jueves, noviembre 11, 2010
miércoles, noviembre 10, 2010
Marcha a tres meses del derrumbe del gimnasio 3 videos TN
Se cumplen tres meses del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza
que terminó con la vida de tres personas. Familiares y amigos de quienes
fallecieron, además de sobrevivientes, marcharon para pedir justicia y
más controles.
que terminó con la vida de tres personas. Familiares y amigos de quienes
fallecieron, además de sobrevivientes, marcharon para pedir justicia y
más controles.
El punto de encuentro fue la esquina de Triunvirato y Olazábal, a una
cuadra del gimnasio. Los manifestantes están en contra de la cantidad
de torres que se construyen en el barrio, sin controles suficientes, según
denunciaron.
cuadra del gimnasio. Los manifestantes están en contra de la cantidad
de torres que se construyen en el barrio, sin controles suficientes, según
denunciaron.
La cuasa tiene 5 imputados: un ingeniero civil, el titular de la constructora,
el dueño de la empresa de excavaciones y dos operadores de la máquina
excavadora. La causa está caratulada como estrago doloso y los
imputados por ahora están libres.
el dueño de la empresa de excavaciones y dos operadores de la máquina
excavadora. La causa está caratulada como estrago doloso y los
imputados por ahora están libres.
http://www.tn.com.ar/sociedad/123406/marcha-tres-meses-del-derrumbe-del-gimnasio
Derrumbe de Villa Urquiza: una pericia oficial complica al ingeniero
10/11/10
Es de bomberos y está en la causa. Dice que la excavación “no respetó las reglas”.
A tres meses del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, la situación del ingeniero Guillermo Heyaca Varela, el encargado de la obra lindera al edificio que se desmoronó, parece bastante complicada . La pericia de los Bomberos sobre las causas del derrumbe determinó que la excavación “ no respetó las reglas ”. Además, familiares de las víctimas pedirán que se investigue a funcionarios del Gobierno porteño y al dueño del local.
El 9 de agosto, el edificio de dos plantas de Mendoza 5030, donde funcionaban el gimnasio y locales de ropa, se derrumbó. Murieron tres personas que estaban dentro del gimnasio: Guillermo Fede, de 37 años; Luis Lu, de 27; y Maximiliano Salgado, de 18. La tragedia terminó costándole el cargo a Oscar Ríos, por entonces director de la Agencia Gubernamental de Control.
Desde el primer momento, el foco quedó puesto sobre Heyaca Varela, el profesional a cargo de la construcción de un edificio en el lote de al lado del gimnasio. Allí se estaba haciendo una excavación, que habría dañado los cimientos del gimnasio, según el informe.
La Justicia abrió una causa por “estrago”, delito que contempla penas de hasta cinco años. La causa quedó a cargo del juzgado penal N° 45, cuya titular es María Fontbona de Pombo.
La pericia estuvo a cargo de los Bomberos de la Policía Federal.
Clarín accedió al informe, que entre sus puntos más importantes asegura que “pudo observarse la inexistencia de apuntalamientos eficaces”, “falta de base de apoyo” de los tabiques, y que las bases de la demolición de la construcción que estaba antes en el lote se veían “ totalmente descalzadas y apuntaladas de manera deficiente ”.
En la causa, Heyaca Varela afirmó que había realizado todo lo que correspondía y que contaba con las habilitaciones de parte del Gobierno porteño. Los otros dos imputados son Daniel Menta, dueño de la obra que se estaba construyendo, y José Pataro, titular de la empresa que alquiló la excavadora.
El Gobierno porteño intentó presentarse como querellante, pero la jueza se lo negó. La postura oficial es que Heyaca presentó los planos correctamente, pero luego hizo otra cosa . “Ningún funcionario fue imputado”, informó el procurador de la Ciudad, Ramiro Monner Sans.
Pero los familiares de las víctimas quieren que se investigue el rol del Gobierno. Fernando Burlando, abogado de Patricia Izraelewiz, la madre de Maxi Salgado, le aseguró a Clarín : “Si el Gobierno porteño hubiera realizado los controles correspondientes, esto no habría pasado. Queremos que se investigue al poder político. En otro lugar esto hubiera significado un escándalo y el final de la carrera de varios funcionarios”.
El principal punto respecto del rol del Gobierno son los controles. Es que, por ejemplo, la UOCRA, el gremio de la construcción, había denunciado que en la etapa de la demolición en el lote lindero al gimnasio ya se habían encontrado situaciones riesgosas, pero el Gobierno dijo que no pudo completar las inspecciones porque cuando fueron no encontraron a nadie.
La familia de Maxi Salgado también buscará que se investigue si el dueño del gimnasio, Pablo Galli, tuvo alguna responsabilidad.
Marcha con velas contra la impunidad
Familiares de las víctimas del derrumbe y vecinos de Villa Urquiza realizaron ayer una marcha para reclamar justicia por los tres muertos en la tragedia.Unas 300 personas se juntaron a las 20 en Olazábal y Triunvirato, y a partir de las 20.40 comenzaron a caminar hasta Mendoza y Triunvirato, donde está el lote que ocupaba el gimnasio.
Entre la multitud se pudo ver a muchos adolescentes, varios de ellos compañeros de colegio de Maxi Salgado. Llevaban remeras blancas con la foto de la víctima. También se sumaron varias personas de la colectividad coreana acompañando a los familiares de Luis Lu. Muchos también llevaron velas, que colocaban dentro de vasos descartables.
Además se vieron banderas de organizaciones vecinales que se oponen a la construcción desmedida de torres en su barrio. Es que la falta de controles a las construcciones, que denuncian los vecinos, fue uno de los principales temas que planteó la gente. También hubo reclamos contra el Gobierno porteño: “Macri da la cara. Pasaron tres meses ¿y los culpables no están?”, decía una bandera.
