Daniel Schavelzon, arqueólogo urbano "Los barrios porteños van perdiendo la memoria"

Arquitecto, investigador y académico reconocido, Schavelzon está a cargo del área de Arqueología Urbana del gobierno porteño. Como funcionario enfrenta a diario el dilema entre preservar el patrimonio porteño y atender las demandas de una metrópolis moderna. Para él, los intereses económicos propios del capitalismo no deben estar reñidos con la cultura del respeto por la memoria y la identidad ciudadanas, porque las grandes ciudades del primer mundo hacen del respeto por su historia un tesoro preciado que atrae turismo y, por lo tanto, divisas. Advierte sobre una tendencia que hará desaparecer en 10 años a los barrios porteños como memoria viva de nuestra identidad e historia.

¿Con qué criterio se decide que un objeto es preservable?

En principio, se requiere que exprese hechos materiales o inmateriales. Si es así, representará la memoria viva de una sociedad y se lo preserva porque es un referente concreto de un momento significativo de nuestra historia y, por ende, hace a nuestra identidad social. De lo contrario, no existirían motivos para considerarlo parte del patrimonio. La preservación en abstracto sólo tiene el sentido de una moda.

¿Hay improntas ideológicas o políticas que puedan definir nuestro patrimonio?

La identidad de una sociedad es múltiple. Por tanto, preservarla requiere de una actitud pluralista que represente a la historia mucho más allá de lo que pensamos políticamente sobre cada momento. Cuando consideramos que algo es preservable, no lo hacemos en virtud de beneficiar la ideología de un grupo o sector, porque entendemos a la sociedad como un complejo formado por una enorme gama de grupos sociales, nacionalidades, etcétera. La preservación debe centrarse en lo que es significativo para todos los grupos sociales o sujetos colectivos.

Bajo la democracia, ¿hubo casos en que se hayan destruido huellas de nuestra identidad por motivos políticos o ideológicos?

Recuerdo cuando se taparon los agujeros de bala que lucían en el frente del Ministerio de Economía tras la sublevación militar de junio de 1955 y que testimoniaban un episodio que no sólo fue una afrenta al peronismo, sino a todos los argentinos. Aquellos agujeros simbolizaban una locura militar y el preanuncio de una barbarie. Entonces, cuando un gobierno los tapa, borra una parte de la memoria urbana. A esos agujeros los visitaban miles de personas, porque eran parte de nuestra memoria histórica.

¿Qué valores patrimoniales mantiene hoy la ciudad de Buenos Aires?

El principal patrimonio es el barrio, que le da identidad al porteño. Me refiero al barrio de calles empedradas, buzón en la esquina, arbolitos cada diez metros, fachadas italianizantes que llenaron la ciudad y casas chorizo modestas y sencillas donde vivían nuestra familias, que representaban la arquitectura del inmigrante que llegó con las manos vacías, que se puso a trabajar, que construyó dos piezas, que después levantó la tercera, que si tuvo dinero edificó una sala adelante con fachada y si no lo tuvo, dejó un patiecito a la espera de tiempos mejores. Todo ello fue clave en la constitución de nuestra historia ciudadana porque representó una forma de vida y el modo en que se construyó la sociedad y el país. En ese contexto barrial, construir torres destruye la memoria y hoy no queda una manzana en la ciudad donde no haya una torre.

Entonces, el barrio sería el patrimonio más valioso y a la vez el más amenazado…

Sí. En especial, la arquitectura modesta; porque –además- carece de normativas que la preserven. Los grandes monumentos se defienden solos; pero, ¿quién defiende a la placita del barrio?

Ante la repavimentación que ejecuta el gobierno surgieron algunas resistencias al levantamiento del empedrado que representaría parte de la historia que menciona.

Probablemente sea cierto que es más caro mantener el empedrado; pero también es costoso vacunar a los hijos o mandarlos a la escuela y uno igual lo hace. El patrimonio es parte del costo social, como lo son la salud y la educación, y afrontarlo no es sólo responsabilidad del Estado, sino de la sociedad, de los ciudadanos.

¿Hay algún barrio porteño que se resista a la desaparición de su patrimonio?

Estadísticamente, el más resistente es Barrio Norte. Según el promedio de demoliciones, en apenas 4 años desaparecerán de Palermo Viejo todas las construcciones anteriores a 1920. Mientras, en Barrio Norte subsisten 150 petit hoteles de esa época y eso le da unos 10 años para que desaparezcan. La tendencia es hacia la transformación absoluta de la ciudad y la desaparición de los barrios.

Vino Lostri y mandó a parar

El inefable subsecretario de Planeamiento Urbano y su ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, le tiraron con munición gruesa al régimen de penalidades para proteger el patrimonio. Lo hacen con un argumento ilegal: que ellos tienen el monopolio de las inspecciones. Para cuidar el rancho propio están creando un conflicto de poderes con la Legislatura

Por Sergio Kiernan

El Ministerio de Desarrollo Urbano porteño acaba de disparar un muy fuerte torpedo al régimen de penalidades que busca proteger el patrimonio. Poniéndose por encima de la Ley 1227, descartando la misma posibilidad de que la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires sea la que tiene derecho a hacer leyes, cambiarlas y modificarlas, el ministro Daniel Chain y su subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri, se niegan siquiera a considerar que Cultura toque el tema de proteger el patrimonio. Si se trata de edificios, dicen Chain y Lostri, el monopolio es de ellos. Y no importa que la Legislatura diga, como ya dijo, que los edificios patrimoniales son también alzada de Cultura.

El conflicto nace con un detalle muy rico de la Ley 1227, votada en el ya lejano 2003 y la primera que definió el patrimonio como figura legal. Vista hoy, la ley resulta muy genérica –aunque fue un verdadero logro entonces–, pero incluía un cambio copernicano en la legislación de la ciudad: por primera vez se definía que el patrimonio edificado era un tema cultural y por tanto el Ministerio de Cultura tenía intervención.

Por eso se le ordenaba a ese ministerio –y no al de Desarrollo Urbano– que creara un régimen de penalidades específico para los que atentaran contra el patrimonio cultural (mueble, inmueble e intangible) y se implicaba que existiría un futuro cuerpo de inspectores específico. Este régimen era formalmente una reforma al código de faltas de la ciudad.

Todo esto durmió largamente en los cajones de esa supuesta progresista llamada Silvia Fajre, que fue subsecretaria de Patrimonio Cultural y luego ministra de Cultura. Pese a que cualquier funcionario se entusiasmaría de alma ante semejante mandato, Fajre siempre repitió como un mantra que “no se puede, no se puede”, lo que demuestra más su desánimo moral que un análisis de la realidad. A tanto llegó su negativa a mover un dedito que la diputada Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, tuvo que presentarle un amparo para que se animara a reglamentar la ley. La reglamentación tomó más de tres años y luego Fajre tuvo el alivio de que Jorge Telerman perdiera las elecciones y ella no tuviera que pasar más angustias.

