viernes, noviembre 11, 2011

Cruces por un informe que advertía riesgos en la obra

11/11/11 Para el Gobierno es una notificación usual. Diputados opositores la cuestionaron.


Dos edificios linderos de importante altura y de antigua data; se realizarán tres subsuelos.
Importante verificar submuración” . Esta anotación, que advertía sobre el riesgoque representaba la obra de la calle Bartolomé Mitre para los edificios de al lado, figura en un acta de la inspección realizada el 26 de septiembre, más de un mes antes del derrumbe que se produjo el viernes pasado. La fotocopia del acta fue presentada ayer en la Legislatura por el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez, junto a las certificaciones de otras seis inspecciones realizadas en la obra que generó la catástrofe.
A seis días de la caída, y en la misma jornada en que apareció el cuerpo de la persona que estaba desaparecida bajo los escombros, Ibáñez fue a la comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura y se defendió justamente con el argumento de que hubo siete inspecciones en la obra cuestionada. Sin embargo, cuando el diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) vio y le marcó esta advertencia que había hecho uno de los inspectores, Ibáñez afirmó que la inspección de la excavación estaba, por tiempos de la obra programada para el 20 de noviembre , 16 días después del derrumbe.
“Todos los inspectores escriben observaciones.
No se estaba diciendo que se iba a caer el edificio . Es un aviso hacia el segundo inspector ”, relativizó Ibáñez, quien reconoció que la submuración (técnica de seguridad necesaria para construir un edificio con subsuelo entre medianeras) no fue verificada durante las inspecciones posteriores, pero que si el peligro hubiese sido manifiesto el inspector habría clausurado . Los planos de la submuración, según la misma acta, habían sido presentados por los responsables de la obra. La última de las visitas de los inspectores, según la documentación presentada, fue el 31 de octubre, sólo cinco días antes del accidente.
Según Ibáñez, sin embargo, aunque las inspecciones se hubieran hecho como correspondía y “hubiera estado el mejor arquitecto”, no se puede garantizar que no se hubiera producido un hecho como el que pasó. “Habría que ver lo que se hizo en los minutos anteriores al derrumbe. El Estado cumplió con la responsabilidad que le compete de verificar que hubiera un profesional idóneo y que la obra estuviera registrada”.
Después de la reunión de más de cuatro horas, Ibáñez dijo a los periodistas: “Un derrumbe de este tipo no se produce por un solo motivo. Hay una suma de cuestiones, que incluyen la antigüedad del edificio y seguramente también alguna irregularidad en los trabajos que se realizaron en la obra. Eso lo determinarán las pericias”.
La reunión terminó con una pelea a trompadas entre un colaborador de Ibáñez y un vecino que suele concurrir a la Legislatura. Y en la oposición se fueron con críticas. “El mensaje que dio el oficialismo es que el Estado no puede hacer nada para que estas cosas no pasen más”, dijo Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica).

El gobierno porteño desoyó el alerta de uno de sus propios inspectores


En una inspección del 26 de septiembre, días antes del comienzo de la excavación en la obra contigua a la torre que se derrumbó, advirtió: “Dos edificios linderos de importante altura y de antigua data. Importante verificar submuración.”
 
