Proyecto en la Legislatura por colapso de Buenos Aires

INFORMACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO: 02722

Proyecto nº:	201002722			Año:	2010
Tipo:	RESOLUCION			Sesión:	23/09/2010
Resumen: EL PODER EJECUTIVO INFORMARA SOBRE PUNTOS RELACIONADOS CON EL CONVENIO FIRMADO ENTR LA EMPRESA AYSA Y LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Autores:	HOUREST, MARTIN - EPSZTEYN, EDUARDO - CAMPS, ADRIAN - BASTEIRO, FABIO - ABREVAYA, SERGIO
Bloques:	DEL SUR - COALICION CIVICA - DIALOGO POR BUENOS AIRES - IGUALDAD SOCIAL - PROYECTO SUR
Tratamiento:	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1º - El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informará a esta Legislatura, a través de los organismos correspondientes y dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos, todos ellos relacionados con el  convenio firmado entre la empresa AySA y la Ciudad de Buenos Aires en consecuencia de lo establecido por los Decretos 1929/06, 220/07 y la ley 2.359: 1.     Para que informe sobre la nómina completa de las obras a realizar en los barrios de Villa Pueyrredon, Villa Urquiza, Caballito, Palermo y Nuñez y de sus tiempos de ejecución, De las obras ya  realizadas en los cinco barrios comprendidos. las fechas de su realización. Asimismo si formaban parte de las obras de "demanda inmediata", "corto plazo" o "mediano plazo", según lo establecido en el informe de la empresa AySA. 2.     Para que informe el presupuesto oficial de las obras ya realizadas y el de las a realizarse, acompañando los antecedentes, estudios, análisis, consultas de la realización de las obras. 3.     Que informe de la existencia de estudios sobre la posible contaminación a los acuíferos Pampa y Puelche. Y sobre la población de la Ciudad de Buenos Aires producto de las perdidas y roturas de caños aceptadas por el informe de AySA de enero de 2007. Si es afirmativo solicitamos sean remitidas copias a la Legislatura. 4.     Para que informe cual es el área de la administración de la Ciudad que actuó como contralor del cumplimiento del Decreto 220/07 y de la Ley 2.359 desde su puesta en vigencia hasta la actualidad. Remitiendo listado de las  o los funcionarios que estuvieron a cargo del  o los mismos. 5.     Para que informe si en el caso de inexistencia de obras se está estudiando una solución alternativa a esta situación, Si es afirmativo solicitamos remitan toda la información a la Legislatura. Incluyendo cual es la dependencia o las que participan y los nombres de los funcionarios a su cargo. 6.     Para que informe si en caso de falta de realización de las obras de infraestructura necesarias se está estudiando la suspensión de la entrega de permisos de obra nueva y de finales de obra como medida mitigadora del daño ambiental. Si no fuera así que informe cual otra/s medida/s se estudian para preservar el medio ambiente y mitigar la contaminación producida en la actualidad. De ser así solicitamos remitan toda la información a la Legislatura. Incluyendo cual es la dependencia o las que participan y los nombres de los funcionarios a su cargo. 7.     Para que informe si el Poder Ejecutivo ha iniciado algún tipo de sumario interno para determinar las responsabilidades del incumplimiento del convenio entre la Ciudad y la empresa AySA y con lo establecido por el Decreto 220/07 y la Ley 2.359. Si esto fuera así solicitamos se remita a la Legislatura toda la información sobre el caso. Si no es esta instruyendo solicitamos se responda  los motivos  y los responsables de tal decisión. 8.     Informe si se produjo un asesoramiento, dictamen y estudio ambiental específicos sobre esta problemática por cualquier dependencia de la Ciudad o consultora de cualquier tipo. De ser afirmativa la respuesta solicitamos se remita a la Legislatura. Artículo 2º.- Comuníquese, etc. FUNDAMENTOS Señor vicepresidente primero: El motivo de este pedido de informes es intentar obtener la mayor certeza sobre denuncias vecinales referidas al incumplimiento de diferentes normas y convenios que estarían exponiendo a la Ciudad de Buenos Aires y a sus habitantes a un importante daño y peligro ambiental. Si se confirmase el incumplimiento del convenio firmado con AySA  en febrero de 2007, del Decreto 220/07 y de la Ley 2.359 estaríamos ante la desgraciada situación de haber estado contaminando durante 4 años los acuíferos Pampa y Puelche por contaminación por mezcla con agua potabilizada, y lo que es aun peor por residuos cloacales. Asimismo nos encontraríamos ante una fragante situación de incumplimiento de los deberes de funcionarios público.  Exponiendo la calidad de vida y la salud de la población. Dañando el medio ambiente y destruyendo recursos que debemos a nuestros hijos. Por si esto fuera poco 12.000.000 de metros cuadrados de construcciones no contarían con la posibilidad de acceder a los fundamentales servicios de provisión de aguas y de recolección de residuos cloacales sin colapsar el actual ya congestionado sistema, de casi 100 años de existencia. El Decreto 1929/06 suspendió la entrega de permisos de obras nuevas en 6 barrios de la  Ciudad de Buenos Aires por 90 días y solicito la realización de estudios de sus redes a los proveedores de gas, corriente eléctrica y provisión de agua y recolección de cloacales a los efectos de verificar las numerosas denuncias vecinales sobre la saturación de las diferentes redes. Como resultado de los estudios realizados la empresa AySA presenta un informe que comprueba la dramática situación de la provisión de agua y de los sistemas cloacales en 5 de esos barrios, Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Caballito, Palermo y Núñez. Con la necesidad de realizar de manera urgente obras de renovación de 154 kilómetros de redes de agua, incluyen 13,9 kms. de refuerzos de la red maestra, 30 kms. de renovación de cabeceras y más de 140 kms. de renovación de colectoras. La situación de la red cloacal es todavía más dramática con obras imperiosas por un total de 134 kms. de cañerías. Estas obras demandarían hace 4 años más de 235 millones de pesos. De manera inexplicable las obras no fueron realizadas burlando lo establecido por el Decreto 220/07 para la entrega de permisos de obra en los 5 barrios implicados. Generalizado posteriormente a toda la Ciudad de Buenos Aires por la Ley 2.359 (BOCBA N° 2736 del 31/07/2007) que estableció "Para obras nuevas o de ampliación de obras existentes, en edificios destinados a vivienda multifamiliar: certificado de disponibilidad de recursos de redes de servicios públicos. Las empresas prestatarias certificarán que la infraestructura instalada es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda que generará la obra nueva, sin deterioro de la calidad del servicio. La empresa prestataria de los servicios de provisión de gas certificará las especificaciones correspondientes a caudal de gas y presión de gas, establecidos en sus normas de servicio. La empresa prestataria de los servicios de provisión de electricidad certificará las especificaciones correspondientes a la calidad del producto técnico suministrado y nivel de tensión establecidos en sus normas de servicio. La empresa prestataria de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales certificará las especificaciones correspondientes a presión de agua, caudal de agua, continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable e inundaciones por desbordes de desagües cloacales establecidos en las normas de servicio" Tal cual lo demuestra el Resumen Ejecutivo de la empresa AySA, de principios de 2007,  que acompañamos, sobre la red de agua: "el estudio comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de "transportar y entregar" mas caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer una demanda adicional.". Más adelante y ya para causar  indignación y temor se indica que; "la capacidad de conducción de las cañerías de las zonas objeto del estudio, se reduce en rango del 60 a 80% por lo tanto en igual medida se debe reducir el caudal teórico transportado.". En lo que se refiere a la situación cloacal se determino que: "poseen escasa capacidad de "descargar" mas caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer unas descarga adicional". Es incomprensible que ante esta situación el Ejecutivo de la Ciudad no realizara acción alguna que permitiera paliar esta difícil situación que pone en colapso ambiental a 5 barrios de la Ciudad de Buenos Aires y provoca día a día un incremento de la contaminación y un deterioro de la calidad de vida de los vecinos de nuestra Ciudad.

