jueves, noviembre 10, 2011

¿Es posible construir con seguridad en la Ciudad de Buenos Aires?



 

La construcción en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en las zonas ediliciamente desarrolladas, es un problema técnicamente complejo, que por distintas circunstancias, no siempre puede desarrollarse con la debida seguridad.
Las razones son múltiples y como todo problema complejo no tiene solución sencilla ni inmediata, requiere en cambio una actuación conjunta y sostenida de autoridades nacionales y municipales, de los profesionales involucrados y de los pobladores de la ciudad.
No es cierto, como se escuchó decir por parte de autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la ingeniería es una ciencia exacta. En principio, la ingeniería es algo mucho más abarcativo que la ciencia,  ya que además de basarse en ella, incluye la técnica y el arte. Tampoco es exacta ya que su trabajo se establece a partir de probabilidades de que ocurran ciertos fenómenos, entre ellas la falla de una estructura y la sociedad, a través de sus normas y reglamentos establece esta probabilidad a partir de un equilibrio entre la seguridad deseada y el costo que ello implica. Toda sociedad moderna desarrollada sigue estos principios y nosotros también.
El tema es que para poder encontrar soluciones a los problemas constructivos que se nos plantean, hay que partir de datos ciertos y además disponer y conocer de las técnicas adecuadas para desarrollarlos, recurriendo a todos los conocimientos del arte con que los ingenieros han sido formados. De hecho la etapa de excavación, recalce de muros medianeros y construcción de los cimientos del nuevo edificio es la parte más compleja y delicada en la construcción de un nueva obra y es donde más se ponen a prueba estos conceptos.
Cómo se contrasta esta situación con nuestra realidad. La actividad tal como se desarrolla en la actualidad presenta muchos flancos débiles invalidando parte de estas cuestiones y generando un serio interrogante sobre la seguridad con que finalmente se realizan este tipo de trabajos. Estas debilidades se traducen en los derrumbes que, si bien no son de un número significativo en relación a las obras que se construyen, no deberían ocurrir y de hecho hay que instrumentar todos los recursos disponibles para que no se reiteren.
El profesional que desarrolla el proyecto y la construcción debe necesariamente conocer e interpretar las condiciones que establecen las construcciones linderas. Para ello debe contar con antecedentes de las construcciones linderas, vale decir, planos y demás documentos técnicos que transcriban esa información. La realidad es que en los archivos existentes muchas veces no se dispone de la documentación necesario y/o no reflejan la realidad de lo construido. Este es un aspecto esencial, que no se resuelve fácil ni rápidamente pero que hay que encaminar lo antes posible.
Una tentativa de solución parcial la constituyen los relevamientos que el profesional pueda desarrollar en los predios linderos, lo que desde ya requiere el acceso, mediciones e interpretaciones de lo visualizado, porque mucha de la información valiosa que necesita está oculta, como las columnas dentro de los muros o bajo tierra como son las fundaciones, tensores y otros elementos. Esto que aparece como un paliativo, no siempre es posible de llevar a cabo debido a la negativa de los linderos a facilitar el acceso a su propiedad, sin embargo son datos clave para plantear la solución adecuada.
Adicionalmente están las situaciones de los linderos con deficiencias en las construcción, muchas veces desconocidas por sus mismos habitantes, las obras clandestinas, en general resueltas en condiciones de confiabilidad discutible y las construcciones con escaso o nulo mantenimiento que exponen deficiencias de todo tipo, particularmente en las instalaciones, generando pérdidas de líquidos en el terreno en las cercanías donde deben desarrollarse los trabajos de la nueva construcción.
Como se ve hasta aquí, el grado de incertidumbre con que muchas veces quedan planteados los trabajos a desarrollar en un predio dista generosamente de la precisión de la información que se requiere para plantear y luego resolver el diseño y los procesos constructivos adecuados para transitar esta etapa de los trabajos con suficiente seguridad.
Superada esa instancia de alguna manera, se plantea un problema adicional, en general las excavaciones en un predio requieren soportes transversales al plano vertical de corte de la excavación y la manera más segura y rápida la constituyen los anclajes instalados dentro de predio lindero. La rapidez en realizar este tipo de trabajos es fundamental. Sin embargo esto requiere de un pedido y autorización tanto a los linderos, como al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el caso de la línea de frente. Los linderos, seguramente por desconocimiento de los atributos de esta técnica, en general se oponen a aceptar esta posibilidad. En ocasiones los trabajos se realizan sin autorización de los linderos, por lo que una técnica que favorece la seguridad de la construcción y consecuentemente a la estabilidad de la construcción lindera resulta utilizada en forma ilegal.
Todo este cuadro de situación hace que el punto de partida de profesionales y empresas que se presumen competentes tengan un verdadero escollo para poder encarar los trabajos de excavación y construcción de cimientos en un contexto adecuado.
La competencia e idoneidad en este tipo de trabajos es también un tema que requiere atención. En mi entender, la complejidad, los riesgos y las condiciones tan poco propicias para desarrollar este tipo de trabajos hacen necesaria una formación específica al respecto. Las Asociaciones Profesionales y las Universidades deben recoger este guante y ofrecer la posibilidad de profundizar los conocimientos en estos temas y los profesionales que actúen ellas prestarse a recibirlas.  Mucho se habla de las inspecciones, porque se hacen poco o porque no se hacen, en la discusión hay que incluir quiénes las hacen y con qué capacitación técnica. Ellos no deberían estar excluidos de una capacitación técnica específica.
Como se dijo al principio, es un problema muy complejo, que supera largamente una inspección o una nueva disposición reglamentaria. Los problemas complejos, como este, planteado a partir del derrumbe en la calle Mendoza y reavivado con el colapso del edificio en la calle Bartolomé Mitre, requieren inevitablemente soluciones complejas y la actuación de varios partícipes.
Los puntos de partida para una solución de fondo deberían ser:
–Actualización y validación de los planos registrados de las obras existente y exigencias más estrictas en cuanto información y validez para las construcciones futuras.
–Disposiciones que faciliten el acceso a linderos para recabar información necesaria, con obligatoriedad de realizar los trabajos de mantenimiento cuya falta pueda incidir en la seguridad del proceso constructivo de la nueva edificación.
–Facilitar el empleo de anclajes en los predios lindero y en la línea municipal, con la condición de que sólo serán necesarios durante la etapa constructiva y cuya remoción ulterior sea sencilla y no afecte la estabilidad de la construcción o sus instalaciones.
–Actualización del cuerpo reglamentario, códigos, normas, etcétera, de manera de dejar claramente establecida la legalidad de los actos a desarrollar.
–Capacitación específica destinada a profesionales, representantes técnicos e inspectores, los que deberán cumplir durante la etapa de excavación, construcción de las fundaciones y los muros perimetrales permanencia en obra.
–Concientización de la población. Debe hacerse conocer que la ingeniería puede ofrecer confiabilidad sólo cuando parte de información amplia y verdadera. La colaboración del lindero es fundamental. La construcción de una obra es una molestia sin duda, pero el tema no se resuelve enfrentándose con quien la lleva a cabo si no a partir de la comprensión mutua de los problemas y encontrando juntos las mejores soluciones.  Al fin y al cabo, quieran o no, resultan ser socios de un muro medianero, que los separa, pero que no debería distanciarlos.
Sostener la situación actual de derivar la responsabilidad exclusivamente a los profesionales que actúan en las obras, es no querer ver el problema, o no entenderlo. Así no se soluciona, sólo se encuentran culpables de una situación que en general los supera por mucho en la posibilidad de poder resolverlos con la idoneidad que la sociedad con razón les exige.