El tema fue retomado por la actual subsecretaria de Patrimonio Cultural porteña, Josefina Delgado, que tiene otros calibres. Delgado entendió rápidamente el potencial enorme de tener semejante herramienta para sancionar a los chantas golpeándolos en su órgano más sensible: el bolsillo. Por eso preparó un proyecto con fuertes multas: “Para obras no autorizadas que afecten el valor patrimonial de Bienes Catalogados y Monumentos Históricos Nacionales, se sancionará al responsable (propietario, profesional a cargo de la dirección de obra, empresa constructora y/o empresa de demolición involucradas en el daño) con multa de 350.000 a 500.000 unidades fijas si el daño es la demolición total; de 200.000 a 350.000 unidades fijas si es demolición parcial; y 50.000 a 200.000 unidades fijas cuando se modifique, destruya o sustraiga una parte constitutiva del bien. En todos los casos, si el responsable de la ejecución de la obra fuera un profesional o titular de una empresa, será sancionado con multas mayores a las de cada caso y puede ser pasible de la sanción de inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. Se procederá asimismo a la clausura de la obra”.

“En cuanto a los bienes inmuebles declarados ‘Bien de Interés Cultural’, en los términos de la Ley 1227 o que se encuentren en proceso de ser catalogados, la sanción será una multa de 200.000 a 250.000 unidades fijas cuando efectúe la demolición total del inmueble, 100.000 a 200.000 unidades fijas para demolición parcial y de 25.000 a 100.000 unidades fijas para modificación, destrucción o sustracción de una parte constitutiva de un inmueble. Se prevén asimismo sanciones a los responsables profesionales y empresas, inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma y clausura de la obra.” Estas grandes cifras de “unidades fiscales” deben traducirse a su equivalente en pesos para tener una idea de lo que estamos hablando.

Como esto es más revolucionario que Rosa Luxemburgo en un mal día, el proyecto fue cautamente tratado. Tanto, que parecía nuevamente encaminado al cajón. Pero, el 23 de julio, el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le contó a este suplemento que el proyecto ya estaba en Planeamiento y que el mismo subsecretario Lostri le había garantizado por teléfono que en quince días lo despachaba. Pasados los quince días, y quince más, y algunos más de yapa, quedó esta semana en claro que Lostri no despachó nada y que embarró la cancha a más no poder: le envió un rotundo rechazo a toda la idea al procurador general porteño.

Este jueves, m2 se enteró de que Desarrollo Urbano rechazaba en los términos más duros el expediente 78654/03 MGEYA. Según Lostri, que firma el papeleo, la Dirección General de Interpretación Urbanística “no considera procedente” que Cultura se meta a inspeccionar edificios. Lostri no sólo dice que está de acuerdo con su DGIU en eso de cuidar el rancho sino que agrega que envía el parecer al procurador para que le diga enérgicamente a la subsecretaria de Patrimonio Cultural que desista de insistir con esa idea.

Lostri y Chain son más arquitectos que otra cosa, más arquitectos que funcionarios porteños, que militantes del PRO, que reguladores, que planificadores o mismo que ciudadanos. Son arquitectos que consideran que los arquitectos no pueden ni en sueños ser sancionados por sus actos, que es exactamente lo que piensan las corporaciones de arquitectos, que jamás sancionaron a un socio por obras ilegales. El ministro y su subsecretario se comportan como miembros fieles de la corporación. Para cubrir las formas, Lostri avisa que preparó un proyecto propio de “faltas urbanísticas” con el proviso de que será exclusivamente administrado por su gente.

El procurador general de esta ciudad se encuentra ahora en un brete proverbial. Esta posición de Desarrollo Urbano no refleja un simple conflicto entre ministros o subsecretarios sino un monumental desprecio a la Legislatura y un potencial conflicto de poderes que te la debo. Lo que Lostri no entiende –o se hace el que no entiende– es que la Legislatura tiene el poder soberano de sacarle el monopolio de las inspecciones. En su nota al procurador, el arquitecto hasta cita el código urbano sin darse cuenta de que la Ley 1227 es, justamente, una reforma de ese código. Y lo que se reforma es nada menos que el monopolio que ejercía su susbsecretaría y sus direcciones generales.

¿No hay un abogado en Desarrollo Urbano que les explique estas cosas a Chain y Lostri? ¿No hay un político del gobierno porteño que les pida que se dejen de inventar problemas y piantar votos?

Por muchos años fue Desarrollo Urbano, bajo nombres diversos, el que se encargó de inspeccionar todo lo que tuviera ladrillos. Se ganaron una merecida fama de indiferencia a los crímenes de lesa historia y fue por eso que la Legislatura le dio vela a Cultura en el tema patrimonial. Ni Chain ni Lostri pueden rechazar lo votado por la asamblea de la ciudad.

La avenida Callao será preservada Fue catalogada "área de protección histórica", con reglas especiales de construcción, iluminación y publicidad

Angeles Castro
LA NACION

La Legislatura porteña catalogó ayer como área de protección histórica (APH) la avenida Callao en toda su extensión, categoría que busca impedir modificaciones significativas y mantener la línea estética del paisaje. La norma, precisamente, no sólo influye en las parcelas frentistas de ambas veredas de la tradicional arteria de Buenos Aires: regula también el entorno de los edificios con reglas específicas de decoración, iluminación y uso, con el objetivo de conservar la armonía de la avenida.

La ley -aprobada sobre un proyecto de la diputada Marta Varela (Pro), que tuvo despacho de la Comisión de Planeamiento Urbano- considera que el conjunto de bienes muebles e inmuebles situados sobre Callao es "de alta calidad arquitectónica y urbana, caracterizado por una particular concentración de edificios representativos de las distintas vertientes arquitectónicas de fines del siglo XIX y principios del XX, que otorga a este ámbito un carácter ecléctico propio y original".

Según explicó Varela, "la protección impuesta implica que no se pueda transformar por ningún interés particular, que exige un mantenimiento especial y, eventualmente, aportes estatales para la conservación".

La ley, sancionada ayer en doble lectura, protege, por un lado, a 45 edificios con la llamada "protección cautelar", o sea, de las fachadas que no podrán ser alteradas. Estos se suman a 23 inmuebles que, antes de la aprobación de la norma, ya contaban con protección estructural, o sea, de la fachada y del interior.

Para el resto de los lotes situados sobre la avenida, detalló la presidenta de la Comisión de Planeamiento, la peronista Silvina Pedreira, "si se llega a construir o hay modificación de un edificio, se deberá respetar el estilo y la misma línea estética, como determinados revoques y ornamentaciones, y se deberán respetar la composición y las texturas existentes".

Por otro lado, los diputados establecieron limitaciones de tamaño a la instalación de marquesinas, toldos y publicidades, para los que fija condiciones especiales de emplazamiento. Además, la ley establece que se respeten las actuales características del mobiliario urbano (bancos y faroles) en futuras intervenciones sobre Callao.

En cuanto a las plazas y plazoletas situados sobre este distrito APH, "toda modificación deberá responder a un proyecto integral que contemple aspectos históricos y paisajísticos y requerirá la aprobación previa del organismo de aplicación".

Los legisladores dejaron librada al Poder Ejecutivo la designación de esa autoridad de aplicación, que deberá constar en la reglamentación de la norma.