Proyecto en Diputados de la Nacion por colapso de Buenos Aires

PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº 3/07 PARA LA "RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES", SUSCRIPTO ENTRE LA EMPRESA AYSA Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

FIRMANTES:
SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL	MOVIMIENTO PROYECTO SUR	CIUDAD de BUENOS AIRES
ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA	MOVIMIENTO PROYECTO SUR	CIUDAD de BUENOS AIRES
LOZANO, CLAUDIO	MOVIMIENTO PROYECTO SUR	CIUDAD de BUENOS AIRES
CARDELLI, JORGE JUSTO	MOVIMIENTO PROYECTO SUR	CIUDAD de BUENOS AIRES
PARADA, LILIANA BEATRIZ	MOVIMIENTO PROYECTO SUR	CIUDAD de BUENOS AIRES
MERCHAN, PAULA CECILIA	LIBRES DEL SUR	CORDOBA
ALCUAZ, HORACIO ALBERTO	GEN	BUENOS AIRES

 La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en el marco del Convenio Nº 3/07 para la "Recuperación de Infraestructura Hídrica de los Barrios de la Ciudad de Buenos Aires", suscripto entre la empresa AySA y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informe a este Cuerpo Legislativo, remitiendo la documentación detallada y precisa en todos los casos, sobre las siguientes cuestiones:

1. Cuáles acciones conjuntas entre AySA y el GCABA se desarrollaron desde la suscripción del citado Convenio a la fecha, con el objeto de asegurar la recuperación de la infraestructura de agua y cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sírvase de informar también cuáles son las acciones que en el mismo sentido se desarrollarán próximamente, en caso de que exista su planificación.

2. Cómo está integrada la nómina completa de las obras realizadas y a realizarse, según el caso, por la empresa AySA en los barrios que conforme a los Decretos CABA 1929/06, 220/07 y el mismo Convenio 03/07, se consideran de "criticidad" en relación a la red de servicios de provisión de aguas y de recolección de residuos cloacales.

3. Cuál es la etapa de ejecución, los tiempos proyectados y requeridos, y la vinculación de cada una de las obras relativas al punto anterior con la "demanda inmediata", de "corto plazo" o "mediano plazo" que informa la empresa AySA en su Resumen Ejecutivo, publicado en 2007.

4. Cuántos "Certificados de Factibilidad Técnica e Hídrica" se entregaron por parte de AySA desde la suscripción del Convenio y tal como éste lo establece. Asimismo infórmese para qué tipo de emprendimientos fueron emitidos y las características de los mismos, señalando las zonas específicas donde ellos se ubican.

5. Si se han producido vencimientos de los plazos pertinentes sin efectuarse las obras correspondientes lo cual, de acuerdo a la Cláusula Segunda y Tercera del Convenio, faculta al GCABA a efectuar las reparaciones necesarias por cuenta y cargo de la empresa AySA. En caso de haberse producido este supuesto, informar sus características y particularidades.

6. Si existen casos registrados en los cuales una vez vencido el plazo de entrega de los "Certificados de Factibilidad Técnica e Hídrica", conforme lo dispuesto por la Cláusula Tercera del Convenio, la empresa AySA ha omitido hacerlo, generando con su silencio "efectos positivos" que implican la autorización por parte de la misma a que los requirentes puedan efectuar sus proyectos. En caso afirmativo, sírvase remitir toda información al respecto identificando detalladamente cada situación.

7. Cual es la composición actual de la Comisión Ad-hoc creada por la Cláusula Cuarta del Convenio, y cuales han sido y son sus acciones desde el momento de su creación hasta la fecha.

8. Si existen estudios sobre la posible contaminación de los acuíferos Pampa y Puelches realizados por AySA. En caso afirmativo, sírvase de informar si la Comisión mencionada fue notificada de los resultados, teniendo en cuenta las pérdidas y roturas de sectores de la red, que fueron señaladas en el Resumen Ejecutivo de la empresa, correspondiente a enero de 2007 y remítase copia de tales informes a este Cuerpo Legislativo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos es una sociedad anónima del Estado Nacional que se encuentra muy vinculada, interjurisdiccionalmente y por los servicios que presta, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La capital del país, desde hace años, experimenta un fuerte crecimiento de la actividad constructora en su territorio. En algunos barrios, como Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Caballito, se vive un verdadero "boom" de la construcción e inmobiliario aunque -paradójicamente- las posibilidades reales de acceder a la adquisición de este tipo de viviendas son remotamente lejanas, tanto por una falta de financiación coherente y efectiva, así como por los exorbitantes precios que pueden alcanzar las unidades nuevas. Esto es así al menos para la clase trabajadora que pelea día a día la batalla contra la rampante inflación. De cualquier manera, las grandes empresas constructoras continúan avanzando. El Informe Ejecutivo de AySA (Dirección Regional Capital Federal) sobre Planificación y Diagnóstico Técnico surgido en 2007 dictamina en su punto 1. 2. a) que existe un "déficit preexistente" de los servicios de agua y cloacas que "requiere la ejecución de obras que mejoren los indicadores de presión y de caudal en agua, y de funcionamiento de los colectores en cloaca, con independencia de cualquier crecimiento futuro de la demanda." En el punto 1. 2. b) revela que según "información suministrada por el GCABA, en los barrios alcanzados por el Decreto, la tasa anual de crecimiento (expresado en viviendas) es significativamente mayor (entre un 2,0 y 4,7%) al promedio de Capital Federal (0,8%) y que "ello representará en los próximos 5 años un total de 53.000 nuevas viviendas (5.270.769 m2 adicionales)". El informe destaca que el metraje de las viviendas promedio suministrado por el GCABA permitió inferir, por ejemplo para Caballito, un valor de 99 m2 por cada unidad, lo que determina un alto costo económico de las mismas.