El 26 de septiembre pasado, más de un mes antes de que se derrumbara el edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232, provocando la muerte de Isidoro Madueña, cuyo cadáver fue hallado ayer entre los escombros, un inspector de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) había alertado sobre la posibilidad de que la excavación en la obra lindera, que entonces aún no había comenzado, pusiera en riesgo al inmueble que finalmente colapsó el pasado viernes.
Ayer, la Legislatura porteña fue el escenario donde el director de la AGC, Javier Ibáñez, debió responder a los diputados por qué no se actuó ante la advertencia del inspector.
El Ejecutivo local, a través de su titular, Mauricio Macri, y del propio Ibáñez en su alocución de ayer, apuntó directamente contra los constructores de la obra lindera de Mitre 1220/24 (propiedad de la firma Taclet SA y a cargo del arquitecto Ezequiel Rivarola), por no tener “rigor profesional”, aunque el propio jefe de gobierno, aseguró que había sido inspeccionada siete veces, cinco de las cuales se produjeron en octubre, después del alerta del inspector de la AGC, pero sólo por cuestiones laborales y realizadas por la Dirección de Protección del Trabajo. En las dos que hizo la AGC no se encontraron irregularidades, pero la segunda (Nº 19247, realizada a las 10 de la mañana del 26 de septiembre) agregaba una observación puntual que la AGC decidió ignorar: “El miércoles comienza excavación”, apunta el inspector en su informe, y advierte: “Dos edificios linderos de importante altura y de antigua data. Se realizarán 3 subsuelos. Importante verificar submuración”. La verificación nunca llegó.
El dato se conoció ayer en la Legislatura durante la exposición de Ibáñez. Desde la Agencia indicaron a Tiempo Argentino que “en cada una de las observaciones lo que hace el inspector es un diagnóstico clínico, dice todo lo que ve, pero no significa que si no se hace eso, el edificio se cae. Funciona de esa manera, todas las inspecciones del gobierno hacen esa observación.” Durante la tensa interpelación, que duró toda la tarde y contó con fuertes demandas de familiares de víctimas de derrumbes como el del gimnasio de Villa Urquiza, el año pasado, los diputados opositores elevaron sus denuncias al representante macrista. Eduardo Epszteyn (Frente Progresista y Popular) afirmó que el Ejecutivo “tuvo una alerta clave que fue desoída. Se repite lo sucedido con Beara: no hace lo que corresponde, no cumple con la ley y no escucha las alertas.”
Durante su exposición en la Comisión de Desarrollo Económico, Ibáñez sostuvo que la Ciudad “le va a pagar al vecino todo lo que generó este hecho y asumirá el rol de litigante. Vamos a ir contra la empresa, porque tenemos una relación de fuerza diferente que los vecinos perjudicados.” Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) le recriminó que en lo que va del año hubo 13 derrumbes y 23 desde 2008, a lo que Ibañez respondió: “Suceden todos los días en ciudades como Nueva York, que recibieron innumerables premios y reconocimientos por sus avances en ingeniería y construcción.”
Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos) indicó que “los problemas técnicos surgen por la falta de contralor sobre las excavaciones, y la irresponsabilidad política del oficialismo porteño de no reglamentar la ley 3562 que fue sancionada en 2010”.
Eva Lilian Rodríguez, titular de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores, también hizo hincapié en la norma que aún no se pone en marcha. “Nunca se implementó que haya un profesional verificador de obra cero, en la etapa inicial de la excavación, que presenciaría al responsable de la obra.” Sobre la falta de reglamentación, Ibáñez señaló que se hará “en lo que es posible y lo que genera mayor inseguridad; se enviará un proyecto de ley complementario consensuado”. Rodríguez agregó a este diario: “No existe cruzamiento de datos entre las dependencias. Con cambiar al responsable de la Agencia no alcanza, acá hay que tomar una decisión de cambios reales desde más arriba.”<

Los vecinos afectados reclaman ayuda y denuncian "desorganización"


10.11.2011 | Aquellas personas que habitan edificios cercanos al que se derrumbó el viernes reclamaron la asistencia del gobierno porteño y denunciaron "desorganización" por parte de las autoridades.

Uno de los vecinos es Elvio Rivas, del edificio de Libertad 70, que debió ser apuntalado luego del derrumbe, y que vive con su familia, integrada por seis personas, dos de ellos menores de 4 y 5 años.
El vecino, de más de 50 años, dijo  que "los departamentos del segundo piso están destruidos por la viga que cayó" y señaló que ante esta situación se distribuyeron "en casas de amigos".
El hombre se manifestó visiblemente conmocionado, al señalar entre llantos que "no tenemos contención psicológica y nadie se nos acerca a preguntarnos cómo estamos".
Rivas tiene un local de audio en Libertad 62 y manifestó que al no poder abrirlo "no hay ingresos".
"Lo que más me molesta es la inoperancia, la desorganización de las autoridades", al señalar que "no tomamos el subsidio de $1200 porque no nos alcanza".
Otro de los vecinos, Juan Camisay, de 60 años, tiene un taller de bijouterie en el edificio de Bartolomé Mitre 1225, ubicado enfrente del que se derrumbó.
El hombre dijo que las autoridades "no vinieron a censarnos y cuando nos acercamos a preguntar a alguno del gobierno porteño no saben qué contestarnos sobre nuestro futuro más mediato".
Camisay explicó que "entre los vecinos se juntaron y eligieron un abogado que es el que sigue las causas contra el gobierno porteño" luego del derrumbe.
El hombre se lamentó porque "hace una semana que no puedo abrir el negocio y tengo empleados a cargo, por lo que pierdo el ingreso para mí y el sueldo de los empleados a los que les debo pagar".
En tanto, sobre Rivadavia, que da a la parte trasera del edificio derrumbado, desde el 1201 al 1245 los edificios no pueden habitarse, mientras que sí lo pueden hacer los vecinos que viven del 1247 en adelante.