Finalmente, los diputados también impusieron determinados criterios de forestación para las parcelas abarcadas.

"En general, suelen catalogarse inmuebles en forma aislada. Pero en este caso quisimos preservar a toda una avenida y su entorno", señaló la macrista Varela. Ya cuentan con el paraguas del APH la Avenida de Mayo y la avenida Luis María Campos, recordó Pedreira.

Por su parte, Varela rescató el valor de la avenida Callao, no sólo como "una de las grandes arterias centrales de la ciudad", sino como "un reservorio de los edificios construidos en un momento particular de la historia argentina".

La protección aprobada anoche rige para Callao en toda su extensión, desde Rivadavia hasta el Bajo. Distribuidas a lo largo de la avenida, conviven tres áreas diferenciadas por el acento de sus actividades.

La primera, de Rivadavia hasta Corrientes, sería la Callao de la actividad política, con el Congreso; las confiterías El Molino, El Tropezón, el Café de los Angelitos y L´Aiglon, y el hotel Savoy, muy concurridos por hombres de la política.

La segunda área, entre Corrientes y Santa Fe, está más vinculada con la educación, con la Escuela Normal Superior Domingo F. Sarmiento, el Colegio La Salle, la Universidad del Salvador, y en su entorno, el Ministerio de Educación, frente a la plaza Rodríguez Peña.

La tercera área, desde Santa Fe pasando por Las Heras hasta el Bajo, es la Callao residencial.

Buscan limitar por ley las alturas de nuevas torres

Son dos proyectos de la Legislatura. Hay barrios donde ya se modificaron los topes

BARRIO EMBLEMA. EN CABALLITO NACIERON LAS PROTESTAS DE VECINOS.

Más allá de las denuncias por supuestas irregularidades, los vecinos de Villa Pueyrredón y Agronomía reclaman que se limite la construcción en altura a futuro. Y en la Legislatura porteña ya hay dos proyectos de ley en marcha.

El primero fue presentado por la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, la kirchnerista Silvina Pedreira. Plantea que las alturas máximas sean de 12, 18 y 24 metros, según las manzanas.

La otra iniciativa es impulsada por el ibarrista Eduardo Epszteyn, con el apoyo de Teresa de Anchorena, de la Coalición Cívica. Este proyecto propone dejar el tope en cuatro pisos de altura.

Desde el boom de la construcción, la Legislatura ya tuvo que modificar varias veces los topes de construcción en varios barrios. El caso emblemático, que incluso motivó fallos judiciales frenando obras, fue el de Caballito, donde la Legislatura terminó protegiendo 80 manzanas. También hubo cambios en Colegiales, Coghlan y el pasaje Volta, en Las Cañitas.

Además, la Legislatura obligó a que todas las edificaciones presenten un certificado de aprobación de las empresas de servicios públicos, luego de que los vecinos afirmaran que la constante construcción afectaba los servicios de agua, cloacas, luz y gas.

Otra traba para el patrimonio

Un flamante asesor en la Comisión de Planeamiento se está haciendo notar por su oposición a proyectos patrimonialistas. Ex funcionario del Ejecutivo, este personaje fue sumariado por demorar cientos de expedientes de obra.

Defender el patrimonio puede ser muy cansador, porque destruirlo es un buen negocio, lo que atrae al malón. Donde la preservación invoca cierto idealismo de la historia y la experiencia urbana, la piqueta busca la plata fácil y rápida. Una de las maneras de lograrla es poniendo personas clave en lugares clave para escupir asados diversos, poner palos en las ruedas y trabar todo. Ya es difícil direccionar el sentido de la gestión pública en el mejor de los casos, con lo que estos personajes sensibles al lobby pueden ser peculiarmente dañinos.

Un personaje con una verdadera vocación por defender las demoliciones acaba de hacerse notar en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña. Se trata de Carlos Benavides, un cincuentón asesor del diputado Martín Ocampo (PRO), que está irritando hasta al bloque propio con sus actitudes. Y el hombre tiene su historia.

Benavides fue funcionario porteño y fue protagonista de lo que debe ser el primer sumario grave de la administración Macri. El actual asesor legislativo era titular del área de Supervisión de Interpretación Urbana, parte de la Dirección General del mismo nombre, que depende de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano. Ya en enero de 2008, con Macri apenas calentando la silla, el ministro Daniel Chaín le instruyó sumario administrativo por faltas graves.

El escrito con que Chaín decide tiene fecha del 25 de enero del año pasado, pero remite al Expediente Administrativo 3098/08 y arranca implicando que Benavides entró en el radar de la nueva gestión por su estupenda capacidad de trabar expedientes. Según se desprende de la prosa burocrática, los nuevos titulares comenzaron un arqueo de situación al asumir, cosa de cordura básica. La Dgiur avisó por la cadena de mandos que había encontrado “quinientas ochenta y nueve actuaciones sin resolver” en el área de Supervisión.

Este número es espectacular y seguramente fruto de largos meses de labor por parte de Benavides. El hombre tenía, sin embargo, su método, que el escrito explica tersamente como “un orden aleatorio de tratamiento que no responde a lógicas administrativas de gestión”. Esto es, los expedientes salían como le parecía al titular.

Con 589 expedientes parados y las resoluciones saliendo como le conviniera a Benavides se genera un estado de sospecha clarísimo. “La situación informada viola flagrantemente los tiempos normales de trámite establecidos”, dice el expediente, que agrega que en ningún momento “obran en los expedientes informados ni en la explicación adjunta circunstancias de excepción que justifiquen la demora”.

La explicación de Benavides es realmente notable. El entonces funcionario dice que la demora se debe a una “decisión de servicio” y a la “atención de prioridades fijadas por las sucesivas autoridades políticas”, lo que suena a cuidado de una caja por orden superior.

El expediente culmina avisando que este tipo de tropelías pueden dar lugar a juicios contra la ciudad, por lo que remite el tema a la Dirección General de Sumarios de la Procuraduría General porteña y aprueba que se abra un sumario administrativo.

Curiosamente, Benavides fue expulsado del Ejecutivo porteño por la gestión del PRO pero este año encontró conchabo con Martín Ocampo, otro PRO que se ganó la banca también en diciembre de 2007. Ocampo forma parte de varias comisiones legislativas, pero la que importa en este cuento es la de Planeamiento, área de “experiencia” del ex funcionario sumariado.

Una de las cosas que no figura en el expediente de enero de 2008 es que Benavides tenía el sí fácil en eso de permitir demoliciones de edificios patrimoniales. A medida que amplió su escenario de acción, quedó en claro que es un enemigo drástico de todo lo que sea preservación, como lo está mostrando en su nuevo rol de asesor.

Resulta que los proyectos de catalogación y creación de APHs tienen que pasar por la Comisión de Planeamiento de la Legislatura. Estos proyectos ya enfrentan el reduccionismo ideológico de los arquitectos, el hambre de negocios de las constructoras y su capacidad de lobby a través del CPAU y del Copua. Benavides se suma a estas líneas con alegría y hasta se puso a frenar proyectos de catalogaciones de la misma bancada del PRO, esto es de los colegas de Ocampo, Patricio Di Stefano y Marta Varela.