Citaron al titular de la Agencia Gubernamental de Control


Javier Ibáñez concurrirá hoy a la Legislatura para explicar a los diputados lo ocurrido desde el viernes. Los damnificados estudian presentar una acción judicial conjunta por estrago doloso.
 
A cinco días del derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre 1232, casi la mitad de los 220 vecinos evacuados pudieron regresar a sus hogares, en tanto que el gobierno porteño presentó el proyecto de ley anunciado por el jefe de gobierno Mauricio Macri para expropiar el inmueble afectado, una propuesta elaborada por el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas.
El texto será tratado el jueves 17, junto a otras tres propuestas de la oposición para solucionar el problema de vivienda de las víctimas del derrumbe. Se decidió además que el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, concurra hoy junto al director general de Fiscalización y Control de Obras, Mario Boscoboinik, a una reunión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura, para responder ante los diputados sobre lo ocurrido el viernes. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, sería citado recién la semana próxima.
En la zona del derrumbe, Macri había anunciado la pretensión de expropiar el inmueble, otorgar a los damnificados un subsidio por el valor de sus viviendas y encabezar la acción judicial contra la constructora, si correspondiese, para recuperar ese dinero. Eso es lo que estipula el texto del proyecto presentado, donde se establece además que el Banco Ciudad, en su carácter de tasador, tome el valor de mercado del edificio al 3 de noviembre.
El proyecto, sin embargo, ya fue criticado por al menos dos falencias: no incluye a los inquilinos y otros tenedores legales y no contempla montos extras para la reposición de equipamiento y pertenencias, ni para los gastos administrativos que demandará adquirir un nuevo inmueble.
Ayer también, víctimas de este y otros derrumbes en la Ciudad expusieron en la Legislatura sus casos, en el marco de una reunión convocada por los diputados Delia Bisutti, María José Lubertino, Sergio Abrevaya, Eduardo Epszteyn y Rafael Gentili. Los vecinos de Bartolomé Mitre conversaron en ese contexto sobre la posibilidad de emprender una acción judicial en conjunto. El ex juez Mariano Bergés, que patrocina a Mónica Nizzardo, habitante del 9º B, adelantó a Tiempo Argentino que ayer se comunicó con al menos otras 12 personas, interesadas en sumarse a la querella.
Este martes, ante la Fiscalía Nº 38, Nizzardo pidió ser tenida en cuenta como “particular damnificada” en una causa por estrago doloso y en la que se demanda al arquitecto Ezequiel Rivarola, responsables de la obra, a la constructora Lemarche SRL y a todos los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pudieran estar involucrados.
“Si hay una ley que no se reglamentó, se deberá tener en cuenta”, dijo Bergés, en relación a la norma 3562, que sancionó la Legislatura porteña tras el derrumbe del boliche Beara, en Palermo, pero que la gestión PRO nunca puso en vigencia. <