Advierten que hay más edificios en la Ciudad con peligro de derrumbe

Así lo estimó el ingeniero Hugo Yentel, autor del proyecto de estructura de la obra lindera al inmueble que se desplomó hace un semana. El gobierno porteño le suspendió su matrícula, pero asegura que los arquitectos no siguieron el trabajo según lo que él había proyectado
Advierten que hay más edificios en la Ciudad con peligro de derrumbe
Crédito foto: DyN
El ingeniero Hugo Yentel, autor del proyecto de estructura y excavación de la construcción lindera al edificio caído en el barrio porteño de San Nicolás, se quejó de que lo condenaron "por las dudas" al retirarle la matrícula y advirtió que "hay varias obras en peligro de derrumbe".
Yentel, quien anticipó que apelará la inhabilitación
preventiva para presentar nuevos trabajos tras el episodio sucedido en Bartolomé Mitre 1232, acusó que el arquitecto encargado de la obra, Ezequiel Mariano Rivarola, no hizo lo que él proyectó.
"Sólo me contrataron para diseñar el cálculo de la estructura. En mayo pasado me pidieron que presupuestara el seguimiento de la obra, mandé el presupuesto, pero no me llamaron. Después no se hizo la obra conforme a los planos aprobados", explicó en un reportaje que hoy publica el diario Crónica.
"Esto es un dolor de cabeza mayúsculo, porque yo no estuve en la excavación, nadie me preguntó nada y además no se construyó nada de lo que yo había proyectado", insistió.
Además, Yentel alertó que "en varios barrios" de la ciudad de Buenos Aires "hay varias obras en peligro de derrumbe", aunque no dio precisiones.
"Yo hice el proyecto de estructura y de excavación que
respetaba todas las normas, pero después el arquitecto no está obligado a contratarme para que siga verificando que todo se haga de acuerdo a eso", manifestó el ingeniero.
Sostuvo que había diseñado un "sistema de excavación donde se construían pedazos de edificios, como lonjas, para ir apuntalando paulatinamente antes de sacar toda la tierra", pero "evidentemente eso no se hizo conforme a los planos que estaban aprobados".
"Si nosotros hubiéramos seguido controlando, esto no hubiera pasado", expresó sobre el derrumbe, que causó la muerte de Isidoro Madueña, de 74 años.
Respecto de la decisión del gobierno porteño de suspenderle la matrícula de forma preventiva, anticipó: "Voy a apelar porque esto es un disparate absoluto, me metieron en la misma bolsa".
"Ni siquiera se me pasó por la cabeza (hacerle juicio al
Estado), yo voy a pedir que me levanten la inhabilitación. Si fracaso, no voy a tener más remedio. Esto recién empieza",  completó.

Apuran los controles de las excavaciones

Por Pablo Tomino | LA NACION
Mientras el gobierno porteño no reglamentó una ley aprobada en septiembre pasado por la que se impuso la obligatoriedad de que inspectores de la Ciudad verifiquen las obras en construcción ya en las etapas de demolición y excavación, la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña firmó ayer un despacho para incorporar esta exigencia al Código de Edificación y así saltear la tan demorada reglamentación de la norma.
El proyecto, firmado por varios legisladores, entre ellos los macristas Alvaro González y Bruno Screnci Silva, deberá ser tratado en el recinto. De ser aprobado, entraría en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial.
"Este proyecto lo que hace es profundizar y detallar qué es lo que hay que inspeccionar. El Poder Ejecutivo podría tomarlo como la reglamentación de la norma (3562), que no supo reglamentar", dijo a La Nacion la diputada peronista Silvina Pedreira, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña.
Entre las modificaciones del Código de Edificación se contempla que se deberán efectuar inspecciones obligatorias, especiales o de oficio en las obras para examinar si los trabajos se realizan según las disposiciones vigentes. Por tanto, incluye controles en la etapa de demolición y de excavación.
"Cuando la excavación proyectada para la cota de fundación supere los cuatro metros se realizarán dos inspecciones obligatorias: una, al contemplar el 30 por ciento del avance de la obra, y otra, al contemplar el 60 por ciento de ésta", dice el proyecto de ley.
En tanto, se especifica que cuando la excavación proyectada para la cota de fundación no supere los cuatro metros se realizará una única inspección al contemplar "el 50 por ciento del avance de la obra".
Además, el proyecto de ley prevé una primera inspección en la etapa de obra, donde se controlarán la ubicación en el lote, la línea de edificación, la de frente interno y la separación del edificio de los ejes divisorios, entre otras exigencias técnicas.
La segunda inspección se realizará al finalizar la última losa; la tercera, al culminar la mampostería y los montantes de las instalaciones complementarias, y la cuarta, al terminar la obra