“Queremos que no quede impune esta tragedia y eso no significa echar un par de funcionarios sino hacer bien las cosas”, aseguró Cristian, un vecino de 42 años. En tanto, Candelaria, de 19, agregó que “se sabía que esto podía pasar, pero a nadie le importó y siguieron permitiendo que se construyera”. Y Catalina, de 22, aseguró que “si no paran con la construcción de torres ni ponen buenos inspectores, esto seguirá pasando”.
lunes, noviembre 08, 2010
Proyecto en la Legislatura por colapso de Buenos Aires
INFORMACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO: 02722
| Proyecto nº: | 201002722 | Año: | 2010 | ||
| Tipo: | RESOLUCION | Sesión: | 23/09/2010 | ||
Resumen: EL PODER EJECUTIVO INFORMARA SOBRE PUNTOS RELACIONADOS CON EL CONVENIO FIRMADO ENTR LA EMPRESA AYSA Y LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | |||||
| Autores: | HOUREST, MARTIN - EPSZTEYN, EDUARDO - CAMPS, ADRIAN - BASTEIRO, FABIO - ABREVAYA, SERGIO | ||||
| Bloques: | DEL SUR - COALICION CIVICA - DIALOGO POR BUENOS AIRES - IGUALDAD SOCIAL - PROYECTO SUR | ||||
| Tratamiento: | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | ||||
Proyecto en Diputados de la Nacion por colapso de Buenos Aires
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Nº 3/07 PARA LA "RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES", SUSCRIPTO ENTRE LA EMPRESA AYSA Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
La Cámara de Diputados de la Nación
FUNDAMENTOS Señor presidente:
| FIRMANTES: | ||
| SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | CIUDAD de BUENOS AIRES |
| ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | CIUDAD de BUENOS AIRES |
| LOZANO, CLAUDIO | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | CIUDAD de BUENOS AIRES |
| CARDELLI, JORGE JUSTO | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | CIUDAD de BUENOS AIRES |
| PARADA, LILIANA BEATRIZ | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | CIUDAD de BUENOS AIRES |
| MERCHAN, PAULA CECILIA | LIBRES DEL SUR | CORDOBA |
| ALCUAZ, HORACIO ALBERTO | GEN | BUENOS AIRES |
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en el marco del Convenio Nº 3/07 para la "Recuperación de Infraestructura Hídrica de los Barrios de la Ciudad de Buenos Aires", suscripto entre la empresa AySA y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informe a este Cuerpo Legislativo, remitiendo la documentación detallada y precisa en todos los casos, sobre las siguientes cuestiones:
1. Cuáles acciones conjuntas entre AySA y el GCABA se desarrollaron desde la suscripción del citado Convenio a la fecha, con el objeto de asegurar la recuperación de la infraestructura de agua y cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sírvase de informar también cuáles son las acciones que en el mismo sentido se desarrollarán próximamente, en caso de que exista su planificación.
2. Cómo está integrada la nómina completa de las obras realizadas y a realizarse, según el caso, por la empresa AySA en los barrios que conforme a los Decretos CABA 1929/06, 220/07 y el mismo Convenio 03/07, se consideran de "criticidad" en relación a la red de servicios de provisión de aguas y de recolección de residuos cloacales.
3. Cuál es la etapa de ejecución, los tiempos proyectados y requeridos, y la vinculación de cada una de las obras relativas al punto anterior con la "demanda inmediata", de "corto plazo" o "mediano plazo" que informa la empresa AySA en su Resumen Ejecutivo, publicado en 2007.
4. Cuántos "Certificados de Factibilidad Técnica e Hídrica" se entregaron por parte de AySA desde la suscripción del Convenio y tal como éste lo establece. Asimismo infórmese para qué tipo de emprendimientos fueron emitidos y las características de los mismos, señalando las zonas específicas donde ellos se ubican.
5. Si se han producido vencimientos de los plazos pertinentes sin efectuarse las obras correspondientes lo cual, de acuerdo a la Cláusula Segunda y Tercera del Convenio, faculta al GCABA a efectuar las reparaciones necesarias por cuenta y cargo de la empresa AySA. En caso de haberse producido este supuesto, informar sus características y particularidades.
6. Si existen casos registrados en los cuales una vez vencido el plazo de entrega de los "Certificados de Factibilidad Técnica e Hídrica", conforme lo dispuesto por la Cláusula Tercera del Convenio, la empresa AySA ha omitido hacerlo, generando con su silencio "efectos positivos" que implican la autorización por parte de la misma a que los requirentes puedan efectuar sus proyectos. En caso afirmativo, sírvase remitir toda información al respecto identificando detalladamente cada situación.
7. Cual es la composición actual de la Comisión Ad-hoc creada por la Cláusula Cuarta del Convenio, y cuales han sido y son sus acciones desde el momento de su creación hasta la fecha.
8. Si existen estudios sobre la posible contaminación de los acuíferos Pampa y Puelches realizados por AySA. En caso afirmativo, sírvase de informar si la Comisión mencionada fue notificada de los resultados, teniendo en cuenta las pérdidas y roturas de sectores de la red, que fueron señaladas en el Resumen Ejecutivo de la empresa, correspondiente a enero de 2007 y remítase copia de tales informes a este Cuerpo Legislativo.