Aquellos que pueden acceder a la compra de estas viviendas flamantes se incorporan a una demanda creciente de todos los servicios públicos. Uno de ellos, vital y fundamental, es la red de abastecimiento de aguas y desagüe de desechos cloacales.

La saturación de los servicios es un problema central hoy en la ciudad de Buenos Aires, así como lo es el mismo crecimiento de la construcción -muchas veces caótico, desordenado y desregulado- cuyas consecuencias negativas padecemos: derrumbes periódicos (con muertos y heridos), obras con precarias medidas de seguridad, incumplimiento de la normativa en la materia, reducción de espacios verdes, saturación visual y un sinfín de problemas que constituyen el "lado oscuro" de la dinámica de una gran ciudad.

Ante esta situación, en 2006, el Poder Ejecutivo de la CABA emitió el Decreto 1929/06 que suspendió la entrega de permisos para ejecución de obras nuevas en seis barrios de la Ciudad de Buenos Aires: Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Caballito, Nuñez, Coghlan y Palermo por noventa días, solicitando la realización de estudios sobre las redes de servicios a los proveedores de gas, corriente eléctrica, aguas y recolección de residuos cloacales a los efectos de verificar las numerosas denuncias y movilizaciones vecinales sobre la saturación de las diferentes redes por la mayor demanda.

Como resultado de los estudios realizados específicamente en relación a la red de aguas y cloacas, la empresa AySA presentó el informe mencionado, que demuestra la dramática situación de su servicio en cinco de esos barrios: Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Caballito, Palermo y Núñez. En el punto 3. 1. del informe se dice textualmente sobre el estado de mallas, cabeceras y descargas de subcuencas que "el estudió comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de "transportar y entregar" más caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer una demanda adicional." En el mismo punto, Inc. a) se describe la "Situación Actual del Servicio: falta de agua - falta de presión - escapes en vereda / calzada - filtraciones"

En el punto 4 (Resultado del Diagnóstico - Conclusiones) se destaca "la necesidad de instalar diversos refuerzos que permitirán abastecer de agua a zonas donde el consumo se incrementará en forma significativa" en las redes maestras. Además "se observó la necesidad de renovar cañerías de diámetros menores (100 mm / 125 mm) que actualmente funcionan como cabeceras y que no serán capaces de soportar ni la demanda global ni la inmediata." Por otro lado, "se han identificado descargas de subcuencas que resultan insuficientes para la población inmediata estimada."

En 2007, mediante el Decreto 220, el Poder Ejecutivo de la CABA celebró un Convenio con AySA para desarrollar la llamada "Recuperación de Infraestructura Hídrica de los Barrios de la Ciudad de Buenos Aires" y paliar estas situaciones de degradación e insuficiencia del servicio. En los Considerando de la norma se señala: "(...) el informe presentado por AySA presenta en forma acabada la situación de la infraestructura en materia de agua potable y desagües cloacales de los barrios alcanzados por el Decreto N° 1.929/06; Que en consecuencia, advirtiéndose que sectores determinados de la malla hídrica de la ciudad se hallan en un estado de criticidad tal que podría afectar en un futuro su normal desarrollo urbanístico, con fecha 7 de febrero de 2007 se suscribió entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa AySA un convenio para la recuperación de la infraestructura hídrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dentro de dicho marco, en los barrios alcanzados por el Decreto N° 1.929/06, AySA ha identificado áreas o lugares de criticidad en el desarrollo de la infraestructura, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias para su puesta en condiciones de servicio (...)"

En un sentido también protectivo, la Ley 2359 (CABA) dispone que: "Las empresas prestatarias certificarán que la infraestructura instalada es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda que generará la obra nueva, sin deterioro de la calidad del servicio (...) La empresa prestataria de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales certificará las especificaciones correspondientes a presión de agua, caudal de agua, continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable e inundaciones por desbordes de desagües cloacales establecidos en las normas de servicio."

Por su parte, en el Decreto 220/07 se considera "Que dentro de dicho marco, en los barrios alcanzados por el Decreto N° 1.929/06, AySA ha identificado áreas o lugares de criticidad en el desarrollo de la infraestructura, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias para su puesta en condiciones de servicio", por lo cual cabe a esta empresa vinculada al Estado Nacional la responsabilidad ejecutora de las obras, motivando el presente proyecto.

El Convenio entre AySA y el GCABA debería ser una respuesta efectiva a la grave problemática que revela el Resumen Ejecutivo de la empresa AySA, a principios de 2007: "(...) el estudio comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de "transportar y entregar" mas caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer una demanda adicional." En esta línea, y de forma alarmante, se afirma que "la capacidad de conducción de las cañerías de las zonas objeto del estudio, se reduce en rango del 60 a 80%, por lo tanto en igual medida se debe reducir el caudal teórico transportado." En lo que se refiere a la situación cloacal el informe concluye que: "poseen escasa capacidad de "descargar" mas caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer una descarga adicional". Sin embargo, desconocemos en absoluto los alcances de las obras, si efectivamente estas se están ejecutando o ya se completaron, y cuales son las perspectivas ante una demanda incesante por parte de nuevos consumidores de servicios. De darse algún incumplimiento en este sentido, las perspectivas son graves para buena parte de la población de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin dudas, las observaciones de la misma empresa especialista nos generan -como legisladores nacionales por a Ciudad de Buenos Aires- una gran y profunda preocupación que se vincula no sólo con la provisión de servicios básicos para los pobladores, sino también con la alarma de posible contaminación ambiental al señalar AySA la existencia de fisuras, roturas y averías en distintos tramos de la red de desagües cloacales (que trasladan sustancias contaminantes) en los barrios críticos, lo que puede afectar a los principales acuíferos de la región metropolitana: Pampa y Puelche. Ambos abastecen de agua no sólo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también a grandes sectores del Conurbano Bonaerense.