Habían alertado de riesgos en la obra

Por Angeles Castro | LA NACION
Cuarenta días antes del derrumbe que causó un muerto en el edificio de Bartolomé Mitre 1232, un inspector del gobierno porteño había advertido que la obra aledaña al inmueble que se desplomó entrañaba riesgos para las dos propiedades linderas, por la antigüedad de las mismas.
Así se conoció ayer, durante la extensa presentación en la Legislatura de Javier Ibáñez, el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que, entre otras funciones, vigila el desarrollo de las obras en construcción en la Capital.
Según surge del acta de inspección, fechada el 26 de septiembre último, la obra de excavación todavía no había comenzado en el terreno de Mitre 1220/1228 cuando ese día la visitó un verificador de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (Dgfyco).
Primero, el inspector dejó constancia de que los trabajos tenían todos los planos de estructura y submuración debidamente registrados y de que la seguridad "propia y hacia (bienes) linderos" no se veía afectada al momento del control.
No obstante, en el segmento destinado a observaciones, el inspector Ricardo Waisblat escribió: "Los edificios linderos (son) de importante altura y de antigua data. Se realizarán tres subsuelos. Importante verificar la submuración", y también detalló que la excavación empezaría dos días después.
Como se recordará, el segundo cuerpo del edificio de Mitre 1232, en el centro porteño, se derrumbó en la noche del viernes de la semana última, luego de que, presuntamente, la excavación en el predio aledaño socavara los cimientos y provocara rajaduras en la estructura. Pese a que, en un principio, se informó que el inmueble había llegado a ser desalojado por completo antes del siniestro, ayer se confirmó el hallazgo entre las ruinas del cuerpo de Isidoro Madueña, un hombre con hipoacusia que vivía en el tercer piso y no habría escuchado las indicaciones para abandonar el inmueble.
Si bien ayer desde la oposición legislativa opinaron que la advertencia volcada en el acta de inspección y el posterior siniestro demostraban la negligencia del Poder Ejecutivo porteño en materia de inspecciones, ya que no había efectuado los controles necesarios para evitar el derrumbe pese al riesgo existente, Ibáñez desestimó las acusaciones.
Según explicó a LA NACION, luego del 26 de septiembre, el gobierno porteño -no la AGC, sino la Dirección General del Trabajo- volvió a la obra en cuatro oportunidades (13, 14, 19 y 21 de octubre) y descubrió que, pese a que la fecha de la excavación estaba prevista para el 28 de septiembre, no había comenzado. Sólo en una quinta inspección, el 31 de octubre, se descubrió actividad.
"La normativa vigente ordena realizar una siguiente inspección cuando la excavación supera los 4 metros de profundidad. Se calcula que esa instancia llega a los 20 días, debíamos volver el 20 de noviembre. El derrumbe ocurrió a los cuatro días", explicó el funcionario a LA NACION luego de exponer siete horas ante los legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico.
Diputados opositores insistieron en que, si el gobierno de Mauricio Macri hubiera reglamentado una ley aprobada el año pasado, la N° 3562, que incorpora dos inspecciones en la etapa de excavación, la tragedia de Mitre 1232 podría haberse evitado. Además, lo acusaron de haber desoído una "alerta clave".
"El gobierno de la ciudad hizo oídos sordos a una inspección que alertaba sobre la posibilidad del derrumbe. No reglamenta la ley y no escucha las alertas", dijo el presidente del bloque ibarrista, Eduardo Epszteyn. Su par de la bancada de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, reiteró: "Los problemas surgen por la falta de contralor sobre las excavaciones y la irresponsabilidad política del oficialismo porteño de no reglamentar la ley N° 3562".
Al igual que los días previos, Ibáñez justificó la demora en ese trámite en la existencia de objeciones del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la Sociedad Central de Arquitectos y la Asociación de Ingenieros Estructuralistas.
"El mensaje que dio el oficialismo es que el Estado no puede hacer nada para que estas cosas no pasen más. Habría que declarar la emergencia en las construcciones en la ciudad", protestó desde la Coalición Cívica la diputada Rocío Sánchez Andía.

AVANZAN LOS SUBSIDIOS PARA LOS AFECTADOS

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, el macrista Alvaro González, anunció ayer que el oficialismo parlamentario está dispuesto a acompañar la propuesta de la diputada peronista Silvina Pedreira de pagar un subsidio de $ 50.000 a dueños e inquilinos del edificio derrumbado. Según anticipó, se buscará consensuar un texto entre esa iniciativa y la enviada por el Poder Ejecutivo para expropiar el inmueble e indemnizar a los propietarios; en el caso de que los dueños ya hubieran cobrado los $ 50.000, se descontarán de la indemnización

Legisladores denuncian que la Ciudad "desoyó" una advertencia de inspectores sobre la obra

El gobierno porteño "desoyó" un acta elaborada por sus inspectores del 26 de septiembre pasado que advertía sobre la necesidad de controlar la obra lindera al edificio derrumbado de Bartolomé Mitre 1232, entre cuyos escombros se encontró el cuerpo de Isidoro Madueña, de 74 años, luego de varios días de búsqueda.


Legisladores de la oposición denunciaron el jueves esta situación que surgió de un informe elaborado por un inspector de la Ciudad, del 26 de septiembre, que pedía que se controlara la obra en construcción, lindante al edificio que se derrumbó el viernes.

La denuncia la efectuaron durante la presentación que realizó el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibañez, en la Comisión de Desarrollo Económico a la cual el funcionario respondió que se habían efectuado 7 controles y que esa inspección "es un informe clínico de un profesional de lo que ve".

En el acta del 26 de septiembre, el inspector Ricardo Waishlat, quien es arquitecto, coloca por escrito tras revisar la obra lindera al inmueble de Bartolomé Mitre 1232: "Dos edificios linderos de importante altura y de antigua data, se realizarán tres subsuelos. Importante verificar submuración".