La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos es una sociedad anónima del Estado Nacional que se encuentra muy vinculada, interjurisdiccionalmente y por los servicios que presta, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La capital del país, desde hace años, experimenta un fuerte crecimiento de la actividad constructora en su territorio. En algunos barrios, como Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Caballito, se vive un verdadero "boom" de la construcción e inmobiliario aunque -paradójicamente- las posibilidades reales de acceder a la adquisición de este tipo de viviendas son remotamente lejanas, tanto por una falta de financiación coherente y efectiva, así como por los exorbitantes precios que pueden alcanzar las unidades nuevas. Esto es así al menos para la clase trabajadora que pelea día a día la batalla contra la rampante inflación. De cualquier manera, las grandes empresas constructoras continúan avanzando. El Informe Ejecutivo de AySA (Dirección Regional Capital Federal) sobre Planificación y Diagnóstico Técnico surgido en 2007 dictamina en su punto 1. 2. a) que existe un "déficit preexistente" de los servicios de agua y cloacas que "requiere la ejecución de obras que mejoren los indicadores de presión y de caudal en agua, y de funcionamiento de los colectores en cloaca, con independencia de cualquier crecimiento futuro de la demanda." En el punto 1. 2. b) revela que según "información suministrada por el GCABA, en los barrios alcanzados por el Decreto, la tasa anual de crecimiento (expresado en viviendas) es significativamente mayor (entre un 2,0 y 4,7%) al promedio de Capital Federal (0,8%) y que "ello representará en los próximos 5 años un total de 53.000 nuevas viviendas (5.270.769 m2 adicionales)". El informe destaca que el metraje de las viviendas promedio suministrado por el GCABA permitió inferir, por ejemplo para Caballito, un valor de 99 m2 por cada unidad, lo que determina un alto costo económico de las mismas.
Aquellos que pueden acceder a la compra de estas viviendas flamantes se incorporan a una demanda creciente de todos los servicios públicos. Uno de ellos, vital y fundamental, es la red de abastecimiento de aguas y desagüe de desechos cloacales.
La saturación de los servicios es un problema central hoy en la ciudad de Buenos Aires, así como lo es el mismo crecimiento de la construcción -muchas veces caótico, desordenado y desregulado- cuyas consecuencias negativas padecemos: derrumbes periódicos (con muertos y heridos), obras con precarias medidas de seguridad, incumplimiento de la normativa en la materia, reducción de espacios verdes, saturación visual y un sinfín de problemas que constituyen el "lado oscuro" de la dinámica de una gran ciudad.
Ante esta situación, en 2006, el Poder Ejecutivo de la CABA emitió el Decreto 1929/06 que suspendió la entrega de permisos para ejecución de obras nuevas en seis barrios de la Ciudad de Buenos Aires: Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Caballito, Nuñez, Coghlan y Palermo por noventa días, solicitando la realización de estudios sobre las redes de servicios a los proveedores de gas, corriente eléctrica, aguas y recolección de residuos cloacales a los efectos de verificar las numerosas denuncias y movilizaciones vecinales sobre la saturación de las diferentes redes por la mayor demanda.
Como resultado de los estudios realizados específicamente en relación a la red de aguas y cloacas, la empresa AySA presentó el informe mencionado, que demuestra la dramática situación de su servicio en cinco de esos barrios: Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Caballito, Palermo y Núñez. En el punto 3. 1. del informe se dice textualmente sobre el estado de mallas, cabeceras y descargas de subcuencas que "el estudió comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de "transportar y entregar" más caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer una demanda adicional." En el mismo punto, Inc. a) se describe la "Situación Actual del Servicio: falta de agua - falta de presión - escapes en vereda / calzada - filtraciones"
En el punto 4 (Resultado del Diagnóstico - Conclusiones) se destaca "la necesidad de instalar diversos refuerzos que permitirán abastecer de agua a zonas donde el consumo se incrementará en forma significativa" en las redes maestras. Además "se observó la necesidad de renovar cañerías de diámetros menores (100 mm / 125 mm) que actualmente funcionan como cabeceras y que no serán capaces de soportar ni la demanda global ni la inmediata." Por otro lado, "se han identificado descargas de subcuencas que resultan insuficientes para la población inmediata estimada."
En 2007, mediante el Decreto 220, el Poder Ejecutivo de la CABA celebró un Convenio con AySA para desarrollar la llamada "Recuperación de Infraestructura Hídrica de los Barrios de la Ciudad de Buenos Aires" y paliar estas situaciones de degradación e insuficiencia del servicio. En los Considerando de la norma se señala: "(...) el informe presentado por AySA presenta en forma acabada la situación de la infraestructura en materia de agua potable y desagües cloacales de los barrios alcanzados por el Decreto N° 1.929/06; Que en consecuencia, advirtiéndose que sectores determinados de la malla hídrica de la ciudad se hallan en un estado de criticidad tal que podría afectar en un futuro su normal desarrollo urbanístico, con fecha 7 de febrero de 2007 se suscribió entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa AySA un convenio para la recuperación de la infraestructura hídrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que dentro de dicho marco, en los barrios alcanzados por el Decreto N° 1.929/06, AySA ha identificado áreas o lugares de criticidad en el desarrollo de la infraestructura, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias para su puesta en condiciones de servicio (...)"
En un sentido también protectivo, la Ley 2359 (CABA) dispone que: "Las empresas prestatarias certificarán que la infraestructura instalada es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda que generará la obra nueva, sin deterioro de la calidad del servicio (...) La empresa prestataria de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales certificará las especificaciones correspondientes a presión de agua, caudal de agua, continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable e inundaciones por desbordes de desagües cloacales establecidos en las normas de servicio."
Por su parte, en el Decreto 220/07 se considera "Que dentro de dicho marco, en los barrios alcanzados por el Decreto N° 1.929/06, AySA ha identificado áreas o lugares de criticidad en el desarrollo de la infraestructura, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias para su puesta en condiciones de servicio", por lo cual cabe a esta empresa vinculada al Estado Nacional la responsabilidad ejecutora de las obras, motivando el presente proyecto.
