Somos una ONG cuyo propósito es el estimulo de las herramientas de participación ciudadana con la certeza que esto promoverá una mejor calidad de vida.
Nos basamos en la cooperación entre los vecinos a los efectos de potenciar las capacidades generales. Buscando pasar de un conocimiento ingenuo a uno critico. Tanto de el entorno mediato barrial. de la Ciudad, o la Nación.
La Ciudad no apeló y las construcciones quedaron protegidas por la ley anterior.
Por Clarisa Ercolano
Un día antes de Navidad, seis asociaciones civiles que, entre otras cuestiones se encargan de velar por la preservación del patrimonio, elevaron un recurso de Amparo en ese sentido. El Gobierno de la Ciudad no apeló y, de esta forma, el dictamen de la jueza en lo contencioso administrativo tributario Andrea Danas quedó firme. Desde ahora, el ejecutivo porteño tiene prohibido absolutamente dar permisos de demolición o reformas en edificaciones anteriores a 1941.
Basta de Demoler, Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y Protocomuna Caballito, fueron las ONGs que motorizaron el reclamo.
En estos últimos 4 años se recibieron más de 5 mil pedidos de demolición de los cuales, más de 4 mil fueron aceptados. Como contrapartida, apenas 989 edificios fueron “protegidos”.
Ahora, el amparo aclara expresamente que el Ejecutivo “se abstenga de autorizar ninguna demolición en el universo entero de edificios anteriores a 1941”, unos 140.000 inmuebles aproximadamente. La magistrada, aceptó el argumento de urgencia y se expidió.
Ahora, si desde el oficialismo se quiere demoler edificios que superen los 70 años de antigüedad deberá remitirlos al Consejo Asesor y respetar su fallo. Danas agregó la orden de que en un plazo no mayor a cinco días se le comunicara todo trámite que así sea manejado
El amparo presentado el viernes 23 de diciembre por las seis principales ONG de defensa del patrimonio no fue apelado por el gobierno porteño. La inesperada ausencia hace que lo dispuesto originalmente por la jueza Andrea Danas quede en firme. Se trata nada menos que una prohibición absoluta al Ejecutivo de la Ciudad de dar permisos de demolición o reforma. De hecho, la jueza le ordenó al gobierno porteño cumplir la ley de protección de patrimonio que el PRO se encargó de no renovar a fines de año y que venció a la cero hora del 1º de enero.
María Carmen Usandivaras, letrada del grupo Basta de Demoler, presentó el amparo junto a la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y Protocomuna Caballito, con el apoyo de varias organizaciones de San Telmo, La Boca, Boedo y otros barrios. El recurso se originó en un drástico cambio de política del macrismo en la Legislatura, que súbitamente se negó a renovar el procedimiento especial que protegía, de una manera tenue y cuestionable, los edificios de la ciudad anteriores a 1941.
Este sistema había surgido en diciembre de 2007, con el macrismo recién llegado al poder, como una manera de calmar la por entonces novedosa causa por el patrimonio. La flamante Basta de Demoler había ganado un amparo que le impedía al Ejecutivo autorizar demoliciones de edificios que el Legislativo estaba considerando proteger. El amparo había sido sostenido en la Cámara porteña y los patrimonialistas habían sorprendido mostrando una capacidad de movilización y un impacto en los medios inesperados.
Macri no quería arrancar su gestión con el tema explotando, con lo que el PRO aceptó una idea de la entonces diputada y presidente de la Comisión de Patrimonio Teresa de Anchorena. El procedimiento especial se aplicaba a edificios anteriores a 1941, que ya no podían ser demolidos “por ventanilla”, sino que tenían que ser vistos como piezas de posible valor arquitectónico, cultural o social. La revisión quedaba a cargo de un ente poco conocido, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.
En estos cuatro años, el Consejo recibió 5242 pedidos de demolición, liberó 4253 y recomendó a la Legislatura que catalogara apenas 989 edificios. Cada año, el régimen fue renovado sin mayores discusiones, pese a la manifiesta hostilidad de los desarrollistas inmobiliarios y las críticas por la facilidad con que se autorizaban demoliciones de las ONG. Este año, las cosas cambiaron.
El PRO, según dijeron abiertamente varios de sus legisladores, recibió la orden “directo de Macri” de bloquear la renovación de la ley. Cristian Ritondo fue el encargado de la operación, que consistió simplemente en no firmar el despacho correspondiente en la Comisión de Planeamiento –paso que impide que un proyecto sea votado– y en disciplinar a los gritos a quienes se retobaron. Varios intentos de negociar un cambio de actitud, desde la oposición y desde dentro del bloque, fallaron ante la cerrada negativa de reconsiderar la “orden”.
