Ecos de un derrumbe

Por Sergio Kiernan

Los ecos de la tragedia en Villa Urquiza se están ampliando y el gobierno porteño se está quedando sin distracciones: ya lo echaron al jefe de la Agencia de Control, responsable directo de las inspecciones, pero el reflector se instaló plenamente en el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín. A esta altura de las cosas, nadie confunde lo que ocurrió con un accidente, un caso aislado de un irresponsable, algún inspector coimeable o incapaz y una falta genérica de rigor. Las tres muertes del gimnasio son el producto final y más grave de una situación de descontrol cuidadosamente alimentada y planeada por funcionarios mucho más poderosos que un jefe de inspectores. Negarlo es como decir que Bush invadió Irak porque sinceramente pensaba que había armas de destrucción masiva y se equivocó honestamente...

Chaín está directamente en el centro de la cuestión debido a una peculiaridad de este gobierno porteño, que fuera sintetizada por su secretario de Planificación, Héctor Lostri, en una mesa de consenso en Caballito en 2008. Lostri dijo: “Es la primera vez en la historia de la ciudad que toda la línea, desde el jefe de Gobierno hasta los subsecretarios, somos arquitectos e ingenieros”. Es muy cierto y, con dos años y medio de gobierno macrista en el lomo, se puede decir: “se nota”. En todo caso, hace que la responsabilidad por la situación sea más fuerte –son todos profesionales del rubro– y quede más a la vista lo deliberado del mecanismo.

La Defensoría del Pueblo porteño presentó este miércoles ante la Legislatura un proyecto del defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado para atender la emergencia. El proyecto es una buena base de trabajo, porque reúne a los actores principales y busca reformar el Código de Planeamiento Urbano, que es la ley máxima en temas urbanos y de construcción. Y sobre todo porque resulta en una quita de poder a la estructura que permite la destrucción de nuestra ciudad. La idea es crear de manera perentoria una comisión que evalúe y revise el Código y “toda otra norma” sobre registro, control y sanciones de la construcción. La comisión tiene que estar compuesta 15 días después de sancionada la ley y tiene seis meses para expedirse. Sus miembros deben representar al Ejecutivo, al Legislativo, a la Uocra y a los colegios profesionales relevantes.

En sus fundamentos, Gómez Coronado explica que la tragedia de Villa Urquiza es un riesgo para todos los que habitan en la ciudad, pero es “una clara afrenta y vulneración de derechos para los trabajadores de la construcción”, como denunció su sindicato. Con inteligencia, el defensor adjunto remarca además que es hora de que los consejos profesionales controlen a sus socios, que nunca son sancionados. Gómez Coronado avisa que el caso es urgente y que “no deben existir dilaciones de ningún tipo y menos aún mezquindades, personales o políticas, que pretendan demorar el tratamiento del proyecto”.

Entre las muchas cosas que habrá que debatir en esta comisión, un colega de Gómez Coronado, el también defensor adjunto Atilio Alimena, ya adelantó una que también hace a la sanción de los profesionales irresponsables. Resulta que hay algunos ingenieros y arquitectos que parecen ir dejando un tendal de irregularidades, sin que nada obstaculice su carrera. Alimena propone crear un Registro de Reincidentes, de modo de objetar autorizaciones y trámites de los que causen accidentes o irregularidades.

La Proto Comuna Caballito, junto con los grupos Vecinos por el 25 de Mayo, Salvemos a Villa Urquiza y Lo que Faltaba, se presentó esta semana ante la Legislatura con un muy drástico pedido para que las cosas cambien. Los vecinos piden más inspecciones mandatorias en etapas de obra, incluyendo el pozo, un registro de reincidentes, un expediente único por obra que reúna todas las denuncias sobre cada obra y se publique en la página del gobierno porteño, un registro de verdad de las empresas que se dedican a demoler, un fuerte incremento de las multas que se cobren y sanciones para la matrícula profesional. Yendo al fondo de la cuestión, los vecinos piden la lisa y llana disolución de la Dgfyco y su reemplazo por una entidad autónoma con personal elegido por concurso, y que Chaín saque del cajón la ley 1227, que crea un régimen especial de penalidades para los edificios patrimoniales y que el ministro mató de un hondazo. Los vecinos quieren la inmediata suspensión de todas las obras actuales, con nuevas inspecciones, y una baja drástica de alturas en toda la ciudad: seis metros en pasajes, doce en calles y 24 en avenidas. Esta dureza viene de la convicción de que “esta barbarie sería imposible sin la complicidad de los organismos de control de la ciudad” ya que según la Uocra el 80 por ciento de las demoliciones porteñas es ilegal.