Es por la gravedad que toda la situación descripta implica para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en materia de servicios públicos esenciales y de cuidado ambiental que solicito el acompañamiento del presente proyecto por parte de mis pares, mediante su voto afirmativo.

PEDIMOS LAS RENUNCIAS DE CHAIN Y LOSTRI

Proto Comuna Caballito

                                  Hechos. No palabras.

 

Estimados amig@s:  

El próximo martes  se cumplen tres meses del derrumbe evitable de Villa Urquiza

adherimos convocamos y participaremos Martes 20 hs en Triunvirato y Olazabal

Ante las denuncias del diputado Ruanova que involucran al Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Daniel Chain y a su Subsecretario Arq. Héctor Lostri que fueron difundidas por numerosos medios de comunicación

Daniel Chain de desarrollo urbano un Ministro porteño invierte en negocio inmobiliario

acusan al ministro Chain y a Lostri por trafico de influencias

fuerte denuncia de Ruanova contra Chain

Exigimos la renuncia del Ministro Chain y del Subsecretario Lostri.

Desde el comienzo de la administración macrista denunciamos la complicidad y cercanía de los funcionarios con la especulación inmobiliaria que esta destruyendo y poniendo al limite del colapso a la Ciudad de Buenos Aires. Nuevamente no nos equivocamos. La cercanía era tal que un ministro y un subsecretario forman parte de ella.

Esto es realmente impresentable. La impunidad total de los destructores. La permisibilidad con los infractores. La falta de adecuación de los valores monetarios de las multas y sanciones. El 80% de las demoliciones clandestinas. El cajoneo de proyectos y mejoras del Código. Se entienden hoy mas que nunca. No están cerca de los desarrolladores. Nunca dejaron de serlo.

Y no estamos hablando de personajes alejados del poder o en lugares remotos de la administración. Son los funcionarios centrales del área de gobierno que administra, planifica y habilita toda la temática de la construcción. Sus puestos le otorgan manejo de información privilegiada.  ¿Es ético que participen?.

Por otra parte queremos acercarles una nota del diario Perfil, publicada este domingo.

Crecen los grupos antitorres en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires

Queremos aclarar algunos puntos. El párrafo final donde habla el Subsecretario Lostri es una mentira. Cosa a lo cual nos tiene acostumbrado el funcionario. Especialista en mentirle a los vecinos y cajonear proyectos importantes para la Ciudad.

La Ciudad, contando los incluidos en "Catalogo Preventivo" No llega a los 4000 edificaciones "protegidas". Y como comentamos mejor en el siguiente punto, bastante poco "protegidas". Por culpa directa de Chain y Lostri.

Por ultimo los invitamos a que lean el Proyecto 3238-D-2010, del Diputado Martín Hourest. Que crea un régimen de sanciones y penalidades para los infractores de la ley 2548 y la nota  en el suplemento M2 de Pagina 12 sobre el mismo.

 

Proyecto ley sanciones y penalidades ley 2548 diputado Hourest

Para castigar el vandalismo M2 Pagina 12

 

L@s saludo fraternalmente.

                        Lic. Gustavo Maria Desplats

                Coordinador Proto Comuna Caballito

Fuerte denuncia de Ruanova contra Chain

El legislador de Nuevo Encuentro acusó al funcionario porteño de accionar de manera “antiética” por participar de una sociedad que tiene por objetivo el desarrollo inmobiliario, junto a Héctor Lostri. “Es muy malo estar en los dos lados del mostrador”, expresó, y podría iniciar una acción judicial. Chain respondió: “Estoy tranquilo desde el punto de vista ético con lo que hago”. El marco fue una nueva jornada de discusión del Presupuesto 2011 en la Legislatura.

Por Patricio Tesei 

El marco fue una nueva reunión donde se discutió el proyecto de Presupuesto 2011 para el área de Desarrollo Urbano. Luego de la exposición del ministro correspondiente, Daniel Chain, y de todos sus funcionarios, fue el turno de las preguntas de los legisladores. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, y en vez de indagar sobre los números, enfiló para otro lado: expresó su “preocupación” por la actividad privada del ministro. 

“Es muy malo estar en los dos lados del mostrador”, explicó, y cuestionó que Chain sea parte integrante de una sociedad dedicada al desarrollo inmobiliario junto a Héctor Lostri, subsecretario de Planeamiento. La respuesta del funcionario no tardó en llegar. 

“Yo no compro ni vendo cosas que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. Solo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada. Lamento mucho su comentario, no solamente me parece incorrecto sino equivocado. Usted puede hacer cualquier denuncia que la vamos a contestar en el lugar correspondiente”.

Más tarde, en diálogo con NOTICIAS URBANAS, Ruanova detalló su denuncia, y sostuvo que cuenta con documentación de la Inspección General de Justicia (IGJ) “donde se documenta la constitución de una Sociedad Anónima dedicada al desarrollo inmobiliario, con el ministro como parte de la misma en fechas donde ya había asumido su cargo en el Gobierno porteño”.

El legislador agregó que puede demostrar que esta sociedad “compró un inmueble en un domicilio donde casualmente, más tarde, solo a dos cuadras, se decidió la creación de una estación de subte, lo que representa un aumento en el valor de la propiedad”. 

En defensa del ministro PRO, durante la jornada de Presupuesto, Álvaro González reconoció que “no solo hay que hacer, sino parecer”. “Chain merece mi consideración y es fácil lanzar alguna acusación que después no se prueba o no se sigue. Hay que tener cuidado cuando se habla en un lugar público y con periodistas presentes. No se tienen que lanzar este tipo de acusaciones acá, sino en la justicia”. 

Más allá del enojo de funcionarios y legisladores macristas, Ruanova evalúa una presentación en la justicia. “Hay que tener en cuenta que en la Ciudad no existe una Ley de Ética Pública, por lo que todo lo referido a estas cuestiones está referido a una ley nacional. Creo que no es ético que se de esta situación, aunque no haya una normativa que lo prohíba”, explicó.

La Constitución de la Ciudad establece que los ministros tienen el mismo segmento de incompatibilidades que tienen los legisladores y, en este punto, el artículo 73 establece que la función de diputado es incompatible con: “Ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora de asesoramiento o el mandato de una empresa que contrate con la Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados. Para la actividad privada, esta incompatibilidad dura hasta dos años después de cesado su mandato y su violación implica inhabilidad para desempeñar cualquier cargo público en la ciudad por diez años”.