Con lo que las ONG presentaron el amparo, que pide que el Ejecutivo se abstenga de autorizar ninguna demolición en el universo entero de edificios anteriores a 1941, unos 140.000 inmuebles que representan menos del 20 por ciento de la ciudad construida. Por turno, el caso fue visto por la jueza en lo contencioso administrativo tributario Andrea Danas, que aceptó el argumento de urgencia y se expidió al final del mismo día. Danas argumentó en su precautelar que efectivamente es el Legislativo el que debe determinar qué pasa con el patrimonio entero de Buenos Aires, que este sábado a medianoche se quedó sin ley.
La jueza permitió al Ejecutivo un solo mecanismo posible para que se destruyan edificios anteriores a 1941, que es exactamente el que marca la ley que el PRO bloqueó. Si el macrismo quiere que se demuelan edificios de más de setenta años, deberá enviarlos al Consejo Asesor y respetar su fallo. Danas agregó la orden de que en un plazo no mayor a cinco días se le comunicara todo trámite así manejado.
El martes 27, el primero laborable después del receso de Navidad, el caso fue sorteado, paso procesal habitual cuando un amparo es dictado por un magistrado de turno. El tema recayó en el juzgado 10, a cargo del juez Hugo Zuleta, cuyo nombre seguramente es recordado por el mismo jefe de Gobierno. Es que este juez fue quien recibió, todavía en tiempos de Aníbal Ibarra, un amparo presentado por los vecinos de San Telmo/Barracas por el abandono en que estaba el Parque Lezama. Tras interminables apelaciones y vueltas legales, la Cámara confirmó el fallo a favor de los vecinos y ordenó las obras.
Mauricio Macri en persona anunció un plan en tres etapas para restaurar y enrejar el parque, construirle una bicisenda y renovar los juegos. Lo que el jefe de Gobierno no hizo fue pagar la multa de cien pesos diarios que corría desde febrero de 2007, con lo que en 28 de octubre de 2008 se encontró con su sueldo embargado por Zuleta.
Esta vez, el juez se quedó esperando el escrito de la Procuración que, insólitamente, no llegó en el plazo procesal debido. El amparo, hasta ahora una precautelar, quedó entonces en firme.
Los fines de semana largos son utilizados para derribar casas que están protegidas o para reformar las fachadas históricas y convertirlas en locales comerciales.
Edificios que se demuelen a escondidas. Nuevas demandas habitacionales. "De la demolición de la casa de Alfonsina nos enteramos por los medios. Fue un insulto", comenta Santiago Pusso, vicepresidente de la ONG Basta de Demoler.
La metodología utilizada en Flores y Floresta cuando se demuele algo en forma ilegal es aprovechar un fin de semana largo. "Nosotros temblamos, los vecinos están en alerta recorriendo, porque siempre las demoliciones sorpresivas e ilegales se hacen en fin de semana o fin de semana largo" comenta el arquitecto Gabriel de Bella, secretario de la Asociación Civil Salvar a Floresta. Otra estrategia es la denominada "proceso de termita"; cuando un propietario quiere vender un inmueble que tiene valor patrimonial se estila sacarle el techo, de esta manera se va mojando y se arruina por adentro. Luego, se hace la presentación de demolición y el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, al ver todo destruido, autoriza su demolición.
Flores y Floresta tienen situaciones similares. Hoy Flores sufre demoliciones por dos frentes: el lado este de la avenida Nazca que, con la llegada del subte, están destinadas a construir grandes torres. Del lado oeste se está produciendo otra mutilación de la fisonomía urbana producto del centro comercial Avellaneda. Según explicó a Diario Z De Bella, "arrancó siendo eso pero se degeneró con la proliferación de talleres clandestinos, que violan las normas urbanas." Salvar a Floresta nació en 2009, cuando una empresa constructora proyectó una gran torre al lado de una casita. La torre finalmente se construyó pero los defensores del patrimonio le encontraron la parte positiva: "Me sirve como mirador. Voy hasta el piso doce y desde ahí veo todos los centros de manzanas". En la zona oeste de Flores y Floresta se están invadiendo los centros de manzana, desde donde avanzan hasta llegar a los locales. Otro problema es que los fines de semana largos son utilizados para cambiar completamente el frente de una casa e instalar persianas para armar un local. "Nos destruyen todo para hacer persianas metálicas", se queja De Bella.
El primer logro de esta asociación fue salvar el Castillito de la calle Dolores 438, Una casona antigua, de estilo ecléctico. Apareció el cartel de venta y los vecinos se pusieron a trabajar. El terreno valía un millón y medio de dólares, pero la casona se terminó vendiendo a seiscientos mil. "¡Y encima no se la puede tocar! Fue nuestra primera gran satisfacción."
Tanto Flores como Floresta tienen sus áreas de protección histórica (APH), con el correspondiente catálogo de los inmuebles protegidos. No fue fácil para Floresta conseguir ese APH porque se argumentaba que el barrio no "merecía" tener un área protegida, las áreas de protección histórica apuntaban a barrios como Barrio Parque, Recoleta, antiguos edificios y grandes caserones, "y no un barrio bajo de casitas antiguas de tipo chorizo".