El diputado Eduardo Epszteyn, cuestionó que el Gobierno de la Ciudad hizo "oídos sordos" a la inspección que alertaba sobre la posibilidad del derrumbe y el legislador Aníbal Ibarra aseguró que "a pesar de esa seria advertencia, no se mandó a nadie a verificar la excavación ni la submuración".

“O sea que el Gobierno de la Ciudad tuvo por escrito firmado por uno de sus inspectores la información sobre el riesgo de derrumbe de alguno de los edificios linderos y ni siquiera mandó un especialista a la excavación para controlarla y evitar los riesgos denunciados", aseveró Ibarra.

Ibañez sostuvo que el acta ventilada "es un informe clínico de un inspector de lo que ve" cuando concurren a las obras en construcción y destacó que antes de la caída del edificio "se habían efectuado unas siete visitas" al lugar.

Aclaró que "hay muchos hechos que pueden haber llevado" al desmoronamiento parcial del edificio, entre ellos, "la situación que tendrá que explicar el profesional y seguramente una mala praxis".

Fabio Basteiro, de Proyecto Sur, evaluó que el funcionario de la AGC "ha manifestado un nivel de irresponsabilidad y soberbia que realmente nos preocupa, porque con una muerte y la situación que se ha vivido en estos días, lo primero que tendría que haber hecho es reconocer los errores".

Por su parte, el titular del bloque Encuentro Popular por la Victoria, Juan Cabandié, le pidió a Ibañez "explicaciones políticas concretas" del derrumbe del edificio y le recordó que el año pasado "la Legislatura aprobó una ley que establece que durante la excavación se deben incrementen las inspecciones y los controles".

La ley a la cual aludió Cabandié es la 3562, sancionada tras el derrumbe de un gimnasio en Villa Urquiza, donde murieron tres personas, pero no fue reglamentada por el Ejecutivo desde entonces.

"Según Ibáñez, la ley que sancionó esta Legislatura para evitar derrumbes no servía para nada", dijo Cabandié a lo que Ibañez respondió que en esa ley se habla de inspectores que deben verificar las obras y no de peritos, que son profesionales más idóneos".

Los técnicos y bomberos que trabajan desde el viernes en el lugar del derrumbe hallaron a las 7 del jueves el cuerpo de Isidoro Madueña, el hombre de 74 años que se encontraba desaparecido desde que se derrumbó el edificio en el que residía.

El cadáver "fue hallado por bomberos y personal de la Guardia de Auxilio", dijo la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, mientras que el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, aseguró que el cuerpo "fue encontrado donde los perros marcaron el lugar en el tercer piso".

El gobierno porteño confirmó que una vez hallado el cadáver las tareas de remoción irán un poco más rápido y que el objetivo es "apuntalar el sector A del edificio para que los vecinos que vivían aquí puedan buscar sus pertenencias", aseguró el subsecretario de Emergencias Walter Nicolás.

Indicó además que también "se trabaja en el edifico de Libertad 70, situado en forma transversal hacia atrás de donde estaba situado el inmueble derrumbado, ya que una viga golpeó en una columna y se desprendió una parte importante".

"En este lugar estamos apuntalando en principio para que no se derrumbe también y luego contrataremos a una empresa para que evalúe si ese edificio está en condiciones de ser habitado o no", aseguró Nicolás.

"NO QUEREMOS UNA CONSTRUCCION MAS QUE SIGNIFIQUE UN RIESGO"

Así lo afirmó el ministro de Trabajo Carlos Tomada, en el marco de una conferencia de prensa que brindaron miembros de la oposición al Gobierno porteño en la Legislatura para hablar sobre el derrumbe en Monserrat. “No encontramos las respuestas de parte de la gestión Macri”, tiró Cabandié.
Miembros de la oposición a la administración de Mauricio Macri y funcionarios del gobierno nacional, entre los que se encontró el ministro de Trabajo Carlos Tomada, brindaron una conferencia de prensa en la Legislatura porteña para opinar y hablar sobre el después del derrumbe en Monserrat.
“No queremos una construcción más que signifique un riesgo. Nos preocupa cómo se construyen las viviendas”, aseguró Tomada, en su breve intervención.
Por su parte, el legislador Juan Cabandié cargó con dureza contra el gobierno macrista: “No encontramos las respuestas por parte de la gestión de Macri, queremos decir que hay responsabilidad del Gobierno porque, como marcaba el ministro Tomada, no se está cumpliendo con la ley 3652 que bregaba para que las inspecciones se comiencen a hacer en el momento de la excavación, tampoco se contempló la denuncia de los vecinos ni la de la UOCRA”, aseguró.
“Creemos que hoy está en riesgo la seguridad de muchos ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un proyecto mío que pedía revisar todas las construcciones de la Ciudad, lo presenté a raíz del derrumbe en el gimnasio de Villa Urquiza”, recordó Cabandié.
“La única forma de frenar está embestida inescrupulosa del mercado inmobiliario es con la presencia del estado. Vamos a seguir trabajando en esa sintonía. Durante este periodo del gobierno de Macri cumplimos el lamentable récord de 20 derrumbes, nueves personas fallecidas y varios heridos y damnificados”, mencionó Cabandié, que además se quejó porque “la voracidad del empresariado de la construcción no está contemplando la seguridad de los porteños”.
“Vamos a citar al ministro Montenegro y a los funcionarios que tengan que ver con todo esto. Uno de los problemas que existe en el gobierno es que hay distintas ventanillas que atienden el mismo fenómeno”, consideró.
Por su parte, Gabriela Cerruti, además remarcó: “Exigimos la atención a los damnificados. Esto no es una tragedia solamente cuando hay muertos. Ya es una tragedia cuando no pueden continuar con su vida cotidiana. Así que le pedimos al Gobierno que se haga cargo. Y si hay herramientas legislativas estamos a disposición para poder ayudar”, concluyó la mujer.

