Lo afirma Mónica Nizzardo, propietaria de uno de los departamentos colapsados de Bartolomé Mitre 1232. Según fuentes de la investigación, los primeros análisis comprueban irregularidades en la submuración en la obra lindera.
Días después del derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre 1232, el gobierno porteño dio a conocer su propuesta de encabezar exclusivamente la acción judicial contra la constructora. Sin embargo, un grupo de vecinos afectados decidió avanzar esta semana en la querella por estrago doloso hacia el arquitecto responsable (Ezequiel Rivarola), la constructora (Lemarche SRL) y también contra los funcionarios del Ejecutivo que pudieran estar involucrados. Ya son cinco las familias propietarias que se agruparon, y en estos días podrían sumarse diez más, de las 31 que sufrieron el derrumbe. Mientras tanto, la acción judicial ya se desarrolla en el ámbito penal y esta semana se suma el civil, a la espera de las indemnizaciones que apruebe la Legislatura en, al menos, un par de semanas. Fuentes de la investigación revelaron a este diario que ya se han encontrado irregularidades en lo que respecta a la submuración de la obra lindera.
Según el expediente de la fiscalía Nº 38, ya se habría determinado a través de los primeros estudios que la submuración se estaba haciendo de manera irregular: en vez de hacerla cada un metro se hacía cada cuatro. Se trata de un dato relevante, en la medida en que debió haber sido verificado por la Ciudad, sobre todo a partir de la advertencia realizada 40 días antes del derrumbe por un inspector, por lo cual, explicaron los vecinos, también piden investigar al gobierno porteño.
El jueves pasado se comprobó en la Legislatura porteña que un inspector ya había advertido el 26 de septiembre la necesidad de que se verifique la submuración (refuerzo de hormigón sobre la medianera necesario para construir un edificio) por la dimensión del pozo, que preveía tres subsuelos, y por la presencia de dos edificios antiguos, de “importante altura”. Pero nunca se llamó a ningún verificador. Según el director de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, se iba a inspeccionar la excavación el 20 de noviembre. “En las condiciones que estaba el edificio lindero, la distancia prudente de submuración es un metro. Pero lo importante es ver qué decía el plano que presentaron a la municipalidad y qué se aprobó”, remarcó a este diario la arquitecta Eva Lilian Rodríguez, presidenta de la Asociación Peritos Verificadores de Obra.
Mientras tanto, cada vez se nuclean más vecinos como querellantes. La iniciadora de las demandas fue Mónica Nizzardo, que escrituró el departamento 9º B dos semanas antes del derrumbe: “La querella contra los responsables de la obra y los funcionarios seguirá avanzando. Entendemos que no fue un accidente, que hubo negligencia, y que tiene que ver con un montón de situaciones que se dieron en la Ciudad por una falta de control, como el gimnasio en Villa Urquiza y Beara, el año pasado.” Sobre los trabajos de demolición, comentó a Tiempo: “Estamos preocupados porque entre los escombros hay cosas de cada uno que se pueden recuperar; entonces le pedimos al fiscal que haya un testigo delegado por parte de los propietarios o que la remoción de escombros se haga con cámara”.
El proyecto oficial que prevé expropiar el inmueble e indemnizar a los propietarios según la tasación del Banco Ciudad, fue criticado por no incluir a los inquilinos, no contemplar montos extras para la reposición de equipamiento y pertenencias y no cubrir a los afectados de inmuebles aledaños, como el de Libertad 70.
En un comunicado titulado “Inquietudes de los vecinos de Mitre 1232”, reclaman que la ley establezca “topes mínimos contemplando la categoría del edificio, la zona, los costos de escrituración y las comisiones inmobiliarias”. Además, piden que les creen “una cuenta en dólares en el Banco Ciudad para no estar expuestos a delitos entre el resarcimiento y la compra de un nuevo bien”. <
Boom inmobiliario
Once barrios porteños concentraron el 80% de las construcciones en la primera década del siglo XXI, según informó Gustavo Desplats, de Proto Comuna de Caballito, quien advirtió la “falta de control de las obras y de planeamiento urbano de la ciudad para maximizar los beneficios económicos”.
De acuerdo a esa estimación, el 70% de las obras fue “de lujo”; el 30%, de categoría media; y no hay registros de viviendas económicas.
La construcción de edificios en Buenos Aires creció en el primer semestre del año un 37,7% en relación con el mismo período de 2010, el equivalente a 73 edificios nuevos por mes, según un trabajo de la consultora Urbeos.
Crecen las denuncias
Con la caída de la mampostería en el bar El Aljibe, el sábado, ya suman 14 derrumbes en un año, según un relevamiento de la Legislatura porteña. La cifra supera a los diez acaecidos desde 2008. A este hecho se agregó la suspensión de otra obra en San Telmo, a raíz de malas maniobras de la retroexcavadora que golpeó medianeras linderas. Al igual que en el derrumbe de Mitre 1232, el personal de la Ciudad acudió recién tras las denuncias de los vecinos.
En la última semana, las llamadas de vecinos al Servicio de Emergencias (103) se sextuplicaron. El secretario general del SUTERH, Víctor Santa María, comentó que los encargados les han hecho llegar denuncias por “varios edificios con peligro, algunos importantes en la calle Dragones, en Belgrano, con fisuras grandes”.
Desde 2008, Marta Placeres vive en Treinta y Tres Orientales y México, en Almagro. Hace dos años “se mudó un señor que construye casas, hizo movimientos de suelo. Estuve cuatro días con un pozo gigante pegado a la medianera de mi PH, con peligro de derrumbe. Hice la denuncia a la Ciudad y jamás vinieron. Lo dejaron avanzar hasta hacer dos pisos y terraza. Por el pozo, se me inundó toda la casa, se resquebrajaron las paredes, y tuve un pico de estrés No es raro que pasen estas cosas, y van a seguir pasando, porque son todos amigos.”
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