Otra traba para el patrimonio

Un flamante asesor en la Comisión de Planeamiento se está haciendo notar por su oposición a proyectos patrimonialistas. Ex funcionario del Ejecutivo, este personaje fue sumariado por demorar cientos de expedientes de obra.

Defender el patrimonio puede ser muy cansador, porque destruirlo es un buen negocio, lo que atrae al malón. Donde la preservación invoca cierto idealismo de la historia y la experiencia urbana, la piqueta busca la plata fácil y rápida. Una de las maneras de lograrla es poniendo personas clave en lugares clave para escupir asados diversos, poner palos en las ruedas y trabar todo. Ya es difícil direccionar el sentido de la gestión pública en el mejor de los casos, con lo que estos personajes sensibles al lobby pueden ser peculiarmente dañinos.

Un personaje con una verdadera vocación por defender las demoliciones acaba de hacerse notar en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña. Se trata de Carlos Benavides, un cincuentón asesor del diputado Martín Ocampo (PRO), que está irritando hasta al bloque propio con sus actitudes. Y el hombre tiene su historia.

Benavides fue funcionario porteño y fue protagonista de lo que debe ser el primer sumario grave de la administración Macri. El actual asesor legislativo era titular del área de Supervisión de Interpretación Urbana, parte de la Dirección General del mismo nombre, que depende de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano. Ya en enero de 2008, con Macri apenas calentando la silla, el ministro Daniel Chaín le instruyó sumario administrativo por faltas graves.

El escrito con que Chaín decide tiene fecha del 25 de enero del año pasado, pero remite al Expediente Administrativo 3098/08 y arranca implicando que Benavides entró en el radar de la nueva gestión por su estupenda capacidad de trabar expedientes. Según se desprende de la prosa burocrática, los nuevos titulares comenzaron un arqueo de situación al asumir, cosa de cordura básica. La Dgiur avisó por la cadena de mandos que había encontrado “quinientas ochenta y nueve actuaciones sin resolver” en el área de Supervisión.

Este número es espectacular y seguramente fruto de largos meses de labor por parte de Benavides. El hombre tenía, sin embargo, su método, que el escrito explica tersamente como “un orden aleatorio de tratamiento que no responde a lógicas administrativas de gestión”. Esto es, los expedientes salían como le parecía al titular.

Con 589 expedientes parados y las resoluciones saliendo como le conviniera a Benavides se genera un estado de sospecha clarísimo. “La situación informada viola flagrantemente los tiempos normales de trámite establecidos”, dice el expediente, que agrega que en ningún momento “obran en los expedientes informados ni en la explicación adjunta circunstancias de excepción que justifiquen la demora”.

La explicación de Benavides es realmente notable. El entonces funcionario dice que la demora se debe a una “decisión de servicio” y a la “atención de prioridades fijadas por las sucesivas autoridades políticas”, lo que suena a cuidado de una caja por orden superior.

El expediente culmina avisando que este tipo de tropelías pueden dar lugar a juicios contra la ciudad, por lo que remite el tema a la Dirección General de Sumarios de la Procuraduría General porteña y aprueba que se abra un sumario administrativo.

Curiosamente, Benavides fue expulsado del Ejecutivo porteño por la gestión del PRO pero este año encontró conchabo con Martín Ocampo, otro PRO que se ganó la banca también en diciembre de 2007. Ocampo forma parte de varias comisiones legislativas, pero la que importa en este cuento es la de Planeamiento, área de “experiencia” del ex funcionario sumariado.

Una de las cosas que no figura en el expediente de enero de 2008 es que Benavides tenía el sí fácil en eso de permitir demoliciones de edificios patrimoniales. A medida que amplió su escenario de acción, quedó en claro que es un enemigo drástico de todo lo que sea preservación, como lo está mostrando en su nuevo rol de asesor.

Resulta que los proyectos de catalogación y creación de APHs tienen que pasar por la Comisión de Planeamiento de la Legislatura. Estos proyectos ya enfrentan el reduccionismo ideológico de los arquitectos, el hambre de negocios de las constructoras y su capacidad de lobby a través del CPAU y del Copua. Benavides se suma a estas líneas con alegría y hasta se puso a frenar proyectos de catalogaciones de la misma bancada del PRO, esto es de los colegas de Ocampo, Patricio Di Stefano y Marta Varela.

El caso más increíble fue el proyecto de crear una APH en la avenida Callao. Este proyecto ya tiene primera lectura y resultó muy poco controvertido porque protege edificios notables y de gran porte, que por su mismo tamaño y valor material difícilmente sean demolibles. Como siempre ocurre, la ley con primera sanción volvió a la Comisión de Planeamiento. En general, con una ley que ya se votó en el recinto hay poca discusión, pero Benavides se empezó a lucir tratando de trabarla. Fue en la reunión de asesores, que tiene existencia formal y resulta una primera discusión de los proyectos antes de que los traten los diputados. Benavides, que tiene un estilo confuso y oscuro, difícil de entender, comenzó a cuestionar los límites de altura en la avenida y siguió con una suerte de exposición en contra de la misma idea.

Como es muy, pero muy difícil derribar un proyecto que ya tiene media sanción, a Benavides le fue mal: los diputados firmaron todos el proyecto, con lo que la segunda votación es inminente. Hasta su jefe, Ocampo, firmó la iniciativa de su colega de bancada. Pero Benavides está en posición para atacar otros proyectos que están por entrar a la Legislatura o que ya están dando sus primeros pasos.

Barracas vigilante

El valioso garaje de la calle Uspallata al 700 apareció tapiado y los vecinos temen que lo vayan a demoler desde adentro y clandestinamente. Otro caso de vandalismo para burlar el nuevo marco legal.

Por Sergio Kiernan

Cuando uno tiene hijos, se acostumbra a repetir infinitamente cosas como que hay que lavarse los dientes –y las manos, y la cara– o que correr escaleras abajo no es realmente una buena idea. Los pequeños salvajes rezongan y ni siquiera pueden concebir que la falta de cepillo pone a los dientes verdinegros poco antes de hacerlos caer. Ni hablar de accidentes diversos, quebraduras y otros temores de los padres. Los niños exhiben esta inconsciencia porque son niños, en estado de inocencia, y sólo un Scrooge podría acusarlos de hacer trampa.

Pero este repetir reglas y anunciar consecuencias resulta particularmente desagradable entre adultos, porque significa que alguien hace trampa, que no puede creer que tiene que dejar de hacer algo. Es lo que está pasando con las demoliciones clandestinas: hay una ley que prohíbe demoler cualquier edificio construido antes de 1941 sin un permiso especial, pero varios avivados creen que no es con ellos, que pueden demoler igual y luego todo se va a arreglar igual.

El caso más reciente fue descubierto por ese gran recurso porteño, el blog de los vecinos de Proteger Barracas –protegerbarracas.blogspot.com–, en la calla Uspallata al 700. Es un edificio del tipo que hizo a Buenos Aires un garaje con dos viviendas en propiedad horizontal, realizado a lo grande en lo que era una ciudad nueva, rica y bien construida. Como se ve en las fotos, el edificio acaba de ser tapiado y los vecinos sospechan que la demolición es inminente y de adentro hacia afuera.

El terreno donde se alza esta belleza tiene 1600 metros cuadrados, lo que permite en principio construir varios pisos de altura. Como la arquitectura argentina no es más que una maqueta de lo que supo ser, lo nuevo será seguramente muy inferior a lo demolible. Basta ver los elementos del edificio actual: proporciones equilibradas, herrerías eternas y elegantes, pilastras, querubines, aberturas verticales, piel dura de Piedra París. Y esto en un garaje de barrio, construido por un honesto seguidor del canon de la época para un cliente que quería hacer una inversión rentable...