Acusan al ministro Chaín por tráfico de influencias

El titular de Desarrollo Urbano fue denunciado por integrar una sociedad dedicada a los emprendimientos inmobiliarios que se benefició con la compra de terrenos en una zona de la Ciudad sobre la que luego se decidió la prolongación de la línea del subte B. También está acusado el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri.


“Los Jardines de Roosevelt es un concepto arquitectónico totalmente innovador en la zona. Sus originales pautas de diseño combinan confort y abundantes espacios verdes. Espectaculares duplex y triplex”, dice el anuncio de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la esquina de las calles Aizpurua y Roosevelt, en el barrio de Villa Urquiza. 

Lo llamativo es que detrás de este complejo hay una sociedad anónima -Roosevelt Desarrollos Inmobiliarios S.A.- y que sus accionistas son dos integrantes del gobierno porteño: el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín y el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, quienes invirtieron en la obra siendo funcionarios públicos. pict_7686

“Es muy malo estar de los dos lados del mostrador”, señaló el diputado Gonzalo Ruanova (del sabatellista bloque Nuevo Encuentro) y explicó que Chaín y Lostri participaron de la compra del terreno, poco antes de que el Ejecutivo porteño decidiera que por allí iba a pasar la extensión de la Línea B de subtes. 

Es que la construcción de la última estación prevista, llamada “Villa Urquiza”, se emplazará por debajo de la Avenida Triunvirato, en el cruce con las calles Monroe y Roosevelt. Muy cerca del emprendimiento inmobiliario.

La denuncia se planteó en la Legislatura, en el marco de las reuniones de Presupuesto 2011. “Yo no compro ni vendo cosas que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. Sólo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto de vista ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada”, respondió fríamente el ministro. 

En tanto, el legislador señaló que evalúa presentar una denuncia judicial y que puede demostrar que esta sociedad “compró un inmueble en un domicilio donde más tarde, y sólo a dos cuadras, se decidió la creación de una estación de subte, que lógicamente incrementa el valor de la propiedad”.

“No se tienen que lanzar este tipo de acusaciones acá, sino en la Justicia”, defendió el diputado Alvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto. Luego de la reunión, el diputado Ruanova precisó que el principal problema con este tipo de cuestiones radica en que “el PRO se niega a tratar la Ley de Etica Pública para la Ciudad, que evitaría estas claras incompatibilidades éticas en el ejercicio de la función pública”. 

ADHERIMOS, convocamos y participaremos

Crecen los grupos “antitorres” en los barrios de Buenos Aires

Hay más de 15 organizaciones vecinales. Se quejan porque los barrios cambian “para mal”, pierden identidad y colapsan los servicios públicos.

“No queremos que nuestro barrio pierda su identidad”, se quejan casi a coro los representantes de las agrupaciones vecinales que se oponen al boom inmobiliario, desde hace más de cinco años. SOS Caballito, Vecinos por las Casas Bajas, San Telmo Preserva y Proteger Barracas son sólo algunas de las que proliferaron casi tan rápido como los edificios contra los que luchan.

Mientras que muchos desarrolladores consideran que la construcción en altura representa el progreso, los vecinos temen que el patrimonio, la tranquilidad e incluso la estabilidad infraestructural de sus barrios se pierdan por la especulación inmobiliaria.

El origen de estas agrupaciones puede rastrearse tras la recuperación económica luego de 2003, cuando, ante la falta de opciones, muchos inversores y desarrolladores se volcaron a los ladrillos.

“En realidad, no hubo un aumento importante en la cantidad de metros construidos con respecto a otros años. La diferencia es que toda la actividad se concentró en cuatro barrios”, explica Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario.

Carlos “Lito” Grisafi es canillita y conoce Villa Urquiza como pocos. Desde su quiosco en Monroe y Triunvirato, vio cómo los edificios fueron barriendo las casas con jardín de lo que alguna vez fue una zona residencial. Aunque admite que el aumento en la cantidad de habitantes lo beneficia económicamente, comenzó a militar en Salvemos Villa Urquiza (SVU), motivado por la pérdida de calidad de vida que, para él, traen los nuevos edificios para los viejos residentes. “Antes eran todas casitas bajas, había luz y aire, pero ahora se está transformando en un barrio triste, gris”, se lamenta.

El movimiento, que congrega a otras agrupaciones como Juntos por Urquiza y SOS Parque Chas, tomó mayor impulso a partir del derrumbe del gimnasio que causó tres muertes hace tres meses, por problemas infraestructurales de una construcción contigua. Con léxico de arquitecto, que admite que tuvo que aprender a la fuerza, Lito asegura que la agrupación cuenta con 4.500 firmas para pedir el cambio de zonificación y que no se pueda construir más de nueve metros de alto en algunas zonas de Villa Urquiza.

Otra de las quejas que se repiten se relaciona con la incapacidad del barrio de absorber nuevos vecinos: “La infraestructura no alcanza, el agua tiene menos presión y el gas viene más diluido”, se queja Susana Gutman, miembro de SOS Caballito. Gustavo Desplats, presidente de la ONG Proto Comuna Caballito, otra de las agrupaciones que se disputan la iniciativa en la lucha contra las moles de hormigón, explica: “Antes, en una manzana vivían 600 personas, hoy vive el doble”.

Aunque todas las organizaciones cuentan con abogados y arquitectos, Basta de Demoler, una de las más importantes que abarca muchos barrios, está comandada por un músico. “Viví dos años en Alemania y cuando volví me di cuenta de que la ciudad había cambiado”, se queja Santiago Pusso, presidente de la ONG. Director coral de profesión, militó en Vida Silvestre y en la Fundación Ciudad y apoya el leitmotiv de la organización: la defensa del patrimonio. “Se demuelen construcciones con valor patrimonial de forma clandestina, total, la multa no llega a los 10 mil pesos”, denuncia.

Los vecinos apuntan sus reclamos a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano y a la acción del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), ente que autoriza las demoliciones de edificios antiguos. “Como está compuesto por la coorporación de constructores, desestiman la mayor parte de los casos. Por eso, queremos que el consejo tenga participación vecinal”, reclamo Pusso.

Según el subsecretario de Planeamiento Urbano porteño, Héctor Lostri, todas las construcciones se realizan de acuerdo al marco legal. “Es muy difícil hablarle con racionalidad a la gente que está angustiada”, se queja y agrega: “Cuando empezamos en diciembre de 2007, había 1.200 edificios históricos protegidos y ahora estamos arriba de los 12 mil”.