Los verificadores de obra denuncian graves irregularidades en el control


La presidenta de la asociación que los nuclea dice que en la Ciudad se finalizan construcciones sin cumplir con todas las etapas de verificación correspondientes. Y cita el ejemplo de una sucursal del Banco Ciudad, en Lavalle al 1400.
 
Mientras continúan las tareas de demolición y búsqueda del hombre desaparecido por el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre 1232, surgieron nuevas críticas de especialistas hacia las tareas de control del Ejecutivo porteño, quien a su vez continúa derivando las responsabilidades en la impericia de los constructores. La obra lindera al edificio colapsado no estaba verificada, sólo inspeccionada, aunque oficialmente nunca se le encontraron irregularidades. Para mejorar los controles previos, los profesionales encargados de verificar las obras que se construyen en la Ciudad pidieron por la reglamentación de la Ley 3562, de modo que explícitamente estipule la verificación en la etapa de demolición y excavación, algo que hoy sucede una vez comenzada la construcción. Además, denunciaron un intento de vaciamiento de la Agrupación de Profesionales Peritos Verificadores (APPV) y la presencia de numerosas fallas en los controles edilicios, señalando como ejemplo una sucursal del Banco Ciudad que se inauguró en pleno centro porteño sin las verificaciones correspondientes.
“Podríamos estar verificando las excavaciones desde hace más de un año. Le decíamos al Ejecutivo: ‘Miren que las cosas están mal, acá va a pasar algo’”, advirtieron desde la entidad, creada en 2000 para “contar con elementos de juicio adicionales a los inspectores”, según el Decreto 733, aunque la decisión de penalizar le corresponde al Ejecutivo. Actualmente son cerca de 1000 los encargados de la verificación de obras, que consta de cuatro etapas: al comienzo de la obra, al colocar la última losa, al terminar la mampostería y en el final de obra. Cada fase es verificada por un profesional distinto, seleccionado al azar por un sistema informático, pero la APPV pone en duda la transparencia del sorteo.
Su presidenta, Eva Lilian Rodríguez, aseguró a Tiempo Argentino que “pagan apenas 300 pesos y nos llaman sólo una vez por mes”. La arquitecta afirmó que, “ante una denuncia, envían a un inspector, no a un verificador, porque lo pueden dirigir. Nosotros no tenemos jefes. Después vieron que la APPV molestaba y la empezaron a dañar, pagando tarde y sin dar aumentos. Tuvimos que ir a la Defensoría del Pueblo.”
Rodríguez enumeró serios problemas en la revisión de las construcciones, como la constatación de los techos de muchos locales públicos, el escaso control de ascensores y tiempos de construcción que se alterarían para optimizar la rentabilidad de los emprendimientos inmobiliarios. En este sentido, mencionó un caso paradigmático:
“Hace unos meses, salgo sorteada para ir a hacer la verificación número 3 de una obra en Lavalle 1443, manejada por la constructora M&M. Llego el 14 de julio y no sólo ya había gente viviendo en un departamento, sino que en la planta baja me encuentro con que estaba funcionando nada más ni nada menos que una sede del Banco Ciudad.” La arquitecta explicó que “primero se necesita la verificación 3 aprobada sin observaciones, y esto estaba lleno de observaciones. Recién después pasa a la etapa de subdivisión, copropiedad, la escritura y la instalación de servicios. Acá se pasó por arriba todo eso.” Rodríguez agregó que “también estaba alterada la carátula. Decía ‘obra nueva’, y le agregaron con lapicera ‘modificación y ampliación’. Hay un incumplimiento absoluto del Ejecutivo que se lava las manos y dice: ‘Si el director de obra no avisa, cómo voy a saber’, pero si pasa eso mandá un inspector a ver por qué no avisa.” Esta situación la denunció a la Agencia Gubernamental de Control (expediente 1867537) el 20 de octubre, y nunca le respondieron. Según acusa, este tipo de hechos “viene sucediendo en forma sistemática. Una y otra vez se consuman los hechos y se postergan las verificaciones correspondientes.”
Otro reclamo de la APPV gira en torno de la reglamentación de la Ley 3562 que crea la figura de verificador de demoliciones y excavaciones, actualmente inexistente. Esto ya había sido discutido con el gobierno porteño el 29 de enero de 2011, cuando se reunieron en una oficina de la Dirección General de Fiscalización y Control el arquitecto Jorge Iribarne (representante del Ejecutivo) y Rodríguez, de la APPV. En el encuentro, el gobierno habló de “ocuparse” de la reglamentación, aunque casi un año después sigue sin concretarla. <