El caso más increíble fue el proyecto de crear una APH en la avenida Callao. Este proyecto ya tiene primera lectura y resultó muy poco controvertido porque protege edificios notables y de gran porte, que por su mismo tamaño y valor material difícilmente sean demolibles. Como siempre ocurre, la ley con primera sanción volvió a la Comisión de Planeamiento. En general, con una ley que ya se votó en el recinto hay poca discusión, pero Benavides se empezó a lucir tratando de trabarla. Fue en la reunión de asesores, que tiene existencia formal y resulta una primera discusión de los proyectos antes de que los traten los diputados. Benavides, que tiene un estilo confuso y oscuro, difícil de entender, comenzó a cuestionar los límites de altura en la avenida y siguió con una suerte de exposición en contra de la misma idea.

Como es muy, pero muy difícil derribar un proyecto que ya tiene media sanción, a Benavides le fue mal: los diputados firmaron todos el proyecto, con lo que la segunda votación es inminente. Hasta su jefe, Ocampo, firmó la iniciativa de su colega de bancada. Pero Benavides está en posición para atacar otros proyectos que están por entrar a la Legislatura o que ya están dando sus primeros pasos.

Barracas vigilante

El valioso garaje de la calle Uspallata al 700 apareció tapiado y los vecinos temen que lo vayan a demoler desde adentro y clandestinamente. Otro caso de vandalismo para burlar el nuevo marco legal.

Por Sergio Kiernan

Cuando uno tiene hijos, se acostumbra a repetir infinitamente cosas como que hay que lavarse los dientes –y las manos, y la cara– o que correr escaleras abajo no es realmente una buena idea. Los pequeños salvajes rezongan y ni siquiera pueden concebir que la falta de cepillo pone a los dientes verdinegros poco antes de hacerlos caer. Ni hablar de accidentes diversos, quebraduras y otros temores de los padres. Los niños exhiben esta inconsciencia porque son niños, en estado de inocencia, y sólo un Scrooge podría acusarlos de hacer trampa.

Pero este repetir reglas y anunciar consecuencias resulta particularmente desagradable entre adultos, porque significa que alguien hace trampa, que no puede creer que tiene que dejar de hacer algo. Es lo que está pasando con las demoliciones clandestinas: hay una ley que prohíbe demoler cualquier edificio construido antes de 1941 sin un permiso especial, pero varios avivados creen que no es con ellos, que pueden demoler igual y luego todo se va a arreglar igual.

El caso más reciente fue descubierto por ese gran recurso porteño, el blog de los vecinos de Proteger Barracas –protegerbarracas.blogspot.com–, en la calla Uspallata al 700. Es un edificio del tipo que hizo a Buenos Aires un garaje con dos viviendas en propiedad horizontal, realizado a lo grande en lo que era una ciudad nueva, rica y bien construida. Como se ve en las fotos, el edificio acaba de ser tapiado y los vecinos sospechan que la demolición es inminente y de adentro hacia afuera.

El terreno donde se alza esta belleza tiene 1600 metros cuadrados, lo que permite en principio construir varios pisos de altura. Como la arquitectura argentina no es más que una maqueta de lo que supo ser, lo nuevo será seguramente muy inferior a lo demolible. Basta ver los elementos del edificio actual: proporciones equilibradas, herrerías eternas y elegantes, pilastras, querubines, aberturas verticales, piel dura de Piedra París. Y esto en un garaje de barrio, construido por un honesto seguidor del canon de la época para un cliente que quería hacer una inversión rentable...

El garaje no puede ser demolido legalmente por la simple razón de que cuenta con una doble protección. Por un lado, cae bajo la ley 3158 que se debate en la Legislatura porteña para proteger especialmente una amplia zona de Barracas, nuestro sur intacto. Como el proyecto tiene estado parlamentario, ya quedaron inhibidos los muchos edificios que abarca.

Y por el otro lado, el edificio es evidentemente anterior a 1941 y está protegido por la 3056, ya sancionada, que crea un mecanismo especial. Si los vándalos quisieran demoler el garaje por derechas, tendrían que presentarse por ventanilla a pedir el permiso de obra correspondiente. Allí les avisarían que esa parcela urbana está inhibida y que el trámite se tiene que girar al Consejo Asesor en Asuntos Urbanos, CAAP, para que lo debata. El CAAP, que reúne privados, ONGs, ejecutivo y legislativo, revisa el caso particular y decide recomendar su catalogación o demolición. En el primer caso, el trámite va a la Legislatura, en el segundo vuelve a la ventanilla original.

Ultimamente, a todos quienes siguen estos temas de cerca les están entrando dudas sobre dónde están parados en el CAAP, que tiene el sí fácil para las demoliciones y se pone a justificarlas en arquitecturés, hablando de “contextos urbanos” y otras macanas. Pero la cuadra de Uspallata al 700 es casi perfecta, de una altura tan pareja que parece trazada a cordel, con sus arquitecturas en orden y hasta con un empedrado en buen estado. Ni el arquitecto Alvarez encontraría un argumento de buena fe.

Con lo cual lo único que queda es vandalizarla, romperla toda, dejarla hecha una cáscara, de modo que el CAAP muestra su falta de rigor y decida, como se permitió opinar en el caso del Kalnay en la calle Palestina, que ya no vale la pena preservarla. En Barracas, los vecinos están vigilando que esto no pase y, si el Ejecutivo cumple su palabra, en breve podrán denunciar las demoliciones para que los autores paguen duras multas de hasta medio millón de pesos. Esto será cuando llegue a la Legislatura el reglamento de penalidades preparado por el Ministerio de Cultura para quienes destruyan el patrimonio.

“Macri hace una gestión municipalista en el peor de los sentidos”

En su nuevo libro Ciudad vista, la escritora analiza el impacto de las tecnologías y los shoppings en la vida urbana. Habla de la inseguridad, de los artesanos, de la invasión del espacio público y de los rastros de las crisis de 2001 en Buenos Aires.

“Los ciudadanos exigen medidas de seguridad, pero no son capaces de discutir las consecuencias”, dispara Beatriz Sarlo, profesora, escritora, crítica literaria y profusa ensayista autora de más de catorce libros. Armada de una mirada quirúrgica, pero con gran sensibilidad, recorrió Buenos Aires durante varios años y analizó sus transformaciones de las últimas décadas. En esta búsqueda antropológica que conforma Ciudad vista. Mercancías y cultura urbana, su último libro editado por Siglo XXI, Sarlo pone el foco en la circulación de mercancías, desde los shoppings hasta los artesanos; la irrupción de las grandes construcciones; el comportamiento de las nuevas migraciones y los nuevos usos del espacio público, definidos también por las consecuencias de 2001.

De la ciudad posmoderna, colmada de reclamos por la inseguridad y atravesada por nuevos actores sociales, afirma sin nostalgias: “Pensar que las señoras van a dejar de ver televisión para ir a tejer a la vereda como en 1950 es ridículo”. Por eso dice que es imprescindible “defender aquello que sus habitantes pueden hacer con algún grado de espontaneidad, como la huerta orgánica de Caballito destruida por las topadoras de Macri”.

