miércoles, noviembre 23, 2011

Otro derrumbe en la Ciudad: cayó medianera en Caballito

SOCIEDAD /  El hecho ocurrió en Díaz Vélez 4920 al caer una pared de una obra en demolición sobre el patio de la casa vecina. Vecinos denunciaron que hicieron varios reclamos con el Gobierno de la Ciudad. No hay heridos.

Se derrumbó una medianera en Caballito
Ocurrió en Díaz Vélez 4920 al caer la medianera de una obra en demolición sobre el patio de una casa. Los dueños del hogar ya habían realizado la denuncia, en reiteradas oportunidades, ante el Gobierno de la Ciudad.

Hasta el momento no se informó sobre heridos.

La dueña del a casa, Dolores, explicó que “vengo de un historial de denuncias, pero parece que acá nadie hace nada. Finalmente, hoy se cayó todo. Temo por la irresponsabilidad con la que se está trabajando”.

Las autoridades aún no se hicieron eco de la situación de la casa cercana a Parque Centenario.

martes, noviembre 22, 2011

Advierten que La Plata pierde su esencia

Por Valeria Musse | LA NACION
LA PLATA.- La lucha de los vecinos platenses por conservar el patrimonio arquitectónico y la esencia de esta ciudad planificada se hizo escuchar. La World Monuments Fund (WMF), una organización estadounidense que se dedica a apoyar proyectos para preservar la cultura arquitectónica en peligro, consideró a La Plata la primera ciudad en el mundo en riesgo.
El programa de esta fundación fue creado con la intención de "llamar la atención" a la ciudadanía mundial y a los gobernantes cuando un monumento o un sitio cualquiera se encuentra en peligro. Durante dos años se expone una lista previamente seleccionada de entre los lugares postulados y se apoyan las campañas locales de difusión y las actividades que se lleven a cabo para resguardar el patrimonio histórico.
En diálogo con La Nacion, la representante en América latina de la WMF, Norma Barbacci, explicó cómo se realiza la selección: "Ante todo, ahondamos sobre por qué es importante el sitio que eventualmente se está destruyendo y cuáles son las amenazas que recaen sobre él".
Para este próximo período se presentaron más de 250 postulantes de todo el mundo, pero llamó la atención que, por primera vez desde 1995, toda una ciudad fuera nominada para el programa de conservación. Este dato no pasó inadvertido para la WMF. "Nos quedó muy claro que los vecinos que presentaron a La Plata representan a una mayoría que quiere proteger su lugar de pertenencia", destacó Barbacci.
El grupo que postuló a la ciudad de las diagonales es la asociación sin fines de lucro SOS La Plata, avalada por la organización Basta de Demoler. Para estos vecinos no hay intereses de por medio, sino que sólo desean que la empresa urbanística que significó la capital bonaerense, con su singular diseño planificado hace 129 años para resaltar la arquitectura fundacional y los espacios verdes, no se vea afectada por el boom inmobiliario.
Angelina Muñoz Ojeda, una de las activistas, siente un sabor agridulce por este apoyo de la WMF. "Significa que tenemos razón - reflexionó a La Nacion-. La identidad de La Plata corre peligro."
Los días transcurren y aquellas normas que protegían los inmuebles con alguna historia en la ciudad se desploman y quedan enterradas bajo los escombros. Los vecinos, preocupados, están convencidos de que hay una única explicación para estos fenómenos: los edificios y casas históricos están ubicados en terrenos que hoy tienen una alta valuación fiscal.
El nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), aprobado por el Concejo Deliberante local el año pasado, habilitó, entre otras cosas, la construcción de edificios donde antes no estaban permitidos y la demolición de inmuebles que solían ser considerados "intocables" por su valor histórico y patrimonial.
Según el último catálogo confeccionado en 2006 por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, hay unas 1820 propiedades que merecen el resguardo por ser consideradas patrimonio histórico de la ciudad. Sin embargo, los vecinos consideran que ese listado ya no se respeta y que las demoliciones están "descontroladas".
Estas nuevas disposiciones permiten incrementar la densidad de población, por lo que los habitantes creen también que se ven afectados el suministro de los servicios y la adecuada iluminación del sol, todas características que quiebran el sentido primitivo de urbanización que solía tener la ciudad.

lunes, noviembre 21, 2011

Villa Luro: límites que no incluyen el área más codiciada

También llegaron al barrio de Villa Luro los límites a la construcción en altura. Algunos días atrás la Legislatura porteña sancionó una ley para rezonificar el área delimitada por el eje de las calles Ercilla, Escalada, Acasusso y Basualdo. “En este polígono se encuentran parcelas pequeñas que, al estar afectadas a un distrito de zonificación de alta densidad, permite la construcción de edificios en alturaque ocupan el centro libre de manzana”, explicó la presidenta de la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, Silvina Pedreira (bloque Peronista). Antes se podía construir hasta 24 metros de altura y ahora a algo menos de la mitad.
Sin embargo, en el barrio aseguran que la norma dejó afuera del polígono protegido al boulevard Ramón Falcón, la calle más codiciada para los emprendedores . De hecho, en los últimos 10 años se han construido por lo menos 12 torres de entre 10 y 12 pisos.
Las rezonificaciones son temas casi habituales en la agenda de la Legislatura; se repiten ante la falta de un Código de Planeamiento Urbano actualizado que regule la construcción en la Ciudad, tal como establece el Plan Urbano Ambiental, que está en vigencia desde 2009. Así los vecinos recurren a la Justicia, como hicieron los de Caballito, que en 2006 lograron detener la descontrolada construcción de torres en el barrio; o bien a la Legislatura. Pero el problema de fondo subsiste, porque el Código de Planeamiento vigente fue redactado en 1977, durante la dictadura militar, cuando claramente se favoreció el avance de la construcción en altura. Es así que la Ciudad, que tiene alrededor de 12.000 manzanas, está llena de rezonificaciones , impulsadas por los vecinos o los legisladores.