Hallaron un cuerpo entre los escombros del edificio derrumbado en el centro porteño

El cadáver de una persona fue encontrado en la mañana de este miércoles entre los escombros del edificio del barrio porteño de San Nicolás que se derrumbó el viernes de la semana pasada, informaron fuentes policiales.


Por su parte, Mariano Madueña, quien busca desde ese día a su padre Isidoro, que vivía en el inmueble de Bartolomé Mitre 1232, dijo en declaraciones a radio Continental: "Me acaban de informar que encontraron un cuerpo, no sé si es el de mi papá o el de otra persona y tengo que ir a reconocerlo".

Los 23 derrumbes de la Gestión Macri

Desde el 2008 se registran problemas en las obras en construcción y en refacción en edificios de la Ciudad de Buenos Aires. Legisladores porteños denunciaron un listado de eventos que afectaron a los ciudadanos.


La ola de derrumbes no es algo nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que viene desde el 2008, cuando ya los vecinos sufrieron las consecuencias y todos advertían de los problemas. 

Estos son los 23 derrumbes que denunciaron los legisladores porteños: 

Dos obreros estuvieron atrapados y fueron rescatados tras un derrumbe en una obra en demolición en el barrio de Caballito, Valle al 1100. Fue en septiembre de 2008. 

Cuatro meses más tarde, enBillinghurts 1153, seis personas sufrieron lesiones al caerse un encofrado de un edificio. 

Durante febrero, en la calle Chacabuco al 1000, en el barrio de San Telmo, se derrumba una medianera que separaba una panadería de una residencia universitaria. Sin víctimas. 

El 16 de mayo, en el barrio de Floresta, dos heridos deja un derrumbe en una obra en construcción. Fue en la calle San Nicolás al 800. 

El obrero Gustavo Lescano, paraguayo de 28 años, fallece el 27 de octubre de 2009 cuando una medianera se derrumba en una obra en construcción en la calle Sánchez de Loria 1100. Dos meses antes se habían solicitado las inspecciones correspondientes. 

En diciembre de ese mismo año, un hombre murió y otro resultó herido al derrumbarse una losa de una vivienda refaccionado en Córdoba y Pringles. 

Esa misma semana, se desploma el techo de una obra en construcción en Mataderos con el resultados de seis personas heridas. 

Ya en el 2010, no se registraron heridos en un local comercial en el barrio de Colegiales. Se derrumbó mientras estaba siendo refaccionado. 

Nuevamente en Caballito, pero en marzo de 2010, se derrumba una medianera de un edificio lindero a una obra en construcción en la calle Calasanz. Tampoco hubo víctimas. 

Días más tarde, mientras una familia esta comiendo en su casa se derrumba una medianera en la calleJosé Mármol al 800, en Boedo. Ninguno resultó herido. 

Tres pisos de un edificio que estaba siendo refaccionado caen entre las calles Viamonte y Esmeralda, en pleno centro porteño, sin ocasionar heridos en julio de 2010. 

El 8 de agosto mueren tres personas en el derrumbe del gimnasio ubicado en la calle Mendoza 5030, en el barrio de Villa Urquiza. 

Tres días más tarde, una nena resulta herida al desplomarse una obra en construcción en Villa del Parque, en las calles Alvarez Jonte y Condarco.
 
El 10 de septiembre de 2010 se derrumba el boliche Beara, lleno de jóvenes en ese momento de la noche. Dos muertos y 36 heridos graves. 