El radio turístico que propone hoy la ciudad es muy acotado. "Para alguien que viene de afuera, el diseño de Flores es maravilloso pero no es tenido en cuenta" afirma De Bella. Es un pequeño pueblo que quedó dentro de la ciudad, con su plaza central, la estación de tren el colegio y la iglesia.
Muchos lugares emblemáticos han sido demolidos. En Flores, las casas de Baldomero Fernández Moreno y Conrado Nalé Roxlo fueron demolidas. En Floresta, tiraron abajo, hace más de veinte años, la casa de Alicia Moreau de Justo. La casa de Hugo del Carril tampoco tuvo suerte. La casa de Alfonsina es la herida más reciente al patrimonio.
A pesar de todo, la lucha sigue. Se preservó, por ejemplo, el empedrado de la calle Bacacay que tiene más de cien años. "Por esas calles caminaban Roberto Art y Baldomero Fernández Moreno. Queremos preservar el paisaje. Si los ladrillos pudieran hablar, hablarían de ellos."
Mediante la presente queremos expresar nuestro rechazo a los conceptos vertidos por la Defensora del Pueblo, Sra. Alicia Pierini, en una nota de opinión de Noticias Urbanas publicada el pasado martes 27.
En su calidad de Defensora del Pueblo de la CABA debería defender los “derechos difusos de incidencia colectiva”, que es la razón de ser de sus funciones.
Consideramos de gravedad institucional que un funcionario público exprese de manera abierta su apoyo a sectores corporativos con los cuales tiene vínculos familiares, provocándose un verdadero conflicto de intereses. A ella le caben las mismas inhabilidades e incompatibilidades de los jueces.
Las organizaciones no gubernamentales que recurrimos a la Justicia lo hicimos amparados por los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, las leyes dictadas en su consecuencia y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, los datos expuestos por la Sra. Pierini son erróneos y confusos.
Esperamos la rectificación que pueda subsanar la institucionalidad del prestigioso organismo que conduce, que en varias oportunidades ha brindado su colaboración a las organizaciones del sector civil.
La Justicia porteña concedió el amparo que pidieron las seis mayores ONG de defensa del patrimonio edificado. La medida precautelar, que prohíbe al Gobierno de la Ciudad permitir cualquier demolición o reforma de edificios anteriores a 1941, fue emitida en cuestión de horas por la jueza de primera instancia en lo Contencioso Tributario Andrea Danas. En los próximos días, luego de que se compruebe que no hay otras causas similares, el amparo será sorteado nuevamente para un fallo definitivo.
La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por María Carmen Usandivaras, la letrada de Basta de Demoler, la organización civil que presentó el pedido de amparo junto a la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y la Protocomuna Caballito, con apoyo de varias ONG de Boedo, San Telmo, La Boca y otros barrios. Fue por eso que citó a los peticionantes al final de la tarde y a las 21 horas les comunicó formalmente que había emitido una precautelar prohibiendo las demoliciones.
La medida protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital. Estos edificios cuentan hasta el próximo sábado a las 24 horas con un régimen especial, creado en diciembre de 2007, que impide que sean demolidos “por ventanilla”. El trámite para edificios de esta antigüedad implica que los expedientes sean revisados por el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que puede “desestimarlos” y autorizar su destrucción o girar la carpeta a la Legislatura, recomendando su catalogación definitiva. En cuatro años, el Consejo recibió 5242 pedidos de demolición, permitió 4253 y recomendó la catalogación de apenas 989 edificios.
La jueza Danas, le ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad congelar todos los pedidos de demolición o reforma de edificios cuyos permisos de construcción o su existencia por catastro sea anterior a 1941. Según la jueza, la prohibición se debe mantener hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la ciudad.
de Enrique Viale, el jueves, 29 de diciembre de 2011 a la(s) 9:17
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
Por: Enrique Viale, Sebastián Pilo y Jonatan Baldiviezo *
- LA "DEFENSORA" Y LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA -
La "Defensora del Pueblo de la Ciudad", Alicia Pierini, acaba de pronunciarse -en el sitio web de su propiedad “Noticias Urbanas”- opinando en defensa de la piqueta, la especulación inmobiliaria y la construcción indiscriminada (ver nota "Corralito Inmobiliario" [1] ). Es de una gravedad institucional inusitada, teniendo en cuenta que su misión es defender los intereses generales, y no intentar presionar a la Justicia saliendo en auxilio de intereses particulares.
Lo que no se animaron a decir ni el Gobierno de la Ciudad, ni las Cámaras Empresariales, ni las corporaciones profesionales, lo hizo la “Defensora del Pueblo”. La especulación inmobiliaria agradecida.