El Convenio entre AySA y el GCABA debería ser una respuesta efectiva a la grave problemática que revela el Resumen Ejecutivo de la empresa AySA, a principios de 2007: "(...) el estudio comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de "transportar y entregar" mas caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer una demanda adicional." En esta línea, y de forma alarmante, se afirma que "la capacidad de conducción de las cañerías de las zonas objeto del estudio, se reduce en rango del 60 a 80%, por lo tanto en igual medida se debe reducir el caudal teórico transportado." En lo que se refiere a la situación cloacal el informe concluye que: "poseen escasa capacidad de "descargar" mas caudal del actual y por tal motivo serán "insuficientes" para satisfacer una descarga adicional". Sin embargo, desconocemos en absoluto los alcances de las obras, si efectivamente estas se están ejecutando o ya se completaron, y cuales son las perspectivas ante una demanda incesante por parte de nuevos consumidores de servicios. De darse algún incumplimiento en este sentido, las perspectivas son graves para buena parte de la población de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin dudas, las observaciones de la misma empresa especialista nos generan -como legisladores nacionales por a Ciudad de Buenos Aires- una gran y profunda preocupación que se vincula no sólo con la provisión de servicios básicos para los pobladores, sino también con la alarma de posible contaminación ambiental al señalar AySA la existencia de fisuras, roturas y averías en distintos tramos de la red de desagües cloacales (que trasladan sustancias contaminantes) en los barrios críticos, lo que puede afectar a los principales acuíferos de la región metropolitana: Pampa y Puelche. Ambos abastecen de agua no sólo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también a grandes sectores del Conurbano Bonaerense.
Es por la gravedad que toda la situación descripta implica para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en materia de servicios públicos esenciales y de cuidado ambiental que solicito el acompañamiento del presente proyecto por parte de mis pares, mediante su voto afirmativo.
domingo, noviembre 07, 2010
PEDIMOS LAS RENUNCIAS DE CHAIN Y LOSTRI
Proto Comuna Caballito
Hechos. No palabras.
Estimados amig@s:
El próximo martes se cumplen tres meses del derrumbe evitable de Villa Urquiza
Ante las denuncias del diputado Ruanova que involucran al Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Daniel Chain y a su Subsecretario Arq. Héctor Lostri que fueron difundidas por numerosos medios de comunicación
Exigimos la renuncia del Ministro Chain y del Subsecretario Lostri.
Desde el comienzo de la administración macrista denunciamos la complicidad y cercanía de los funcionarios con la especulación inmobiliaria que esta destruyendo y poniendo al limite del colapso a la Ciudad de Buenos Aires. Nuevamente no nos equivocamos. La cercanía era tal que un ministro y un subsecretario forman parte de ella.
Esto es realmente impresentable. La impunidad total de los destructores. La permisibilidad con los infractores. La falta de adecuación de los valores monetarios de las multas y sanciones. El 80% de las demoliciones clandestinas. El cajoneo de proyectos y mejoras del Código. Se entienden hoy mas que nunca. No están cerca de los desarrolladores. Nunca dejaron de serlo.
Y no estamos hablando de personajes alejados del poder o en lugares remotos de la administración. Son los funcionarios centrales del área de gobierno que administra, planifica y habilita toda la temática de la construcción. Sus puestos le otorgan manejo de información privilegiada. ¿Es ético que participen?.
Por otra parte queremos acercarles una nota del diario Perfil, publicada este domingo.
Queremos aclarar algunos puntos. El párrafo final donde habla el Subsecretario Lostri es una mentira. Cosa a lo cual nos tiene acostumbrado el funcionario. Especialista en mentirle a los vecinos y cajonear proyectos importantes para la Ciudad.
La Ciudad, contando los incluidos en "Catalogo Preventivo" No llega a los 4000 edificaciones "protegidas". Y como comentamos mejor en el siguiente punto, bastante poco "protegidas". Por culpa directa de Chain y Lostri.
Por ultimo los invitamos a que lean el Proyecto 3238-D-2010, del Diputado Martín Hourest. Que crea un régimen de sanciones y penalidades para los infractores de la ley 2548 y la nota en el suplemento M2 de Pagina 12 sobre el mismo.
L@s saludo fraternalmente.
Lic. Gustavo Maria Desplats
Coordinador Proto Comuna Caballito
Fuerte denuncia de Ruanova contra Chain
El legislador de Nuevo Encuentro acusó al funcionario porteño de accionar de manera “antiética” por participar de una sociedad que tiene por objetivo el desarrollo inmobiliario, junto a Héctor Lostri. “Es muy malo estar en los dos lados del mostrador”, expresó, y podría iniciar una acción judicial. Chain respondió: “Estoy tranquilo desde el punto de vista ético con lo que hago”. El marco fue una nueva jornada de discusión del Presupuesto 2011 en la Legislatura.
Por Patricio Tesei
El marco fue una nueva reunión donde se discutió el proyecto de Presupuesto 2011 para el área de Desarrollo Urbano. Luego de la exposición del ministro correspondiente, Daniel Chain, y de todos sus funcionarios, fue el turno de las preguntas de los legisladores. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, y en vez de indagar sobre los números, enfiló para otro lado: expresó su “preocupación” por la actividad privada del ministro.
“Es muy malo estar en los dos lados del mostrador”, explicó, y cuestionó que Chain sea parte integrante de una sociedad dedicada al desarrollo inmobiliario junto a Héctor Lostri, subsecretario de Planeamiento. La respuesta del funcionario no tardó en llegar.
“Yo no compro ni vendo cosas que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. Solo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada. Lamento mucho su comentario, no solamente me parece incorrecto sino equivocado. Usted puede hacer cualquier denuncia que la vamos a contestar en el lugar correspondiente”.
Más tarde, en diálogo con NOTICIAS URBANAS, Ruanova detalló su denuncia, y sostuvo que cuenta con documentación de la Inspección General de Justicia (IGJ) “donde se documenta la constitución de una Sociedad Anónima dedicada al desarrollo inmobiliario, con el ministro como parte de la misma en fechas donde ya había asumido su cargo en el Gobierno porteño”.
El legislador agregó que puede demostrar que esta sociedad “compró un inmueble en un domicilio donde casualmente, más tarde, solo a dos cuadras, se decidió la creación de una estación de subte, lo que representa un aumento en el valor de la propiedad”.