Vuelve a derrumbarse una vivienda en Villa Urquiza, esta vez sin heridos, en Roosevelt y Triunvirato.

En enero de 2011, fallece un obrero de 42 años. El derrumbe se produjo por las vibraciones de un tractor que estaba trabajando en Lacarra y Riestra. 

El mismo mes, vecinos de Parque Chas denunciaron inestabilidad en una obra, pero fueron ignorados: cedió la medianera. 

Detrozos y graves daños materiales se produjeron cuando una grúa cae desde 35 metros de alto en Las Cañitas, en la calle Báez al 500. 

En abril de 2011, se registran tres heridos al derrumbarse una medianera en Lafinur al 3.000. 

En agosto de este año, un obrero quedo herido con el derrumbe de un encofrado en una obra en construcción en el barrio de Floresta, en las calles Campana y Bacacay. 

El mismo mes, cede el cielorraso de cuatro aulas de la Escuela n°3 B. Irigoyen, ubicada en Montes de Oca al 400, Barracas. 

Hace apenas poco más de un mes, en Directorio 428, fallece un obrero de 23 años al ceder el techo de una edificación a punto de ser demolida. 

El viernes pasado se derrumba el edificio ubicado en Bartolomé Mitre al 1200. Hay un desaparecido y varios damnificados. Los vecinos también habían hecho la denuncia de una obra vecina. 

miércoles, noviembre 09, 2011

Construcción de edificios sin control

“EL MOMENTO DEL POZO ES EL MÁS CRÍTICO”
Lo afirmó esta mañana Gustavo Desplats, integrante de Protocomuna Caballito de la Ciudad de Buenos Aires, a Radio Gráfica FM 89.3 en referencia a la falta de controles en la construcción de edificios de altura.
En conversación telefónica con Jonathan De Felipe y Sergio Isaza, Desplats sostuvo que el control de las obras se realiza bajo una “idelogía neoliberal” sin participación del Estado. El responsable de la obra en construcción tiene que presentar unos planos y unos certificados firmados, nada más, advirtió.

http://www.radiografica.org.ar/2011/11/08/construccion-de-edificios-sin-control/

¡Piedra libre para los ingenieros!

Por Marina Dragonetti
Irregularidades de todo tipo en el sistema de inspecciones y controles edilicios de la ciudad. Los vecinos son los únicos veedores.



La política del hecho consumado: ese parece ser el modus operandi del gobierno porteño en cuanto al sistema de inspecciones y controles edilicios. El derrumbe de Batolomé Mitre, se sumó a por lo menos otros diez “accidentes” relacionados a construcciones o remodelaciones, que en los peores casos incluyeron heridos y muertos. En esta oportunidad, durante el transcurso de la obra, vecinos y organismos como la UOCRA, habían denunciado oportunamente irregularidades como temblores, ruidos molestos y otras cuestiones relativas a las excavaciones. Sin embargo, la Agencia Gubernamental de Control, había determinado que todo se encontraba bajo control y la obra continuó su marcha hasta que sobrevino el desastre.

El vasto mapa de irregularidades y problemáticas que afectan a los barrios comenzó a multiplicarse desde que la gestión de Mauricio Macri decidió darle impulso al negocio inmobiliario. Derrumbes y agrietamientos en las medianeras y edificios linderos por malas realizaciones de submuración, la destrucción de mampostería y de paredes, la falta de medidas de protección para trabajadores y vecinos, construcciones que no respetan las normas de zonificación y la pérdida de identidad en los barrios, son algunas de las consecuencias de este “dejar hacer” incontrolado.

El principal escollo es que la normativa existe, pero por algún motivo no se aplica. A partir del desplome del gimnasio Orion en Villa Urquiza, y luego del reclamo de vecinos y organizaciones sociales, la Legislatura porteña aprobó la ley 3.562 para profundizar los controles de las demoliciones y perforamiento de cimientos en construcciones. El texto establece “la obligación de inspeccionar toda obra de construcción durante las etapas de demolición y excavación, independientemente de las inspecciones que se realicen en el avance de la obra”, previendo tres controles previos, que actualmente no se están llevando a cabo. Además, el artículo tercero indica que: “El representante técnico designado es responsable de la supervisión de los trabajos y de tomar las medidas necesarias para evitar derrumbes, deslizamientos de tierra, daños a linderos y cualquier otro perjuicio que puedan producir los trabajos de excavación, submuración y conexos”. A más de un año de aprobada la normativa, ésta nunca entró en vigencia por desidia o conveniencia de un Poder Ejecutivo que debió reglamentarla.

