En una inspección del 26 de septiembre, días antes del comienzo de la excavación en la obra contigua a la torre que se derrumbó, advirtió: “Dos edificios linderos de importante altura y de antigua data. Importante verificar submuración.”
El 26 de septiembre pasado, más de un mes antes de que se derrumbara el edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232, provocando la muerte de Isidoro Madueña, cuyo cadáver fue hallado ayer entre los escombros, un inspector de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) había alertado sobre la posibilidad de que la excavación en la obra lindera, que entonces aún no había comenzado, pusiera en riesgo al inmueble que finalmente colapsó el pasado viernes.
Ayer, la Legislatura porteña fue el escenario donde el director de la AGC, Javier Ibáñez, debió responder a los diputados por qué no se actuó ante la advertencia del inspector.
El Ejecutivo local, a través de su titular, Mauricio Macri, y del propio Ibáñez en su alocución de ayer, apuntó directamente contra los constructores de la obra lindera de Mitre 1220/24 (propiedad de la firma Taclet SA y a cargo del arquitecto Ezequiel Rivarola), por no tener “rigor profesional”, aunque el propio jefe de gobierno, aseguró que había sido inspeccionada siete veces, cinco de las cuales se produjeron en octubre, después del alerta del inspector de la AGC, pero sólo por cuestiones laborales y realizadas por la Dirección de Protección del Trabajo. En las dos que hizo la AGC no se encontraron irregularidades, pero la segunda (Nº 19247, realizada a las 10 de la mañana del 26 de septiembre) agregaba una observación puntual que la AGC decidió ignorar: “El miércoles comienza excavación”, apunta el inspector en su informe, y advierte: “Dos edificios linderos de importante altura y de antigua data. Se realizarán 3 subsuelos. Importante verificar submuración”. La verificación nunca llegó.
El dato se conoció ayer en la Legislatura durante la exposición de Ibáñez. Desde la Agencia indicaron a Tiempo Argentino que “en cada una de las observaciones lo que hace el inspector es un diagnóstico clínico, dice todo lo que ve, pero no significa que si no se hace eso, el edificio se cae. Funciona de esa manera, todas las inspecciones del gobierno hacen esa observación.” Durante la tensa interpelación, que duró toda la tarde y contó con fuertes demandas de familiares de víctimas de derrumbes como el del gimnasio de Villa Urquiza, el año pasado, los diputados opositores elevaron sus denuncias al representante macrista. Eduardo Epszteyn (Frente Progresista y Popular) afirmó que el Ejecutivo “tuvo una alerta clave que fue desoída. Se repite lo sucedido con Beara: no hace lo que corresponde, no cumple con la ley y no escucha las alertas.”
Durante su exposición en la Comisión de Desarrollo Económico, Ibáñez sostuvo que la Ciudad “le va a pagar al vecino todo lo que generó este hecho y asumirá el rol de litigante. Vamos a ir contra la empresa, porque tenemos una relación de fuerza diferente que los vecinos perjudicados.” Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) le recriminó que en lo que va del año hubo 13 derrumbes y 23 desde 2008, a lo que Ibañez respondió: “Suceden todos los días en ciudades como Nueva York, que recibieron innumerables premios y reconocimientos por sus avances en ingeniería y construcción.”
Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos) indicó que “los problemas técnicos surgen por la falta de contralor sobre las excavaciones, y la irresponsabilidad política del oficialismo porteño de no reglamentar la ley 3562 que fue sancionada en 2010”.
Eva Lilian Rodríguez, titular de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores, también hizo hincapié en la norma que aún no se pone en marcha. “Nunca se implementó que haya un profesional verificador de obra cero, en la etapa inicial de la excavación, que presenciaría al responsable de la obra.” Sobre la falta de reglamentación, Ibáñez señaló que se hará “en lo que es posible y lo que genera mayor inseguridad; se enviará un proyecto de ley complementario consensuado”. Rodríguez agregó a este diario: “No existe cruzamiento de datos entre las dependencias. Con cambiar al responsable de la Agencia no alcanza, acá hay que tomar una decisión de cambios reales desde más arriba.”<
Ayer, la Legislatura porteña fue el escenario donde el director de la AGC, Javier Ibáñez, debió responder a los diputados por qué no se actuó ante la advertencia del inspector.
El Ejecutivo local, a través de su titular, Mauricio Macri, y del propio Ibáñez en su alocución de ayer, apuntó directamente contra los constructores de la obra lindera de Mitre 1220/24 (propiedad de la firma Taclet SA y a cargo del arquitecto Ezequiel Rivarola), por no tener “rigor profesional”, aunque el propio jefe de gobierno, aseguró que había sido inspeccionada siete veces, cinco de las cuales se produjeron en octubre, después del alerta del inspector de la AGC, pero sólo por cuestiones laborales y realizadas por la Dirección de Protección del Trabajo. En las dos que hizo la AGC no se encontraron irregularidades, pero la segunda (Nº 19247, realizada a las 10 de la mañana del 26 de septiembre) agregaba una observación puntual que la AGC decidió ignorar: “El miércoles comienza excavación”, apunta el inspector en su informe, y advierte: “Dos edificios linderos de importante altura y de antigua data. Se realizarán 3 subsuelos. Importante verificar submuración”. La verificación nunca llegó.
El dato se conoció ayer en la Legislatura durante la exposición de Ibáñez. Desde la Agencia indicaron a Tiempo Argentino que “en cada una de las observaciones lo que hace el inspector es un diagnóstico clínico, dice todo lo que ve, pero no significa que si no se hace eso, el edificio se cae. Funciona de esa manera, todas las inspecciones del gobierno hacen esa observación.” Durante la tensa interpelación, que duró toda la tarde y contó con fuertes demandas de familiares de víctimas de derrumbes como el del gimnasio de Villa Urquiza, el año pasado, los diputados opositores elevaron sus denuncias al representante macrista. Eduardo Epszteyn (Frente Progresista y Popular) afirmó que el Ejecutivo “tuvo una alerta clave que fue desoída. Se repite lo sucedido con Beara: no hace lo que corresponde, no cumple con la ley y no escucha las alertas.”
Durante su exposición en la Comisión de Desarrollo Económico, Ibáñez sostuvo que la Ciudad “le va a pagar al vecino todo lo que generó este hecho y asumirá el rol de litigante. Vamos a ir contra la empresa, porque tenemos una relación de fuerza diferente que los vecinos perjudicados.” Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) le recriminó que en lo que va del año hubo 13 derrumbes y 23 desde 2008, a lo que Ibañez respondió: “Suceden todos los días en ciudades como Nueva York, que recibieron innumerables premios y reconocimientos por sus avances en ingeniería y construcción.”
Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos) indicó que “los problemas técnicos surgen por la falta de contralor sobre las excavaciones, y la irresponsabilidad política del oficialismo porteño de no reglamentar la ley 3562 que fue sancionada en 2010”.
Eva Lilian Rodríguez, titular de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores, también hizo hincapié en la norma que aún no se pone en marcha. “Nunca se implementó que haya un profesional verificador de obra cero, en la etapa inicial de la excavación, que presenciaría al responsable de la obra.” Sobre la falta de reglamentación, Ibáñez señaló que se hará “en lo que es posible y lo que genera mayor inseguridad; se enviará un proyecto de ley complementario consensuado”. Rodríguez agregó a este diario: “No existe cruzamiento de datos entre las dependencias. Con cambiar al responsable de la Agencia no alcanza, acá hay que tomar una decisión de cambios reales desde más arriba.”<
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