En defensa del ministro PRO, durante la jornada de Presupuesto, Álvaro González reconoció que “no solo hay que hacer, sino parecer”. “Chain merece mi consideración y es fácil lanzar alguna acusación que después no se prueba o no se sigue. Hay que tener cuidado cuando se habla en un lugar público y con periodistas presentes. No se tienen que lanzar este tipo de acusaciones acá, sino en la justicia”.
Más allá del enojo de funcionarios y legisladores macristas, Ruanova evalúa una presentación en la justicia. “Hay que tener en cuenta que en la Ciudad no existe una Ley de Ética Pública, por lo que todo lo referido a estas cuestiones está referido a una ley nacional. Creo que no es ético que se de esta situación, aunque no haya una normativa que lo prohíba”, explicó.
La Constitución de la Ciudad establece que los ministros tienen el mismo segmento de incompatibilidades que tienen los legisladores y, en este punto, el artículo 73 establece que la función de diputado es incompatible con: “Ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora de asesoramiento o el mandato de una empresa que contrate con la Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados. Para la actividad privada, esta incompatibilidad dura hasta dos años después de cesado su mandato y su violación implica inhabilidad para desempeñar cualquier cargo público en la ciudad por diez años”.
Por Patricio Tesei
El marco fue una nueva reunión donde se discutió el proyecto de Presupuesto 2011 para el área de Desarrollo Urbano. Luego de la exposición del ministro correspondiente, Daniel Chain, y de todos sus funcionarios, fue el turno de las preguntas de los legisladores. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, y en vez de indagar sobre los números, enfiló para otro lado: expresó su “preocupación” por la actividad privada del ministro. “Es muy malo estar en los dos lados del mostrador”, explicó, y cuestionó que Chain sea parte integrante de una sociedad dedicada al desarrollo inmobiliario junto a Héctor Lostri, subsecretario de Planeamiento. La respuesta del funcionario no tardó en llegar.
“Yo no compro ni vendo cosas que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. Solo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada. Lamento mucho su comentario, no solamente me parece incorrecto sino equivocado. Usted puede hacer cualquier denuncia que la vamos a contestar en el lugar correspondiente”.
Más tarde, en diálogo con NOTICIAS URBANAS, Ruanova detalló su denuncia, y sostuvo que cuenta con documentación de la Inspección General de Justicia (IGJ) “donde se documenta la constitución de una Sociedad Anónima dedicada al desarrollo inmobiliario, con el ministro como parte de la misma en fechas donde ya había asumido su cargo en el Gobierno porteño”.
El legislador agregó que puede demostrar que esta sociedad “compró un inmueble en un domicilio donde casualmente, más tarde, solo a dos cuadras, se decidió la creación de una estación de subte, lo que representa un aumento en el valor de la propiedad”.
En defensa del ministro PRO, durante la jornada de Presupuesto, Álvaro González reconoció que “no solo hay que hacer, sino parecer”. “Chain merece mi consideración y es fácil lanzar alguna acusación que después no se prueba o no se sigue. Hay que tener cuidado cuando se habla en un lugar público y con periodistas presentes. No se tienen que lanzar este tipo de acusaciones acá, sino en la justicia”.
Más allá del enojo de funcionarios y legisladores macristas, Ruanova evalúa una presentación en la justicia. “Hay que tener en cuenta que en la Ciudad no existe una Ley de Ética Pública, por lo que todo lo referido a estas cuestiones está referido a una ley nacional. Creo que no es ético que se de esta situación, aunque no haya una normativa que lo prohíba”, explicó.
La Constitución de la Ciudad establece que los ministros tienen el mismo segmento de incompatibilidades que tienen los legisladores y, en este punto, el artículo 73 establece que la función de diputado es incompatible con: “Ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora de asesoramiento o el mandato de una empresa que contrate con la Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados. Para la actividad privada, esta incompatibilidad dura hasta dos años después de cesado su mandato y su violación implica inhabilidad para desempeñar cualquier cargo público en la ciudad por diez años”.
Acusan al ministro Chaín por tráfico de influencias
El titular de Desarrollo Urbano fue denunciado por integrar una sociedad dedicada a los emprendimientos inmobiliarios que se benefició con la compra de terrenos en una zona de la Ciudad sobre la que luego se decidió la prolongación de la línea del subte B. También está acusado el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri.
“Los Jardines de Roosevelt es un concepto arquitectónico totalmente innovador en la zona. Sus originales pautas de diseño combinan confort y abundantes espacios verdes. Espectaculares duplex y triplex”, dice el anuncio de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la esquina de las calles Aizpurua y Roosevelt, en el barrio de Villa Urquiza.
Lo llamativo es que detrás de este complejo hay una sociedad anónima -Roosevelt Desarrollos Inmobiliarios S.A.- y que sus accionistas son dos integrantes del gobierno porteño: el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín y el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, quienes invirtieron en la obra siendo funcionarios públicos. pict_7686
“Es muy malo estar de los dos lados del mostrador”, señaló el diputado Gonzalo Ruanova (del sabatellista bloque Nuevo Encuentro) y explicó que Chaín y Lostri participaron de la compra del terreno, poco antes de que el Ejecutivo porteño decidiera que por allí iba a pasar la extensión de la Línea B de subtes.
Es que la construcción de la última estación prevista, llamada “Villa Urquiza”, se emplazará por debajo de la Avenida Triunvirato, en el cruce con las calles Monroe y Roosevelt. Muy cerca del emprendimiento inmobiliario.
La denuncia se planteó en la Legislatura, en el marco de las reuniones de Presupuesto 2011. “Yo no compro ni vendo cosas que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. Sólo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto de vista ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada”, respondió fríamente el ministro.