Actualmente, por aplicación de una ley que ha quedado inefectiva, la primera inspección se realiza una vez finalizada la primera loza; es decir, cuando ya se construyó el techo de la planta baja. Previo a eso, la única exigencia consiste en la presentación de planos e informes a la autoridad de control, que según Gustavo Desplats de la Protocomuna Caballito tampoco se implementa idóneamente ya que “antes de que esté aprobado, se comienza con la obra”.

El legislador Eduardo Epzspein tiene como hipótesis que la causa del desplome en Bartolomé Mitre podría estar en los movimientos de la estructura que provocó la excavación de la construcción lindera. Si esto es así, quiere decir que de haberse aplicado la ley 3562, el derrumbe podría haberse evitado ya que “si hubieran ido cuando estaba el pozo abierto a verificar efectivamente cómo se estaban haciendo las cosas, se podría haber detectado el problema bastante tiempo antes”, como explicó en otros medios periodísticos.

Argucias e ilegalidades


La ilegalidad en las prácticas de construcción forma parte de una política en que ladrillo puesto significa hecho consumado. Por caso, los vecinos de “Salvemos al barrio” de Villa Pueyrredón, pusieron en evidencia esta modalidad cuando denunciaron en 2009 las flagrantes irregularidades cometidas en una obra de Salvador María del Carril al 2100, en dos terrenos lindantes que la empresa había registrado “erróneamente” como dos obras independientes y cuyo arquitecto responsable -Bruno Lamenza- había sido inhabilitado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, durante ocho años por falsificación de firmas. Ante la presión de los vecinos, la AGC (Agencia Gubernamental de Control) realizó una inspección en la que verificó diversas irregularidades y diagnosticó un “serio riesgo estructural”. A pesar de esto y del pedido del jefe de registro de planos -arquitecto Trovato-, de tomar medidas respecto de la suspensión del registro de la obra y la habilitación de Lamenza, al director general, Guillermo Fahler; la obra continuó su curso y actualmente el inmueble se comercializa sin problemas. La argucia de la empresa constructora fue reemplazar al cuestionado Lamenza por un arquitecto asociado en la empresa Argerich 4880; y presentar un informe en el que el nuevo profesional a cargo, arquitecto D’Aqui (quien posteriormente también sería suspendido por el mismo motivo que su colega en otras 19 obras) argumentaba que: “cometí el error de sumar secciones….no dándome cuenta de haber logrado un englobamiento estructural”, y todo resuelto. Ni el recurso de amparo presentado por los vecinos, ni los escandalosos antecedentes de los arquitectos, ni siquiera la férrea constatación del organismo de control de todas las irregularidades cometidas, pudieron frenar lo inevitable: en julio de 2011, Fahler dictaba una resolución en la que además de reemplazar al responsable de obra por un nuevo arquitecto, disponía su continuidad, sin modificaciones, apelando a la “buena fe” de la constructora que aseguraba que todo problema estructural había sido resuelto. Esto, sin mencionar que la obra incumplía además el fallo judicial que dictaminó la adecuación de esa y otras edificaciones de Villa Pueyrredón a la ley 3447 que establece límites a la altura de las construcciones.


Sin permiso para demoler

Las demoliciones clandestinas son otra parte del mismo problema. Según Santiago Pusso de la asociación Basta de demoler, “tenemos registradas muchas demoliciones clandestinas: hacemos la denuncia, se clausura, se viola la denuncia y se vuelve a clausurar. Tenemos un caso en el que tres veces se violó la clausura en un edificio catalogado sobre la calle Carlos Calvo al 2400. Al no haber un control eficiente y tampoco sanciones ejemplificadoras, es una práctica común la clandestinidad para hacer las obras de demolición”. Además, como explica Pusso las clausuras “llegan con varios días de demora” y luego de su efectivización “la clausura no es controlada por nadie”; en todo caso se tiene que esperar una nueva denuncia vecinal para que la autoridad de control vuelva a hacer la inspección pertinente.

Para muchos vecinos, la lucha contra los desmanes que provocan las empresas constructoras no es nueva. En Caballito, después del derrumbe de una vivienda en Pedro Goyena al 1600 en el que tres personas resultaron heridas, algunos se interesaron por el tema y comenzaron a reclamar, solicitando como primera medida la creación de un registro de empresas demoledoras. Bajo la administración de Jorge Telerman se hizo lugar al pedido, y el gobierno de Macri ejecutó la medida a su medida: “Si bien el registro de demoledores existe, con la simple presentación de un CUIT, uno está habilitado en el registro de demoledor, o sea que cualquiera que tenga un CUIT puede hacerlo”, opina Gustavo Desplats de la Protocomuna Caballito. Como consecuencia, la UOCRA estima que “el 80% de las demoliciones en la ciudad de Buenos Aires no cumplen con las garantías de seguridad hacia los obreros y vecinos que establece la legislación vigente”.