DANIEL CHAIN, DE DESARROLLO URBANO Un ministro porteño invierte en un negocio inmobiliario

Junto a otros dos funcionarios, forma parte de un fideicomiso de 144 departamentos por $ 3,7 millones.

El 10 de mayo de 2007, poco más de un mes antes de las elecciones de junio que llevarían a PRO al poder, el arquitecto Daniel Chain, que ya sabía que iba a ser el futuro ministro de Desarrollo Urbano porteño, participó de la creación de una sociedad anónima –un fideicomiso de construcción– en la que se erigió como vicepresidente del directorio, según se publicó en el Boletín Oficial, siete días después.

Así nació Roosevelt Desarrollos Inmobiliaros SA (RDI), un emprendimiento que también involucró a su actual subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri, como director suplente y a Daniel David Dibinsky, uno de los directores de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), que planifica dónde y cómo se ampliará la red de subterráneos porteña.

En otras palabras: el ministro de Obra Pública de Macri, el funcionario que planea cómo desarrollar la Ciudad y uno de los hombres que decide cómo se harán las obras de subte conformaron un fondo (junto a otros inversores) para construir un megadesarrollo inmobiliario a siete cuadras de donde se inaugurará en octubre de 2011 la estación Juan Manuel de Rosas (Subte B) en Triunvirato y Roosevelt.

En pleno Villa Urquiza, su proyecto es realmente fastuoso: Jardines de Roosevelt hoy se encuentra en proceso de comercialización. Se trata de un complejo de 144 dúplex y tríplex, con seguridad privada, parrilla y varias amenities, en una esquina codiciada, Roosevelt y Aizpurúa.

¿Los tres funcionarios habrán aprovechado la información privilegiada para potenciar un emprendimiento propio? Hay que tener en cuenta que cuando una línea de subterráneo llega a un barrio, la tierra se revaloriza entre un 20% y 30%.

Así y todo, Chain, en varias reuniones de gestión, se quejó en público de que la tierra todavía no se revalorizó como esperaba y hasta se atrevió a ofrecerles departamentos en alguna oportunidad a otros funcionarios que no participan del negocio.

A pesar de haber sido socios fundadores, Chain y Lostri renunciaron al directorio el 26 de octubre de 2007. Pero seguirían siendo accionistas del megaemprendimiento y poseen cada uno el 7% del terreno.

El 17 de diciembre del mismo año, la empresa informó que el capital inicial de $ 40 mil con el que se constituyó la sociedad aumentó a $ 3.714.333, correspondiéndole a Chain $ 252.304; iguales sumas a Lostri y a Dubinsky, quedando este último –funcionario de Sbase– como presidente de la sociedad. Hace tres meses se empezaron a vender los departamentos.

“Sólo tengo el 6,9% del terreno y está en mi declaración jurada”, se defiende Lostri y asegura que no encuentra contradicción en tener un terreno, participar del proyecto y ser funcionario.

Pero para el legislador porteño de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, sí la hay. Esta semana, durante una reunión donde Chain y todo su equipo defendieron el presupuesto 2011, el diputado cuestionó esta delgada línea entre los negocios y la política:

“No se puede estar de los dos lados del mostrador”, se quejó, y estudia presentar una denuncia penal para que la Justicia evalúe si se trata de un delito. En la Ciudad no hay legislación que impida este tipo de “zonas grises”. “No podemos seguir sin tener una ley porteña de ética pública”, pidió Ruanova.

Para castigar el vandalismo

La Legislatura porteña sigue dando señales de vida y a los proyectos para reformar el CAAP y extender el régimen de protección se suma ahora uno muy conciso para crear castigos.

Por Sergio Kiernan

Hace un par de semanas se realizó una reunión en la Legislatura porteña para empezar a tratar de extender la Ley 3056, que es nuestro débil dique ante la piqueta mañera. Como se dijo en ese momento, se plantearon varios temas: extender la ley, que vence en diciembre, reformar en serio las áreas de protección patrimonial del Ejecutivo, tratar de una vez por todas el proyecto de transferencia de FOT creado por Teresa de Anchorena y Marta Varela, y crear un régimen de castigos para los que demuelen y remodelan con la total impunidad de hoy y bajo la mirada complacida del gobierno porteño. El diputado Eduardo Epszteyn dio el paso concreto de introducir para su tratamiento el proyecto de FOT, y ahora el diputado Martín Hourest presentó un proyecto de castigos a los vándalos. La Legislatura, parece, se está despertando.

El proyecto de Hourest lleva como título “Sanciones y penalidades” y es tan breve como claro:

Artículo 1º. En el caso de daño parcial, total o demolición de edificios protegidos por la Ley 2548 y modificatorias se procederá de igual forma que en las zonas APH. Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las sanciones que fija el Código de Faltas para este tipo de contravención. Los mismos sólo podrán construir hasta un máximo equivalente al 70 por ciento del volumen destruido, siempre y cuando este valor no supere el 70 por ciento de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación tanto lo establecido por el parágrafo 2.4.3.2, lo normado por los parágrafos 2.4.3.3 y 2.4.4 del Código de la Edificación. Como lo establecido en las Leyes 1217 y 1227.

Art. 2º.La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Cultura.

Art. 3º.Comuníquese, etc.

Cláusula transitoria primera: La presente Ley tendrá una vigencia de 24 meses a partir de su publicación o hasta plena entrada en vigencia de la Ley sobre el Régimen de Sanciones y Penalidades de la Ley 1227.

Como se ve, el principal castigo es uno que ya existe, la pérdida de capacidad de construcción –se destruye una casa, sólo se puede construir un maxikiosco– pero el detalle es que le quita la autoridad de aplicarlo al Ministerio de Desarrollo Urbano. Esto es revolucionario, ya que Daniel Chaín es un ministro muy poderoso, que mató toda idea de sacarle el poder de sanción e inspección, y es también un orgánico de la industria de la construcción concentrada. En tres años de gestión, jamás movió un dedo para pasar leyes, aumentar multas o tener alguna iniciativa para contener a los grandes desarrollistas y crear una real capacidad de control para su ministerio. Esto lo hizo porque su verdadera lealtad no está con el público, los votantes o su partido, sino con ese sector económico.

Esta originalidad de Hourest demuestra que sabe qué alzada tienen estos bueyes, lo que termina de quedar en claro con la cláusula transitoria del final, que admite que esta ley es un parche hasta que se cumpla con la Ley 1227. Esta ley estuvo años cajoneada en Cultura por esa inolvidable funcionaria llamada Silvia Fajre, hasta que Teresa de Anchorena la forzó a reglamentarla con un recurso de amparo. Fajre lo hizo, pero nunca la cumplió, en particular la parte que decía que su ministerio tenía que crear un régimen de penalidades y castigos, y un cuerpo de inspectores para hacerlo cumplir.