La nota de opinión está llena de inexactitudes, o simples mentiras. Por ejemplo, opina la “Defensora” que la Justicia "ordenó al Poder Ejecutivo la suspensión del otorgamiento de permisos de obra o demolición respecto de la totalidad de los inmuebles anteriores al 41 sean o no de valor patrimonial". La señora Pierini no leyó la sentencia que critica. De hacerlo, hubiera evitado malinformar a la sociedad, ya que la medida judicial establece en forma expresa que los inmuebles que no presenten valor patrimonial estarán exentos de la prohibición, mediante un simple dictamen en tal sentido del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Hace años (desde el 2007) que ese mismo procedimiento está vigente en la Ciudad (en virtud de la Ley Nº 2.548, sus prórrogas y modificatorias), sin que cause ninguno de los males que se anunciaron antes de que comience su funcionamiento, y que ahora se vuelven a agitar desconociendo la historia.
Con argumentos que rememoran sus épocas de funcionaria menemista, la “Defensora” hace un llamamiento -casi desesperado- a la “seguridad jurídica”, omitiendo que ésta también es para los ciudadanos en general: seguridad jurídica de que sus derechos a un ambiente sano, a la conservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural sean respetados. En lugar de esta seguridad jurídica, Pierini prefirió defender sólo la de los negocios.
Desinforma también Pierini cuando sostiene que "La Legislatura -representantes del pueblo- tuvo la cuestión en sus manos y tomó la decisión de no seguir prorrogando la ley 2548". La Legislatura no tomó ninguna decisión sobre este tema, no hubo decisión mayoritaria alguna al respecto. Las medidas de dicho cuerpo legislativo se adoptan mediante leyes, resoluciones o declaraciones, y ninguna de ellas ha sido dictada por el Poder Legislativo local. Lo que hizo la Legislatura es justamente omitir adoptar una decisión, aunque aún tiene tiempo para hacerlo, debido a que los 6 expedientes con proyectos de ley que se refieren al tema -en sentido similar al pretendido por la acción de amparo- se encuentran plenamente vigentes y con estado parlamentario (hay proyectos de diputados/as del FAP, del FPV, de la CC, de Proyecto Sur y del PRO, entre otros).
Luego sostiene la “Defensora” que "La inmensa mayoría de lo anterior al 41 con valor histórico o arquitectónico ya ha sido catalogado y por tanto protegido". Muestra aquí Pierini un gran desconocimiento del tema, o simplemente miente. El Gobierno de la Ciudad debió hacer un relevamiento completo de los inmuebles anteriores a 1941 y determinar, en cada caso, si los mismos poseían o no valor patrimonial. Pero como es costumbre, el Gobierno omitió cumplir su deber. De manera que existen decenas de miles de inmuebles cuyo valor patrimonial no ha sido determinado. Tanto es así, que se hicieron públicas en el último tiempo una importante cantidad de demoliciones de edificios que jamás debieron ser destruidos, y que la “Defensora” no puede desconocer. Si para muestra basta un botón, puede la “Defensora” darse una vuelta por lo que fue la casa de Alfonsina Storni, hoy víctima de la piqueta que defiende Pierini. Le podemos alcanzar cientos de otros casos si quisiera instruirse al respecto.
“Despidos en masa”, “crisis económica del sector”, son sólo algunos de los otros dislates que irresponsablemente lanza la “Defensora”, replicando los mismos argumentos que usan los que desmontan los bosques nativos o los voceros de la megaminería cuando pretenden destrozar glaciares de nuestra Cordillera. Hay que recordarle a Pierini que el boom inmobiliario en la Ciudad se dio justamente durante los años de vigencia de la Ley Nº 2.548 -que establece el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial-, el cual la medida judicial en forma análoga ordena.
Es alarmante que la “Defensora” desconozca la Constitución de la Ciudad que obliga a todos sus funcionarios -sobre todo a ella- a promover “… La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico…” (Art. 27 CCABA). Juró hacerla cumplir cuando asumió, como también defender los intereses generales y no el interés particular del lobby inmobiliario.
Este amparo, es cierto, nunca debió haber sido presentado por organizaciones especializadas y vecinales. Ante el incumplimiento del Gobierno de la Ciudad, la acción judicial debió haber sido iniciada por quien tiene mandato constitucional para ello: la “Defensora”. Nuestra acción es consecuencia de su omisión.
Resulta lamentable que, teniendo la posibilidad de defender los intereses del Pueblo, haya privilegiado los negocios de la corporación inmobiliaria. Alicia Pierini puede defender los intereses comerciales de quien se le antoje, la Defensora del Pueblo de la Ciudad NO!
* Abogados en la causa “Asociación Civil Basta de Demoler y otros c/GCBA s/ AMPARO (art. 14 CCABA)” donde se dictó la medida cautelar aludida. (ver: http://www.cij.gov.ar/nota-8476-Fallo-promueve-la-proteccion-del-patrimonio-historico-de-la-Ciudad.html )
[1] Nota de opinión que da origen a esta respuesta en el siguiente link: http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=adcd5b9610d098fc96b32331facd6a6d
- Para enviar adhesiones: enriqueviale@yahoo.com.ar
Adhesiones:
AMAC_ RMN Asociacion Medio Ambiente & Ciudad Región Metropolitana Norte.