–Uno de los ejes de su libro es el análisis del uso del espacio público. El gobierno de Mauricio Macri promete instalar más cámaras filmadoras para controlar el delito en la ciudad. En este combate contra la inseguridad, ¿qué riesgo colateral corre la población?

–Los ciudadanos piden las medidas de seguridad, pero no son capaces de discutir las consecuencias. Exigen la vigilancia sobre lo urbano y luego se escandalizan cuando una huerta orgánica es destruida por las topadoras de Macri. Eso entra en la lógica del equilibrio entre vigilancia-seguridad y la implantación de un uso restringido del espacio público. Es necesario repensar ese equilibrio constantemente. No se trata de que no haya ningún espacio público sin rejas. El tema no es la reja en sí, sino la vigilancia autoritaria que se ejerce sobre la ciudad.

–¿Cree que hay una lógica autoritaria en el gobierno porteño cuando impulsa medidas sobre el espacio público?

–El desalojo por la fuerza de la huerta orgánica, que no comía espacio sino que estaba pegada a una plaza, es el claro ejemplo de una visión autoritaria del funcionamiento del espacio público. El sostenimiento de la huerta es un espacio de ciudad que se construye espontáneamente. Y acá radica su importancia. Porque si hay algo que defender en las ciudades de la posmodernidad, es aquello que sus habitantes pueden hacer con algún grado de espontaneidad, que ni el mercado, ni el autoritarismo, ni el Estado con sus mejores intenciones pueden construir.

–Más allá de esta particularidad y a un año y medio de que Macri ganara las elecciones por más del 60%, ¿qué evaluación hace de la administración local?

–Me parece que Macri hace una gestión municipalista en el peor de los sentidos del término. La ciudad es sólo luminaria y bacheo. Es una administración inocua. Eso es evidente en la forma que interviene. Y los proyectos que encara son propios de los Centros de Participación y Gestión, en caso de que se implementara la Ley de Comunas. No tiene ningún gran proyecto para Buenos Aires.

–Según la oposición, los únicos grandes proyectos que tiene son los supuestos negocios inmobiliarios…

–A Macri no le quedan ya sino las migajas para los negocios inmobiliarios. El gran avance sobre el espacio público se dio con las construcciones de torres autorizadas por gobiernos anteriores. Incluido el espacio aéreo, que es eminentemente público porque está relacionado con el uso de la luz y la renovación del aire, entre otras cosas. Gracias a las excepciones al Código de Edificación, Buenos Aires se llenó de torres. La gran operación inmobiliaria de Buenos Aires fue de (Carlos) Grosso, cuando impulsó la remodelación de Puerto Madero con un enorme éxito para el mercado inmobiliario.

–Lugares como Puerto Madero o el “Faena District”, donde muchos sólo pueden contemplar como en los centros comerciales, ¿no comienzan a parecerse a los shoppings a pesar de diferir en el funcionamiento?

–Con el tiempo puede ser que terminen transformándose en un centro de mercancías al aire libre. Pero por el momento no. El shopping es una especulación inmobiliaria, pero también la última forma de disposición de las mercancías móviles, constituyendo una burbuja dentro del espacio urbano. Se opone a la ciudad moderna, que entró en crisis y se terminó, en primer lugar, por el avance de la pobreza y por el imaginario de la inseguridad. Otra de las causas es la crisis del sistema del transporte.

–Otro grupo social que aparece en su libro son los artesanos. ¿Considera que representan una resistencia al avance autoritario sobre el espacio público?

–Más bien creo que los artesanos hacen lo que no pueden dejar de hacer. Son gente que no tiene trabajo, no puede conseguirlo o ya se habituó a una cultura de ese estilo. Cuando una persona está quince años sin empleo, no hay nadie que lo lleve de vuelta al mercado laboral. Esa gente ocupa el espacio público porque está sobreviviendo.

–Pero muchas veces desde el gobierno y desde parte de la sociedad se cuestiona por igual la presencia de los artesanos y los vendedores ambulantes, con mafia o sin ella.

–La ciudad es conflicto, pero la perspectiva de un gobierno tiene que distinguir entre los problemas fundamentales y los secundarios. Es mucho más escandaloso que se otorguen permisos para la edificación por sobre lo que marca la ley, que una persona venda ositos de peluche en la calle. Los vendedores ambulantes, como gran parte de la población, vienen golpeados de varias crisis económicas.

–En ese sentido, ¿cómo impactaron las distintas crisis en la geografía urbana?

–La distribución del ingreso se refleja en la nueva división de Buenos Aires. Sur y norte no son solamente lugares en el mapa, sino conceptos de estratificación social. El sur ha avanzado hacia el norte, que es cada vez más chico. Antes, como decía Borges, el sur terminaba en Rivadavia. Hoy llega hasta Santa Fe.

–Una de las divisiones analíticas que utiliza en Ciudad vista es “La ciudad de los pobres”. ¿Cree que hay una tendencia a naturalizar la indigencia por parte de los porteños?

–Hubo un momento de sensibilización extrema en la sociedad durante 2001 y 2002. Cuando las capas medias y medias bajas pensaron que les podía pasar lo que estaban viendo que les pasaba a los pobres. Se tomaron muchas iniciativas muy románticas. Como los centros de trueques, a partir de los cuales las capas medias iban a trocar como si estuviéramos de nuevo en el siglo X. Pero cuando terminaron de caer todos los que iban a caer, este sentimiento de solidaridad futura se extinguió. O al menos se atenuó. Es que exigir al resto de los habitantes un estado de visión de shock permanente es imposible.

–Pero es una problemática que desde el Estado los distintos gobiernos no pudieron dar respuesta...

–Lo que resulta inconcebible es que, después de haber atravesado la crisis, todavía haya chicos en las calles y el Estado no haya implementado políticas activas en este sentido. Sin internarlos en institutos de educación, que sería lo mismo que si los llevaran al quinto círculo del infierno. Pero no es un problema sólo de Macri. Tampoco pudo ser solucionado en las administraciones anteriores.

–Bueno, pero el jefe de Gobierno no se caracteriza por su vocación social...

–Es cierto que no tiene un discurso fuerte sobre lo social. Interpela al “vecino respetable”, no a los otros. Sin embargo, las anteriores administraciones tenían un discurso que hacía eje en lo social y al final dudo de que hayan materializado políticas activas para modificar la situación de los más necesitados. Claro, son más simpáticos los dirigentes que tienen un discurso con contenido social. Pero son más simpáticos aún los que tienen una acción y un plan concreto.

–El macrismo suele referirse a los porteños como “vecinos” y no como ciudadanos. ¿No cree que hay un vaciamiento de sentido en esa interpelación?

–Es verdaderamente insultante que a los habitantes de Buenos Aires se los trate de vecinos, como si no fueran ciudadanos, como si no tuvieran derechos. Aunque todos le hablan al “vecino”. No es una exclusividad de este gobierno.

–¿El miedo atenta contra la libertad de la ciudad?