Los vecinos se juntan para conservar la identidad barrial

21/11/11
El avance de las torres en Belgrano R. En la zona alrededor del túnel que construyen bajo las vías en la calle Monroe hay en obra 10 edificios de hasta 10 pisos. También muchas casas en venta. La gente apoya una ley que restringe las alturas.
PorSILVIA GÓMEZ Casas bajas, veredas anchas, algunas calles adoquinadas, olor a jazmín y la sombra de un añoso paraíso que se proyecta, generosa. Ciertos rincones de Belgrano conservan una impronta que los vecinos luchan por conservar . Muy cerca de las vías del tren Mitre y el cruce con Monroe, avanza a toda la marcha un inmenso túnelque construye la Ciudad. Y junto con esta obra, también crecen una decena de torres de hasta diez pisos que amenazan con transformar la dinámica y la escala barrial. Mientras, en la Legislatura porteña tratan una ley que impulsa protección para el barrio En una recorrida por la zona, Clarín comprobó que en un radio de seis manzanasse construyen 10 edificios . Sobre las calles Blanco Encalada, Naón, Monroe, Washington y Juramento avanzan las obras que tienen preocupados a los vecinos. “Yo me mudé hace un par de años. Busqué un barrio con lugar para dejar el auto en la calle, una planta baja con patio y poco tránsito. Ahora desde el patio de mi casa veo una torre y creo que en poco tiempo voy a ver una segunda, porque ya están excavando en un lugar en el que antes había una casa. Y aunque hubiera preferido estar lejos del bajo nivel de Monroe, igual apoyo la obra porque es un bien común para todos los vecinos”, contó Juanita Vaccari, de la calle Estomba al 2300. Es que el túnel de Monroe generará una gran conectividad en barrios como Coghlan, Belgrano, Colegiales y Villa Urquiza. Más allá de la importancia de la seguridad que generará el cruce bajo nivel.

“La primera obra que alertó a los vecinos fue un edificio de siete pisos sobre la calle Washington. Investigando se dieron cuenta que tiene una zonificación similar a la de una avenida, como si vivieran sobre Cabildo”, contó Carlos Prillwitz, presidente de la Sociedad de Fomento Belgrano R.
“La realidad es que estas torres no son ilegales , sino que los intereses de los empresarios son muy diferentes a los nuestros, que queremos conservar nuestro barrio”, le dijo a este diario un vecino que vive en una casa chorizo, la misma en la que nació y en la que vivió junto a sus padres y hermanos. Esa cuadra de Blanco Encalada al 3600 está rodeada de obreros, camiones, ladrillos y polvo. En la misma manzana hay dos casas en venta. “Si te ofrecen por tu casa mucho más dinero de lo que vale, cómo haces para decir que no”, se preguntó.
Tras el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre al 1200, los vecinos sumaronnuevos temores . Porque si bien es verdad que no fue el único derrumbe –se estima que en el último año hubo otros 12–, fue sin dudas el más espectacular, junto al del gimnasio en Villa Urquiza del año pasado, en el que murieron tres personas. Por eso están alerta y en pocas semanas participarán de una audiencia pública en la Legislatura por la ley para proteger al barrio. Aunque estas reuniones no son vinculantes, son obligatorias porque se trata de una norma que modifica el Código de Planeamiento Urbano.
“Los empresarios son expertos en buscar este tipo de lagunas. No fueron normas votadas entre gallos y medianoches, el Código lo permite. Y la realidad es que el boom de la construcción arrancó fuerte en 2003 y hace un par de años los desarrolladores descubrieron este rincón del barrio . Nosotros entendemos a los vecinos y vamos a defender su posición”, destacó el legislador por el radicalismo Adrián Campos, quien impulsó la ley junto a Claudio Presman.
Actualmente en esta área se puede construir hasta 24 metros (zonificación C3 II, unos ocho pisos); de aprobarse la ley, sólo se podría construir 8,80 metros , algo menos de tres pisos.
Pero no es la única lucha que tienen los vecinos de Belgrano R, un barrio en rigor conformado por otros cuatro: Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Colegiales y Belgrano. También en la Legislatura, proponen una modificación en el polígono delimitado por las calles Olazábal, Holmberg, Avenida de los Incas y las vías del tren Mitre –se trata de alrededor de 100 manzanas– para impedir que se sigan construyendo edificios. En el año 2000 una modificación permitió que se anexaran terrenos, es así que se comenzaron a levantar más viviendas multifamiliares en desmedro de las casas de familia o de los dúplex, una tipología típica del barrio .
Hace casi 25 años los vecinos del barrio lograron la zonificación “especial” U28 para Belgrano R, que obliga a construir hasta una altura máxima de dos pisos y a respetar las características de las edificaciones de la zona.

sábado, noviembre 19, 2011

CONSTRUCCIONES PELIGROSAS Un laboratorio clave, en crisis

Se trata de un organismo que controla la calidad de los materiales de la obra pública de la Ciudad. El legislador Fabio Basteiro denuncia un proceso de vaciamiento.