El garaje no puede ser demolido legalmente por la simple razón de que cuenta con una doble protección. Por un lado, cae bajo la ley 3158 que se debate en la Legislatura porteña para proteger especialmente una amplia zona de Barracas, nuestro sur intacto. Como el proyecto tiene estado parlamentario, ya quedaron inhibidos los muchos edificios que abarca.

Y por el otro lado, el edificio es evidentemente anterior a 1941 y está protegido por la 3056, ya sancionada, que crea un mecanismo especial. Si los vándalos quisieran demoler el garaje por derechas, tendrían que presentarse por ventanilla a pedir el permiso de obra correspondiente. Allí les avisarían que esa parcela urbana está inhibida y que el trámite se tiene que girar al Consejo Asesor en Asuntos Urbanos, CAAP, para que lo debata. El CAAP, que reúne privados, ONGs, ejecutivo y legislativo, revisa el caso particular y decide recomendar su catalogación o demolición. En el primer caso, el trámite va a la Legislatura, en el segundo vuelve a la ventanilla original.

Ultimamente, a todos quienes siguen estos temas de cerca les están entrando dudas sobre dónde están parados en el CAAP, que tiene el sí fácil para las demoliciones y se pone a justificarlas en arquitecturés, hablando de “contextos urbanos” y otras macanas. Pero la cuadra de Uspallata al 700 es casi perfecta, de una altura tan pareja que parece trazada a cordel, con sus arquitecturas en orden y hasta con un empedrado en buen estado. Ni el arquitecto Alvarez encontraría un argumento de buena fe.

Con lo cual lo único que queda es vandalizarla, romperla toda, dejarla hecha una cáscara, de modo que el CAAP muestra su falta de rigor y decida, como se permitió opinar en el caso del Kalnay en la calle Palestina, que ya no vale la pena preservarla. En Barracas, los vecinos están vigilando que esto no pase y, si el Ejecutivo cumple su palabra, en breve podrán denunciar las demoliciones para que los autores paguen duras multas de hasta medio millón de pesos. Esto será cuando llegue a la Legislatura el reglamento de penalidades preparado por el Ministerio de Cultura para quienes destruyan el patrimonio.

“Macri hace una gestión municipalista en el peor de los sentidos”

En su nuevo libro Ciudad vista, la escritora analiza el impacto de las tecnologías y los shoppings en la vida urbana. Habla de la inseguridad, de los artesanos, de la invasión del espacio público y de los rastros de las crisis de 2001 en Buenos Aires.

“Los ciudadanos exigen medidas de seguridad, pero no son capaces de discutir las consecuencias”, dispara Beatriz Sarlo, profesora, escritora, crítica literaria y profusa ensayista autora de más de catorce libros. Armada de una mirada quirúrgica, pero con gran sensibilidad, recorrió Buenos Aires durante varios años y analizó sus transformaciones de las últimas décadas. En esta búsqueda antropológica que conforma Ciudad vista. Mercancías y cultura urbana, su último libro editado por Siglo XXI, Sarlo pone el foco en la circulación de mercancías, desde los shoppings hasta los artesanos; la irrupción de las grandes construcciones; el comportamiento de las nuevas migraciones y los nuevos usos del espacio público, definidos también por las consecuencias de 2001.

De la ciudad posmoderna, colmada de reclamos por la inseguridad y atravesada por nuevos actores sociales, afirma sin nostalgias: “Pensar que las señoras van a dejar de ver televisión para ir a tejer a la vereda como en 1950 es ridículo”. Por eso dice que es imprescindible “defender aquello que sus habitantes pueden hacer con algún grado de espontaneidad, como la huerta orgánica de Caballito destruida por las topadoras de Macri”.

–Uno de los ejes de su libro es el análisis del uso del espacio público. El gobierno de Mauricio Macri promete instalar más cámaras filmadoras para controlar el delito en la ciudad. En este combate contra la inseguridad, ¿qué riesgo colateral corre la población?

–Los ciudadanos piden las medidas de seguridad, pero no son capaces de discutir las consecuencias. Exigen la vigilancia sobre lo urbano y luego se escandalizan cuando una huerta orgánica es destruida por las topadoras de Macri. Eso entra en la lógica del equilibrio entre vigilancia-seguridad y la implantación de un uso restringido del espacio público. Es necesario repensar ese equilibrio constantemente. No se trata de que no haya ningún espacio público sin rejas. El tema no es la reja en sí, sino la vigilancia autoritaria que se ejerce sobre la ciudad.

–¿Cree que hay una lógica autoritaria en el gobierno porteño cuando impulsa medidas sobre el espacio público?

–El desalojo por la fuerza de la huerta orgánica, que no comía espacio sino que estaba pegada a una plaza, es el claro ejemplo de una visión autoritaria del funcionamiento del espacio público. El sostenimiento de la huerta es un espacio de ciudad que se construye espontáneamente. Y acá radica su importancia. Porque si hay algo que defender en las ciudades de la posmodernidad, es aquello que sus habitantes pueden hacer con algún grado de espontaneidad, que ni el mercado, ni el autoritarismo, ni el Estado con sus mejores intenciones pueden construir.

–Más allá de esta particularidad y a un año y medio de que Macri ganara las elecciones por más del 60%, ¿qué evaluación hace de la administración local?

–Me parece que Macri hace una gestión municipalista en el peor de los sentidos del término. La ciudad es sólo luminaria y bacheo. Es una administración inocua. Eso es evidente en la forma que interviene. Y los proyectos que encara son propios de los Centros de Participación y Gestión, en caso de que se implementara la Ley de Comunas. No tiene ningún gran proyecto para Buenos Aires.

–Según la oposición, los únicos grandes proyectos que tiene son los supuestos negocios inmobiliarios…

–A Macri no le quedan ya sino las migajas para los negocios inmobiliarios. El gran avance sobre el espacio público se dio con las construcciones de torres autorizadas por gobiernos anteriores. Incluido el espacio aéreo, que es eminentemente público porque está relacionado con el uso de la luz y la renovación del aire, entre otras cosas. Gracias a las excepciones al Código de Edificación, Buenos Aires se llenó de torres. La gran operación inmobiliaria de Buenos Aires fue de (Carlos) Grosso, cuando impulsó la remodelación de Puerto Madero con un enorme éxito para el mercado inmobiliario.

–Lugares como Puerto Madero o el “Faena District”, donde muchos sólo pueden contemplar como en los centros comerciales, ¿no comienzan a parecerse a los shoppings a pesar de diferir en el funcionamiento?

–Con el tiempo puede ser que terminen transformándose en un centro de mercancías al aire libre. Pero por el momento no. El shopping es una especulación inmobiliaria, pero también la última forma de disposición de las mercancías móviles, constituyendo una burbuja dentro del espacio urbano. Se opone a la ciudad moderna, que entró en crisis y se terminó, en primer lugar, por el avance de la pobreza y por el imaginario de la inseguridad. Otra de las causas es la crisis del sistema del transporte.

–Otro grupo social que aparece en su libro son los artesanos. ¿Considera que representan una resistencia al avance autoritario sobre el espacio público?

–Más bien creo que los artesanos hacen lo que no pueden dejar de hacer. Son gente que no tiene trabajo, no puede conseguirlo o ya se habituó a una cultura de ese estilo. Cuando una persona está quince años sin empleo, no hay nadie que lo lleve de vuelta al mercado laboral. Esa gente ocupa el espacio público porque está sobreviviendo.

–Pero muchas veces desde el gobierno y desde parte de la sociedad se cuestiona por igual la presencia de los artesanos y los vendedores ambulantes, con mafia o sin ella.

