La presidenta de la asociación que los nuclea dice que en la Ciudad se finalizan construcciones sin cumplir con todas las etapas de verificación correspondientes. Y cita el ejemplo de una sucursal del Banco Ciudad, en Lavalle al 1400.
Mientras continúan las tareas de demolición y búsqueda del hombre desaparecido por el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre 1232, surgieron nuevas críticas de especialistas hacia las tareas de control del Ejecutivo porteño, quien a su vez continúa derivando las responsabilidades en la impericia de los constructores. La obra lindera al edificio colapsado no estaba verificada, sólo inspeccionada, aunque oficialmente nunca se le encontraron irregularidades. Para mejorar los controles previos, los profesionales encargados de verificar las obras que se construyen en la Ciudad pidieron por la reglamentación de la Ley 3562, de modo que explícitamente estipule la verificación en la etapa de demolición y excavación, algo que hoy sucede una vez comenzada la construcción. Además, denunciaron un intento de vaciamiento de la Agrupación de Profesionales Peritos Verificadores (APPV) y la presencia de numerosas fallas en los controles edilicios, señalando como ejemplo una sucursal del Banco Ciudad que se inauguró en pleno centro porteño sin las verificaciones correspondientes.
“Podríamos estar verificando las excavaciones desde hace más de un año. Le decíamos al Ejecutivo: ‘Miren que las cosas están mal, acá va a pasar algo’”, advirtieron desde la entidad, creada en 2000 para “contar con elementos de juicio adicionales a los inspectores”, según el Decreto 733, aunque la decisión de penalizar le corresponde al Ejecutivo. Actualmente son cerca de 1000 los encargados de la verificación de obras, que consta de cuatro etapas: al comienzo de la obra, al colocar la última losa, al terminar la mampostería y en el final de obra. Cada fase es verificada por un profesional distinto, seleccionado al azar por un sistema informático, pero la APPV pone en duda la transparencia del sorteo.
Su presidenta, Eva Lilian Rodríguez, aseguró a Tiempo Argentino que “pagan apenas 300 pesos y nos llaman sólo una vez por mes”. La arquitecta afirmó que, “ante una denuncia, envían a un inspector, no a un verificador, porque lo pueden dirigir. Nosotros no tenemos jefes. Después vieron que la APPV molestaba y la empezaron a dañar, pagando tarde y sin dar aumentos. Tuvimos que ir a la Defensoría del Pueblo.”
Rodríguez enumeró serios problemas en la revisión de las construcciones, como la constatación de los techos de muchos locales públicos, el escaso control de ascensores y tiempos de construcción que se alterarían para optimizar la rentabilidad de los emprendimientos inmobiliarios. En este sentido, mencionó un caso paradigmático:
“Hace unos meses, salgo sorteada para ir a hacer la verificación número 3 de una obra en Lavalle 1443, manejada por la constructora M&M. Llego el 14 de julio y no sólo ya había gente viviendo en un departamento, sino que en la planta baja me encuentro con que estaba funcionando nada más ni nada menos que una sede del Banco Ciudad.” La arquitecta explicó que “primero se necesita la verificación 3 aprobada sin observaciones, y esto estaba lleno de observaciones. Recién después pasa a la etapa de subdivisión, copropiedad, la escritura y la instalación de servicios. Acá se pasó por arriba todo eso.” Rodríguez agregó que “también estaba alterada la carátula. Decía ‘obra nueva’, y le agregaron con lapicera ‘modificación y ampliación’. Hay un incumplimiento absoluto del Ejecutivo que se lava las manos y dice: ‘Si el director de obra no avisa, cómo voy a saber’, pero si pasa eso mandá un inspector a ver por qué no avisa.” Esta situación la denunció a la Agencia Gubernamental de Control (expediente 1867537) el 20 de octubre, y nunca le respondieron. Según acusa, este tipo de hechos “viene sucediendo en forma sistemática. Una y otra vez se consuman los hechos y se postergan las verificaciones correspondientes.”