Por Clarisa Ercolano 

Luego del derrumbe en la calle Bartolomé Mitre, la incertidumbre respecto de la seguridad de las construcciones en la Ciudad se continúa incrementando. Y, más allá de la responsabilidad de las constructoras privadas, un dato resulta alarmante: el único organismo destinado a verificar la calidad de los materiales que se utilizan en las obras en construcción públicas porteñas está siendo “vaciado”, según denuncia ante NU el presidente del bloque Proyecto Sur, Fabio Basteiro, quien desde inicios de 2011 advierte sobre la situación que atraviesa el Laboratorio de Ensayos de Materiales (LEM) como organismo de control de obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Basteiro elevó un pedido de informes y un amparo judicial y advirtió que “el LEM tiene un rol crucial en el monitoreo de la calidad de los productos que se utilizan en las compras y en la construcción de la obra pública porteña”. Convencido de que se trata de una decisión política, asegura que con el LEM casi desarticulado, “las contratistas que todos los porteños pagan tienen vía libre porque nadie las controla. El control sobre los pliegos de las licitaciones públicas sería casi nulo”.

Desde Proyecto Sur remarcaron que actualmente solo trabajan 25 técnicos de los 120 que tenía el organismo en 1983, cuando la Municipalidad definió las funciones para todas las áreas del laboratorio. “Esta disminución se profundizó y redujo a su mínima expresión a la única repartición comunal que se dedica al control específico de los materiales que se utilizan en las obras que el Estado porteño paga con fondos públicos”, subrayaron. 

Periodistas de esta publicación, por su parte intentaron repetidas veces comunicarse con voceros del Gobierno porteño por este tema, sin obtener respuesta.

El LEM, que actualmente se encuentra en la órbita de la Jefatura de Gabinete porteña, tiene en sus espaldas una historia de 103 años de funcionamiento y momentos de esplendor cuando recibían materiales de otras provincias y de entidades privadas para estudiar y emitir un veredicto. 

La medición de la calidad de los elementos que se usan para las obras públicas, actualmente, cae en manos de las mismas empresas contratistas. Es decir, se controlan a sí mismas. En el laboratorio, los ensayos se efectúan de acuerdo con las normas IRAM y con las especificaciones que elaboran los respectivos organismos técnicos y reglamentaciones vigentes. 

Noticias Urbanas pudo contactarse con dos trabajadores del laboratorio que describieron la situación: “No hay ni resmas para imprimir las normas IRAM, las computadoras están caducas o funcionan mal y conseguir una lapicera o un resaltador equivale a un milagro”. 

Además, agregaron que en caso de funcionar a pleno “no seríamos un gasto, todo lo contrario, porque el personal es idóneo y podríamos trabajar para otras provincias y empresas, como se venía haciendo”. Y aseguran: “Habría un ahorro en gastos del Estado por compras mal realizadas, y no nos olvidemos del invalorable beneficio en protección de los vecinos”.

“Este laboratorio no tiene la difusión que debería tener, y muchos profesionales desconocen las bondades que también ofrece a la rama privada desde el punto de vista profesional”, le dijo a Noticias Urbanas Lucas Zalcwases, arquitecto y director general de P&S Constructora. 

“No sé si es primero el huevo o la gallina, no sé si los profesionales no concurren porque no lo conocen o por negligencia. Pero hay que dejar en claro que la mayoría de los accidentes graves de estos últimos tiempos eran absolutamente prevenibles”, agrega el arquitecto.

Zalcwases admite que a diario ve obras totalmente irregulares en donde “las desgracias no suceden por obra de la suerte”. Pero no quiere deslindar culpas entre sus colegas y señala que “esto no es solo un tema político, es más bien técnico y de responsabilidad profesional”. 

“Los estándares de seguridad del país no son malos en comparación con el resto del mundo, pero lógicamente siempre trasciende lo que sale mal, a nosotros nos auditan constantemente pero es cierto que muchos obradores trabajarían mejor si supieran que en cualquier momento les puede llegar un control. Cuanto menos, se van a cuidar más.” 

“En el último año se produjeron 13 derrumbes importantes. Una cifra récord en la Ciudad. El primer ingeniero a cargo de la Ciudad de Buenos Aires es, paradójicamente, el que mayor cantidad de derrumbes tuvo en su gestión. Y esto no es casualidad o mala suerte. Es el fruto de una política del dejar hacer hacia el mercado de la construcción”, señaló ante NU Gustavo Desplats, de la Proto Comuna de Caballito, quien hace años le viene dando pelea al shopping que Irsa quiere levantar en ese barrio. 

“El registro de demoledores que se creó por nuestro pedido luego del derrumbe de Pedro Goyena y Thorne nunca fue correctamente instrumentado por la administración macrista”, recuerda aludiendo a la tragedia de Bartolomé Mitre. 

Para no lamentar nuevas pérdidas humanas y materiales, Desplats reafirmó el pedido que elevaron al Ejecutivo en donde solicitan la suspensión de todas las obras comenzadas en los últimos seis meses. Y su posterior reinspección y adecuación a la nueva normativa.

De todos modos, sin necesidad de llegar a una medida tan radical, con que sólo cumpliera el Laboratorio de Ensayos de Materiales con su función específica, sería un buen comienzo para comenzar a prevenir situaciones de crisis, como los derrumbes, que se llevaron 10 vidas en los últimos tiempos.

jueves, noviembre 17, 2011

Pagarán U$S 1.750 por metro cuadrado a los damnificados por el derrumbe en Monserrat

17 de Noviembre - 19:54hs
Legislatura porteñaotos
La Legislatura aprobó este jueves la creación de un fondo especial de 20.500.000 de pesos para resarcir a los damnificados por el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre al 1200 que se aplicará con la expropiación del lugar y la entrega de una indemnización que cotiza cada departamento en 1750 dólares el metro cuadrado y un subsidio de entre 50 y 70 mil pesos a cada propietario.



La norma fue sancionada por unanimidad en el marco de la sesión ordinaria de la Legislatura, donde estaba presente un grupo de los vecinos que habitaban en el edificio que se cayó parcialmente el viernes 4 de este mes y que celebró la aprobación de la ley. 