–Coarta de manera subjetiva a los habitantes de la ciudad. No simplemente por el sistema de vigilancia. Les impide moverse por la ciudad por razones que son objetivas, por una parte, porque ha aumentado la inseguridad en todas partes de mundo, pero también subjetivas, por otra, porque se trata de cómo es vivido ese aumento. En esta cuestión, los grandes responsables son los medios de comunicación.

–¿Por qué?

–No son capaces de definir el tema de la inseguridad en términos comparativos. La prensa fogonea el miedo y oculta que Buenos Aires es, junto con Santiago de Chile y Montevideo, la ciudad más segura de América Latina. Otra cuestión son las villas como la 1.11.14. Pero yo no conozco ningún habitante de Belgrano que pasee por ahí. Los lugares más inseguros son donde viven los más pobres. El discurso del miedo está construido de manera hiperbólica en la prensa. Claro que la dimensión comparativa no consuela ni concierne a las víctimas, pero sí puede concernir a la colocación del resto de la sociedad en el espacio público.

–Ante esas problemáticas muchas veces se añoran tiempos anteriores. ¿Hay una idealización del pasado?

–Es que se quiere construir una imagen de una ciudad que es imposible. La gente mayor de 40 años, que es la voz cantante en la problemática de la inseguridad, tiende a decir que “todo pasado fue mejor”. Entonces, la ciudad de su infancia era más linda, más segura. Pero no se puede construir política sobre la idea de nostalgia. Tiene que ser considerada como un dato subjetivo, no como una objetividad para la política.

–En ese sentido, ¿cuánto influye el discurso oficialista?

–La otra cuestión es que Macri les habla a los vecinos acerca de que es posible restaurar la Buenos Aires de 1950. Pero esta ciudad no existe más. No se pueden pensar políticas para retrotraer el uso de la ciudad a 1950, donde los chicos jueguen a la pelota en la calle mientras pasan autos a 150 kilómetros por hora. Ahora el uso del espacio público está dado en los grandes espacios. Pensar que las señoras van a dejar de ver televisión para ir a tejer a la vereda es ridículo.

–¿Qué impresión le causa la emergencia de los nuevos barrios reciclados, como Palermo?

–Lo interesante de la modificación de Palermo es que no se trató de una gran operatoria inmobiliaria sino de una movida de sus habitantes para defender el barrio. Los Sensibles de Palermo y otros grupos de vecinos fueron los primeros en defender una forma del uso del espacio público y del uso de la propiedad que constituía su identidad. Recién después entraron los desarrolladores inmobiliarios, que aprovecharon las dotaciones de las viejas casas para convertir a Palermo en lo que es hoy: un inmenso patio de comidas con un circuito de ventas al aire libre.

–Las casas ocupadas también emergieron en la urbanidad porteña como el reflejo de una problemática habitacional. ¿Qué piensa de ellas?

–Las casas tomadas son la precaria solución de vivienda para gente que no la tiene. Ya sea enviada ahí por caudillos políticos o caudillos inmobiliarios, que van alquilando las piezas de las casas porque saben cuáles se pueden tomar. Las ocupaciones no siempre son espontáneas. Y, naturalmente, las casas tomadas no producen ciudad en el sentido de innovación. No se pueden reproducir esos modelos. La gente vive de la peor manera posible, en condiciones horribles de sanidad y servicio público, que no se termina de integrar en el barrio sino que deteriora la trama urbana de ese barrio. El Estado tiene el deber de solucionar el problema de esas personas. Me resisto a tener una visión romántica de ninguno de los modelos de ocupación del espacio público que sean dañinos para aquellos que lo ocupan.

Inmigración y proyectos políticos

–Otro grupo que aparece en su libro son los inmigrantes. ¿Qué diferencia encuentra entre las nuevas oleadas de bolivianos, peruanos y paraguayos y las que se dieron con el flujo europeo?

–Al contrario de lo que pasó con los italianos y españoles que llegaron en 1880 hasta la Primera Guerra y después de la década del 20, el Estado los necesitaba para tener mano de obra barata y tenía un mercado de alimentos relativamente barato. En cambio, las migraciones que llegan de Bolivia, Paraguay, Perú no forman parte de ningún proyecto público. Estamos obligados constitucionalmente a recibirlos y a darles todas las posibilidades. La cuestión de las migraciones no es un tema de las villas. Es un tema federal.

–¿Qué consecuencias trae esa falta de proyecto?

–Al no estar contemplada como política, se crean reflejos antimigratorios en los sectores populares con trabajo porque los inmigrantes parece que vendrían a recargar un mercado de trabajo que ya en sí mismo no es demasiado grande.

Demoliciones y reglamentos

Hay una verdadera epidemia de demoliciones, con y sin autorización. El CAAP aprueba cosas muy cuestionables. Y el Ejecutivo prometió que en 15 días llega a la Legislatura el régimen de faltas especial para el patrimonio.

Por Sergio Kiernan

Hasta la persona más sanguínea, de las que pueden ignorar la gripe mexicana, tiene la sensación de que hay otra epidemia en la ciudad. La dolencia en este caso es la demolición a las apuradas de edificios patrimoniales cuya destrucción está prohibida, agravada por dos factores. Uno es que el cuerpo médico especializado, en este caso el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, la está pifiando con los diagnósticos. Y el otro es que el gran antibiótico antipiquetas, el régimen de penalidades para el patrimonio, sigue sin salir de los cajones oficiales. Las buenas noticias son que el CAAP está empezando a reaccionar y que el régimen será presentado en dos semanas –prometen en el gobierno– para que la Legislatura lo sancione.

Tres casas

Hubo tres casos en estos días de piqueta malandra, con tres situaciones legales diferentes y tres resultados variados. Los edificios son viviendas de Recoleta, Montserrat y San Telmo, que van del petit hotel francés a la casa de barrio de las mejores.

En Pueyrredón 1741, a metros de Peña, se alzó por muchos años el petit hotel, que empezó a ser demolido la semana pasada con la frivolidad habitual en estos casos. Una empresa compró este tesoro y un arquitecto, o arquitectos, se prestó a destruirlo para reemplazarlo por algo mucho peor, mucho más feo, mucho menos valioso, pero más grandote y rentable. En la zona roja le dicen a esto prostitución, entre arquitectos le dicen ganarse la vida. Vecinos y diputados patrimonialistas se movilizaron para frenar el aparente atentado, pero resulta que no se pudo hacer nada porque los permisos estaban en regla. Un petit hotel menos para la ciudad.

Más ambigua resulta la situación de la casita de barrio de la calle México al 1400 –foto en la tapa– que ya está a medio demoler. Resulta que en este caso los vándalos sacaron un permiso del que se sabe que fue tramitado todavía en 2008. Pero sucede que los permisos vencen a los 180 días, o más exactamente lo que caduca es algo llamado “certificado de uso conforme”. Este papel, parte normal del trámite, asegura al demoledor que no le van a cambiar las leyes al día siguiente que sacó el permiso y lo pagó. Por ejemplo, nadie puede caerse por la obra para avisar que hay un nuevo impuesto al ladrillo colorado, o que hay que pagar más porque ahora el trámite subió de precio.