jueves, noviembre 10, 2011

Aumentan los amparos contra el Gobierno porteño por las torres

La Justicia frenó varias obras en Capital por los reclamos vecinales. Las demoras para responder. Los casos en Palermo.

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La fiebre del ladrillo se siento en la Capital con decenas de nuevas construcciones. Algunas no están bien habilitadas por el GCBA de acuerdo a los reclamos vecinales. | Foto: Cedoc



El derrumbe del edificio en Bartolomé Mitre al 1200 a causa de una obra irregular abrió un nuevo capítulo sobre las cuestionadas habilitaciones que el gobierno porteño realiza para grandes construcciones de torres en la Ciudad. En Caballito, Palermo y Barrio Norte es donde se concentran los amparos y demandas contra el Ejecutivo de Mauricio Macri por estos motivos.
Un alto en Palermo. La Asociación Amigos del Alto Palermo (AAAP), rodeados de torres, dijeron "basta" con el anuncio de una construcción de un edificio de 26 pisos con 235 cocheras sobre la calle Beruti 3351-53, a metros del shopping y de las salas Cinemark, con gran afluencia de coches y transeúntes a diario.
"Querían edificar unos 2.500 m2 más de lo permitido, con un fuerte impacto ambiental no estudiado, impedimentos a la vista de vecinos, proyección de sombras en la cuadra", enumeró a Perfil.com el abogado de la AAAP, Orlando Pulvirenti.
La asociación presentó un amparo en la Justicia porteña contra el GCBA el 9 de junio y apenas dos semanas después la magistrada Andrea Danasparalizó las obras. Los inversores, Alto Palermo S.A., y la desarrolladora TGLT apelaron la medida y la causa está en la Cámara de Apelaciones. A todo esto, la construcción sigue frenada.
Por su lado, la multinacional TGLT informó en su web que el “Proyecto Palermo”, en un terreno de 3.207 m2, fue adquirido para construir una torre de 26 pisos y cuatro subsuelos. En total, 200 departamentos desde los 45m2, con cocheras y amenities. El metro cuadrado hoy se cotiza a unos2.500 dólares en esa zona.
Un vecino de Berutti 3372 guardó el expediente de una obra que naufragó en el mismo terreno hace 11 años. La Constructora Riva planeaba un proyecto de torre similar, pero aquella vez el gobierno porteño fue el que se opuso. Con una resolución la gestión de Aníbal Ibarra anuló los planos y se bajaron las grúas. La historia ahora se repite.
Para el letrado Pulvirenti, “hay un descontrol importante en la construcción en la Capital. Por un lado están lo que se quieren mudar de barrio y por otro los de ese barrio que se resisten a que les cambien el paisaje urbanísitico”.
Torre contra torre.  En la esquina de Godoy Cruz y Avenida Cerviño,también en Palermo, había una estación de Shell, justo frente de edificio Le Parc. La petrolera cerró, vendió ese terreno a una constructora en 2009 y a finales de 2010 comenzaron las obras para levantar una nueva torre. Al lado, sobre Cerviño, hay un edificio de 29 pisos construido en 1999 y sus habitantes dudaron de la nueva obra.
Varios arquitectos y abogados sospecharon que la obra estaría excedida en metros de construcción cubiertos, en altura y además en que no respetaría la separación mínima entre un edificio y otro. Por eso en octubre de 2010 pidieron al gobierno porteño que les mostrará los planos de la obra autorizada por la Dirección General de Fiscalización de Obras. El gobierno de la Ciudad se negó.
Agotadas las instancias administrativas, los vecinos de la torre de Cerviño al 4500 acudieron a la Justicia. En primera instancia, un magistrado exhortó a la Ciudad a que enseñara los planos. La Ciudad dijo de nuevo "no" y hasta apeló la sentencia. La Cámara de Apelaciones respaldó el pedido de los vecinos e impuso una multa de $150 diarios a la Comuna por la demora en la apertura del expediente que habilitó la obra.
"Parece que recién ahora abrirían los planos, pero la obra ya va por el séptimo piso. Esto no puede ser", se quejó un vecino a Perfil.com.
Para colmo, de la grúa de la construcción se desprendieron dos rollos de cables de 300 kilos en la zona de la pileta del edificio damnificado. Por suerte no había nadie. "Si hubiese gente en ese momento esos cables mataban a alguien", especuló otro vecino. Por ese incidente realizaron una denuncia policial. Mientras, la obra de la esquina continúa a todo vapor.
Otra obra frenada. Los habitantes del histórico Palacio de los Patos de la calle Ugarteche al 3000, en Barrio Norte, se levantaron en 2010 contra la construcción de dos torres sobre la calle Cabello, intersección República Arabe Siria, entre el Zoológico y Plaza Las Heras.
La Justicia porteña paró la máquinas, realizó un estudio de impacto ambiental y de factor de construcción permitido. Al final, la torre quedó petisa: sólo se autorizaron seis pisos, cuya obra está aún en proceso.