Los textos completos de los pedidos pueden verse en las páginas www.protocomunacaballito.blogspot.com ywww.caballitocolapsa. blogspot.com.

Fotos para el patrimonio

Mientras tanto, como si fuera otro planeta, la inmobiliaria Izrastzoff Bienes Raíces anunció un notable gesto de compromiso con la agenda patrimonial. Resulta que los Izrastzoff –la empresa es esa familia– tienen un profundo aprecio por las cosas bien hechas, de estilo y con calidad, con lo que tratan con más ganas los edificios patrimoniales que les tocan. Esto se nota hasta en cómo los anuncian, ni hablar de cómo los describen. La firma tiene además una revista digital que se llama fervorxbuenosai res.com y desde ella acaban de organizar una subasta de fotos porteñas en beneficio de Basta de Demoler en el Art Hotel, Azcuénaga 1268. Son veinte obras de los fotógrafos Delfina Rosell, Belén Bejarano, Alejandrina González Vignoni, Iuri Izrastzoff –director de la firma–, Andrés Santamarina y Pablo Werner. El catálogo completo está en la revista digital y el evento es este martes.

En la tertulia

Este martes se realizó la segunda tertulia sobre temas de patrimonio que organiza la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad, que preside Mónica Capano. El tema eran los nuevos actores en la cuestión patrimonial, y a la mesa se sentaron Marcelo Magadán y Carlos Blanco, de Basta de Demoler, el defensor adjunto del Pueblo porteño Gerardo Gómez Coronado, Gustavo Desplats de la Proto Comuna Caballito, Facundo de Almeida, asesor del diputado nacional Horacio Piemonte y un conocedor del aspecto legal del patrimonio, y el editor de m2 Sergio Kiernan. En la confitería había vecinos de Floresta, Boedo, Caballito, Barracas y Versalles, entre otros barrios.

De Almeida arrancó el encuentro explicando la historia de las dos leyes que hoy en día ayudan a frenar en algo la piqueta, la 2548 y la 3056. Para estar en tema, destacó que la situación cambió muy rápido desde 2005, cuando Teresa de Anchorena asumió como diputada porteña, debido a la acción de los vecinos, a la sorpresa que fue el Poder Judicial y al eco que tuvo el tema en los medios. Gómez Coronado coincidió y explicó que la defensora Alicia Pierini decidió tomar orgánicamente el tema porque abundaban los pedidos de vecinos para que la institución los defendiera en eso también. El defensor adjunto explicó dos conceptos importantes: que la identidad porteña también depende del paisaje concreto, construido, y que hay que enseñarles a los políticos a escuchar a los vecinos.

Marcelo Magadán, un especialista en restauraciones como pocos, explicó que los gobiernos actúan como si administraran sus bienes y no los de los vecinos, y que para peor “llaman a un jardinero para arreglar los caños”. Magadán destacó el éxito de la movilización vecinal y la lucidez de la Justicia, que hizo lugar a ocho de los nueve amparos presentados por Basta de Demoler. Su colega –de ONG y de profesión– Carlos Blanco contó que los Basta de Demoler son los “chicos malos” de la preservación y que su rol con Magadán es ayudar con sus conocimientos a las ONG, para que tuvieran solidez técnica y para discutir ante las pantallas de humo.

Desplats adelantó las exigencias de los vecinos que presentarían ante la Legislatura y rememoró las infinitas denuncias realizadas sobre pisos de más, derrumbes, daños, pozos mal hechos y otras infracciones. También explicó que el gobierno porteño ni considera las inversiones necesarias para que la infraestructura resista semejante especulación inmobiliaria. Y destacó algo obvio pero no mencionado: cuando el esquema haga crisis, seremos los porteños los que pagaremos las inversiones.