Como ya estamos a julio de 2009, el papel está obviamente vencido, pero no queda en claro si esto alcanza para detener la ya avanzada destrucción de la casa. El diputado Patricio Distefano (PRO) está apadrinando esta casa y tratando de que le expliquen por qué los planos llevan un sello de fines de junio, cuando la ley 3056 ya estaba en efecto. Por supuesto, la casa de la que hablamos es anterior a 1940.

Lo que no se demolió fue la linda casa en PH de Estados Unidos 946, que los vecinos de San Telmo Preserva denunciaron indignados se iba a rematar en pedazos. Este tipo de remate consiste en hacer lotes de todo lo que se puede de una casa antes de destruirla. Al despedazarla, se retira todo lo que ya se vendió y se entrega al comprador. Los vecinos estaban indignados porque asumieron que una casa en buen estado, obviamente valiosa y en pleno San Telmo, tenía que estar protegida. También sabían que esta casa está a metros del APH de su barrio y está incluida en la ampliación futura del área.

Se equivocaban: la demolición ya había sido autorizada por el CAAP, que explicó que “el entorno” hacía que no se mereciera ser protegida. Sólo faltaba el permiso formal de demolición, lo que dio tiempo para que el diputado Distefano presentara un proyecto de catalogación el jueves de la semana pasada. Al día siguiente, se comunicó por escrito al Ejecutivo para avisar que el edificio quedaba inhibido. El lunes, la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena (CC), hizo lo mismo para formalizar el tema. Hasta nuevo aviso, la casa de Estados Unidos está a salvo.

Y el CAAP, con otro error, introduce un cuarto edificio en esta lista. Es la casa de Andrés Kálnay en la calle Palestina, demolida parcialmente sin permiso ni papeles. La obra fue clausurada inmediatamente, gracias a la denuncia de los vecinos, porque la estaban haciendo de araca. Se ve que los dueños sabían que no se iba a poder destruir un Kálnay con papeles, por lo que pasaron a la clandestinidad. Pues ahora, la dirección general que se ocupa de las Areas de Protección Histórica le preguntó al CAAP si consideraba que la casa de Palestina tenía valor, parte del trámite en curso. ¿Qué contestó el Consejo? Que no valía la pena conservarla porque ya estaba “demasiado dañada”.

¿Quién les preguntó eso? ¿No perciben en el Consejo que así ayudan a premiar a los vándalos?

Las penalidades

Todo esto ocurre en rigor por la casi entera impunidad con que se puede hacer cualquier cosa en esta ciudad. Como se entenderá, los inspectores no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, con lo que resulta invaluable que los vecinos avisen de estas avivadas. Pero hasta cuando se clausuran las obras el gobierno porteño se encuentra con pocas herramientas para punir a los culpables. Las multas tienen más de diez años sin actualizarse y resultan minúsculas. Y no existe un régimen especial para punir a quienes rompan lo nuestro.

O mejor dicho, sí existe, pero en un largo invernar en los cajones oficiales. Allí, en tiempos del increíble Aníbal Ibarra, se logró aprobar la ley 1227, la primera dedicada específicamente al patrimonio. Una de las cosas que ordenaba la ley era que el Ejecutivo preparara y remitiera a la Legislatura un reglamento para velar por el patrimonio edificado, con castigos y reglas. Silvia Fajre, primero como subsecretaria de Patrimonio y luego como ministra de Cultura de Jorge Telerman, se ocupó minuciosamente de cajonear la 1227. Fajre se negó a reglamentarla para que todo siguiera en el limbo y fue necesario que la diputada Anchorena le presentara un amparo para que la ley fuera efectiva, algo que debe ser un caso único en la historia institucional argentina.

Lo que nunca ocurrió fue que se redactara el reglamento y las penalidades, tarea que le quedó a la actual subsecretaria de Patrimonio, Josefina Delgado. El reglamento fue largamente discutido y revisado, y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le dijo a m2 este jueves que ya se lo envió al subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri. “Hoy mismo (por el jueves) hablé con Lostri –dijo el ministro Lombardi–, y me aseguró que en 15 días el reglamento está en la Legislatura.”

Con lo que a mediados de agosto los diputados pueden estar discutiendo sancionar la herramienta para frenar estos desmanes. Legalmente, se trata de incluir una sección específica en el régimen de faltas de la ciudad. Esta sección, la número doce, trata de bienes inmuebles y muebles y castiga a los profesionales a cargo de la obra, la empresa que demuela y la empresa constructora con multas de 350.000 a 500.000 unidades fijas por una demolición total sin permiso, de 200.000 a 350.000 por una demolición parcial y de 50.000 a 200.000 cuando “se modifique, destruya o substraiga una parte constitutiva del bien”. Una unidad fija es hoy aproximadamente un peso.

El proyecto agrega que “si el responsable de la ejecución de la obra fuera un profesional o titular de una empresa, será sancionado con multas mayores a las de cada caso y puede ser pasible de la sanción de inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. Se procederá asimismo a la clausura de la obra”.

La potencia de este reglamento es evidente, y no sólo porque la multa pasa de ser de unos 10.000 pesos como máximo a medio millón. Con esta reforma se acaba esa obediencia debida de los profesionales de la construcción, que se niegan a hacerse cargo de la violencia de sus actos de vandalismo.

La plazoleta más cara de la ciudad

Por Marcelo L. Magadan *

Plazoleta de las Madres. Triangulito mínimo, resto de ciudad entre las avenidas Juan de Garay y Entre Ríos, y la calle Filiberto, en el rinconcito sudeste del barrio de San Cristóbal. Triangulito más o menos isósceles con sus puntas redondeadas. Cinco metros y medio en la base y casi treinta y dos de altura. Triangulito ínfimo, que hasta hace unas semanas tenía una veredita alrededor, un monolito, dos árboles y un poquito de tierra, sin pasto. Triangulito minúsculo que, campaña electoral mediante, ha sido remodelado.

La licitación fue pública y llevó el Nº 2343/2008. La convocó la Subsecretaria de Atención Ciudadana a cargo de la Lic. Gladys González, que depende de la Jefatura de Gabinete de la administración Macri, de Horacio Rodríguez Larreta. La subsecretaria se dedica a promover campañas de vacunación antirrábica y homenajes a barrios que cumplen años, pero devino ahora en proyectista y ejecutora de obras en espacios verdes.

Remodelada, la plazoleta tiene los dos mismos árboles de antes, 37 metros cuadrados de tierra sin pasto, 63 metros cuadrados de pavimento de cemento peinado y dos columnas de alumbrado. Se dirá que no mejoró mucho, pero eso depende de cómo se lo mire. Por este trabajito, los vecinos de la ciudad le pagamos a Aventura Emprendimientos S. A., empresa adjudicataria de la obra, la suma de $ 532.850,50.

¿Caro? Los 37 metros de tierra por ahora pelada, con demolición incluida, valen a precio de mercado unos $ 13.000. Los 63 metros de cemento peinado resultan en unos $ 31.000. Dos columnitas de iluminación, con instalación y lamparita incluida, digamos unos $ 3000. Un total de $ 47.000.