En tanto, el legislador señaló que evalúa presentar una denuncia judicial y que puede demostrar que esta sociedad “compró un inmueble en un domicilio donde más tarde, y sólo a dos cuadras, se decidió la creación de una estación de subte, que lógicamente incrementa el valor de la propiedad”.
“No se tienen que lanzar este tipo de acusaciones acá, sino en la Justicia”, defendió el diputado Alvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto. Luego de la reunión, el diputado Ruanova precisó que el principal problema con este tipo de cuestiones radica en que “el PRO se niega a tratar la Ley de Etica Pública para la Ciudad, que evitaría estas claras incompatibilidades éticas en el ejercicio de la función pública”.
“Los Jardines de Roosevelt es un concepto arquitectónico totalmente innovador en la zona. Sus originales pautas de diseño combinan confort y abundantes espacios verdes. Espectaculares duplex y triplex”, dice el anuncio de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la esquina de las calles Aizpurua y Roosevelt, en el barrio de Villa Urquiza.
Lo llamativo es que detrás de este complejo hay una sociedad anónima -Roosevelt Desarrollos Inmobiliarios S.A.- y que sus accionistas son dos integrantes del gobierno porteño: el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín y el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, quienes invirtieron en la obra siendo funcionarios públicos. pict_7686
“Es muy malo estar de los dos lados del mostrador”, señaló el diputado Gonzalo Ruanova (del sabatellista bloque Nuevo Encuentro) y explicó que Chaín y Lostri participaron de la compra del terreno, poco antes de que el Ejecutivo porteño decidiera que por allí iba a pasar la extensión de la Línea B de subtes.
Es que la construcción de la última estación prevista, llamada “Villa Urquiza”, se emplazará por debajo de la Avenida Triunvirato, en el cruce con las calles Monroe y Roosevelt. Muy cerca del emprendimiento inmobiliario.
La denuncia se planteó en la Legislatura, en el marco de las reuniones de Presupuesto 2011. “Yo no compro ni vendo cosas que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. Sólo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto de vista ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada”, respondió fríamente el ministro.
En tanto, el legislador señaló que evalúa presentar una denuncia judicial y que puede demostrar que esta sociedad “compró un inmueble en un domicilio donde más tarde, y sólo a dos cuadras, se decidió la creación de una estación de subte, que lógicamente incrementa el valor de la propiedad”.
“No se tienen que lanzar este tipo de acusaciones acá, sino en la Justicia”, defendió el diputado Alvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto. Luego de la reunión, el diputado Ruanova precisó que el principal problema con este tipo de cuestiones radica en que “el PRO se niega a tratar la Ley de Etica Pública para la Ciudad, que evitaría estas claras incompatibilidades éticas en el ejercicio de la función pública”.
Crecen los grupos “antitorres” en los barrios de Buenos Aires
Hay más de 15 organizaciones vecinales. Se quejan porque los barrios cambian “para mal”, pierden identidad y colapsan los servicios públicos.
“No queremos que nuestro barrio pierda su identidad”, se quejan casi a coro los representantes de las agrupaciones vecinales que se oponen al boom inmobiliario, desde hace más de cinco años. SOS Caballito, Vecinos por las Casas Bajas, San Telmo Preserva y Proteger Barracas son sólo algunas de las que proliferaron casi tan rápido como los edificios contra los que luchan.
Mientras que muchos desarrolladores consideran que la construcción en altura representa el progreso, los vecinos temen que el patrimonio, la tranquilidad e incluso la estabilidad infraestructural de sus barrios se pierdan por la especulación inmobiliaria.
El origen de estas agrupaciones puede rastrearse tras la recuperación económica luego de 2003, cuando, ante la falta de opciones, muchos inversores y desarrolladores se volcaron a los ladrillos.
“En realidad, no hubo un aumento importante en la cantidad de metros construidos con respecto a otros años. La diferencia es que toda la actividad se concentró en cuatro barrios”, explica Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario.
Carlos “Lito” Grisafi es canillita y conoce Villa Urquiza como pocos. Desde su quiosco en Monroe y Triunvirato, vio cómo los edificios fueron barriendo las casas con jardín de lo que alguna vez fue una zona residencial. Aunque admite que el aumento en la cantidad de habitantes lo beneficia económicamente, comenzó a militar en Salvemos Villa Urquiza (SVU), motivado por la pérdida de calidad de vida que, para él, traen los nuevos edificios para los viejos residentes. “Antes eran todas casitas bajas, había luz y aire, pero ahora se está transformando en un barrio triste, gris”, se lamenta.
El movimiento, que congrega a otras agrupaciones como Juntos por Urquiza y SOS Parque Chas, tomó mayor impulso a partir del derrumbe del gimnasio que causó tres muertes hace tres meses, por problemas infraestructurales de una construcción contigua. Con léxico de arquitecto, que admite que tuvo que aprender a la fuerza, Lito asegura que la agrupación cuenta con 4.500 firmas para pedir el cambio de zonificación y que no se pueda construir más de nueve metros de alto en algunas zonas de Villa Urquiza.
Otra de las quejas que se repiten se relaciona con la incapacidad del barrio de absorber nuevos vecinos: “La infraestructura no alcanza, el agua tiene menos presión y el gas viene más diluido”, se queja Susana Gutman, miembro de SOS Caballito. Gustavo Desplats, presidente de la ONG Proto Comuna Caballito, otra de las agrupaciones que se disputan la iniciativa en la lucha contra las moles de hormigón, explica: “Antes, en una manzana vivían 600 personas, hoy vive el doble”.
Aunque todas las organizaciones cuentan con abogados y arquitectos, Basta de Demoler, una de las más importantes que abarca muchos barrios, está comandada por un músico. “Viví dos años en Alemania y cuando volví me di cuenta de que la ciudad había cambiado”, se queja Santiago Pusso, presidente de la ONG. Director coral de profesión, militó en Vida Silvestre y en la Fundación Ciudad y apoya el leitmotiv de la organización: la defensa del patrimonio. “Se demuelen construcciones con valor patrimonial de forma clandestina, total, la multa no llega a los 10 mil pesos”, denuncia.