Amigos del Parque Central
Asociación Amigos del Lago de Palermo
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Asociación Civil Amigos del Parque Los Andes
Asociación Civil por la Reserva
Asociación Vecinal Lago Pacífico
Colectivo por la Igualdad
Comisión de Vecinos de la calle Irala y Adyacencias
Con-Vocación Barrial (Ciudadanos de Parque Chacabuco)
Frente al inminente vencimiento de la ley 2.548 de protección de los edificios anteriores a 1941, se dictó una medida precautelar que busca impedir nuevas demoliciones. Hay voces a favor y en contra.
Ayer me llamó mi amigo Gastón desesperado. “No se va a poder construir más nada en Buenos Aires”, me gritó por el teléfono como si le hubieran robado el arbolito de Navidad. Apenas se calmó, llegué a entender que estaba caliente porque una jueza prohibió la demolición de edificios anteriores a 1941 hasta que se trate la ley que reglamenta los derribos de edificios de más de 70 años. “Bueno, tranqui, eso se va a arreglar”, intenté calmarlo. “Qué tranqui ni tranqui, iba a construir un edificio en la casa de mis abuelos y ahora, todo para atrás”, me dijo y empezó con su clásica defensa de la libertad de mercado y el rosario anti regulaciones porque resultan dañinas para los negocios, el crecimiento y el progreso de la ciudad (en ese orden).
“El constructor me dijo que esperáramos a fin de año para hacer la demolición y ahora intervino una jueza. En este país no hay seguridad jurídica. Así no va a invertir nadie. Están judicializando la economía”, tiró. Su recital de lugares comunes colmó mi paciencia. Tratando de conservar el espíritu navideño de las festividades, quise explicarle que la medida cautelar impide lo que sería el Festival Veraniego de la Picota; porque, desde 2007, la Ley 2548 protege a los edificios construidos antes de 1941 y ahora, al terminarse la norma y sin una que la sustituya, propietarios y desarrolladores aprovecharían esta suerte de “piedra libre” para derribar todo, no sea cosa que en cualquier momento vuelvan a controlar las demoliciones. “Para las autoridades ya se hizo una buena catalogación de los edificios que merecen conservarse”, contraatacó Gastón. “Sí –le dije–, pero para algunos vecinos no alcanza con haber protegido el 5 % de los 130 mil inmuebles involucrados”. Me cortó en medio de la explicación del valor social del patrimonio arquitectónico y la identidad urbana.
Me quedé pensando en que Buenos Aires debe tener unas 12 mil manzanas y de que la Ley 2548 estuvo vigente más de cuatro años, tiempo suficiente como para consensuar con vecinos y especialistas qué edificios proteger. Y otra cosa, al tipo que no le dejan derribar su casa porque tiene un valor patrimonial, debería compensarlo de forma concreta. A todos nos gusta Buenos Aires, pero no es justo que el esfuerzo de su conservación lo paguen algunos.
En ese momento me llamó El Cuervo: “Che, recién me llamó Garcón (así lo llama por su legendario egoísmo), está como loco porque no le dejan demoler la casa de la abuelita ¡Ja!”. Noté un toque irónico en sus palabras, creo que lo disfrutaba. Después siguió argumentando en contra de las demoliciones: “No puede ser que sigan derribando el patrimonio de la ciudad, corrompiendo su identidad urbana, la codicia del negocio está terminando con joyas de la arquitectura…”. Hasta ahí lo aguanté. Una mezcla de sentido de la justicia y culpa por lo mal que había tratado a Garcón (perdón, Gastón) me empujó a condenar los criterios ultra conservadores que piensan que la mejor arquitectura es la de nuestra oligarquía. Le dije que frenar las demoliciones de edificios anteriores al 41 es tan arbitrario como proteger a los del 45, 42 o 63. Que circunscribir la preservación a una fecha y un puñado de edificios no tiene ningún criterio urbanístico. Qué lo que hay que conservar es el entorno urbano de un lugar o de un barrio, proponer normas de edificación que lo mejoren, ordenen o refuercen su carácter. “Conservar por conservar es reflejo del miedo al cambio”, le tiré y eso le dolió en el alma porque El Cuervo es un revolucionario en estado vegetativo. Lo que vino después es irreproducible, bajo el título: Vos no me vas a decir a mí que soy un conservador, se despachó de tal manera que al cortar, me quedó la sensación de que con el tema de la preservación, había perdido dos amigos, uno por derecha y otro por izquierda.
"Tenía una vida armada y funcionando, tenía un laburo que me permitía vivir y era mi vocación, y no lo tuve más. Hoy estoy sobreviviendo. Estuve mucho tiempo para recuperarme, salí con una costilla fracturada y un pulmón perforado. Pero tal vez lo que más me cuesta es la cuestión psicológica", cuenta Pablo Galli, el dueño del gimnasio en Villa Urquiza que se derrumbó cuando se trabajaba en una obra lindera y que dejó tres muertos.
Hoy, un año y cuatro meses después de aquella tragedia, no hay procesados en la causa que investiga el derrumbe. Los damnificados directos tampoco recibieron ninguna ayuda por parte del Estado.