Colapso evitable

 Una aclaracion importante:
"Los informes de la subcomisión lograron incorporar y reglamentar esta ley dentro del cuerpo del Código de Edificación de la ciudad de Buenos Aires. El despacho fue firmado el 8 de noviembre de 2011 por los nueve miembros de la comisión y ahora se dispone a ser debatido en la cámara."
El texto anterior es erroneo. La reglamentacion de una Ley es una actividad exclusiva del poder ejecutivo. En donde no interviene la Legislatura. En esta ni en ninguna ley. Lo que recomendo la comision fue que el Ejecutivo reglamente la Ley.
 Lo que se firmo por los 9 integrantes es el "despacho de comision" de un proyecto legislativo que, para ser ley, tendra que ser aprobada por el pleno.
 La solucion a la falta de reglamentación desde el legislativo, que no puede reglamentar, es aprobar una norma "ultra reglamentarista" que al tener todo establecido no necesita de reglamentacion alguna por  tener los detalles totalmente resueltos Y no necesitar de ninguna "reglamentacion". Me podras decir que es un tecnicismo. Pero cambia mucho las cosas. La Legislatura realizo el año pasado todo lo que tenia que hacer. La desidia fue del ejecutivo. Ante ella la legislatura tiene que intentar sacar una norma con una tecnica legislativa poco conveniente. Que es la "ultra reglamentariedad", Saludos Gustavo Desplats

POR FEDERICO AMBROSIO - fambrosio@clarin.com
La discusión por las inspecciones y la responsabilidad profesional se encuentran enfrentadas una vez más. La falta de acción dio como resultado otro derrumbe en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego del colapso del edificio de la calle Bartolome Mitre 1232, las discusiones sobre las inspecciones en etapa de demolición y excavaciones en la Ciudad se reavivaron. Funcionarios del Gobierno de la CABA, legisladores y representantes de distintas entidades profesionales hicieron escuchar su voz en estos días.
Lo cierto es que el 16 de septiembre de 2010 se sancionó en la legislatura porteña la ley 3562 que establece, tal como expresa el artículo primero, la obligación del gobierno de inspeccionar todas las obras en construcción durante las etapas de demolición y excavación. Esto se conoció en su momento como PVO cero.
Esta ley apunta a que todos los responsables de la obra expongan ante las autoridades competentes el detalle de las tareas de demolición y excavación para su aprobación. Allí deben enumerar la secuencia de los trabajos y las memorias, como así también la designación de la empresa a cargo que tiene que estar inscripta en el registro público de Demoledores y Excavadores.
Esta reglamentación consta de 3 instancias de inspección: la primera se realizará durante las tareas de demolición y las otras dos durante los trabajos de excavación. Cuando los trabajos se realicen por debajo de la cota de 4 metros de profundidad, se deberá realizar una inspección al cumplirse el 10% del avance de la tarea. La segunda se hará al cumplirse el 50% de lo estimado en el plan de obra presentado con anterioridad ante las autoridades del Gobierno de la Ciudad.
Opiniones cruzadas y detalles legales y administrativos no permiten dejar en claro la aplicación y reglamentación de esta ley, creada a raíz del derrumbe del Gimnasio de Villa Urquiza ocurrido en 2010. La ley 3562, votada en la Cámara y sin veto del Ejecutivo, fue publicada en el Boletín Oficial del 10 de diciembre de 2010, con la oposición de algunas entidades participantes en la consulta.
A lo largo de este año funcionó una subcomisión evaluadora del Código de Edificación dentro de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, constituida para incorporar estos procedimientos dentro del mismo con el fin de darle curso a la nueva ley. Entre los integrantes del grupo de trabajo se encontraban 4 representes del Ejecutivo porteño: la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, el Ministerio de Desarrollo Urbano y el Laboratorio de Ensayo de Materiales, como así también tres miembros de la Legislatura designados por los diputados miembros de la comisión de Planeamiento Urbano. Además estuvo presente un miembro en representación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, un integrante del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y otro del Consejo Profesional de Geología, un representante del Consejo Profesional de Ingeniería Civil y uno de la Defensoría del Pueblo.
Los informes de la subcomisión lograron incorporar y reglamentar esta ley dentro del cuerpo del Código de Edificación de la ciudad de Buenos Aires. El despacho fue firmado el 8 de noviembre de 2011 por los nueve miembros de la comisión y ahora se dispone a ser debatido en la cámara.
La responsabilidad profesional, la demora en las acciones, la omisión de la ley y las eventualidades una vez más se hicieron evidentes. Nadie es responsable y la matricula se estigmatiza una vez más hasta tanto la justicia no se expida y las pericias den las razones del porqué un edificio se desplomó en pleno centro porteño.