–La ciudad es conflicto, pero la perspectiva de un gobierno tiene que distinguir entre los problemas fundamentales y los secundarios. Es mucho más escandaloso que se otorguen permisos para la edificación por sobre lo que marca la ley, que una persona venda ositos de peluche en la calle. Los vendedores ambulantes, como gran parte de la población, vienen golpeados de varias crisis económicas.

–En ese sentido, ¿cómo impactaron las distintas crisis en la geografía urbana?

–La distribución del ingreso se refleja en la nueva división de Buenos Aires. Sur y norte no son solamente lugares en el mapa, sino conceptos de estratificación social. El sur ha avanzado hacia el norte, que es cada vez más chico. Antes, como decía Borges, el sur terminaba en Rivadavia. Hoy llega hasta Santa Fe.

–Una de las divisiones analíticas que utiliza en Ciudad vista es “La ciudad de los pobres”. ¿Cree que hay una tendencia a naturalizar la indigencia por parte de los porteños?

–Hubo un momento de sensibilización extrema en la sociedad durante 2001 y 2002. Cuando las capas medias y medias bajas pensaron que les podía pasar lo que estaban viendo que les pasaba a los pobres. Se tomaron muchas iniciativas muy románticas. Como los centros de trueques, a partir de los cuales las capas medias iban a trocar como si estuviéramos de nuevo en el siglo X. Pero cuando terminaron de caer todos los que iban a caer, este sentimiento de solidaridad futura se extinguió. O al menos se atenuó. Es que exigir al resto de los habitantes un estado de visión de shock permanente es imposible.

–Pero es una problemática que desde el Estado los distintos gobiernos no pudieron dar respuesta...

–Lo que resulta inconcebible es que, después de haber atravesado la crisis, todavía haya chicos en las calles y el Estado no haya implementado políticas activas en este sentido. Sin internarlos en institutos de educación, que sería lo mismo que si los llevaran al quinto círculo del infierno. Pero no es un problema sólo de Macri. Tampoco pudo ser solucionado en las administraciones anteriores.

–Bueno, pero el jefe de Gobierno no se caracteriza por su vocación social...

–Es cierto que no tiene un discurso fuerte sobre lo social. Interpela al “vecino respetable”, no a los otros. Sin embargo, las anteriores administraciones tenían un discurso que hacía eje en lo social y al final dudo de que hayan materializado políticas activas para modificar la situación de los más necesitados. Claro, son más simpáticos los dirigentes que tienen un discurso con contenido social. Pero son más simpáticos aún los que tienen una acción y un plan concreto.

–El macrismo suele referirse a los porteños como “vecinos” y no como ciudadanos. ¿No cree que hay un vaciamiento de sentido en esa interpelación?

–Es verdaderamente insultante que a los habitantes de Buenos Aires se los trate de vecinos, como si no fueran ciudadanos, como si no tuvieran derechos. Aunque todos le hablan al “vecino”. No es una exclusividad de este gobierno.

–¿El miedo atenta contra la libertad de la ciudad?

–Coarta de manera subjetiva a los habitantes de la ciudad. No simplemente por el sistema de vigilancia. Les impide moverse por la ciudad por razones que son objetivas, por una parte, porque ha aumentado la inseguridad en todas partes de mundo, pero también subjetivas, por otra, porque se trata de cómo es vivido ese aumento. En esta cuestión, los grandes responsables son los medios de comunicación.

–¿Por qué?

–No son capaces de definir el tema de la inseguridad en términos comparativos. La prensa fogonea el miedo y oculta que Buenos Aires es, junto con Santiago de Chile y Montevideo, la ciudad más segura de América Latina. Otra cuestión son las villas como la 1.11.14. Pero yo no conozco ningún habitante de Belgrano que pasee por ahí. Los lugares más inseguros son donde viven los más pobres. El discurso del miedo está construido de manera hiperbólica en la prensa. Claro que la dimensión comparativa no consuela ni concierne a las víctimas, pero sí puede concernir a la colocación del resto de la sociedad en el espacio público.

–Ante esas problemáticas muchas veces se añoran tiempos anteriores. ¿Hay una idealización del pasado?

–Es que se quiere construir una imagen de una ciudad que es imposible. La gente mayor de 40 años, que es la voz cantante en la problemática de la inseguridad, tiende a decir que “todo pasado fue mejor”. Entonces, la ciudad de su infancia era más linda, más segura. Pero no se puede construir política sobre la idea de nostalgia. Tiene que ser considerada como un dato subjetivo, no como una objetividad para la política.

–En ese sentido, ¿cuánto influye el discurso oficialista?

–La otra cuestión es que Macri les habla a los vecinos acerca de que es posible restaurar la Buenos Aires de 1950. Pero esta ciudad no existe más. No se pueden pensar políticas para retrotraer el uso de la ciudad a 1950, donde los chicos jueguen a la pelota en la calle mientras pasan autos a 150 kilómetros por hora. Ahora el uso del espacio público está dado en los grandes espacios. Pensar que las señoras van a dejar de ver televisión para ir a tejer a la vereda es ridículo.

–¿Qué impresión le causa la emergencia de los nuevos barrios reciclados, como Palermo?

–Lo interesante de la modificación de Palermo es que no se trató de una gran operatoria inmobiliaria sino de una movida de sus habitantes para defender el barrio. Los Sensibles de Palermo y otros grupos de vecinos fueron los primeros en defender una forma del uso del espacio público y del uso de la propiedad que constituía su identidad. Recién después entraron los desarrolladores inmobiliarios, que aprovecharon las dotaciones de las viejas casas para convertir a Palermo en lo que es hoy: un inmenso patio de comidas con un circuito de ventas al aire libre.

–Las casas ocupadas también emergieron en la urbanidad porteña como el reflejo de una problemática habitacional. ¿Qué piensa de ellas?

–Las casas tomadas son la precaria solución de vivienda para gente que no la tiene. Ya sea enviada ahí por caudillos políticos o caudillos inmobiliarios, que van alquilando las piezas de las casas porque saben cuáles se pueden tomar. Las ocupaciones no siempre son espontáneas. Y, naturalmente, las casas tomadas no producen ciudad en el sentido de innovación. No se pueden reproducir esos modelos. La gente vive de la peor manera posible, en condiciones horribles de sanidad y servicio público, que no se termina de integrar en el barrio sino que deteriora la trama urbana de ese barrio. El Estado tiene el deber de solucionar el problema de esas personas. Me resisto a tener una visión romántica de ninguno de los modelos de ocupación del espacio público que sean dañinos para aquellos que lo ocupan.

Inmigración y proyectos políticos

–Otro grupo que aparece en su libro son los inmigrantes. ¿Qué diferencia encuentra entre las nuevas oleadas de bolivianos, peruanos y paraguayos y las que se dieron con el flujo europeo?

–Al contrario de lo que pasó con los italianos y españoles que llegaron en 1880 hasta la Primera Guerra y después de la década del 20, el Estado los necesitaba para tener mano de obra barata y tenía un mercado de alimentos relativamente barato. En cambio, las migraciones que llegan de Bolivia, Paraguay, Perú no forman parte de ningún proyecto público. Estamos obligados constitucionalmente a recibirlos y a darles todas las posibilidades. La cuestión de las migraciones no es un tema de las villas. Es un tema federal.

–¿Qué consecuencias trae esa falta de proyecto?

–Al no estar contemplada como política, se crean reflejos antimigratorios en los sectores populares con trabajo porque los inmigrantes parece que vendrían a recargar un mercado de trabajo que ya en sí mismo no es demasiado grande.

Demoliciones y reglamentos

Hay una verdadera epidemia de demoliciones, con y sin autorización. El CAAP aprueba cosas muy cuestionables. Y el Ejecutivo prometió que en 15 días llega a la Legislatura el régimen de faltas especial para el patrimonio.