Su sucesora, la profesora Josefina Delgado, tuvo esta misión como su utopía personal. No sólo redactó un proyecto, sino que lo redactó bien y logró la firma de su ministro de Cultura, Hernán Lombardi. Como Lombardi es ministro de Cultura sólo en nombre –él es especialista en turismo y tomó el puesto para evitarle todavía otra crisis a Macri–, fue realmente notable que Delgado lograra esto. El proyecto tenía que pasar por Chaín, que lo mató en una carta de escasas líneas firmada por su adlatere y frío cómplice, el subsecretario Héctor Lostri. La nota decía básicamente que los únicos que tienen o tendrán inspectores para algo construido serán ellos y que ni en sueños permitirían otro grupo. El proyecto fue a parar a un profundo cajón.

Delgado se dedicó a otra cosa y las dos delegadas de Cultura en el CAAP votan como si trabajaran para Chaín, dejando demoler con el único llamativo detalle de que una de ellas se pone nerviosa cuando ve a alguien de este suplemento –masculla cosas y señala con el dedo, actitudes francamente preocupantes y poco dignas en una funcionaria–. Por supuesto, nadie nunca más habló del tema. Este panorama deja abierta la duda sobre qué pasará si la Legislatura aprueba este proyecto: Chaín tendrá una guerra burocrática para matar en la semilla la idea de inspectores patrimoniales, y francamente es difícil pensar que Lombardi tenga algún entusiasmo por la cuestión.

Hourest evidentemente opina que hay que crear el cuerpo y luego dar la batalla para que funcione. Como recuerda en los fundamentos de su proyecto, en diciembre se cumplen diez años de la sanción de la Ley 1227 y “el Ejecutivo de la Ciudad sigue sin cumplir con su obligación de enviar a la Legislatura un proyecto de ley que establezca el régimen de sanciones y penalidades para quienes violen la ley”.

El diputado hasta cita a Lostri, que dijo que “En el contexto actual el sistema de multas objetivas establecidas en el Código de Edificación no desvirtúa el costo de oportunidad relacionado con el beneficio económico derivado de la proyección de las rentas urbanas posibles”. La frase significa, en criollo, que ni vale la pena respetar la ley porque quebrarla es, a lo sumo, un costo más y de los menores. De paso, pregunta completamente retórica, si Lostri sabe esto, ¿por qué no hace algo al respecto?

El resultado de esta situación es que se pierden “centenares de edificaciones valiosas cada año”, que es exactamente por qué Chaín y Lostri son dos personas felices con un futuro próspero. Por eso Hourest recuerda que la Ley 1227 “les otorga a los funcionarios del Ministerio de Cultura para casos de infracciones contra el patrimonio, la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública, secuestrar bienes, proceder a la clausura preventiva de locales y obras en infracción”.

El diputado agrega que su proyecto no es para “edificios excepcionales, de gran valor histórico, arquitectónico o artístico” sino también para proteger a “muchos edificios que son testimonios insustituibles de formas de construir y de habitar en la ciudad”.

Sigue Hourest: “Las décadas de 1970 y 1980 fueron escenario del gran desarrollo de edificios de propiedad horizontal provocando el cambio definitivo de barrios como Recoleta, Palermo, Belgrano y Caballito, con la consecuente demolición de inmuebles de baja altura. Estas sustituciones indiscriminadas se acrecentaron en los últimos diez años debido al aumento de la construcción, alcanzando barrios alejados del centro de la ciudad como Saavedra y Villa Urquiza. Las normas urbanísticas vigentes corresponden a un Código de Planeamiento Urbano, datado en la década de 1970 y reformado en el año 2000, que se basa en la realización de obras nuevas y prácticamente no considera la ciudad existente, con excepción de los Distritos Areas de Protección Histórica (APH) y de los edificios catalogados. En esa época todavía no se valoraba nuestro patrimonio. Y así se perdieron edificios formidables. Desafortunadamente hoy, ante la falta de un régimen definitivo de penalidades, todo o casi todo está en riesgo de desaparecer”.