"Boom" de la construcción, sacudido por el derrumbe de un edificio en Buenos Aires

Por Agencia EFE
Buenos Aires, 10 nov (EFE).- El derrumbe de un edificio en pleno centro de Buenos Aires, en cuyos escombros se encontró hoy el cuerpo de un hombre, refleja "la deficiencias en los controles" de las autoridades en medio del "boom" de la construcción que vive la capital argentina, dijeron hoy a Efe entidades no gubernamentales.
Más de un centenar de personas permanecían este jueves evacuadas de sus viviendas a raíz del derrumbe parcial el pasado viernes de un edificio de diez plantas, lo que causó trastornos en el tránsito y obligó a cortar temporalmente los servicios públicos en seis calles de la ciudad.
En tanto, el cuerpo de Isidoro Madueña, de 74 años, fue encontrado este jueves entre los escombros de la construcción, en la que residía, luego de permanecer desaparecido durante casi una semana, informó el Gobierno del conservador Mauricio Macri.
El derrumbe -el tercero con víctimas fatales en la ciudad en poco más de un año- renovó las críticas de entidades no gubernamentales, como la Proto Comuna de Caballito, cuyo coordinador, Gustavo Desplats, advirtió a Efe sobre la "falta de control de las obras y de planeamiento urbano de la ciudad para maximizar los beneficios económicos".
"Once barrios porteños concentraron el 80 por ciento de las construcciones en la primera década del siglo XXI. El 70 por ciento de las obras fue de lujo, el 30 por ciento, de categoría media, y no hay registros de vivienda económica", sostuvo Desplats, quien lamentó la ausencia de datos sobre el estado de los edificios en la capital argentina.
Un trabajo de la consultora Urbeos indicó que la construcción de edificios en Buenos Aires creció en el primer semestre del año un 37,7 por ciento en relación con el mismo período de 2010, lo que equivale a un promedio de 73 edificios nuevos por mes.
Las cifras locales contrastan con la estrepitosa caída que afrontó el mercado inmobiliario en países desarrollados a raíz de la crisis internacional, empujada por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
"El negocio de la construcción es uno de los más importantes que tiene hoy la ciudad, pero al mismo tiempo recibimos muchas denuncias de demoliciones clandestinas y de casos en que las obras no se corresponden con los planos, entre otras irregularidades", afirmó a Efe Santiago Pusso, titular de Basta de Demoler, una asociación civil que defiende el patrimonio urbanístico de la capital.
El derrumbe ocurrido el viernes en uno de los edificios más antiguos de la zona, a cuatro cuadras del Obelisco porteño, se produjo en momentos en que se realizaban excavaciones en un terreno vecino para iniciar una edificación.
"Que haya una obra al lado hace creer que tuvo que ver con el derrumbe", admitió hoy el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien defendió los controles que aplica la Alcaldía.
Por su parte, Macri anunció esta semana el envío a la Legislatura de un proyecto para expropiar el edificio con el fin de pagar el valor de las propiedades a los vecinos que "han perdido todo" y que varios de ellos duermen por estos días en paradores para indigentes.
En tanto, el titular de la Agencia Gubernamental de Control porteña, Javier Ibáñez, concurrió hoy a la Legislatura para defender el accionar de la Alcaldía ante los diputados.
Legisladores de la oposición reclaman al Ejecutivo de la ciudad la reglamentación de una norma sancionada el año pasado que establece controles desde el inicio de las obras.
"Hoy se evalúan los planos y no hay inspecciones gubernamentales hasta que se construye la planta baja de los edificios", aseguró Desplats.
Este miércoles vecinos expusieron en la Legislatura porteña diferentes casos de derrumbes de construcciones, como el ocurrido el año pasado en un gimnasio de Villa Urquiza, que causó la muerte de tres personas.
En 2010 también cayó parte de una discoteca del barrio de Palermo, donde murieron dos personas.
Las presuntas irregularidades sumadas a deudas en materia de conservación de patrimonio histórico han hecho que la World Monuments Fund incluya al centro histórico de Buenos Aires en un listado de "cien sitios culturales en peligro", según Pusso