Por Sergio Kiernan

Hasta la persona más sanguínea, de las que pueden ignorar la gripe mexicana, tiene la sensación de que hay otra epidemia en la ciudad. La dolencia en este caso es la demolición a las apuradas de edificios patrimoniales cuya destrucción está prohibida, agravada por dos factores. Uno es que el cuerpo médico especializado, en este caso el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, la está pifiando con los diagnósticos. Y el otro es que el gran antibiótico antipiquetas, el régimen de penalidades para el patrimonio, sigue sin salir de los cajones oficiales. Las buenas noticias son que el CAAP está empezando a reaccionar y que el régimen será presentado en dos semanas –prometen en el gobierno– para que la Legislatura lo sancione.

Tres casas

Hubo tres casos en estos días de piqueta malandra, con tres situaciones legales diferentes y tres resultados variados. Los edificios son viviendas de Recoleta, Montserrat y San Telmo, que van del petit hotel francés a la casa de barrio de las mejores.

En Pueyrredón 1741, a metros de Peña, se alzó por muchos años el petit hotel, que empezó a ser demolido la semana pasada con la frivolidad habitual en estos casos. Una empresa compró este tesoro y un arquitecto, o arquitectos, se prestó a destruirlo para reemplazarlo por algo mucho peor, mucho más feo, mucho menos valioso, pero más grandote y rentable. En la zona roja le dicen a esto prostitución, entre arquitectos le dicen ganarse la vida. Vecinos y diputados patrimonialistas se movilizaron para frenar el aparente atentado, pero resulta que no se pudo hacer nada porque los permisos estaban en regla. Un petit hotel menos para la ciudad.

Más ambigua resulta la situación de la casita de barrio de la calle México al 1400 –foto en la tapa– que ya está a medio demoler. Resulta que en este caso los vándalos sacaron un permiso del que se sabe que fue tramitado todavía en 2008. Pero sucede que los permisos vencen a los 180 días, o más exactamente lo que caduca es algo llamado “certificado de uso conforme”. Este papel, parte normal del trámite, asegura al demoledor que no le van a cambiar las leyes al día siguiente que sacó el permiso y lo pagó. Por ejemplo, nadie puede caerse por la obra para avisar que hay un nuevo impuesto al ladrillo colorado, o que hay que pagar más porque ahora el trámite subió de precio.

Como ya estamos a julio de 2009, el papel está obviamente vencido, pero no queda en claro si esto alcanza para detener la ya avanzada destrucción de la casa. El diputado Patricio Distefano (PRO) está apadrinando esta casa y tratando de que le expliquen por qué los planos llevan un sello de fines de junio, cuando la ley 3056 ya estaba en efecto. Por supuesto, la casa de la que hablamos es anterior a 1940.

Lo que no se demolió fue la linda casa en PH de Estados Unidos 946, que los vecinos de San Telmo Preserva denunciaron indignados se iba a rematar en pedazos. Este tipo de remate consiste en hacer lotes de todo lo que se puede de una casa antes de destruirla. Al despedazarla, se retira todo lo que ya se vendió y se entrega al comprador. Los vecinos estaban indignados porque asumieron que una casa en buen estado, obviamente valiosa y en pleno San Telmo, tenía que estar protegida. También sabían que esta casa está a metros del APH de su barrio y está incluida en la ampliación futura del área.

Se equivocaban: la demolición ya había sido autorizada por el CAAP, que explicó que “el entorno” hacía que no se mereciera ser protegida. Sólo faltaba el permiso formal de demolición, lo que dio tiempo para que el diputado Distefano presentara un proyecto de catalogación el jueves de la semana pasada. Al día siguiente, se comunicó por escrito al Ejecutivo para avisar que el edificio quedaba inhibido. El lunes, la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena (CC), hizo lo mismo para formalizar el tema. Hasta nuevo aviso, la casa de Estados Unidos está a salvo.

Y el CAAP, con otro error, introduce un cuarto edificio en esta lista. Es la casa de Andrés Kálnay en la calle Palestina, demolida parcialmente sin permiso ni papeles. La obra fue clausurada inmediatamente, gracias a la denuncia de los vecinos, porque la estaban haciendo de araca. Se ve que los dueños sabían que no se iba a poder destruir un Kálnay con papeles, por lo que pasaron a la clandestinidad. Pues ahora, la dirección general que se ocupa de las Areas de Protección Histórica le preguntó al CAAP si consideraba que la casa de Palestina tenía valor, parte del trámite en curso. ¿Qué contestó el Consejo? Que no valía la pena conservarla porque ya estaba “demasiado dañada”.

¿Quién les preguntó eso? ¿No perciben en el Consejo que así ayudan a premiar a los vándalos?

Las penalidades

Todo esto ocurre en rigor por la casi entera impunidad con que se puede hacer cualquier cosa en esta ciudad. Como se entenderá, los inspectores no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, con lo que resulta invaluable que los vecinos avisen de estas avivadas. Pero hasta cuando se clausuran las obras el gobierno porteño se encuentra con pocas herramientas para punir a los culpables. Las multas tienen más de diez años sin actualizarse y resultan minúsculas. Y no existe un régimen especial para punir a quienes rompan lo nuestro.

O mejor dicho, sí existe, pero en un largo invernar en los cajones oficiales. Allí, en tiempos del increíble Aníbal Ibarra, se logró aprobar la ley 1227, la primera dedicada específicamente al patrimonio. Una de las cosas que ordenaba la ley era que el Ejecutivo preparara y remitiera a la Legislatura un reglamento para velar por el patrimonio edificado, con castigos y reglas. Silvia Fajre, primero como subsecretaria de Patrimonio y luego como ministra de Cultura de Jorge Telerman, se ocupó minuciosamente de cajonear la 1227. Fajre se negó a reglamentarla para que todo siguiera en el limbo y fue necesario que la diputada Anchorena le presentara un amparo para que la ley fuera efectiva, algo que debe ser un caso único en la historia institucional argentina.

Lo que nunca ocurrió fue que se redactara el reglamento y las penalidades, tarea que le quedó a la actual subsecretaria de Patrimonio, Josefina Delgado. El reglamento fue largamente discutido y revisado, y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le dijo a m2 este jueves que ya se lo envió al subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri. “Hoy mismo (por el jueves) hablé con Lostri –dijo el ministro Lombardi–, y me aseguró que en 15 días el reglamento está en la Legislatura.”

Con lo que a mediados de agosto los diputados pueden estar discutiendo sancionar la herramienta para frenar estos desmanes. Legalmente, se trata de incluir una sección específica en el régimen de faltas de la ciudad. Esta sección, la número doce, trata de bienes inmuebles y muebles y castiga a los profesionales a cargo de la obra, la empresa que demuela y la empresa constructora con multas de 350.000 a 500.000 unidades fijas por una demolición total sin permiso, de 200.000 a 350.000 por una demolición parcial y de 50.000 a 200.000 cuando “se modifique, destruya o substraiga una parte constitutiva del bien”. Una unidad fija es hoy aproximadamente un peso.

El proyecto agrega que “si el responsable de la ejecución de la obra fuera un profesional o titular de una empresa, será sancionado con multas mayores a las de cada caso y puede ser pasible de la sanción de inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. Se procederá asimismo a la clausura de la obra”.

La potencia de este reglamento es evidente, y no sólo porque la multa pasa de ser de unos 10.000 pesos como máximo a medio millón. Con esta reforma se acaba esa obediencia debida de los profesionales de la construcción, que se niegan a hacerse cargo de la violencia de sus actos de vandalismo.