Sanciones redituables


Otro de los puntos que con la actual ley continúa desactualizado, tiene que ver con las sanciones que se aplican en caso de incumplimiento. La ampliación de las multas está prevista en el artículo seis de la ley no reglamentada: “El propietario del inmueble será sancionado con multa de 3000 a 30000 a unidades fijas si no se hubiera contratado a una empresa de demolición o excavación inscripta en el Registro Público de Demoledores y Excavadores”. Sin embargo, la letra que sí aplica actualmente establece penalidades tan laxas que resulta hasta económicamente rentable violar la ley. Como explica Desplats “el metro cuadrado construido en la ciudad de Buenos Aires, es muy difícil que baje de los dos mil dólares, y la multa máxima que cobra el gobierno de la Ciudad, no supera los 15 mil pesos. Por un artículo que existe en el Código, uno puede construir todo lo que el código le permite y hasta 100 metros cuadrados más, pagando una pequeña cantidad de dinero. La venta de un departamento de 100 metros cuadrados, te da 200 mil dólares, algo así como 800 mil pesos, o sea imaginate la cantidad de veces que podés pagar la multa máxima”.

Los vecinos a la carga

Ante la incompetencia, desidia o mala voluntad de los organismos de control, las asociaciones y asambleas de vecinos autoconvocados se convirtieron en los verdaderos veedores de los atropellos que ocurren en sus barrios. Fue así como en muchos casos, comenzaron a construir un registro minucioso de la cantidad de irregularidades y problemáticas que verificaban en las construcciones, como atestigua el blog de vecinos de Caballito:

“La casa de México 1660 forma parte del catálogo del punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano. Tiene protección cautelar. Pero se vende para demolición. La denuncia tiene mas de 14 días. (foto CR Marcelo Magalan)”

“La demolición del petit hotel de Av. Juan Bautista Alberdi 1220/22 en Caballito no cumplió con la Ley 3056. (foto CR Carlos Susini Burmester)”


En otros casos, como el de “Proteger Barracas”, se llevó a cabo una tarea de protección del patrimonio histórico en el barrio, con el apoyo vecinal y un trabajo conjunto durante los últimos cuatro años que permitió el registro y preservación de edificaciones con valor histórico. Lamentablemente, a pesar de que existe una legislación de protección patrimonial, la ciudad continúa perdiendo valiosas construcciones. Como explica Santiago Pusso: “respecto de este tema existen dos problemas; por un lado el Ejecutivo todavía no reglamentó las penalidades para aquellos propietarios que atentan contra un edificio protegido: si yo soy propietario de un edificio que está catalogado y lo demuelo, tengo la misma penalidad que si ese edificio no estuviera protegido, que son penas irrisorias, como 10 mil pesos de multa, lo cual significa solo un gasto más dentro de la construcción. Las penalidades no han sido fijadas todavía y es una ley que data del 2004. Por otra parte, la ley que protege edificios construidos antes de 1941, tiene un plazo de vigencia que es hasta fin de año, entonces nosotros estamos peleando para que prorroguen de manera definitiva a esta ley que protege estos edificios” La ley 3056 establece un mecanismo que obliga, antes de realizarse cualquier demolición o modificación sobre una propiedad construida antes del 31 de diciembre de 1941, a que se demuestre que carece de valor patrimonial. Bajo este paraguas, los edificios de Buenos Aires estarán protegidos, pero de no prorrogarse la ley significará un “piedra libre” para cualquier futura demolición.

Sin Estado que funcione

basta de inspeccionar planos. queremos inspecciones de verdad. Macri no mientas mas


En referencia a los motivos del derrumbe, Macri indicó que “si no hay rigor profesional por parte del especialista interviniente, no hay Estado que funcione”. Y agregó: “Hemos visto que el pozo no era el correspondiente, ellos siguen alegando que se hizo según los planos, los peritos tendrán que venir y evaluar. No podés estar las 24 horas del día al lado del profesional, es lo mismo que si el gobierno tuviera que poner otro médico para controlar que se opere bien.”
Desde la Legislatura criticaron la falta de control del macrismo. “Si ninguno de las siete inspecciones pudo detectar que el trabajo podía provocar la tragedia que provocó, es porque o no hicieron el trabajo bien o hubo negligencia fuerte”, señaló Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro).
El Consejo Superior de Geología, en tanto, reclamó reformar el Código de Edificación de la Ciudad incorporando estudios exhaustivos de los suelos donde se ejecuten obras, para saber su capacidad receptora antes de iniciar una construcción.

