No se cumple un decreto que obliga a hacer obras en redes de agua y cloacas

Continuación de la entrevista al presidente de la ONG Protocomuna Caballito.

-El Decreto 1.929/2006 que suspendió el trámite de los permisos de obra nueva o ampliación en distintos barrios de la Ciudad, fue dictado el 13 de noviembre de 2006. Pocos días antes, la Legislatura había aprobado un proyecto de ley, impulsado por el bloque “Juntos por Buenos Aires” que antecedió al Pro, por el que se exigía para obras nuevas o de ampliación y en edificios destinados a vivienda multifamiliar, la presentación de certificados de disponibilidad de redes de servicios públicos. ¿Ese proyecto no fue también un intento de poner orden en el otorgamiento de permisos de construcción y evitar así la proliferación de obras sin sustento en la infraestructura de agua, cloacas y electricidad? Ese proyecto de Ley fue lo único, poco y malo, que sacó una Legislatura ya manejada por el PRO. En cambio, los vecinos reclamábamos limitar la altura de las nuevas construcciones, al igual que diputados de varios partidos políticos. El proyecto impulsado por el PRO pidiendo la presentación de nuevos trámites administrativos consolidó y dio nuevos aires a este modelo especulativo que tiene en cuenta por sobre toda las cosas la mayor rapidez en la recuperación de la inversión y de ahí que procure la limitación de los tiempos de obra, deje pasar la utilización de materiales de mala calidad y excluya la capacitación de la mano de obra. Un resultado trágico del modelo que promueve esta gestión es que, por ausencia de cuidados y respeto por el otro, se han perdido vida de trabajadores y vecinos y se han ocasionado daños en propiedades linderas a las obras permitidas. - Cumplido el plazo de 90 días fijado por el Decreto 1929/2006, el ejecutivo de la Ciudad dictó en el mes de febrero de 2007 el Decreto 220 por el cual se aprobó la intervención de AySA con la finalidad de solucionar el problema de las redes que no soportan la demanda de ese momento ni la generada por los permisos solicitados. ¿Qué efectos tuvo ese convenio? El convenio entre la Ciudad y AySA muestra la total veracidad de las denuncias vecinales. Basado en el informe técnico realizado por la empresa de saneamientos pone de manifiesto la criticidad de la situación en los 5 barrios mencionados. Pero no tuvo una implementación en la realidad ya que no se realizaron las obras. Es más, no sólo no se realizaron sino que se siguieron entregando permisos para seguir destruyendo nuestra ciudad. - Es decir que el Decreto 220/2007 quedó sin aplicarse. Sí. Está en la página web de la Ciudad, se publicó en el Boletín Oficial. Forma parte del entramado legal de la Ciudad. Pero no tuvo cumplimiento real. Se reconoció el problema pero a lo largo de 4 años no se ha hecho nada. - ¿Qué explicación existe para que habiendo quedado sin aplicación el decreto que comprometía la realización de obras, se sancionara como ley 2359 en el mes de junio de 2007, el proyecto del bloque “Juntos por Buenos Aires” que confluyó luego en el Pro y que, como usted dice, “consolidó y dio nuevos aires a este modelo especulativo” de construcciones? Como le comenté, ese proyecto, hoy Ley, tendió a dar un basamento legal al modelo predatorio del medio ambiente y generador de altísimas ganancias para unos pocos y problemas para muchos. Es decir, era necesario disponer de una norma legal que sirviera de cobertura para la política de negocios cuantos más y mas rápido, mejor. Ese proyecto, hoy ley, consiguió que un permiso de obra se otorgue contra la presentación de un formulario que dice que se presentó una solicitud de verificación, no que la verificación se hizo. - Llegamos a la situación actual: las certificaciones de factibilidad técnica se han convertido en un mero formulismo y las obras que se tendrían que haber comenzado a realizar a partir del mes de febrero de 2007, no se han hecho. Si ello es así, entonces la solicitud de factibilidad técnica funciona como una prefactibilidad. La misma se solicita para adjuntarla con el permiso de obra. En promedio, y por tipo de edificación, ¿que tiempos median entre ese trámite y la terminación de la obra? Depende de la obra: entre 2 años si es muy pequeña y hasta 4 si es muy grande. - El Dto 220/07 tiene como premisa que en ese tiempo, Aysa o el gobierno de la CABA, deberían hacer las obras en las redes de agua y cloacas. ¿Hoy, quién es el responsable de hacerlas? Veamos, en primer lugar, los plazos. Las obras se dividen según el tiempo de construcción: un año, de corto plazo; de tres años, de mediano plazo. En el último párrafo del artículo tercero del convenio entre la Ciudad y AySA se establece que si pasado un año las obras en las redes no se realizaban, estas debían ser emprendidas por el Gobierno de la Ciudad, que nunca incluyó ni un centavo para ello en los presupuestos 2008, 2009, 2010 ni 2011. Y ni siquiera, ante la falta de infraestructuras, limitó o suspendió la entrega de permisos y finales de obra en esos barrios. Para que no queden dudas: es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien tiene que hacer las obras y nos las hizo ni las hace. - Mientras continúa vigente el Decreto 220/07, se sigue construyendo con independencia de que las obras de infraestructura ni se iniciaron ni se inician… ¿Cuál es el balance en metros cuadrados de este verdadero descontrol? En la última década se construyeron 15.000.000 de m2; 40% en los barrios que hablamos: 35% de ellos vivienda suntuosa, para ricos; un 20% vivienda lujosa para clase media alta; 25% de vivienda confortable, para clase media y 20% de vivienda sencilla, para clase media baja. Sin participación significativa de vivienda social en una ciudad con necesidad de 120.000 de viviendas sociales para satisfacer las necesidades de las 600.000 personas que viven en villas, asentamientos, núcleos urbanos transitorios, hoteles, inquilinatos, pensiones o en la calle directamente. Durante 10 años, y mucho más en este gobierno macrista, no se atendieron las necesidades de la ciudad en tanto espacio urbano que debe garantizar un piso de civilización para sus habitantes.