La plazoleta más cara de la ciudad

Por Marcelo L. Magadan *

Plazoleta de las Madres. Triangulito mínimo, resto de ciudad entre las avenidas Juan de Garay y Entre Ríos, y la calle Filiberto, en el rinconcito sudeste del barrio de San Cristóbal. Triangulito más o menos isósceles con sus puntas redondeadas. Cinco metros y medio en la base y casi treinta y dos de altura. Triangulito ínfimo, que hasta hace unas semanas tenía una veredita alrededor, un monolito, dos árboles y un poquito de tierra, sin pasto. Triangulito minúsculo que, campaña electoral mediante, ha sido remodelado.

La licitación fue pública y llevó el Nº 2343/2008. La convocó la Subsecretaria de Atención Ciudadana a cargo de la Lic. Gladys González, que depende de la Jefatura de Gabinete de la administración Macri, de Horacio Rodríguez Larreta. La subsecretaria se dedica a promover campañas de vacunación antirrábica y homenajes a barrios que cumplen años, pero devino ahora en proyectista y ejecutora de obras en espacios verdes.

Remodelada, la plazoleta tiene los dos mismos árboles de antes, 37 metros cuadrados de tierra sin pasto, 63 metros cuadrados de pavimento de cemento peinado y dos columnas de alumbrado. Se dirá que no mejoró mucho, pero eso depende de cómo se lo mire. Por este trabajito, los vecinos de la ciudad le pagamos a Aventura Emprendimientos S. A., empresa adjudicataria de la obra, la suma de $ 532.850,50.

¿Caro? Los 37 metros de tierra por ahora pelada, con demolición incluida, valen a precio de mercado unos $ 13.000. Los 63 metros de cemento peinado resultan en unos $ 31.000. Dos columnitas de iluminación, con instalación y lamparita incluida, digamos unos $ 3000. Un total de $ 47.000.

¿Cómo puede ser que algo que, exagerando, cuesta 47 lo cobren 530? Diez veces más de su valor. Hay que acomodarse la mandíbula y hacer la cuenta inversa. La obra nos costó $ 532.850,50 y la plaza tiene, sumando cemento y tierra, 100 metros cuadrados. Conclusión: $ 5328,50 el metro cuadrado de plazoleta remodelada. Con un dólar a $ 3,80, el metro cuadrado de plazoletita da el equivalente a 1402 dólares, un total de 140.223. En la zona (San Cristóbal), un departamento usado cuesta unos 900 dólares el metro cuadrado. Es decir que con lo que pagamos por esta remodelación nos podríamos comprar 155 metros cuadrados de departamento usado en el barrio. O, lo que es lo mismo, dos departamentos de tres ambientes de cerca de 70 metros cada uno. Y con ese monto ofrecen departamentos de 60 metros cuadrados en lo mejor de Recoleta.

Curiosamente, en otras obras que está ejecutando el gobierno de la ciudad en otros espacios verdes de la zona, los precios son drásticamente diferentes. En el Parque Pereyra, sin ir más lejos, el costo no alcanza a los $ 400 por metro cuadrado, trece veces menos. Según el pliego de licitación, Emprendimientos Aventura S. A. hizo una rebaja del diez por ciento en el precio final, ya que el presupuesto oficial de la obra era de $ 598.406,46.

Y esto no es manejar la ciudad como si fuera una empresa privada, acusación rutinaria al actual gobierno. Si una empresa privada estuviera comprando plazoletitas, es seguro que no pagaría 530 lo que puede costarle 47.

* Especialista en conservación de patrimonio arquitectónico

VENDEN DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO ILEGAL

ESTAN EN VENTA DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO DE VALENTIN VIRASORO AL 700

Dijo Clarin esta semana:

"El sistema, de todas maneras, está lejos de ser ideal. En la calle Valentín Virasoro al 700, en Caballito, un grupo de vecinos viene luchando contra una obra que tiene dos pisos más de los autorizados, según lo estableció un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Desde la AGC lo confirmaron. "Los inspectores pasaron el 20 de mayo e intimaron al responsable a regularizar la situación: deberá presentar nuevos planos o adecuar la obra a los existentes", dijo una fuente consultada."

La realidad es que el edificio esta en venta y la falta real de control, o la falta de voluntad de control. Hacen de la Ley , solo letra muerta..

Este es el mismo edificio que mostro Magnati, hace mas de un año, que rompio toda la casa de su lado durante la construccion. Dejandola sin luz, ni telefono, Provocando la caida de materiales y defensas y la imposibilidad del cierre de las puertas. Sin contar las "ventanas" que durante meses los propietarios taparon con maderas. Grietas, fisuras, filtraciones. Y ahora 2 pisos de mas.

La incompetencia de la administracion macrista intima el 20 de mayo y un mes despues no solo que no pasa nada sino que se ponen a la venta los departamentos. Esto es una farsa.

Los vecinos de Caballito exigimos la demolicion inmediata, a costa del constructor, de todo lo construido ilegalmente. La clausura de la obra y la suspencion de la venta de los departamentos hasta la resolucion del conflicto y el fin de la ilegalidad.

No queremos mas complicidad de la administracion macrista con los constructores.

Estamos evaluando la realizacion de un acto el jueves 2 a las 19 y 30 horas en la puerta de la ilegal construccion si el Gobierno de la Ciudad no cumple con la Ley y las Normas y satisface los reclamos de los vecinos de nuestro barrio

Los saludo fraternalmente.

Lic. Gustavo Desplats

Proto Comuna Caballito

Informes: 4903-7444 15-4163-5901

En la Capital, clausuran dos obras en construcción por día

Son por inspecciones en base a denuncias de los vecinos. En la mayoría de los casos es por falta de permisos de obra y cuestiones de seguridad. Palermo y Caballito son los barrios con más conflictos.

Cada día, dos obras en construcción son clausuradas en la Ciudad de Buenos Aires. Alentadas por un aluvión de denuncias de vecinos inquietos que detectan faltas de medidas de seguridad u otras irregularidades en las construcciones, las clausuras fueron un promedio de 60 por mes durante los primeros cinco meses de 2009.

La desaceleración de la construcción que se hace evidente desde al año pasado -por la crisis global y la escasez de créditos- no se traduce en un descenso de las clausuras y las multas. Por un lado, porque aún se están construyendo obras proyectadas en 2006 o 2007. Y además, justamente porque el parate hizo que muchas obras se detuvieran y quedaran en estado de abandono, convirtiéndose en un peligro mayor aún para la zona.

"Cuando una obra queda parada, no podemos intimar a que el dueño la reanude. Y se nos presenta una situación complicada, porque habitualmente al constructor que está en falta lo que más le duele es que le paralices la obra. En esos casos, el único recurso que tenemos es aplicar multas para intentar que cumplan con las medidas de seguridad", explicó a este diario Pablo Bourlot, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Los datos oficiales dicen que el motivo del 70% de las clausuras que se realizan son faltas de permiso de obra. En muchos casos se trata de trabajos de refacción en viviendas particulares, que los vecinos denuncian por ruidos molestos. Pero también existen obras nuevas sin permiso oficial gestionado, lo que permite al constructor ahorrarse dinero en trámites.

De acuerdo a los registros de la AGC, entre enero y mayo de 2009 ya se han registrado 2.862 denuncias vecinales contra obras en construcción. A la cabeza figuran los barrios preferidos por la actividad inmobiliaria: Palermo y Caballito. En el primero se registraron 243 denuncias y en el segundo, 202. También en 2009 Palermo y Caballito habían sido los barrios con más denuncias, con 708 y 478, respectivamente. Los reclamos se pueden realizar en el teléfono gratuito de la Ciudad, el 147.