Los vecinos apuntan sus reclamos a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano y a la acción del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), ente que autoriza las demoliciones de edificios antiguos. “Como está compuesto por la coorporación de constructores, desestiman la mayor parte de los casos. Por eso, queremos que el consejo tenga participación vecinal”, reclamo Pusso.
Según el subsecretario de Planeamiento Urbano porteño, Héctor Lostri, todas las construcciones se realizan de acuerdo al marco legal. “Es muy difícil hablarle con racionalidad a la gente que está angustiada”, se queja y agrega: “Cuando empezamos en diciembre de 2007, había 1.200 edificios históricos protegidos y ahora estamos arriba de los 12 mil”.
DANIEL CHAIN, DE DESARROLLO URBANO Un ministro porteño invierte en un negocio inmobiliario
Junto a otros dos funcionarios, forma parte de un fideicomiso de 144 departamentos por $ 3,7 millones.
El 10 de mayo de 2007, poco más de un mes antes de las elecciones de junio que llevarían a PRO al poder, el arquitecto Daniel Chain, que ya sabía que iba a ser el futuro ministro de Desarrollo Urbano porteño, participó de la creación de una sociedad anónima –un fideicomiso de construcción– en la que se erigió como vicepresidente del directorio, según se publicó en el Boletín Oficial, siete días después.
Así nació Roosevelt Desarrollos Inmobiliaros SA (RDI), un emprendimiento que también involucró a su actual subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri, como director suplente y a Daniel David Dibinsky, uno de los directores de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), que planifica dónde y cómo se ampliará la red de subterráneos porteña.
En otras palabras: el ministro de Obra Pública de Macri, el funcionario que planea cómo desarrollar la Ciudad y uno de los hombres que decide cómo se harán las obras de subte conformaron un fondo (junto a otros inversores) para construir un megadesarrollo inmobiliario a siete cuadras de donde se inaugurará en octubre de 2011 la estación Juan Manuel de Rosas (Subte B) en Triunvirato y Roosevelt.
En pleno Villa Urquiza, su proyecto es realmente fastuoso: Jardines de Roosevelt hoy se encuentra en proceso de comercialización. Se trata de un complejo de 144 dúplex y tríplex, con seguridad privada, parrilla y varias amenities, en una esquina codiciada, Roosevelt y Aizpurúa.
¿Los tres funcionarios habrán aprovechado la información privilegiada para potenciar un emprendimiento propio? Hay que tener en cuenta que cuando una línea de subterráneo llega a un barrio, la tierra se revaloriza entre un 20% y 30%.
Así y todo, Chain, en varias reuniones de gestión, se quejó en público de que la tierra todavía no se revalorizó como esperaba y hasta se atrevió a ofrecerles departamentos en alguna oportunidad a otros funcionarios que no participan del negocio.
A pesar de haber sido socios fundadores, Chain y Lostri renunciaron al directorio el 26 de octubre de 2007. Pero seguirían siendo accionistas del megaemprendimiento y poseen cada uno el 7% del terreno.
El 17 de diciembre del mismo año, la empresa informó que el capital inicial de $ 40 mil con el que se constituyó la sociedad aumentó a $ 3.714.333, correspondiéndole a Chain $ 252.304; iguales sumas a Lostri y a Dubinsky, quedando este último –funcionario de Sbase– como presidente de la sociedad. Hace tres meses se empezaron a vender los departamentos.
“Sólo tengo el 6,9% del terreno y está en mi declaración jurada”, se defiende Lostri y asegura que no encuentra contradicción en tener un terreno, participar del proyecto y ser funcionario.
Pero para el legislador porteño de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, sí la hay. Esta semana, durante una reunión donde Chain y todo su equipo defendieron el presupuesto 2011, el diputado cuestionó esta delgada línea entre los negocios y la política:
“No se puede estar de los dos lados del mostrador”, se quejó, y estudia presentar una denuncia penal para que la Justicia evalúe si se trata de un delito. En la Ciudad no hay legislación que impida este tipo de “zonas grises”. “No podemos seguir sin tener una ley porteña de ética pública”, pidió Ruanova.
Para castigar el vandalismo
La Legislatura porteña sigue dando señales de vida y a los proyectos para reformar el CAAP y extender el régimen de protección se suma ahora uno muy conciso para crear castigos.
Por Sergio Kiernan
Hace un par de semanas se realizó una reunión en la Legislatura porteña para empezar a tratar de extender la Ley 3056, que es nuestro débil dique ante la piqueta mañera. Como se dijo en ese momento, se plantearon varios temas: extender la ley, que vence en diciembre, reformar en serio las áreas de protección patrimonial del Ejecutivo, tratar de una vez por todas el proyecto de transferencia de FOT creado por Teresa de Anchorena y Marta Varela, y crear un régimen de castigos para los que demuelen y remodelan con la total impunidad de hoy y bajo la mirada complacida del gobierno porteño. El diputado Eduardo Epszteyn dio el paso concreto de introducir para su tratamiento el proyecto de FOT, y ahora el diputado Martín Hourest presentó un proyecto de castigos a los vándalos. La Legislatura, parece, se está despertando.
El proyecto de Hourest lleva como título “Sanciones y penalidades” y es tan breve como claro:
Artículo 1º. En el caso de daño parcial, total o demolición de edificios protegidos por la Ley 2548 y modificatorias se procederá de igual forma que en las zonas APH. Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las sanciones que fija el Código de Faltas para este tipo de contravención. Los mismos sólo podrán construir hasta un máximo equivalente al 70 por ciento del volumen destruido, siempre y cuando este valor no supere el 70 por ciento de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación tanto lo establecido por el parágrafo 2.4.3.2, lo normado por los parágrafos 2.4.3.3 y 2.4.4 del Código de la Edificación. Como lo establecido en las Leyes 1217 y 1227.