A diferencia de lo ocurrido con los vecinos de otro predio derrumbado, el de Bartolomé Mitre 1232, en el caso de los damnificados de Villa Urquiza no hubo subsidios ni refugios, ni siquiera llamadas desde el gobierno porteño para ver cómo se encontraban.
"El día del derrumbe, después de que me encuentran bajo los escombros, me llevan al Hospital Fernández y después me derivan al Hospital Italiano. Nunca más recibí ninguna comunicación del gobierno de la ciudad ni de nadie. No me llamaron ni para saber cómo estaba", le dijo Galli a LA NACION.
Galli es profesor de gimnasia y, de a poco, volvió a trabajar como personal trainer. A causa del derrumbe, perdió a tres de sus amigos: Maximiliano Salgado, Guillermo Fede y Luis Lu.
"Cada vez que en la tele veo algo [del derrumbe en Bartolomé Mitre 1232], cambio el canal. Me dolió muchísimo que había una persona desaparecida y ni siquiera estaban buscándola, tal vez a esa persona le pasaba lo mismo que a mí y no fue nadie. Eso no me entra en la cabeza. Me imagino a mí mismo cuando rezaba para que me siguieran buscando y me encontraran", dice.
Wang Lu, madre de Luis, está muy angustiada: "El gobierno no da la cara ni se ha acercado ni ha hablado por teléfono. Cuando vi el derrumbe de Bartolomé Mitre, me pareció que revivía lo que nos pasó. Sin control, sin respuesta, sin nada. No sé cómo va a seguir nuestra vida, estamos sufriendo muchísimo".
"Lo peor es que se trata de otro hecho totalmente evitable. Pasaron 16 meses. Tienen que controlar, hacer estudios más profundos, parece que la vida de la gente del pueblo no vale nada. Mi hijo era un estudiante brillante, trabajador, muy bueno para el futuro del país. Así, diariamente nos siguen matando", agregó.
En la causa penal por el derrumbe, la juez Fontobona de Pompo (Instrucción N° 45), en febrero de este año, procesó al ingeniero Heyaca Varela, al titular de la empresa constructora Daniel Menta y al titular de la firma dueña de la máquina retroexcavadora José Pataro. Al mismo tiempo, dictó falta de mérito para César Armando Colovini y Juan Domingo Aslla, los dos operarios que manejaban la retroexcavadora al momento del desastre.
Sin embargo, en marzo pasado, la Cámara revocó los procesamientos y pidió un peritaje, en curso desde entonces.
EXPROPIACIÓN DE INMUEBLE
Las víctimas del derrumbe de Bartolomé Mitre, ocurrido a principios de noviembre, recibieron la Navidad en la vereda. Aunque el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y su gabinete fueron invitados, ellos la pasaron solos. Es que, a pesar de que la Legislatura sancionó una ley por la que indemnizaría a los propietarios e inquilinos del cuerpo del edificio que se cayó hace más de un mes, aún no han cobrado ni un peso.
"Lo peor es que no sabemos, ni siquiera aproximadamente, cuándo vamos a cobrar. Nos hablan del subsidio de 70.000 pesos, pero eso es para comprar lo que tendrá el nuevo departamento. Dónde voy a poner lo que compre si no tenemos dónde vivir", se pregunta Mónica Nizzardo, que había firmado la escritura de su departamento una semana antes del derrumbe.
Según la norma, el gobierno pagaría US$ 1750 por metro cuadrado a cada propietario. Anteayer empezaron a convocar a las víctimas para firmar el acuerdo. Sin embargo, hubo varios vecinos que no están conformes, ya que no se incluyó en la ley las eventuales causas que les pudieran imputar a los damnificados por daños a terceros..
El Bloque de Proyecto Sur en la Legislatura de la ciudad destacó el fallo judicial que mantiene la protección a los edificios porteños de más de 70 años, que el macrismo había decidido dejar sujetos a la posibilidad de demoliciones sin consulta a partir del 1ro de enero.
La jueza Andrea Danas aceptó el pedido de amparo presentado por organizaciones vecinales una vez que el oficialismo de la ciudad no quiso tratar la prórroga de la ley 2.548, que dispone hasta el 31 de diciembre la protección de los edificios anteriores a 1941.
“Es un triunfo contra los negocios inmobiliarios ocultos que amenazan a nuestro patrimonio arquitectónico y cultural, y una nueva exigencia al Jefe de Gobierno, en la que insistimos, para que haga de una vez por todas el inventario de ese patrimonio, que viene postergando cada año” dijo Julio Raffo, presidente de Bloque.
"La Ciudad de Buenos Aires tiene un patrimonio urbano y arquitectónico de gran valor que forma parte de su identidad", explicó Adrián Camps, autor de un proyecto de ley que establece el relevamiento de todos los edificios que no se hayan estudiado hasta el momento. "La cantidad de demoliciones y obras que se están realizando en la ciudad hace que esta tarea sea urgente y por eso el proyecto establece el término de un año para la ejecución del inventario; además de la colaboración de instituciones académicas, juntas de estudios históricos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, vecinos y organismos afines", agregó.