En el Gobierno dicen que, además de los papeles en regla, lo que más miran es la correcta ubicación de las pantallas que deben colocarse para asegurar que no caiga ningún material hacia la calle.

El sistema, de todas maneras, está lejos de ser ideal. En la calle Valentín Virasoro al 700, en Caballito, un grupo de vecinos viene luchando contra una obra que tiene dos pisos más de los autorizados, según lo estableció un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Desde la AGC lo confirmaron. "Los inspectores pasaron el 20 de mayo e intimaron al responsable a regularizar la situación: deberá presentar nuevos planos o adecuar la obra a los existentes", dijo una fuente consultada.

En Protocomuna Caballito, un grupo que se opone al auge de la construcción, Gustavo Desplats dice que "las multas son bajas y generan que los constructores prefieran pagar a hacer las cosas bien. Las normas autorizan un margen de error de hasta un 3% sobre la cantidad de metros cuadrados autorizados a construir. Con el valor que tiene hoy el metro".

Desde el Gobierno, Bourlot defiende su tarea y asegura que la alta cantidad de clausuras "es producto del incremento de la cantidad de inspecciones".

Hasta el año pasado los registros y las inspecciones estaban unificados en la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC). Ahora hay un organismo dependiente del ministerio de Desarrollo Urbano para el registro y otro en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control, para la fiscalización. En la Agencia aseguran que la cantidad de inspectores para el control de obras pasó de 60 a comienzos de 2008 a 120 actualmente.

CHAU PICO

Proto Comuna Caballito

                           Hechos. No palabras.

  

Estimad@s amig@s:

Desde ayer 90.000 construcciones en toda la Ciudad

se encuentran protegidas de la demolicion.

En el dia de ayer se publico en el Boletin Oficial de la Ciudad la ampliacion de la ley 2548 a toda la superficie de la Ciudad.

La norma  fue votada el 23 de abril por la Legislatura. Y fue promulgada el 21 de mayo.

De esta manera se invierte el mecanismo y antes de poder demoler o modificar una propiedad construida antes del 31 de diciembre de 1941 se deberá demostrar que no tiene valor patrimonial. Si esto es asi se podra obtener el permiso de obra o demolicion. Pero si la propiedad es considerara con valor patrimonial se procederá directamente a su catalogación impidiéndose las modificaciones y la demolicion.

El la primera etapa la ley 2548 incluia casi 2700 edificios representativos. A lo que se sumaba el poligono presentado sin exito a la UNESCO. Y tenia como plazo de vencimiento junio de 2009. Ahora se incorpora toda la superficie de la Ciudad y se amplia el plazo a diciembre de 2010.

Este es el paso mas importante en la defensa del patrimonio de nuestra Ciudad. de Buenos Aires que estaba desapareciendo bajo los picos de las demoliciones. Sin tener marco protector ninguno.

Nueva York cuenta con mas de 30.000 edificaciones protegidas, Rio de Janeiro mas de quince mil. Paris protege su patrimonio desde fines del siglo XIX. Milan desde fines del XXVII, Buenos Aires tenia mal protegidas un centenar de construcciones.

AHORA HAY QUE CUMPLIR LA LEY.

La aparicion de muchas ONGs en los barrios de la Ciudad defendiendo las causas patrimoniales y la lucha casi solitaria de Teresa de Anchorena y el diputado Destefano nos permiten tener esperanza en el futuro..

 

Los saludo fraternalmente.

Lic. Gustavo Desplats

Proto Comuna Caballito

Informes: 4903-7444 15-4163-5901

MACRI REPRIME EN CABALLITO

Martes 19. 21 horas los 26 vecinos detenidos ya fueron liberaros
Quinientas personas marchan desde la comisaria 11 hacia Acoyte y Rivadavia

Desde la época de la dictadura militar no se veía en el barrio de Caballito un accionar represivo y violento como el protagonizado en la tarde de hoy.

Para entender lo acontecido intentare resumir lo ocurrido en los ultimos dos dias:
En la madrugada del lunes funcionarios del Gobierno de la Ciudad, que utilizaron una patota futbolista como ariete, procedieron al violento desalojo y destrucción de una huerta comunitaria que funcionaba en nuestro barrio desde hace 7 años. No solo desalojaron a los vecinos que desarrollaban el emprendimiento. Sino que también con palas mecánicas y topadoras arrasaron y destruyeron de raíz arboles y plantas (violando leyes de la Ciudad de Buenos Aires).

Ante este violento accionar un grupo de vecinos realizo una protesta hoy martes en la puerta del Centro de Gestion y Participacion Comunal Numero 6 (CGPC6), cito en Diaz Velez al 4500. Aproximadamente a las 14,30 horas. Desde ese lugar se prodigo una brutal represión a los manifestantes, (menos de un centenar de vecinos). Se los corrió a los golpes desde la puerta del CGPC hasta la sede del Centro Cultural La Sala, en Avellaneda al 600 (a unas doce cuadras del CGPC). No conformes con esa brutal e injustificada represión, sin orden de allanamiento ninguna se violento la entrada del Centro Cultural y prosiguieron con la brutal golpiza en el interior del mismo. Golpeando no solo a quienes participaron de la marcha, sino también a numerosas personas que desarrollaban diferentes actividades en el centro cultural. La represión duro cerca de una hora y a su fin procedieron a la detención de 26 vecinas y vecinos.
Desde la Proto Comuna Caballito repudiamos el violento accionar desarrollado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad. Y queremos resaltar la existencia de una doble moral en la administración macrista. Ya que según los argumentos esgrimidos por los funcionarios el motivo del desalojo del emprendimiento comunitario de la Huerta se basa en una cesion precaria de uso entregado por la Nacion a la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000. Lo que queremos remarcar es que en esta misma cesion se entrega a la Ciudad los 5000 metros cuadrados que usurpa Caputo Construcciones a la vera de las vías del FFCC Sarmiento y la calle Garcia Lorca. Terreno donde el año pasado instalo el Show Room de ventas de las unidades que esta construyendo para las torres "dos plaza". Y que ante la presión vecinal y la presentación de proyectos pedidos de informes en la Legislatura de la Ciudad y en la Camara de Diputados de la Nacion , logramos que la contructora del mejor amigo del Jefe de Gobierno, tuviera que demoler. Pero calmadas las aguas, el poderoso empresario esta, ya desde hace tres meses, utilizando dicho terreno como playa de estacionamiento de su emprendimiento comercial.
Como se puede explicar que una actitud tan disimil ante dos terrenos que se encuentran legalmente en la misma situación y a no mas de 150 metros el uno del otro. Es verdad realmente lo expresado por la administración macrista. El Espacio Publico no se negocia, Se entrega generosamente a los amigos para sus emprendimientos.
No tenemos dudas que esta demostración innecesaria de violencia es mucho mas que una casualidad. Es el modo y los métodos que esta administración intenta utilizar sistemáticamente. Y si ayer fue la Huerta y hoy el Centro Cultural, mañana puede ser cualquiera de las organizaciones y grupos vecinales que salimos frecuentemente en defensa de nuestros derechos a manifestar ante las autoridades.

La Ciudad de Buenos Aires no puede permitirse este tipo de atropellos a los Derechos Ciudadanos establecidos en nuestra Constitucion, Que en su articulo primero marca que esta es una Democracia Participativa. No es con palos, hidrantes y represión policial como mejor se debe alentar la participación vecinal.
La de hoy  es una muestra gratis de lo que es capaz de realizar el macrismo. Politicas mas ligadas a lo  oscuro de los años del proceso que a una fuerza  democrática.
Por todo esto pedimos la renuncia del Ministro de Espacio Publico, Piccardo, del Director del CGPC 6, Iambrich y la inmediata separación de la fuerza policial y la realización de sumarios a todos los policías intervinientes, incluyendo a la oficialidad y empezando por el Comisario a cargo del operativo.
Distintas organizaciones están preparándose para una marcha de repudio que tentativamente se realizara el miércoles 20 desde las 19 horas en Rojas y las vías del Sarmiento.
Para terminar solicitamos a los vecinos mente fría y tranquilidad. NO A LA VIOLENCIA.