¿Cómo puede ser que algo que, exagerando, cuesta 47 lo cobren 530? Diez veces más de su valor. Hay que acomodarse la mandíbula y hacer la cuenta inversa. La obra nos costó $ 532.850,50 y la plaza tiene, sumando cemento y tierra, 100 metros cuadrados. Conclusión: $ 5328,50 el metro cuadrado de plazoleta remodelada. Con un dólar a $ 3,80, el metro cuadrado de plazoletita da el equivalente a 1402 dólares, un total de 140.223. En la zona (San Cristóbal), un departamento usado cuesta unos 900 dólares el metro cuadrado. Es decir que con lo que pagamos por esta remodelación nos podríamos comprar 155 metros cuadrados de departamento usado en el barrio. O, lo que es lo mismo, dos departamentos de tres ambientes de cerca de 70 metros cada uno. Y con ese monto ofrecen departamentos de 60 metros cuadrados en lo mejor de Recoleta.

Curiosamente, en otras obras que está ejecutando el gobierno de la ciudad en otros espacios verdes de la zona, los precios son drásticamente diferentes. En el Parque Pereyra, sin ir más lejos, el costo no alcanza a los $ 400 por metro cuadrado, trece veces menos. Según el pliego de licitación, Emprendimientos Aventura S. A. hizo una rebaja del diez por ciento en el precio final, ya que el presupuesto oficial de la obra era de $ 598.406,46.

Y esto no es manejar la ciudad como si fuera una empresa privada, acusación rutinaria al actual gobierno. Si una empresa privada estuviera comprando plazoletitas, es seguro que no pagaría 530 lo que puede costarle 47.

* Especialista en conservación de patrimonio arquitectónico

VENDEN DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO ILEGAL

ESTAN EN VENTA DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO DE VALENTIN VIRASORO AL 700

Dijo Clarin esta semana:

"El sistema, de todas maneras, está lejos de ser ideal. En la calle Valentín Virasoro al 700, en Caballito, un grupo de vecinos viene luchando contra una obra que tiene dos pisos más de los autorizados, según lo estableció un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Desde la AGC lo confirmaron. "Los inspectores pasaron el 20 de mayo e intimaron al responsable a regularizar la situación: deberá presentar nuevos planos o adecuar la obra a los existentes", dijo una fuente consultada."

La realidad es que el edificio esta en venta y la falta real de control, o la falta de voluntad de control. Hacen de la Ley , solo letra muerta..

Este es el mismo edificio que mostro Magnati, hace mas de un año, que rompio toda la casa de su lado durante la construccion. Dejandola sin luz, ni telefono, Provocando la caida de materiales y defensas y la imposibilidad del cierre de las puertas. Sin contar las "ventanas" que durante meses los propietarios taparon con maderas. Grietas, fisuras, filtraciones. Y ahora 2 pisos de mas.

La incompetencia de la administracion macrista intima el 20 de mayo y un mes despues no solo que no pasa nada sino que se ponen a la venta los departamentos. Esto es una farsa.

Los vecinos de Caballito exigimos la demolicion inmediata, a costa del constructor, de todo lo construido ilegalmente. La clausura de la obra y la suspencion de la venta de los departamentos hasta la resolucion del conflicto y el fin de la ilegalidad.

No queremos mas complicidad de la administracion macrista con los constructores.

Estamos evaluando la realizacion de un acto el jueves 2 a las 19 y 30 horas en la puerta de la ilegal construccion si el Gobierno de la Ciudad no cumple con la Ley y las Normas y satisface los reclamos de los vecinos de nuestro barrio

Los saludo fraternalmente.

Lic. Gustavo Desplats

Proto Comuna Caballito

Informes: 4903-7444 15-4163-5901

En la Capital, clausuran dos obras en construcción por día

Son por inspecciones en base a denuncias de los vecinos. En la mayoría de los casos es por falta de permisos de obra y cuestiones de seguridad. Palermo y Caballito son los barrios con más conflictos.

Cada día, dos obras en construcción son clausuradas en la Ciudad de Buenos Aires. Alentadas por un aluvión de denuncias de vecinos inquietos que detectan faltas de medidas de seguridad u otras irregularidades en las construcciones, las clausuras fueron un promedio de 60 por mes durante los primeros cinco meses de 2009.

La desaceleración de la construcción que se hace evidente desde al año pasado -por la crisis global y la escasez de créditos- no se traduce en un descenso de las clausuras y las multas. Por un lado, porque aún se están construyendo obras proyectadas en 2006 o 2007. Y además, justamente porque el parate hizo que muchas obras se detuvieran y quedaran en estado de abandono, convirtiéndose en un peligro mayor aún para la zona.

"Cuando una obra queda parada, no podemos intimar a que el dueño la reanude. Y se nos presenta una situación complicada, porque habitualmente al constructor que está en falta lo que más le duele es que le paralices la obra. En esos casos, el único recurso que tenemos es aplicar multas para intentar que cumplan con las medidas de seguridad", explicó a este diario Pablo Bourlot, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Los datos oficiales dicen que el motivo del 70% de las clausuras que se realizan son faltas de permiso de obra. En muchos casos se trata de trabajos de refacción en viviendas particulares, que los vecinos denuncian por ruidos molestos. Pero también existen obras nuevas sin permiso oficial gestionado, lo que permite al constructor ahorrarse dinero en trámites.

De acuerdo a los registros de la AGC, entre enero y mayo de 2009 ya se han registrado 2.862 denuncias vecinales contra obras en construcción. A la cabeza figuran los barrios preferidos por la actividad inmobiliaria: Palermo y Caballito. En el primero se registraron 243 denuncias y en el segundo, 202. También en 2009 Palermo y Caballito habían sido los barrios con más denuncias, con 708 y 478, respectivamente. Los reclamos se pueden realizar en el teléfono gratuito de la Ciudad, el 147.

En el Gobierno dicen que, además de los papeles en regla, lo que más miran es la correcta ubicación de las pantallas que deben colocarse para asegurar que no caiga ningún material hacia la calle.

El sistema, de todas maneras, está lejos de ser ideal. En la calle Valentín Virasoro al 700, en Caballito, un grupo de vecinos viene luchando contra una obra que tiene dos pisos más de los autorizados, según lo estableció un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Desde la AGC lo confirmaron. "Los inspectores pasaron el 20 de mayo e intimaron al responsable a regularizar la situación: deberá presentar nuevos planos o adecuar la obra a los existentes", dijo una fuente consultada.

En Protocomuna Caballito, un grupo que se opone al auge de la construcción, Gustavo Desplats dice que "las multas son bajas y generan que los constructores prefieran pagar a hacer las cosas bien. Las normas autorizan un margen de error de hasta un 3% sobre la cantidad de metros cuadrados autorizados a construir. Con el valor que tiene hoy el metro".

Desde el Gobierno, Bourlot defiende su tarea y asegura que la alta cantidad de clausuras "es producto del incremento de la cantidad de inspecciones".

Hasta el año pasado los registros y las inspecciones estaban unificados en la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC). Ahora hay un organismo dependiente del ministerio de Desarrollo Urbano para el registro y otro en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control, para la fiscalización. En la Agencia aseguran que la cantidad de inspectores para el control de obras pasó de 60 a comienzos de 2008 a 120 actualmente.