Por Aníbal Gotelli (Presidente del Instituto para Pensar Buenos Aires –IpeBA-)
Para construir hay que demoler. Y las empresas constructoras, dueñas del boom inmobiliario que actualmente vive nuestra Ciudad de Buenos Aires y muchas de ellas socias, amigas o carapantalla de la actual administración macrista y de su jefe político, necesitan desesperadamente de más y mayor espacio para seguir construyendo sin ton ni son en el paisaje porteño.
Torres y más torres, amorfas, sin estilo, sin aire y sin luz, con medianeras pegadas y hasta encabalgadas unas con otras, edificios entrando adentro de edificios, y piletas y otras “amenidades” que casi no pueden usarse por la sombra que le causan los otros edificios vecinos y colindantes.
Más torres y las misas cloacas. Más torres y el mismo tendido hidráulico. Más torres y más ocupantes y más cables de televisión por cable surcando de poste a poste, de una vereda a la otra, casi todas las calles de Buenos Aires.
Un mamarracho. Eso se está convirtiendo nuestra Ciudad: en un mamarracho. Un mamarracho sin sentido urbano, sin sentido urbanístico, sin planificación, en la que el pensamiento parece haber cedido espacio, definitivamente, a la dictadura de la pura razón mercantil del negocio de la construcción y de la venta inmobiliaria.
Una ciudad de edificios amorfos, sin estilo, sin ningún parámetro ordenado en razón de un planeamiento urbano integral.
También en materia edilicia, necesitamos una Ciudad que nos contenga a todos pero con respeto, higiene, iluminación, aire, sol y servicios suficientes para todos; pero además respetando aquellas construcciones que tienen alto valor histórico o arquitectónico.
Buenos Aires no sólo fue el faro cultural, político, social, económico y comercial de América latina. Nuestra Ciudad fue, además, una de las más bellas, modernas y reconocidas ciudades del mundo por su arquitectura, por el talento de sus arquitectos, ingenieros y decoradores y por tener la mayor y más bella cantidad de edificios, casas, petit-hoteles y palacios de toda América Latina.
Sin embargo, nada impidió que la voracidad de inmobiliarias, constructores y carapantallas cercanas al poder macrista se lanzase a demoler todo cuanto se interponga ante su voracidad mercantil.
De una vez por todas debemos sustituir el concepto de MÁS por el de MEJOR. No queremos solamente más edificios, sino mejores edificios. No podemos seguir construyendo más edificios con la misma cantidad de cloacas. No podemos seguir construyendo más edificios destruyendo el patrimonio arquitectónico y cultural de nuestra Ciudad.
Contrariamente a lo que tendría que haber sido una política estable de protección edilicia del propio estado porteño, fue necesario que varias organizaciones no gubernamentales porteñas se pusiesen al frente de una lucha por rescatar y conservar nuestras construcciones emblemáticas y que una jueza porteña valiente dictase una medida sin precedentes para lograr que las mejores y más bellas construcciones de nuestra Ciudad no caigan víctimas de la demolición.
La acción incansable, decidida, tenaz y profesional de asociaciones como “Basta de Demoler” y “Proto Comuna Caballito” entre otras, tornaron posible que la Jueza Andrea Danas, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9 hiciese lugar a un recurso de amparo por el que se prohíbe la demolición de edificios construidos antes de 1941 hasta que la Legislatura porteña se avenga a tratar el tema de fondo. No está demás recordar que este año la Legislatura de nuestra Ciudad decidió no renovar una ley que protegía de la demolición a los edificios con valor histórico y cultural de construcción anterior a 1941.
Esta medida fue necesaria porque dentro de pocos días, el 31 de diciembre, pierde vigencia la ley 2548 que había establecido un procedimiento especial para la protección de dichas construcciones, y en virtud de ello, corrían peligro unos 140.000 edificios de gran valor arquitectónico, artístico y patrimonial.
La jueza Danas a quien tuve el gusto de tratar un par de veces en este último tiempo en algunos encuentros académicos, vuelve a dictar una medida valiente, justa y sobre todo, ajustada al más puro y simple derecho del sentido común. La doctora Danas vuelve a demostrar, una vez más y como en otros casos de protección de menores y de adictos en los que ha dictado sentencias memorables, que cuando la Justicia trabaja, rápido y bien, es la entidad que más y mejor garantiza los derechos de todos los ciudadanos.
En este caso, la medida de la doctora Danas ha servido para frenar, al menos por un tiempo y hasta que los legisladores porteños recapaciten y emitan una norma pensada, planificada y sustentable, la destrucción de nuestros mejores y más valiosos edificios.
Estamos cansados de vivir en una ciudad llena de placas que recuerda que aquí vivió fulano, aquí vivió mengano, haciendo referencia a próceres del 1800 pero sobre fachadas amorfas de cemento y de cristal recién construidas y que nada conservan del espíritu que anima a nuestros mejores arquitectos, ingenieros y decoradores, quizás de los más reconocidos y requeridos del mundo.