El proyecto de compensación fue consensuado entre las diversas fuerzas políticas que integran la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, donde se habían presentado al menos siete diferentes alternativas de ayuda económica para los vecinos afectados. 

Puntualmente, la ley sancionada declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" al edificio colapsado "con destino a la realización de las acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas y bienes en dicho inmueble, sus linderos y vía pública aledaños". 

En consecuencia, crea un "Fondo Especial" por 20.500.000 de pesos para "atender todos los gastos" que demande el cumplimiento de la ley que se distribuirá en dos tipos de indemnizaciones tanto para los propietarios de los departamentos y a los inquilinos. 

Por un lado, fija el valor de cada unidad funcional en 1.750 dólares por metro cuadrado, lo que prevé que los dueños de departamentos de unos 60 metros cuadrados reciban 105 mil dólares, y los que alcanzan los 90 metros cuadrados, un suma cercana a los 157 mil dólares. 

Asimismo, agrega a esa cifra un subsidio de 70.000 pesos para aquellos propietarios que ocupaban su unidad funcional a la fecha del derrumbe en los cuerpos B y C del edificio y no puedan recuperar sus bienes muebles, en tanto que se darán 50 mil a quienes habitaban en el sector A que quedó en pie. 

En el caso de los inquilinos, al igual que para el encargado del edificio, se aplicará el mismo subsidio de 50 o 70 mil pesos -dependiendo del sector del edificio donde vivieran- además de un monto equivalente a seis meses de alquiler. 

Según informó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alvaro González, "se trabajó en conjunto para llegar a un texto consensuado entre todas las fuerzas políticas que ahora intentaremos votar en el recinto". 

"Los vecinos nos dijeron que la tasación de 1200 dólares el metro cuadrado no era lo que ellos estimaban que valía la propiedad, entonces se hizo un relevamiento con las inmobiliarias de la zona y se llegó a la cifra de 1750 dólares", precisó el legislador del PRO. 

El proyecto, además, le concede al Poder Ejecutivo los derechos para encarar acciones por daños y perjuicios que correspondieren contra "el responsable de los hechos acaecidos", es decir, la constructora que tenía a cargo la obra lindante al edificio derrumbado. 

También, obliga a los beneficiarios de cada una de las indemnizaciones a "renunciar a toda acción civil que pudieran tener contra la Ciudad fundados en los hechos acaecidos sobre el inmueble objeto de expropiación".

miércoles, noviembre 16, 2011

El mapa de las 800 obras en construcción sin plan de seguridad

Mapa derrumbes: http://maps.google.com/maps/ms?hl=es&mpa=0&ctz=180&mpf=0&ie=UTF8&msa=0&t=m&vpsrc=6&msid=203685373763311309766.0004b1d9c78ce1a8a0495&ll=-34.582344,-58.448296&spn=0.098932,0.221443&z=12&source=embed


La Superintendencia de Riesgos del Trabajo relevó las más peligrosas en etapa de demolición y suspendió 15; piden enfáticamente que las ART denuncien cuando no se cumplen las normas
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT) presentó ayer un informe que detalla las obras en construcción que "corren peligro de derrumbe" en la ciudad de Buenos Aires. El organismo, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, dio a conocer, además, el detalle de las obras que ya fueron suspendidas o cerradas.
El superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan Horacio González Gaviola, dijo que "la situación es preocupante" y que trabajar sin un plan de seguridad "es gravísimo, muy peligroso".
"El Estado debe poner límites y aclarar cuáles son las responsabilidades. Ayer hubo una nueva excavación con una situación dramática y hace dos semanas fue lo del edificio en Bartolomé Mitre al 1200 . Ya hemos cerrado 15 obras", sostuvo, en diálogo con radio Del Plata.
"Las ART tienen que denunciarnos a nosotros cuando una empresa no cumple con las normas de seguridad", pidió.
Además, González Gaviola se encargó de criticar a la gestión porteña. "Desde junio hasta noviembre hemos transmitido al Gobierno de la ciudad 4881 denuncias de incumplimiento, desde cosas simples hasta graves, como las obras que trabajan sin plan de seguridad. Eso es muy peligroso, es gravísimo", dijo.
"De las 4881 denuncias de las ART que derivamos al Gobierno porteño, 883 construcciones ni siquiera habían presentado el plan de seguridad. Sin embargo, ellos sólo actuaron en 70 casos . Ante el riesgo, tuvimos que involucrarnos: clausuramos 15 de las 50 obras más peligrosas que encontramos", explicó

Normas que no se cumplen

Las resoluciones de la Superintendencia de Seguridad del Trabajo número 51, de 1997, y 550, de 2011 son las que establecen las normas específicas para el inicio de una obra en construcción. La normativa 51 establece la obligatoriedad de “informar la obra mediante un aviso de inicio” y “presentar un programa de seguridad específico” según las características que debe ser aprobado por la ART. Si el aviso de obra y el plan “no están aprobados, no debe iniciarse la misma” y los que transgredan esa norma “deben ser sancionados”.
La normativa 550, por su parte, establece “un mecanismo de intervención más eficiente para las etapas de demolición de edificios existentes, excavación para subsuelos y ejecución de submuraciones, con el fin de asegurar las medidas de seguridad preventivas, correctivas y de control de las obras en construcción”.
Fija que el responsable de la obra “debe estar presente en cada paso de la misma, verificando cuestiones de seguridad”. Debe hacerse un “análisis estructural de las áreas a demoler” y proveer “elementos de protección para los trabajadores” y realizar “acciones preventivas para evitar derrumbes”, entre otras obligaciones.