PROYECTO LEY SANCIONES Y PENALIDADES LEY 2548

Hola fue presentada en la tarde de hoy por el diputado Martin Hourest y lleva el numero de proyecto 3238.D-2010. Tiene giro a Planeamiento Urbano y  el bloque de Igualdad Social pedira una preferencia para su tratamiento dentro de este año legislativo. Saludos Gustavo Desplats PROYECTO DE LEY Artículo 1º.- En el caso de daño parcial, total o  demolición de edificios protegidos por la Ley 2548 y modificatorias se procederá de igual forma que en las zonas APH. Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las sanciones que fija el Código de Faltas para este tipo de contravención. Los mismos sólo podrán construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen destruido, siempre y cuando este valor no supere el 70% de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación tanto lo establecido por el parágrafo  2.4.3.2 lo normado por los parágrafos 2.4.3.3  y 2.4.4 del Código de la Edificación. Como lo establecido en las Leyes 1.217  y 1.227. Art. 2º.-La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Cultura. Art. 3º.-Comuníquese, etc Clausula transitoria primera: La presente Ley tendrá una vigencia de 24 meses a partir de su publicación o hasta plena entrada en vigencia de la Ley sobre el Régimen de Sanciones y Penalidades de la Ley 1.227.                                                         FUNDAMENTOS Señor Vicepresidente 1°:                                           En pocas semanas se cumplirá el séptimo aniversario de la sanción de la ley de patrimonio cultural de la ciudad, aprobada en 2003 y reglamentada –parcialmente– tres años más tarde. Es una ley clara y contundente pero de limitada aplicación porque el Ejecutivo de la Ciudad sigue sin cumplir con su obligación de enviar a la Legislatura un proyecto de ley que establezca el régimen de sanciones y penalidades para quienes violen la ley.            Asimismo, según información periodística el Subsecretario Lostri expresa claramente la liviandad de las sanciones que actualmente prevé la legislación vigente para quienes demuelan edificios patrimoniales. Afirma el funcionario: “en el contexto actual el sistema de multas objetivas establecidas en el Código de Edificación no desvirtúa el costo de oportunidad relacionado con el beneficio económico derivado de la proyección de las rentas urbanas posibles”. Ante esta constatación desde el Ejecutivo consideramos fundamental la creación de un marco normativo de emergencia y con el único fin de superar la coyuntura y evitar el gran peligro de la pérdida irreparable de centenares de valiosísimas construcciones cada año.            De esta manera la Ley Nº 2548 y su  modificatoria Nº 3056 pasan a ser "actos simbólicos" que no tienen correlato en lo real. Estas normas protegen, catalogan y establecen un mecanismo especial para las edificaciones anteriores al 31 de diciembre de 1941. Que si no se cumple solo acarrea una pequeña multa económica. La meta de este proyecto es cambiar esa relación y establecer el mismo rigor que ya se norma respecto de las zonas APH en el Código de Edificación.            Sobre la cabeza de la autoridad de aplicación tomamos en cuenta  que el artículo 6º del decreto reglamentario Nº 312/06” de la ley Nº 1227, establece que “El órgano de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Cultura”.            La reglamentación también establece que “ninguno de los bienes declarados de interés cultural y cuya tutela se encuentra a cargo del órgano de aplicación (el Ministerio de Cultura) podrá ser enajenado o transferido su dominio por cualquier otro título, modificado, restaurado, reparado o destruido total o parcialmente o cambiado su uso sin el conocimiento, visado y supervisión de dicha autoridad” y concluye que “cuando verifique la comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio de su poder de policía, seguirá el procedimiento establecido en la ley N 1.217 (Código de Faltas) hasta la intervención de la instancia administrativa y judicial que la misma prevé”.            La Ley 1.227 les otorga a los funcionarios del Ministerio de Cultura para casos de infracciones contra el patrimonio, la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública, secuestrar bienes, proceder a la clausura preventiva de locales y obras en infracción. Ya han pasado siete años sin que la ciudad de Buenos Aires pueda tener un régimen de faltas destinado a proteger efectivamente su patrimonio arquitectónico que se pierde día a día. Es un hecho ampliamente reconocido que la Ciudad de Buenos Aires es considerada una de las más importantes de Sud América y que tiene una proyección cultural y turística internacional de primer orden mundial. Indudablemente su patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico constituye un recurso único, excepcional y no renovable que no sólo es un componente crucial de la memoria e identidad de la ciudad y de sus habitantes sino también un factor de atracción turística primordial y de desarrollo económico de la ciudad hoy en peligro por la falta de penalidades ante el avance de los especuladores inmobiliarios.  El patrimonio urbano arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires está constituido por inmuebles de diferentes escalas y significación que expresan su diversidad y riqueza y son testimonio tangible de su evolución histórica. Entre ellos encontramos algunos de valor singular que son hitos urbano arquitectónicos y otros que, aunque más modestos, definen con su presencia el ámbito en que se emplazan.  Asimismo el patrimonio de toda ciudad, y aún más en el caso de una como Buenos Aires, tanto más joven que las europeas y a menudo amenazadas por una renovación indiscriminada, es un bien común hoy en riesgo de desaparecer.  Más allá de los edificios excepcionales, de gran valor histórico, arquitectónico o artístico, y los ejemplos y o conjuntos de valor ambiental, hay muchos edificios que son testimonio insustituibles de formas de construir y de habitar en la ciudad. Desde el punto de vista estilístico, Buenos Aires posee además una diversidad incomparable en la que se conjugan ejemplos de las diversas influencias que determinaron su conformación actual. Desde aquella ciudad colonial con su arquitectura modesta y austera, hasta la imagen italianizante de la segunda mitad del siglo XIX, originada en la importante presencia de arquitectos, constructores y artesanos de ese origen. Posteriormente y durante las primeras décadas del siglo XX, la cultura arquitectónica francesa tuvo una ascendencia determinante en la ciudad y los proyectos, urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos, tanto públicos como privados, se rigieron en esta época por el academicismo francés.  A estas dos presencias predominantes, la italiana y la francesa, se sumaron ejemplos de reminiscencia alemana e inglesa y de los estilos “art nouveau”, neocolonial y “art déco” aplicados tanto a edificios institucionales o comerciales y de entretenimiento, como cines y teatros, como en los ámbitos más cotidianos de las viviendas, los bancos y los comercios.  Finalmente la “modernidad” se hizo presente en Buenos Aires, hacia 1930, con la adopción del racionalismo especialmente para edificios de departamentos y oficinas, de óptimo desarrollo formal y funcional. Desde 1950 a 1970 se realizaron algunos inmuebles inscriptos dentro del brutalismo y del estilo internacional.  Las décadas de 1970 y 1980 fueron escenario del gran desarrollo de edificios de propiedad horizontal provocando el cambio definitivo de barrios como Recoleta, Palermo, Belgrano y Caballito, con la consecuente demolición de inmuebles de baja altura.  Estas sustituciones indiscriminadas se acrecentaron en los últimos diez años debido al aumento de la construcción, alcanzando barrios alejados del centro de la ciudad como Saavedra y Villa Urquiza.  Las normas urbanísticas vigentes corresponden a un Código de Planeamiento Urbano, datado en la década de 1970 y reformado en el año 2000, que se basa en la realización de obras nuevas y prácticamente no considera la ciudad existente, con excepción de los Distritos Áreas de Protección Histórica (APH) y de los edificios catalogados. En esa época todavía no se valoraba nuestro patrimonio, Y así se perdieron edificios formidables.  Desafortunadamente hoy, ante la falta de un régimen definitivo de penalidades todo o casi todo está en riesgo de desaparecer. El valor artístico o el testimonio histórico son sólo dos elementos de la noción de patrimonio; la cultura está hecha de vida cotidiana y los movimientos sociales, los cambios demográficos, la evolución de las costumbres que marcaron la vida porteña en el siglo pasado quedan inscriptos en edificios que sólo con el correr del tiempo revelan la riqueza de "vida vivida" que guardan.  Esta voluntad de proteger los ejemplos más valiosos de la arquitectura de Buenos Aires, no implican el desconocimiento del proceso natural de evolución al que está sometida la ciudad, que en algunos casos lleva a la transformación de ciertas zonas, ya que consideramos que Buenos Aires admite diferencias en su conformación y sobre todo, que en estas diferencias reside su riqueza. Cabe resaltar que algunos de los sectores de mayor valor patrimonial como Congreso, Tribunales y el área Central y barrios como Retiro, Recoleta, San Nicolás y Montserrat, son ejemplo de esta situación ya que adquirieron su conformación actual a expensas de edificios de menor escala  Por todo lo anterior consideramos oportuno la sanción de la presente Ley.