Un país como el nuestro, que dio al mundo celebridades de la arquitectura y del urbanismo como Eduardo Sacriste o César Pelli no se merece tener una Capital manejada sin criterio urbano y humanista.
Desde nuestro Instituto felicitamos y acompañamos actitudes como las de “Basta de Demoler” y “Proto Comuna Caballito” y destacamos medidas como la dictada por la jueza Andrea Danas, porque sólo con actitudes valientes, comprometidas , geopolíticas y estratégicas a largo plazo, vamos a poder construir entre todos una Buenos Aires mejor.
Ordenó a la Ciudad no aprobar demoliciones de inmuebles históricos, hasta que la Legislatura porteña no trate el tema. El sábado caduca la ley que protege las edificaciones con valor arquitectónico.
La noticia llegó casi como regalo de Navidad. Fue algo así como “jugar la última ficha”. Y salió bien. La Justicia hizo lugar a una presentación efectuada por distintas organizaciones y grupos de vecinos y le ordenó al Gobierno porteño suspender el otorgamiento de permisos de demolición de inmuebles históricos de la Ciudad (los construidos antes de 1941), hasta tanto la Legislatura porteña no trate el tema. La resolución trae una bocanada de aire fresco, más teniendo en cuenta que el 31 de este mes caduca la ley que protege a las edificaciones con valor arquitectónico e histórico.
La jueza Andrea Danas, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 9, hizo lugar al amparo presentado por asociaciones que defienden los inmuebles históricos, como “Protocomuna Caballito”, “Basta de demoler”, “Salvemos Floresta” y “Fundación Ciudad”, entre otras. Así, con su resolución, la Justicia “protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital”, explica el fallo.
En la actualidad, para que una casa anterior a 1941 pueda ser demolida, se necesita la autorización del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, un organismo que determina si la edificación tiene valor patrimonial. Sin embargo, la ley 2548 no recibió una prórroga por parte de la Legislatura durante el año -a pesar de algunas presentaciones por parte de la oposición-, y a fin de mes caduca la protección.
Durante la última sesión extraordinaria, tampoco pudo ser tratado un proyecto de la diputada María José Lubertino (FPV), que buscaba “catalogar los inmuebles históricos” antes de autorizar cualquier modificación.
De ahí la urgencia de recurrir a la Justicia, que por suerte escuchó el reclamo.
LUNES, DICIEMBRE 26, 2011FACUNDO CORNEJO0 COMENTARIOS
La Justicia dio lugar a un recurso de amparo que protege a edificios anteriores a 1941. Fue a raíz de una presentación realizada por ONGs, luego de que la Legislatura no renovara la ley que les daba protección.
Casas antiguas en calle Carlos Calvo
La Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por organizaciones vecinales y ordenó al Gobierno de la Ciudad no demoler los edificios construidos antes de 1941 “hasta que la Legislatura trate el tema de fondo”.
La jueza Andrea Danas, del juzgado contencioso administrativo y tributario número nueve de la Ciudad, hizo lugar a la presentación de las organizaciones “Basta de Demoler”, “Fundación Ciudad”, “S.O.S Caballito” y “Proto Comuna Caballito”, entre otras, como consecuencia de que la Legislatura no renovara una ley que protegía de la demolición a los edificios con valor histórico y cultural anteriores a 1941.
En un comunicado publicado en su página web, Proto Comuna Caballito señaló: “La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por varias ONGs ante la caída del régimen especial de promoción patrimonial el 31 de diciembre de este año (en referencia a la Ley 2.548)”.
“La medida protege los 140 mil inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la Capital”, precisó la entidad vecinal.
Proto Comuna Caballito expresó además que la jueza “le ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad congelar todos los pedidos de demolición o reforma de edificios cuyos permisos de construcción o su existencia por catastro sea anterior a 1941”.
La organización vecinal hizo referencia a que el fallo de la jueza mantiene el impedimento "hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la Ciudad".
Por su parte, Basta de Demoler, que también emitió un comunicado, sostuvo: “Durante el año 2012, la Legislatura de la Ciudad deberá tratar los proyectos de ley que promueven dar protección legal efectiva a estos inmuebles patrimonialmente valiosos. La medida judicial dispuesta permitirá que mientras transcurra dicho debate no exista especulación inmobiliariaque pretenda apurar las demoliciones aprovechando la desprotección legal”.
La Ciudad no apeló y las construcciones quedaron protegidas por la ley anterior.
Por Sergio Kiernan
Para construir hay que demoler. Y las empresas constructoras, dueñas del boom inmobiliario que actualmente vive nuestra Ciudad de Buenos Aires y muchas de ellas socias, amigas o carapantalla de la actual administración macrista y de su jefe político, necesitan desesperadamente de más y mayor espacio para seguir construyendo sin ton ni son en el paisaje porteño.