Las obras suspendidas

Este es el listado de las quince obras suspendidas por decisión de la Superintendencia de Seguridad del Trabajo:
- Hortiguera 90 (Caballito). Empresa: CMC-Vial. Falta programa de seguridad aprobado.
- Olazábal 4465 (V. Urquiza). Construcciones SRL. Incumplimientos en las obras de excavación.
- Juramento 750 (Belgrano). Rowi Soluciones SRL. Excavación suspendida.
- Amenábar 1352 (Colegiales). Maciel Arzamendi. Falta recalce de muros medianeros.
- Sucre 1238 (Belgrano). Rojas Galeano. Falta de apuntalamiento en excavaciones.
- C. Larralde 2475 (Núñez). CGE Construcciones. Acceso inseguro.
- Estado de Israel 4661 (V. Crespo). Haspe SRL. Riesgo de caída de altura.
- Amenábar 3229 (Núñez). Fideicomiso Amenábar. Riesgo trabajo de altura.
- Camarones 1460 (V. Gral. Mitre). Fideicomiso Camarones. Incumplimiento de la resolución 550.
- Nogoyá 2510 (V. del Parque). Venegoni Hnos. Incumplimiento res. 550.
- García Lorca 124/46 (Caballito). De Villa Hnos. No cumple la 550.
- Ruiz Huidobro 4541 (Saavedra). Angel Rodríguez Ferreira. No tiene programa de seguridad.
- Luis M. Campos 369 (Palermo). Gil Construcciones SA. No cumple la 550.
- Córdoba 3600 (Almagro). Oscar Galván. Faltan barandas de apuntalamiento en la excavación.
- Santa Fe 3760 (Palermo). Riva SA. Debe actualizar la 550, por modificar los trabajos de obra.

Riesgo “muy grave” en cincuenta obras

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo detectó 833 obras sin plan de seguridad. En 50 casos ya empezaron a demoler o excavar, como ocurrió con el edificio derrumbado. Ante la “inacción” del gobierno porteño, el organismo nacional ya hizo quince clausuras.
En la ciudad de Buenos Aires hay 10.697 obras en construcción –grandes y pequeñas–, y entre los meses de julio a octubre se recibieron “cerca de cinco mil denuncias de las ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) por el incumplimiento, por parte de los empleadores, de las normas de seguridad establecidas” para ese tipo de emprendimientos. En un informe presentado ayer por el superintendente de Riesgos del Trabajo nacional, Juan González Gaviola, se hizo una dura crítica al gobierno porteño porque “sobre las 4881 denuncias realizadas por las ART, sólo se abrieron 119 de los casos, el 2,4 por ciento del total, y apenas se hicieron 71 acciones concretas” para tratar de normalizar la situación. El funcionario aseguró que, ante ese problema, la Superintendencia resolvió “hacer inspecciones en 50 de los casos considerados ‘muy graves’, porque se trata de edificios en los que se estaban realizando tareas de excavación y de demolición”, similares a los que provocaron el derrumbe en Bartolomé Mitre 1232. A partir de esa intervención se suspendieron las tareas en 15 de las primeras 22 obras inspeccionadas por personal de la dependencia nacional.
González Gaviola sostuvo que “en apenas tres días, entre el 9 y el 11 de noviembre, ocho inspectores visitaron 29 de esas 50 obras. Sólo se pudo hacer la inspección en 22 de ellas, dado que en siete de los casos la visita se hizo en un día lluvioso en el cual no había actividad en esos lugares. Como resultado de las inspecciones, en 15 de los casos (ver aparte) se decidió suspender los trabajos” porque las empresas a cargo “no tenían un programa de seguridad aprobado”. En una conferencia de prensa ofrecida en la sede del Ministerio de Trabajo, en Alem 650, González Gaviola explicó que el organismo a su cargo intervino porque “está facultado para hacerlo” por el convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ese convenio, que data de 1947, habilita a los inspectores de la autoridad laboral a tomar medidas para que “se eliminen los defectos observados” en las obras en construcción, en los casos en que “constituyan razonablemente un peligro para la salud o la seguridad de los trabajadores” de las obras en cuestión. Para justificar su intervención, el superintendente hizo también mención a la Ley 25.212, el llamado Pacto Federal, del año 1999, que faculta a los inspectores a disponer medidas “de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la salud, higiene o seguridad del trabajador”, incluyendo “la suspensión de tareas”.
“La inacción (del gobierno porteño) que se advierte respecto de las denuncias realizadas por las ART es importantísima”, aseguró González Gaviola. Ante una consulta sobre si entendía que hay “ineficiencia o desidia”, eludió darle una calificación. De todos modos consideró que “frente a esta falta de acción me niego a señalar como ‘accidente’ lo ocurrido en el edificio de Bartolomé Mitre 1232”, derrumbe que provocó la muerte de una persona. “Tanto la obra de Mitre como la de Jujuy 217, donde hoy (por ayer) hubo un escape de gas, tenían advertencias previas por parte de las ART de que no estaban trabajando como se debía”, respecto del cumplimiento de las medidas de seguridad.
Según el funcionario, frente a las irregularidades denunciadas por las ART, “la autoridad de trabajo local, en este caso el gobierno porteño, tiene que suspender las obras por incumplir la normativa vigente”. Si no lo hace, “la Ley Federal del Trabajo y el Convenio de la OIT nos permiten actuar, clausurando, cerrando o suspendiendo las obras hasta que la empresa cumpla la normativa, ante la existencia de un peligro grave e inminente para la salud de los trabajadores, para los vecinos o para los transeúntes que pasen por el lugar”, sostuvo González Gaviola.
El funcionario explicó que a través del sistema informático existente en la ciudad de Buenos Aires, “que puede compararse a los mejores del mundo”, es muy fácil acceder a la información sobre la existencia de falencias en las obras en construcción. De ese modo, la Superintendencia comprobó que “hay actualmente 833 obras con denuncias por falta de plan de seguridad” (se entregó la lista completa). De ese total “hay 50 consideradas de mayor riesgo, porque están en período de excavación o demolición”. Hasta ahora se inspeccionaron 22 y las 28 restantes serán visitadas en los próximos cinco días hábiles. “Quince de las obras visitadas hasta ahora tenían irregularidades graves, lo que obligó a suspender los trabajos”, precisó González Gaviola.
“Si el aviso de obra y el plan de seguridad no están aprobados, la obra no debe comenzar y las transgresiones a esta normativa deben ser sancionadas en forma enérgica”, explicó el funcionario. El superintendente de Riesgos de Trabajo estimó que hay unas 17 mil obras en marcha en la Ciudad, en lo que va del año, de las cuales están registradas 10.697. El nivel de incumplimiento de las normas es muy alto, de acuerdo con las cifras dadas a conocer en el sentido de que las ART denuncian, por año, casi 260 mil casos de irregularidades de distinta gravedad.
De julio a octubre se constataron 4881 incumplimientos sobre el total de 10.697 casos registrados en forma oficial. González Gaviola cuestionó que el gobierno porteño haya analizado sólo 119 casos y actuado en apenas 71, cuando la Superintendencia “en apenas tres días, con ocho inspectores, hizo 22 inspecciones y concurrió a otros siete lugares, sin poder hacerlo por problemas meteorológicos”. Agregó, en ese sentido, que el Gobierno de la Ciudad tiene “más personal” en ese rubro y “recibe el aporte de 20 inspectores cuyos sueldos los paga esta superintendencia”.
Otra de las críticas fue que el gobierno de Mauricio Macri “todavía no se ha sumado, pese a que ha sido invitado en varias ocasiones, al grupo que conforman la Superintendencia, la Unión de las ART, la Cámara de la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), con quienes nos reunimos en forma periódica para analizar los problemas relacionados con el control de las obras”. En la reunión de prensa de ayer estuvo presente el secretario adjunto de la Uocra, Rubén Pronoti, quien sumó sus críticas al macrismo y recordó que muchas de las denuncias fueron presentadas por la organización gremial.

