir, o no se hicieron, o esas actas se utilizaron para coimas. Como todos sabemos, cuando la corrupción destruye los controles, las obras se vuelven trampas mortales.”
Lilian Rodríguez, presidenta de la Asociación de Peritos Verificadores de Obras, reclamó la reglamentación de la Ley 3562, sancionada el año pasado, para inspeccionar las etapas de excavación y demolición, y denunció el “abandono” del gobierno porteño “con respecto al tema controles, que es atroz, en habilitaciones, ascensores y obras, al punto que estamos pensando hacer una presentación en Tribunales contra el jefe de gobierno por incumplimiento de deberes de funcionario público”. Su entidad eleva al Ejecutivo los informes de las verificaciones que realizan. La arquitecta remarcó: “Desoyen nuestros informes. Hay locales con irregularidades que siguen abiertos, obras que figuran como en inicio que ya están habitadas.” La Asociación presentó un proyecto de ley para crear el cuerpo de profesionales verificadores, vinculante a los expedientes, donde se pide que los sorteos sean públicos. “El número de verificadores cada día es menor, no se les paga hace año y medio, y son designados a dedo. Todo es muy raro”, concluyó Rodríguez
Dos de los heridos, de 25 y 28 años, fueron rescatados de debajo de los escombros y trasladados al Hospital Fernández con politraumatismos diversos. El tercero alcanzó a saltar cuando vio que la pared caía, y sufrió heridas leves. Según el encargado de la obra, Gastón Castiglione, no hubo negligencia, aunque dijo haber descubierto recién ayer que “la medianera, que según los planos era una pared de 30 centímetros, tenía en realidad dos láminas de 15”.
Fuentes de la investigación señalaron que “se veía que la pared no estaba apuntalada”. Castiglione, que estuvo demorado en la Comisaría 53 y luego fue liberado por orden del juzgado, agregó que este tipo de “contingencias” son posibles cuando uno empieza a “meterle mano” a una obra, y aseguró que para los edificios linderos “no hay ningún tipo de riesgo”. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) coincidió con las declaraciones del constructor y ratificó que todos los papeles estaban en regla. “Puede haberse debido a un accidente en la construcción. Tenían realizados todos los controles, y las denuncias que se habían hecho en su momento ya habían sido supervisadas. Constatamos que tenían todos los documentos presentados y aprobados”, indicaron a Tiempo desde el área.
En octubre del año pasado, la UOCRA había denunciado ante la Dirección General de Protección del Trabajo porteña una obra en Lafinur 3060, por incumplimiento en mantenimiento y seguridad. “La UOCRA, como sindicato, no tiene poder de policía laboral ni puede hacer peritajes. En este caso, parece haber habido un defecto estructural en la medianera que los responsables de la obra no detectaron al iniciar el trabajo, ni tampoco los inspectores, aunque lo más probable es que no hayan ido”, indicaron. En 2011, el sindicato ya denunció 200 obras de demolición con irregularidades.
La Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad ya recibió un pedido de informes hace diez días por parte de los diputados Marcelo Parrilli y Laura García Tuñón (Movimiento Proyecto Sur). Parrilli aseguró que “hay graves irregularidades en las actas de inspección de obras, cuya entrega a los inspectores y su devolución carecen de un control riguroso. De julio a diciembre de 2010, se distribuyeron 8500 actas, pero no se registra devolución de 4200. Es decir, o no se hicieron, o esas actas se utilizaron para coimas. Como todos sabemos, cuando la corrupción destruye los controles, las obras se vuelven trampas mortales.”
Lilian Rodríguez, presidenta de la Asociación de Peritos Verificadores de Obras, reclamó la reglamentación de la Ley 3562, sancionada el año pasado, para inspeccionar las etapas de excavación y demolición, y denunció el “abandono” del gobierno porteño “con respecto al tema controles, que es atroz, en habilitaciones, ascensores y obras, al punto que estamos pensando hacer una presentación en Tribunales contra el jefe de gobierno por incumplimiento de deberes de funcionario público”. Su entidad eleva al Ejecutivo los informes de las verificaciones que realizan. La arquitecta remarcó: “Desoyen nuestros informes. Hay locales con irregularidades que siguen abiertos, obras que figuran como en inicio que ya están habitadas.” La Asociación presentó un proyecto de ley para crear el cuerpo de profesionales verificadores, vinculante a los expedientes, donde se pide que los sorteos sean públicos. “El número de verificadores cada día es menor, no se les paga hace año y medio, y son designados a dedo. Todo es muy raro”, concluyó Rodríguez
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