“Tenemos que estar contentos porque hay un único desaparecido”

Publicado el 9 de Noviembre de 2011

Exabrupto de Macri en alusión a Isidoro Madueña, a quien buscan con perros entre los escombros. Mariano, el hijo del hombre, le contestó: “Tuvo suerte, podrían haber sido 190.” Desde el Ministerio de Seguridad luego se disculparon.
 
A cinco días del derrumbe del edificio de Mitre 1232, continúa la búsqueda de Isidoro Madueña, el hombre de 74 años que residía en el departamento 3° B del edificio colapsado. Ayer, Mauricio Macri se acercó al lugar y dijo que hay que estar “contentos” que “solamente tenemos un desaparecido”. Para Mariano, hijo de Isidoro, la frase es una “vergüenza” y reveló que luego lo llamó el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, para disculparse por los dichos de Macri.
Durante la jornada de ayer una orden judicial suspendió las tareas de demolición y la grúa dejó paso a los operarios que removieron a mano los escombros para buscar a Madueña, con la ayuda de perros. “Tenemos focalizados puntos donde podría estar el cuerpo y ante cualquier vacilación de los canes rastrearemos allí, pero esta tarea no puede demorar la continuidad de la demolición”, sostuvo un vocero del Ejecutivo porteño. Cerca de las 19, Mariano señaló a Tiempo Argentino: “Me acaba de llamar Horacio García, que trabaja con Montenegro, me dijo que los perros marcaron un lugar para buscar a mi viejo, están excavando por ahí.” Hoy los rescatistas continuarán intentando estabilizar la estructura que “sigue siendo de riesgo”. Por la mañana, Macri pidió “paciencia” y dejó otra inoportuna frase: “Hoy tenemos que estar contentos que tenemos un único desaparecido. En otro momento, en un episodio de estos hubiéramos tenido centenares.”
Para Mariano, que habló por última vez con su padre el pasado miércoles, se trata de un comentario “muy desafortunado. Una vergüenza. Macri tuvo suerte, podría haber tenido 190 desaparecidos.”
A su vez, el jefe de gobierno informó que enviará un proyecto de ley para expropiar el edificio derrumbado y prometió retribuirle a los propietarios afectados “el valor del bien que tenían”, de acuerdo a la tasación que realizará el Banco Ciudad. De esta manera, se dará la plata “para que compren otro departamento y la Ciudad se quede con la acción judicial con la constructora. Si no es esta semana, la próxima se aprobará en la Legislatura.” Ayer se sumaron reclamos vecinales para poder retirar objetos de valor en inmuebles linderos y otro grupo que exige indemnizaciones de los bienes perdidos, incluidos comerciantes de las cuadras afectadas que están imposibilitados de trabajar. Sin dar demasiadas precisiones, Macri sostuvo: “Se verá si podemos generar un sistema de compensación adicional.”
Según el propio Macri, la obra fue inspeccionada siete veces y nunca encontraron irregularidades. En tanto, el gobierno nacional le reclamó a Ciudad que “si es necesario, debe haber un ejército de inspectores”. Según declaró a este diario una fuente de la Agencia Gubernamental de Control porteña, “el aumento de inspectores viene ocurriendo sostenidamente a un 20% anual: hoy hay 130 inspectores específicamente de obra. Toda denuncia que ingresa, a lo sumo a la semana está inspeccionada. Pero hay que tener en cuenta el boom de construcciones, que crece un 70% por año”.

Hubo siete controles

Según dijeron desde la Agencia Gubernamental de Control porteña y la Dirección de Protección del Trabajo, entre agosto y octubre, inspeccionaron siete veces la obra de Bartolomé Mitre 1218.
Dos de ellas fueron por la obra propiamente dicha, y otras cinco por denuncias sobre seguridad del trabajo realizadas por la UOCRA.
Las dos primeras, a cargo de la AGC, surgieron tras una denuncia del 5 de agosto de un vecino. La primera inspección fue casi un mes después, el 2 de septiembre entre las 11.40 y 12.30, y la obra presentaba planos registrados. La segunda fue el 26 de septiembre, a las 10, donde se informó que no había comenzado la excavación, que había plano de estructura, submuración y excavación todo registrado.
La Dirección de Protección del trabajo dijo haber recibido dos denuncias de la UOCRA en agosto por temas relacionados sólo a la seguridad en el trabajo. Y que no se hizo mención a alguna falta relacionada directamente con la obra. La Dirección de Protección del Trabajo realizó inspecciones el 13, 14, 19, 21 y 31 de octubre.