Los controles en las obras dividen a Nación y Ciudad

16/11/11
Polémica tras el derrumbe en el Centro. El Estado nacional denunció que detectaron 883 construcciones en riesgo. Y que el Gobierno porteño no se hizo cargo. En la Ciudad responden que las controlaron y proponen unificar las inspecciones.


A menos de dos semanas del derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre 1232, los Gobiernos de la Nación y la Ciudad volvieron a cruzarse por la supuesta falta de controles a las obras en construcción. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo nacional denunció que detectó en la Capital 883 construcciones con graves problemas de seguridad , y que tuvo que clausurar 15 porque la Ciudad no se hizo cargo. En tanto, desde la administración macrista respondieron que controlaron a todas las obras denunciadas y sancionaron a las que correspondía.
La denuncia la hizo el propio titular de la SRT, Juan Horacio González Gaviola. Según le explicó a Clarín : “La resolución N° 51 de 1997 obliga a todas las empresas constructoras a presentar un plan de seguridad a cargo de un profesional especializado, que explique cuáles serán los elementos de protección de los empleados, qué nivel de capacitación tendrán, etc. Además, la resolución N° 550 de este año, que sacamos tras el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, obliga a la ART a denunciar a sus propios afiliados que no cumplan con las medidas de seguridad en las etapas de excavación y demolición. Entre julio y este mes nos llegaron 4.881 denuncias de las ART, que derivamos al Gobierno porteño. De ellas, 883 construcciones ni siquiera habían presentado el plan de seguridad. Sin embargo ellos sólo actuaron en 70 casos . Por eso, ante el riesgo, tuvimos que involucrarnos nosotros, y así clausuramos 15 de las 50 obras más peligrosas que encontramos”.
Según González Gaviola, su poder de policía rige sobre las ART, pero en caso depeligro inminente pueden actuar. El organismo tiene como principal función corroborar que las empresas constructoras cuenten con las medidas de seguridad para los albañiles, como los guantes, cascos o arneses. La mayoría de sus inspecciones se centran en esos temas. Pero, aseguran, también se fijan en las cuestiones de seguridad de las estructuras en obra.
No es la primera vez que el Gobierno porteño es criticado por su supuesta falta de rigor en los controles. Cuando se cayó el gimnasio de Villa Urquiza, en agosto del año pasado, la UOCRA, el gremio de los empleados de la construcción, denunció que la obra que estaba el lado del edificio colapsado, y cuya excavación habría provocado la tragedia donde murieron tres personas, había sido denunciada. En ese momento, la Ciudad explicó que había ido al lugar a inspeccinoar las obras, pero que en ese momento no estaban en etapa de excavación.
En tanto, cuando la UOCRA también denunció que el edificio de Mitre 1232 tenía fallas de seguridad, el Gobierno respondió que las denuncias se centraban en la seguridad de los empleados y no de las estructuras. Además, que habían inspeccionado siete veces la obra.
Ante esta nueva denuncia la explicación fue similar. Ezequiel Sabor, subsecretario de Trabajo de la Ciudad, afirmó: “Entre julio y octubre hicimos 6.348 inspecciones, muchas más que la cantidad de denuncias que llegaron de la SRT. A la mayoría de esos casos los inspeccionamos y les aplicamos las sanciones correspondientes”. Sin embargo, esos controles, otra vez, se centraron en lo referente a la seguridad laboral, no a lo estructural.
Esa otra tarea corre a cargo de la Agencia Gubernamental de Control. En ese organismo aseguraron que no recibieron expedientes derivados desde Trabajo.
El problema de las inspecciones cruzadas tiene muchos años. Por eso, ahora en la Ciudad aseguran que están trabajando para hacer inspecciones unificadas .
También está pendiente la reglamentación de la ley que la Legislatura sancionó, a pedido de la oposición, poco después del derrumbe del gimnasio, y que precisamente obligaba al Ejecutivo a inspeccionar todas las obras en las etapas de excavación y demolición .