Otro reclamo de la APPV gira en torno de la reglamentación de la Ley 3562 que crea la figura de verificador de demoliciones y excavaciones, actualmente inexistente. Esto ya había sido discutido con el gobierno porteño el 29 de enero de 2011, cuando se reunieron en una oficina de la Dirección General de Fiscalización y Control el arquitecto Jorge Iribarne (representante del Ejecutivo) y Rodríguez, de la APPV. En el encuentro, el gobierno habló de “ocuparse” de la reglamentación, aunque casi un año después sigue sin concretarla. <
“Podríamos estar verificando las excavaciones desde hace más de un año. Le decíamos al Ejecutivo: ‘Miren que las cosas están mal, acá va a pasar algo’”, advirtieron desde la entidad, creada en 2000 para “contar con elementos de juicio adicionales a los inspectores”, según el Decreto 733, aunque la decisión de penalizar le corresponde al Ejecutivo. Actualmente son cerca de 1000 los encargados de la verificación de obras, que consta de cuatro etapas: al comienzo de la obra, al colocar la última losa, al terminar la mampostería y en el final de obra. Cada fase es verificada por un profesional distinto, seleccionado al azar por un sistema informático, pero la APPV pone en duda la transparencia del sorteo.
Su presidenta, Eva Lilian Rodríguez, aseguró a Tiempo Argentino que “pagan apenas 300 pesos y nos llaman sólo una vez por mes”. La arquitecta afirmó que, “ante una denuncia, envían a un inspector, no a un verificador, porque lo pueden dirigir. Nosotros no tenemos jefes. Después vieron que la APPV molestaba y la empezaron a dañar, pagando tarde y sin dar aumentos. Tuvimos que ir a la Defensoría del Pueblo.”
Rodríguez enumeró serios problemas en la revisión de las construcciones, como la constatación de los techos de muchos locales públicos, el escaso control de ascensores y tiempos de construcción que se alterarían para optimizar la rentabilidad de los emprendimientos inmobiliarios. En este sentido, mencionó un caso paradigmático:
“Hace unos meses, salgo sorteada para ir a hacer la verificación número 3 de una obra en Lavalle 1443, manejada por la constructora M&M. Llego el 14 de julio y no sólo ya había gente viviendo en un departamento, sino que en la planta baja me encuentro con que estaba funcionando nada más ni nada menos que una sede del Banco Ciudad.” La arquitecta explicó que “primero se necesita la verificación 3 aprobada sin observaciones, y esto estaba lleno de observaciones. Recién después pasa a la etapa de subdivisión, copropiedad, la escritura y la instalación de servicios. Acá se pasó por arriba todo eso.” Rodríguez agregó que “también estaba alterada la carátula. Decía ‘obra nueva’, y le agregaron con lapicera ‘modificación y ampliación’. Hay un incumplimiento absoluto del Ejecutivo que se lava las manos y dice: ‘Si el director de obra no avisa, cómo voy a saber’, pero si pasa eso mandá un inspector a ver por qué no avisa.” Esta situación la denunció a la Agencia Gubernamental de Control (expediente 1867537) el 20 de octubre, y nunca le respondieron. Según acusa, este tipo de hechos “viene sucediendo en forma sistemática. Una y otra vez se consuman los hechos y se postergan las verificaciones correspondientes.”
Otro reclamo de la APPV gira en torno de la reglamentación de la Ley 3562 que crea la figura de verificador de demoliciones y excavaciones, actualmente inexistente. Esto ya había sido discutido con el gobierno porteño el 29 de enero de 2011, cuando se reunieron en una oficina de la Dirección General de Fiscalización y Control el arquitecto Jorge Iribarne (representante del Ejecutivo) y Rodríguez, de la APPV. En el encuentro, el gobierno habló de “ocuparse” de la reglamentación, aunque casi un año después sigue sin concretarla. <
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