Javier Ibáñez concurrirá hoy a la Legislatura para explicar a los diputados lo ocurrido desde el viernes. Los damnificados estudian presentar una acción judicial conjunta por estrago doloso.
A cinco días del derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre 1232, casi la mitad de los 220 vecinos evacuados pudieron regresar a sus hogares, en tanto que el gobierno porteño presentó el proyecto de ley anunciado por el jefe de gobierno Mauricio Macri para expropiar el inmueble afectado, una propuesta elaborada por el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas.
El texto será tratado el jueves 17, junto a otras tres propuestas de la oposición para solucionar el problema de vivienda de las víctimas del derrumbe. Se decidió además que el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, concurra hoy junto al director general de Fiscalización y Control de Obras, Mario Boscoboinik, a una reunión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura, para responder ante los diputados sobre lo ocurrido el viernes. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, sería citado recién la semana próxima.
En la zona del derrumbe, Macri había anunciado la pretensión de expropiar el inmueble, otorgar a los damnificados un subsidio por el valor de sus viviendas y encabezar la acción judicial contra la constructora, si correspondiese, para recuperar ese dinero. Eso es lo que estipula el texto del proyecto presentado, donde se establece además que el Banco Ciudad, en su carácter de tasador, tome el valor de mercado del edificio al 3 de noviembre.
El proyecto, sin embargo, ya fue criticado por al menos dos falencias: no incluye a los inquilinos y otros tenedores legales y no contempla montos extras para la reposición de equipamiento y pertenencias, ni para los gastos administrativos que demandará adquirir un nuevo inmueble.
Ayer también, víctimas de este y otros derrumbes en la Ciudad expusieron en la Legislatura sus casos, en el marco de una reunión convocada por los diputados Delia Bisutti, María José Lubertino, Sergio Abrevaya, Eduardo Epszteyn y Rafael Gentili. Los vecinos de Bartolomé Mitre conversaron en ese contexto sobre la posibilidad de emprender una acción judicial en conjunto. El ex juez Mariano Bergés, que patrocina a Mónica Nizzardo, habitante del 9º B, adelantó a Tiempo Argentino que ayer se comunicó con al menos otras 12 personas, interesadas en sumarse a la querella.
Este martes, ante la Fiscalía Nº 38, Nizzardo pidió ser tenida en cuenta como “particular damnificada” en una causa por estrago doloso y en la que se demanda al arquitecto Ezequiel Rivarola, responsables de la obra, a la constructora Lemarche SRL y a todos los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pudieran estar involucrados.
“Si hay una ley que no se reglamentó, se deberá tener en cuenta”, dijo Bergés, en relación a la norma 3562, que sancionó la Legislatura porteña tras el derrumbe del boliche Beara, en Palermo, pero que la gestión PRO nunca puso en vigencia. <
El texto será tratado el jueves 17, junto a otras tres propuestas de la oposición para solucionar el problema de vivienda de las víctimas del derrumbe. Se decidió además que el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, concurra hoy junto al director general de Fiscalización y Control de Obras, Mario Boscoboinik, a una reunión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura, para responder ante los diputados sobre lo ocurrido el viernes. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, sería citado recién la semana próxima.
En la zona del derrumbe, Macri había anunciado la pretensión de expropiar el inmueble, otorgar a los damnificados un subsidio por el valor de sus viviendas y encabezar la acción judicial contra la constructora, si correspondiese, para recuperar ese dinero. Eso es lo que estipula el texto del proyecto presentado, donde se establece además que el Banco Ciudad, en su carácter de tasador, tome el valor de mercado del edificio al 3 de noviembre.
El proyecto, sin embargo, ya fue criticado por al menos dos falencias: no incluye a los inquilinos y otros tenedores legales y no contempla montos extras para la reposición de equipamiento y pertenencias, ni para los gastos administrativos que demandará adquirir un nuevo inmueble.
Ayer también, víctimas de este y otros derrumbes en la Ciudad expusieron en la Legislatura sus casos, en el marco de una reunión convocada por los diputados Delia Bisutti, María José Lubertino, Sergio Abrevaya, Eduardo Epszteyn y Rafael Gentili. Los vecinos de Bartolomé Mitre conversaron en ese contexto sobre la posibilidad de emprender una acción judicial en conjunto. El ex juez Mariano Bergés, que patrocina a Mónica Nizzardo, habitante del 9º B, adelantó a Tiempo Argentino que ayer se comunicó con al menos otras 12 personas, interesadas en sumarse a la querella.
Este martes, ante la Fiscalía Nº 38, Nizzardo pidió ser tenida en cuenta como “particular damnificada” en una causa por estrago doloso y en la que se demanda al arquitecto Ezequiel Rivarola, responsables de la obra, a la constructora Lemarche SRL y a todos los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pudieran estar involucrados.
“Si hay una ley que no se reglamentó, se deberá tener en cuenta”, dijo Bergés, en relación a la norma 3562, que sancionó la Legislatura porteña tras el derrumbe del boliche Beara, en Palermo, pero que la gestión PRO nunca puso en vigencia. <
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