martes, noviembre 15, 2011

Trabajo advirtió que hay "50 obras de riesgo" en la Ciudad

El titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de la cartera laboral, Rubén González Gaviola, informó que de las 4881 denuncias de distintos incumplimientos en obras de construcción recibidas por las ART entre julio y octubre en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño tomó conocimiento de sólo 119 de ellas y actuó en 70.
El dato fue registrado en el sistema electrónico de la SRT, el organismo nacional que controla a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y que tiene competencia en todo el país. "La inacción del gobierno porteño es importantísima", denunció González Gaviola, quien rechazó llamar "accidente" a los hechos como el derrumbe de Bartolomé Mitre 1232, que causó la muerte de un hombre y dejó sin techo a más de 200 personas. "Tanto la obra de Bartolomé Mitre como la de Jujuy, donde hoy hubo un escape de gas, tenían advertencias previas por parte de las ART de que no se estaba trabajando como se debía", señaló el funcionario nacional. "Con un sistema de alertas como éste, no se puede hablar de accidentes", sostuvo Gonzáles Gaviola.
El funcionario explicó que "según la Ley Federal del Trabajo, la autoridad de Trabajo local -en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires- tiene que ir y suspender las obras denunciadas por no cumplir con la normativa vigente". Ante la inacción o la falta de actividad "que estamos observando, esta Superintendencia está actuando en forma subsidiaria", explicó González Gaviola.
"Quien tiene que sancionar y frenar las obras es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si no lo hace, varias leyes -incluso el convenio 181 de la OIT- nos permite ante peligro grave e inminente para la salud de los trabajadores como para vecinos o terceros, actuar clausurando, cerrando o suspendiendo la obra hasta tanto la empresa cumpla con la normativa", precisó.
El sistema informático de la SRT detectó que en la Ciudad de Buenos Aires "hay actualmente 883 obras con denuncia por falta de plan de seguridad". "De esas obras, hay 50 consideradas de mayor riesgo" ya que además "están en período de excavación o demolición", explicó el funcionario. La SRT inspeccionó 22 de esas obras entre el 9 y el 11 de noviembre, "de las cuales 15 tenían irregularidades graves, lo que obligó a suspenderlas", informó González Gaviola.
El funcionario nacional, señaló, además, la importancia de hacer cumplir dos resoluciones de la SRT: la 51/97, que establece la obligatoriedad de dar aviso de inicio de obra y de presentar un "Programa de Seguridad"; y la 550/11, que regula paso a paso las excavaciones y demoliciones. "Si el aviso de obra y el plan de seguridad no están aprobados, la obra no debe comenzar; y las transgresiones a esta normativa deben ser sancionadas", explicó.
En relación con las excavaciones y demoliciones, la resolución de la SRT establece un mecanismo más eficiente para las etapas de demolición y excavación; y se dispone que el profesional responsable de la obra esté presente en cada paso de los trabajos.

lunes, noviembre 14, 2011

Derrumbe: “La querella contra los funcionarios seguirá avanzando”

Publicado el 14 de Noviembre de 2011

Lo afirma Mónica Nizzardo, propietaria de uno de los departamentos colapsados de Bartolomé Mitre 1232. Según fuentes de la investigación, los primeros análisis comprueban irregularidades en la submuración en la obra lindera.
 
