A un año y cuatro meses de la tragedia, no hay procesados en la causa
"Tenía una vida armada y funcionando, tenía un laburo que me permitía vivir y era mi vocación, y no lo tuve más. Hoy estoy sobreviviendo. Estuve mucho tiempo para recuperarme, salí con una costilla fracturada y un pulmón perforado. Pero tal vez lo que más me cuesta es la cuestión psicológica", cuenta Pablo Galli, el dueño del gimnasio en Villa Urquiza que se derrumbó cuando se trabajaba en una obra lindera y que dejó tres muertos.
Hoy, un año y cuatro meses después de aquella tragedia, no hay procesados en la causa que investiga el derrumbe. Los damnificados directos tampoco recibieron ninguna ayuda por parte del Estado.
A diferencia de lo ocurrido con los vecinos de otro predio derrumbado, el de Bartolomé Mitre 1232, en el caso de los damnificados de Villa Urquiza no hubo subsidios ni refugios, ni siquiera llamadas desde el gobierno porteño para ver cómo se encontraban.
"El día del derrumbe, después de que me encuentran bajo los escombros, me llevan al Hospital Fernández y después me derivan al Hospital Italiano. Nunca más recibí ninguna comunicación del gobierno de la ciudad ni de nadie. No me llamaron ni para saber cómo estaba", le dijo Galli a LA NACION.
Galli es profesor de gimnasia y, de a poco, volvió a trabajar como personal trainer. A causa del derrumbe, perdió a tres de sus amigos: Maximiliano Salgado, Guillermo Fede y Luis Lu.
"Cada vez que en la tele veo algo [del derrumbe en Bartolomé Mitre 1232], cambio el canal. Me dolió muchísimo que había una persona desaparecida y ni siquiera estaban buscándola, tal vez a esa persona le pasaba lo mismo que a mí y no fue nadie. Eso no me entra en la cabeza. Me imagino a mí mismo cuando rezaba para que me siguieran buscando y me encontraran", dice.
Wang Lu, madre de Luis, está muy angustiada: "El gobierno no da la cara ni se ha acercado ni ha hablado por teléfono. Cuando vi el derrumbe de Bartolomé Mitre, me pareció que revivía lo que nos pasó. Sin control, sin respuesta, sin nada. No sé cómo va a seguir nuestra vida, estamos sufriendo muchísimo".
"Lo peor es que se trata de otro hecho totalmente evitable. Pasaron 16 meses. Tienen que controlar, hacer estudios más profundos, parece que la vida de la gente del pueblo no vale nada. Mi hijo era un estudiante brillante, trabajador, muy bueno para el futuro del país. Así, diariamente nos siguen matando", agregó.
En la causa penal por el derrumbe, la juez Fontobona de Pompo (Instrucción N° 45), en febrero de este año, procesó al ingeniero Heyaca Varela, al titular de la empresa constructora Daniel Menta y al titular de la firma dueña de la máquina retroexcavadora José Pataro. Al mismo tiempo, dictó falta de mérito para César Armando Colovini y Juan Domingo Aslla, los dos operarios que manejaban la retroexcavadora al momento del desastre.
Sin embargo, en marzo pasado, la Cámara revocó los procesamientos y pidió un peritaje, en curso desde entonces.
EXPROPIACIÓN DE INMUEBLE
Las víctimas del derrumbe de Bartolomé Mitre, ocurrido a principios de noviembre, recibieron la Navidad en la vereda. Aunque el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y su gabinete fueron invitados, ellos la pasaron solos. Es que, a pesar de que la Legislatura sancionó una ley por la que indemnizaría a los propietarios e inquilinos del cuerpo del edificio que se cayó hace más de un mes, aún no han cobrado ni un peso.
"Lo peor es que no sabemos, ni siquiera aproximadamente, cuándo vamos a cobrar. Nos hablan del subsidio de 70.000 pesos, pero eso es para comprar lo que tendrá el nuevo departamento. Dónde voy a poner lo que compre si no tenemos dónde vivir", se pregunta Mónica Nizzardo, que había firmado la escritura de su departamento una semana antes del derrumbe.
Según la norma, el gobierno pagaría US$ 1750 por metro cuadrado a cada propietario. Anteayer empezaron a convocar a las víctimas para firmar el acuerdo. Sin embargo, hubo varios vecinos que no están conformes, ya que no se incluyó en la ley las eventuales causas que les pudieran imputar a los damnificados por daños a terceros..
Para construir hay que demoler. Y las empresas constructoras, dueñas del boom inmobiliario que actualmente vive nuestra Ciudad de Buenos Aires y muchas de ellas socias, amigas o carapantalla de la actual administración macrista y de su jefe político, necesitan desesperadamente de más y mayor espacio para seguir construyendo sin ton ni son en el paisaje porteño.