Respondamos con inteligencia e imaginacion. Con resistencia pacifica. No caigamos en la trampa. NO NOS ENSUCIEMOS. Los violentos y la violencia, que quede claro, es solo de parte del gobierno macrista.

 

Los saludo fraternalmente.

Lic. Gustavo Desplats

Proto Comuna Caballito

Informes: 4903-7444 15-4163-5901

Mauricio construcciones

14-05-2009 / La ciudad apura la venta de terrenos públicos. El jefe de gobierno busca impulsar negocios inmobiliarios multimillonarios. La doble presión a legisladores y vecinos. Los vínculos con los constructores Caputo y Calcaterra. La contracara: la gestión Macri todavía no licitó viviendas sociales.

Por Andrea Recúpero

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planea vender “las joyas de la abuela”. El inventario incluye tres terrenos en Catalinas Norte, la traza de la ex Au3 y los hospitales Borda y Moyano, cuya defunción fue anunciada por el propio intendente porteño, Mauricio Macri. El objetivo: favorecer emprendimientos inmobiliarios privados por más de 500 millones de dólares.

El jefe Pro viene presionando a la Legislatura para que modifique el Código de Planeamiento Urbano y autorice las operaciones de compraventa. La persistencia despertó las sospechas de la oposición. No es un secreto que el círculo íntimo de Macri incluye a dos colosos del hormigón: Nicolás Caputo y Angelo Calcaterra.

Además de ser uno de los constructores más exitosos de la ciudad, Caputo participa de la “mesa chica” del gobierno. La propia Gabriela Michetti graficó su influencia: “Caputo es muy amigo de Mauricio... Hablamos de todos los temas. Es un asesor informal que ha generado una muy buena relación con Marcos (Peña), con Horacio (Rodríguez Larreta) y con todos nosotros, y que está ahí”, en los almuerzos que Macri organiza los lunes para discutir la gestión.

“Nicky”, como lo apodan, y Mauricio se conocieron en el Colegio Cardenal Newman. Inseparables desde la primaria, se unieron aún más cuando Macri fue secuestrado. El empresario había sido designado como asesor “ad honorem” del gobierno porteño, pero tuvo que renunciar –justamente– porque fueron objetados los contratos de su empresa familiar, Caputo S.A., con la ciudad. La firma de Nicky participa en Desarrollos Caballito S.A. y Riverside House S.A., y tiene en ejecución las Torres Mirabilia en Palermo, el Edificio Moca (ex Bagley) en Barracas, el Centro Metropolitano de Diseño con la Corporación Buenos Aires Sur, la Ciudad de la Música con el Gobierno de la Ciudad de Buenos, Mall Dique 3, Edificio El Aleph y Obra Zencity en Puerto Madero y Edificio Dosplaza en Caballito. Además, Caputo S.A. compró hace unos meses parte de Salvatori S.A., una empresa que hace obras públicas, en especial parques y plazas.

La ciudad es un cliente importante de la firma. Basta citar un ejemplo: la última reseña informativa de Caputo S.A., de septiembre de 2008, indica que el contrato firmado con el gobierno porteño por la Ciudad de la Música, a valores básicos de septiembre de 2005, era de $ 54.448.126. Sin embargo, en la página web de la empresa el valor del contrato para la “sede definitiva de la Orquesta Filarmónica” asciende a $ 78.883.000.

El primo hermano de Macri, Angelo Calcaterra, está apegado a la tradición familiar. Hijo de la hermana de Franco Macri, durante años presidió Sideco, la histórica constructora del grupo Socma, que en los últimos años creció con la adquisición de Iecsa y Creaurban. Ambas firmas, pródigas en obra pública, también integraban el grupo comandado por Franco, pero fueron transferidas a Calcaterra el mismo día en que el primo Mauricio inició su campaña electoral. La fusión buscó despegar al entonces candidato de los negocios del grupo, pero tras la asunción se reanudaron los lazos familiares.

El portfolio de Calcaterra es envidiable: se adjudicó licitaciones millonarias para construir dos pasos bajo nivel del Ferrocarril Urquiza, dos emprendimientos en Puerto Madero (Torres Mulieris y Torres del Yatch) y los canales aliviadores del Arroyo Maldonado, entre otras obras. Eso sí: aún le debe 45 millones de pesos a su tío por la absorción de Iecsa y Creurban, que podrán ser pagados en cómodas cuotas.

Desde el corralito bancario de 2001, que espantó a los ahorristas financieros, Buenos Aires experimenta una fiebre de ladrillos. Con un total de 3 millones de metros cuadrados construidos en ocho años, la ciudad vive el mayor boom inmobiliario de su historia. Y Macri quiere subirse a la ola.
“El único fin es la máxima ganancia de los constructores”, dijo a Veintitrés Gustavo Desplats, coordinador de la protocomuna de Caballito e impulsor de una denuncia por apropiación ilegal de terrenos públicos contra Caputo S.A. por montar un showroom durante la construcción las supertorres Dosplaza. El dirigente barrial aseguró, además, que al mismo ritmo de la construcción “se incrementó la falta de control de las obras” en desarrollo, que trabajan de lunes a lunes, cuando está prohibido por ley, y que se autorizan “sin medir las consecuencias nefastas que tendrán en la infraestructura” sobre la que se asientan. Según Desplats, “en dos años colapsarán las cloacas y el agua no subirá más allá del primer piso” de esas monumentales torres que están cambiando la fisonomía de Caballito y que se venden a un promedio de 2.000 dólares el m2. Esto sin considerar que de continuar el crecimiento edilicio sin control no alcanzarán las escuelas, ni el lugar disponible para estacionar, ni los desagües, ni los medios de transporte.

Ya en 2006 el incremento desmesurado era tal que los vecinos de Caballito solicitaron una acción de amparo destinada a detener las obras en las manzanas más críticas del barrio. El fallo fue favorable, pero en 2007 el Ejecutivo porteño logró revocar la medida. Al mismo tiempo, tras comprobarse fallas en la infraestructura de los cinco barrios más densamente poblados de la Capital, el gobierno firmó un acuerdo con AySA para la “recuperación de la estructura hídrica”. El plan implicaba una inversión de 400 millones de pesos, destinada a obras para revertir la emergencia urbana. Aunque la fecha estimada para dar inicio a las labores era marzo de 2007, hasta ahora no comenzaron.

La contracara del boom inmobiliario es la parálisis de la vivienda social. Según el último informe de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, la ciudad de Buenos Aires está en situación de “emergencia habitacional”, con 211.000 personas repartidas en 16 villas de emergencia. El mismo informe puntualiza que el 50 por ciento de todo lo que se construye en la ciudad es vivienda suntuosa, pero sólo el 3 por ciento de la población es de clase alta. Mientras tanto los alquileres siguen en aumento, proliferan las casas tomadas y las familias viviendo en hoteles o hacinadas en una única habitación disponible. Según Desplats, “se construye para los que no lo necesitan. Los que compran en los barrios top son gente del campo que invierte en propiedades, y extranjeros”.