Días después del derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre 1232, el gobierno porteño dio a conocer su propuesta de encabezar exclusivamente la acción judicial contra la constructora. Sin embargo, un grupo de vecinos afectados decidió avanzar esta semana en la querella por estrago doloso hacia el arquitecto responsable (Ezequiel Rivarola), la constructora (Lemarche SRL) y también contra los funcionarios del Ejecutivo que pudieran estar involucrados. Ya son cinco las familias propietarias que se agruparon, y en estos días podrían sumarse diez más, de las 31 que sufrieron el derrumbe. Mientras tanto, la acción judicial ya se desarrolla en el ámbito penal y esta semana se suma el civil, a la espera de las indemnizaciones que apruebe la Legislatura en, al menos, un par de semanas. Fuentes de la investigación revelaron a este diario que ya se han encontrado irregularidades en lo que respecta a la submuración de la obra lindera.
Según el expediente de la fiscalía Nº 38, ya se habría determinado a través de los primeros estudios que la submuración se estaba haciendo de manera irregular: en vez de hacerla cada un metro se hacía cada cuatro. Se trata de un dato relevante, en la medida en que debió haber sido verificado por la Ciudad, sobre todo a partir de la advertencia realizada 40 días antes del derrumbe por un inspector, por lo cual, explicaron los vecinos, también piden investigar al gobierno porteño.
El jueves pasado se comprobó en la Legislatura porteña que un inspector ya había advertido el 26 de septiembre la necesidad de que se verifique la submuración (refuerzo de hormigón sobre la medianera necesario para construir un edificio) por la dimensión del pozo, que preveía tres subsuelos, y por la presencia de dos edificios antiguos, de “importante altura”. Pero nunca se llamó a ningún verificador. Según el director de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, se iba a inspeccionar la excavación el 20 de noviembre. “En las condiciones que estaba el edificio lindero, la distancia prudente de submuración es un metro. Pero lo importante es ver qué decía el plano que presentaron a la municipalidad y qué se aprobó”, remarcó a este diario la arquitecta Eva Lilian Rodríguez, presidenta de la Asociación Peritos Verificadores de Obra.
Mientras tanto, cada vez se nuclean más vecinos como querellantes. La iniciadora de las demandas fue Mónica Nizzardo, que escrituró el departamento 9º B dos semanas antes del derrumbe: “La querella contra los responsables de la obra y los funcionarios seguirá avanzando. Entendemos que no fue un accidente, que hubo negligencia, y que tiene que ver con un montón de situaciones que se dieron en la Ciudad por una falta de control, como el gimnasio en Villa Urquiza y Beara, el año pasado.” Sobre los trabajos de demolición, comentó a Tiempo: “Estamos preocupados porque entre los escombros hay cosas de cada uno que se pueden recuperar; entonces le pedimos al fiscal que haya un testigo delegado por parte de los propietarios o que la remoción de escombros se haga con cámara”.
El proyecto oficial que prevé expropiar el inmueble e indemnizar a los propietarios según la tasación del Banco Ciudad, fue criticado por no incluir a los inquilinos, no contemplar montos extras para la reposición de equipamiento y pertenencias y no cubrir a los afectados de inmuebles aledaños, como el de Libertad 70.
En un comunicado titulado “Inquietudes de los vecinos de Mitre 1232”, reclaman que la ley establezca “topes mínimos contemplando la categoría del edificio, la zona, los costos de escrituración y las comisiones inmobiliarias”. Además, piden que les creen “una cuenta en dólares en el Banco Ciudad para no estar expuestos a delitos entre el resarcimiento y la compra de un nuevo bien”.  <
Boom inmobiliario
Once barrios porteños concentraron el 80% de las construcciones en la primera década del siglo XXI, según informó Gustavo Desplats, de Proto Comuna de Caballito, quien advirtió la “falta de control de las obras y de planeamiento urbano de la ciudad para maximizar los beneficios económicos”.
De acuerdo a esa estimación, el 70% de las obras fue “de lujo”; el 30%, de categoría media; y no hay registros de viviendas económicas.
La construcción de edificios en Buenos Aires creció en el primer semestre del año un 37,7% en relación con el mismo período de 2010, el equivalente a 73 edificios nuevos por mes, según un trabajo de la consultora Urbeos.
Crecen las denuncias
Con la caída de la mampostería en el bar El Aljibe, el sábado, ya suman 14 derrumbes en un año, según un relevamiento de la Legislatura porteña. La cifra supera a los diez acaecidos  desde 2008. A este hecho se agregó la suspensión de otra obra en San Telmo, a raíz de malas maniobras de la retroexcavadora que golpeó medianeras linderas. Al igual que en el derrumbe de Mitre 1232, el personal de la Ciudad acudió recién tras las denuncias de los vecinos.
En la última semana, las llamadas de vecinos al Servicio de Emergencias (103) se sextuplicaron. El secretario general del SUTERH, Víctor Santa María, comentó que los encargados les han hecho llegar denuncias por “varios edificios con peligro, algunos importantes en la calle Dragones, en Belgrano, con fisuras grandes”.
Desde 2008, Marta Placeres vive en Treinta y Tres Orientales y México, en Almagro. Hace dos años “se mudó un señor que construye casas, hizo movimientos de suelo. Estuve cuatro días con un pozo gigante pegado a la medianera de mi PH, con peligro de derrumbe. Hice la denuncia a la Ciudad y jamás vinieron. Lo dejaron avanzar hasta hacer dos pisos y terraza. Por el pozo, se me inundó toda la casa, se resquebrajaron las paredes, y tuve un pico de estrés No es raro que pasen estas cosas, y van a seguir pasando, porque son todos amigos.”

TRAGEDIAS PORTEÑAS ¿FATALIDAD O DECISIÓN POLÍTICA? Esta película ya la vi

La defensa de los intereses de grupos económicos muy cercanos al Gobierno porteño, ha convertido en algo habitual las muertes por derrumbes en la Ciudad. El Estado decide a quien protege y a quien no. El Estado decide qué intereses defiende. El Estado no es neutral, dice con sabiduría la Presidenta de la Nación.

Por Milcíades Peña (Ex legislador porteño) 

Hace 7 años, la defensa de los intereses corporativos junto al diseño de un sistema de control pensado para defender esos intereses, trajo como consecuencia la absurda muerte de 194 jóvenes.

En la actualidad, la defensa de los intereses de grupos económicos muy cercanos al Gobierno porteño, ha convertido en algo habitual las muertes por derrumbes en la Ciudad.

Esos episodios no pueden achacarse a fallas del sistema, ya que tanto en el pasado como en el presente, hubo alertas institucionales que no fueron escuchadas. No por sordera, sino por decisión política. Prueba de cierta dirigencia política que prioriza el lucro por sobre la vida.

Como dije en su momento, el Estado nunca está ausente. El Estado decide a quien protege y a quien no. El Estado decide qué intereses defiende. El Estado no es neutral, dice con sabiduría la Presidenta de la Nación.

Como cruel mueca del destino, en una ciudad gobernada por un Ingeniero los edificios se caen, las estructuras se derrumban. Sabemos que no es por fatalidad.

Sólo la casualidad y la solidaridad de los vecinos hicieron que no hubiera más víctimas fatales. Pero no puede ser motivo de alegría que solamente una persona haya perdido la vida.

¿Qué más hace falta para que se comprenda que lo institucionalmente grave, es que se siga muriendo gente por causas evitables, como si nada hubiéramos aprendido?

No es cuestión de cantidad, los muertos no se pesan.