Art. 2º.La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Cultura.
Art. 3º.Comuníquese, etc.
Cláusula transitoria primera: La presente Ley tendrá una vigencia de 24 meses a partir de su publicación o hasta plena entrada en vigencia de la Ley sobre el Régimen de Sanciones y Penalidades de la Ley 1227.
Como se ve, el principal castigo es uno que ya existe, la pérdida de capacidad de construcción –se destruye una casa, sólo se puede construir un maxikiosco– pero el detalle es que le quita la autoridad de aplicarlo al Ministerio de Desarrollo Urbano. Esto es revolucionario, ya que Daniel Chaín es un ministro muy poderoso, que mató toda idea de sacarle el poder de sanción e inspección, y es también un orgánico de la industria de la construcción concentrada. En tres años de gestión, jamás movió un dedo para pasar leyes, aumentar multas o tener alguna iniciativa para contener a los grandes desarrollistas y crear una real capacidad de control para su ministerio. Esto lo hizo porque su verdadera lealtad no está con el público, los votantes o su partido, sino con ese sector económico.
Esta originalidad de Hourest demuestra que sabe qué alzada tienen estos bueyes, lo que termina de quedar en claro con la cláusula transitoria del final, que admite que esta ley es un parche hasta que se cumpla con la Ley 1227. Esta ley estuvo años cajoneada en Cultura por esa inolvidable funcionaria llamada Silvia Fajre, hasta que Teresa de Anchorena la forzó a reglamentarla con un recurso de amparo. Fajre lo hizo, pero nunca la cumplió, en particular la parte que decía que su ministerio tenía que crear un régimen de penalidades y castigos, y un cuerpo de inspectores para hacerlo cumplir.
Su sucesora, la profesora Josefina Delgado, tuvo esta misión como su utopía personal. No sólo redactó un proyecto, sino que lo redactó bien y logró la firma de su ministro de Cultura, Hernán Lombardi. Como Lombardi es ministro de Cultura sólo en nombre –él es especialista en turismo y tomó el puesto para evitarle todavía otra crisis a Macri–, fue realmente notable que Delgado lograra esto. El proyecto tenía que pasar por Chaín, que lo mató en una carta de escasas líneas firmada por su adlatere y frío cómplice, el subsecretario Héctor Lostri. La nota decía básicamente que los únicos que tienen o tendrán inspectores para algo construido serán ellos y que ni en sueños permitirían otro grupo. El proyecto fue a parar a un profundo cajón.
Delgado se dedicó a otra cosa y las dos delegadas de Cultura en el CAAP votan como si trabajaran para Chaín, dejando demoler con el único llamativo detalle de que una de ellas se pone nerviosa cuando ve a alguien de este suplemento –masculla cosas y señala con el dedo, actitudes francamente preocupantes y poco dignas en una funcionaria–. Por supuesto, nadie nunca más habló del tema. Este panorama deja abierta la duda sobre qué pasará si la Legislatura aprueba este proyecto: Chaín tendrá una guerra burocrática para matar en la semilla la idea de inspectores patrimoniales, y francamente es difícil pensar que Lombardi tenga algún entusiasmo por la cuestión.
Hourest evidentemente opina que hay que crear el cuerpo y luego dar la batalla para que funcione. Como recuerda en los fundamentos de su proyecto, en diciembre se cumplen diez años de la sanción de la Ley 1227 y “el Ejecutivo de la Ciudad sigue sin cumplir con su obligación de enviar a la Legislatura un proyecto de ley que establezca el régimen de sanciones y penalidades para quienes violen la ley”.
El diputado hasta cita a Lostri, que dijo que “En el contexto actual el sistema de multas objetivas establecidas en el Código de Edificación no desvirtúa el costo de oportunidad relacionado con el beneficio económico derivado de la proyección de las rentas urbanas posibles”. La frase significa, en criollo, que ni vale la pena respetar la ley porque quebrarla es, a lo sumo, un costo más y de los menores. De paso, pregunta completamente retórica, si Lostri sabe esto, ¿por qué no hace algo al respecto?
El resultado de esta situación es que se pierden “centenares de edificaciones valiosas cada año”, que es exactamente por qué Chaín y Lostri son dos personas felices con un futuro próspero. Por eso Hourest recuerda que la Ley 1227 “les otorga a los funcionarios del Ministerio de Cultura para casos de infracciones contra el patrimonio, la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública, secuestrar bienes, proceder a la clausura preventiva de locales y obras en infracción”.
El diputado agrega que su proyecto no es para “edificios excepcionales, de gran valor histórico, arquitectónico o artístico” sino también para proteger a “muchos edificios que son testimonios insustituibles de formas de construir y de habitar en la ciudad”.
Sigue Hourest: “Las décadas de 1970 y 1980 fueron escenario del gran desarrollo de edificios de propiedad horizontal provocando el cambio definitivo de barrios como Recoleta, Palermo, Belgrano y Caballito, con la consecuente demolición de inmuebles de baja altura. Estas sustituciones indiscriminadas se acrecentaron en los últimos diez años debido al aumento de la construcción, alcanzando barrios alejados del centro de la ciudad como Saavedra y Villa Urquiza. Las normas urbanísticas vigentes corresponden a un Código de Planeamiento Urbano, datado en la década de 1970 y reformado en el año 2000, que se basa en la realización de obras nuevas y prácticamente no considera la ciudad existente, con excepción de los Distritos Areas de Protección Histórica (APH) y de los edificios catalogados. En esa época todavía no se valoraba nuestro patrimonio. Y así se perdieron edificios formidables. Desafortunadamente hoy, ante la falta de un régimen definitivo de penalidades, todo o casi todo está en riesgo de desaparecer”.
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