Según el sitio de Internet “reporteinmobiliario.com”, en la zona de Puerto Madero, considerada la más cara de la ciudad, “la construcción se mantiene estable por cuarto año consecutivo y los valores aumentaron más de un 21 por ciento en el último año”. Pese a la inestabilidad de los mercados, según un relevamiento de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, los últimos lanzamientos en Puerto Madero ya vendieron el 60 por ciento de sus unidades, con precios promedio que fluctúan entre los 2.700 y 5.000 dólares por metro cuadrado.

El gobierno de Macri está entusiasmado con extender el negocio inmobiliario hacia distintas zonas de la ciudad. Y está dispuesto a alimentar el boom con terrenos públicos. Por eso planea poner a la venta los tres lotes ubicados en Catalinas Norte, dos sobre Av. Madero para construir en cada uno una torre de 110 metros de altura, y otro sobre Av. Córdoba, donde actualmente hay una estación de servicio y se proyecta un edificio de 150 metros. “Están vendiendo las joyas de la abuela para buscar recursos”, ilustró el diputado porteño Eduardo Epzteyn, quien objetó la operación que involucra a estos terrenos.

El Ejecutivo porteño presentó dos proyectos de ley sobre los lotes de Catalinas Norte. En uno se pide retirar del dominio público los terrenos para que se puedan vender y en el otro plantea un cambio en la zonificación y usos de esas tierras, limitado actualmente a estaciones de servicio o garajes. El proyecto pide que se puedan utilizar para oficinas y comercios anexos, como el resto de la manzana, y plantea la posibilidad de “ceder” los jardines perimetrales de la ciudad como espacio verde de esos emprendimientos.

Según especialistas consultados, los lotes valen doscientos millones de dólares, pero considerando los edificios que se alzarán en el lugar, el valor en el mercado inmobiliario superará –para el que se quede con el negocio– los 500 millones de dólares.

Sin embargo, a pesar del valor de estas tierras, el gobierno macrista planea subastarlos mediante el Banco Ciudad, lo que –como en todo remate– mejorará el precio para el comprador a cambio de pagar de inmediato y en efectivo.

Otro emprendimiento inmobiliario, confirmó Epzteyn, es el que involucra el cierre del Borda y el Moyano, acompañado de la construcción de diez centros de internación y 12 hospitales diurnos para atender a los pacientes con patologías neuropsiquiátricas. “Son muchas hectáreas (en Barracas), otra reserva grande de espacio donde se plantea la creación de un centro cívico, lo que permitirá valorizar las tierras lindantes y donde seguramente ya se concretaron operaciones de compraventa”, puntualizó el diputado, quien reveló que el proyecto incluye además cambiar la traza de los subterráneos y las estaciones cabeceras.

En el caso de la Au3, la disputa, por ahora, es con los ocupantes. El gobierno busca forzar a los vecinos –unas 400 familias– a que tomen dinero a cambio del desalojo, pero una ley los protege de la desocupación forzada dándoles la posibilidad de comprar esas tierras. En esa zona, entre Villa Urquiza y Saavedra, el monto comercial rondaría los 100 millones de dólares.

Rápido para los negocios, Macri no muestra la misma celeridad para resolver la crisis habitacional que afecta a un millón de porteños. En 2008, por caso, no se licitó ni una sola vivienda social en la ciudad.

“Nosotros no tenemos datos de nuevas obras en construcción licitadas a través del IVC. No tenemos ninguna constancia”, confirmó el presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Facundo De Filippo, quien precisó que “se han terminado 688 viviendas en 2008, pero todas fueron licitadas en las gestiones anteriores”.

El legislador de la Coalición Cívica explicó que “el año pasado el presupuesto del IVC era de 486 millones, pero se ejecutaron 350 millones, es decir que le sacaron 100 millones, y luego no terminaron de ejecutar lo que quedaba”. Esos fondos, precisó, se destinaron a otra cosa, como reparación de veredas y calles, según informó el propio macrismo. “Ese nivel de subejecución importante es toda una definición política”, concluyó De Filippo.

El 25 de septiembre el Gobierno de la Ciudad aprobó la resolución 3029/08 que llama a licitación y concesión de un servicio de consultoría para el relevamiento, clasificación y valuación de la cartera de activos inmobiliarios de la ciudad. La licitación ya se realizó, es la 423/08 y el presupuesto asignado para el relevamiento es de 465.000 pesos. ¿Para qué harán el relevamiento? La abuela, parece, todavía guarda más joyas para vender.

Proteger el patrimonio arquitectónico

Merece destacarse la aprobación, en la Legislatura local, de la ampliación de la ley de protección de edificaciones urbanas

Los defensores de la memoria urbana al fin han sido escuchados: tras sucesivas postergaciones, la Legislatura aprobó la ampliación de los alcances del oficialmente denominado Procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial de la ley 2548.

Por los casi dos años que faltan hasta el 31 de diciembre del 2010, miles de edificios y conjuntos urbanos públicos y privados estarán a salvo de los dislates cometidos durante décadas en las que se demolieron construcciones que daban a la ciudad su carácter e identidad. Ahora, todo edificio o conjunto urbano representativo construido o con planos aprobados hasta el 31 de diciembre de 1941 no podrá ser modificado ni demolido sin previa intervención del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.

Hasta esta nueva ley la protección era sólo para los inmuebles catalogados como preservables o premiados por la entonces Municipalidad, ubicados en ciertas áreas específicas. Ahora, la protección cubre toda la ciudad y todos los edificios anteriores a 1942. A partir de este momento abarcará hasta el último centímetro cuadrado del territorio de nuestra ciudad autónoma.

Extenso y áspero fue el camino recorrido para llegar a este punto. En nombre de exacerbados modernismos y de aplicaciones abusivas del derecho de propiedad, fueron devastadas muchísimas edificaciones y zonas que daban testimonio de la memoria urbana, lo cual equivale a decir que eran porciones tangibles de cuatro siglos largos de historia urbana.

Poquísimos vestigios quedan de la ciudad colonial, de la de los tiempos de nuestra emancipación e independencia, de la que asistió a las luchas civiles o de la que fue mudo testigo de la organización nacional. Si hasta el venerable Cabildo fue mutilado y desfigurado y hubo que reconstruirlo íntegro durante la década del cuarenta.

Igual maltrato sufrieron el área histórica de San Telmo y Monserrat, la magnifica Avenida de Mayo, el microcentro y fastuosos petit hoteles de Barrio Norte, la Recoleta, San Nicolás y Palermo. Durante muchísimos años, ni el valor paisajístico ni la muy elogiada variedad arquitectónica de nuestra ciudad, reconocida por expertos de prestigio internacional, fueron tenidos en cuenta para evitar esas absurdas demoliciones que contrastaron con el respeto que otras grandes ciudades tienen por su historia. Y que rinde frutos en divisas a través del turismo que busca esas tradiciones y no los repetidos rascacielos de vidrio que pululan por cualquier ciudad.

En Buenos Aires esos valores fueron sepultados por meros intereses individuales y una falsa idea de progreso. Fue tras perder casi toda nuestra identidad edilicia que los vecinos comenzaron a reclamar menos demolición y más cuidado y, por suerte, esta vez los gobernantes no ignoraron su clamor.

Mucho se ha perdido, pero al menos algo queda y debemos protegerlo. La vigencia paulatina de las medidas de preservación y protección demuestra que eran falsos los argumentos de los demoledores: ni la ciudad se anquilosó ni hubo una crisis de la construcción. Esos pronósticos tampoco ocurrirán ni con la extensión de la ley 2548 ni con la deseable consolidación definitiva, aunque deberá comprometérsela con el otorgamiento de compensaciones económicas a los propietarios de los edificios protegidos, que así se sumarían a los defensores de la verdadera Buenos Aires. Porque si seguimos destruyendo, convertiremos a la París de América del sur en una ciudad sin personalidad. Y eso sería un grueso e irreparable error.