Cuarenta días antes del derrumbe que causó un muerto en el edificio de Bartolomé Mitre 1232, un inspector del gobierno porteño había advertido que la obra aledaña al inmueble que se desplomó entrañaba riesgos para las dos propiedades linderas, por la antigüedad de las mismas.
Así se conoció ayer, durante la extensa presentación en la Legislatura de Javier Ibáñez, el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que, entre otras funciones, vigila el desarrollo de las obras en construcción en la Capital.
Según surge del acta de inspección, fechada el 26 de septiembre último, la obra de excavación todavía no había comenzado en el terreno de Mitre 1220/1228 cuando ese día la visitó un verificador de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (Dgfyco).
Primero, el inspector dejó constancia de que los trabajos tenían todos los planos de estructura y submuración debidamente registrados y de que la seguridad "propia y hacia (bienes) linderos" no se veía afectada al momento del control.
No obstante, en el segmento destinado a observaciones, el inspector Ricardo Waisblat escribió: "Los edificios linderos (son) de importante altura y de antigua data. Se realizarán tres subsuelos. Importante verificar la submuración", y también detalló que la excavación empezaría dos días después.
Como se recordará, el segundo cuerpo del edificio de Mitre 1232, en el centro porteño, se derrumbó en la noche del viernes de la semana última, luego de que, presuntamente, la excavación en el predio aledaño socavara los cimientos y provocara rajaduras en la estructura. Pese a que, en un principio, se informó que el inmueble había llegado a ser desalojado por completo antes del siniestro, ayer se confirmó el hallazgo entre las ruinas del cuerpo de Isidoro Madueña, un hombre con hipoacusia que vivía en el tercer piso y no habría escuchado las indicaciones para abandonar el inmueble.
Si bien ayer desde la oposición legislativa opinaron que la advertencia volcada en el acta de inspección y el posterior siniestro demostraban la negligencia del Poder Ejecutivo porteño en materia de inspecciones, ya que no había efectuado los controles necesarios para evitar el derrumbe pese al riesgo existente, Ibáñez desestimó las acusaciones.
Según explicó a LA NACION, luego del 26 de septiembre, el gobierno porteño -no la AGC, sino la Dirección General del Trabajo- volvió a la obra en cuatro oportunidades (13, 14, 19 y 21 de octubre) y descubrió que, pese a que la fecha de la excavación estaba prevista para el 28 de septiembre, no había comenzado. Sólo en una quinta inspección, el 31 de octubre, se descubrió actividad.
"La normativa vigente ordena realizar una siguiente inspección cuando la excavación supera los 4 metros de profundidad. Se calcula que esa instancia llega a los 20 días, debíamos volver el 20 de noviembre. El derrumbe ocurrió a los cuatro días", explicó el funcionario a LA NACION luego de exponer siete horas ante los legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico.
Diputados opositores insistieron en que, si el gobierno de Mauricio Macri hubiera reglamentado una ley aprobada el año pasado, la N° 3562, que incorpora dos inspecciones en la etapa de excavación, la tragedia de Mitre 1232 podría haberse evitado. Además, lo acusaron de haber desoído una "alerta clave".
"El gobierno de la ciudad hizo oídos sordos a una inspección que alertaba sobre la posibilidad del derrumbe. No reglamenta la ley y no escucha las alertas", dijo el presidente del bloque ibarrista, Eduardo Epszteyn. Su par de la bancada de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, reiteró: "Los problemas surgen por la falta de contralor sobre las excavaciones y la irresponsabilidad política del oficialismo porteño de no reglamentar la ley N° 3562".
Al igual que los días previos, Ibáñez justificó la demora en ese trámite en la existencia de objeciones del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la Sociedad Central de Arquitectos y la Asociación de Ingenieros Estructuralistas.
"El mensaje que dio el oficialismo es que el Estado no puede hacer nada para que estas cosas no pasen más. Habría que declarar la emergencia en las construcciones en la ciudad", protestó desde la Coalición Cívica la diputada Rocío Sánchez Andía.
AVANZAN LOS SUBSIDIOS PARA LOS AFECTADOS
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, el macrista Alvaro González, anunció ayer que el oficialismo parlamentario está dispuesto a acompañar la propuesta de la diputada peronista Silvina Pedreira de pagar un subsidio de $ 50.000 a dueños e inquilinos del edificio derrumbado. Según anticipó, se buscará consensuar un texto entre esa iniciativa y la enviada por el Poder Ejecutivo para expropiar el inmueble e indemnizar a los propietarios; en el caso de que los dueños ya hubieran cobrado los $ 50.000, se descontarán de la indemnización
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