09/11/11
Macri dijo que así la gente podrá comprar otra propiedad sin esperar años por un juicio. Es para los que vivían en Bartolomé Mitre 1232. Remueven escombros para buscar al hombre que desapareció. Quieren expropiar el edificio que se partió.
Tras las críticas recibidas por la supuesta falta de controles en la excavación que habría provocado el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre 1232, el jefe de Gobierno Mauricio Macri salió a tomar la iniciativa política : anunció que enviará un proyecto de ley para indemnizar a los vecinos que perdieron sus propiedades para que se puedan comprar otra casa.
“El Banco Ciudad realizará la tasación y se entregará el dinero para que los afectados compren otro departamento. Dada la emergencia y trascendencia en los medios si no es esta semana la próxima se aprobará en la Legislatura”, aseguró Macri, quien visitó el lugar del derrumbe. El mecanismo sería una expropiación, y la Ciudad se quedaría a cambio con los derechos para demandar a la constructora que realizaba la excavación en el lote vecino. “Así –explicó Macri– le gente no tendrá que esperar los 10 años que podría demandar un juicio. Los tiempos del vecino son distintos a los del Gobierno”. En el Ejecutivo porteño separan a los damnificados en tres grupos: los del edificio de Bartolomé Mitre 1232 –a los que apunta el plan anunciado por Macri–, los de otros inmuebles dañados y los que lentamente irán regresando a sus hogares.
En tanto, Macri resaltó la labor de los equipos de emergencia, pero con una frase que a varios les causó sorpresa: “Estamos trabajando mucho, la emergencia funcionó. Se logró que tengamos desaparecida una persona y no que cientos de personas hayan quedado atrapadas”. La referencia es a que sigue sin tenerse novedades sobre Isidoro Madueña, el hombre de 74 años que vivía en el 3°C del edificio que cayó y que permanece desaparecido desde el viernes . Ayer, el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, se comunicó con Mariano, el hijo de Madueña, para explicarle cómo marchaba el operativo en la zona del derrumbe. La Policía Federal realizó un rastrillaje con perros para tratar de ubicar a Madueña. Además, tras la demolición parcial realizada el domingo, consiguieron apuntalar la estructura del edificio y con menos riesgo de desprendimientos ayer comenzó el retiro de escombros . En forma manual y con una retroexcavadora.
El plan del equipo de Emergencias es finalizar la remoción para luego analizar la posibilidad de poder ingresar a los departamentos más altos del frente y luego evaluar si es necesaria la demolición total .
El Gobierno porteño insistió con que había realizado siete inspecciones a la obra en construcción, pero que el problema fue que los constructores no habrían respetado los planos presentados. “Hemos visto que el pozo no era el correspondiente , ellos siguen alegando que se hizo según los planos, los peritos tendrán que venir y evaluar. El Estado estuvo media docena de veces, pero no podés estar las 24 horas al lado del profesional, es lo mismo que si el Gobierno tuviera que poner otro médico para controlar que se opere bien”. De todas formas, los controles se centraron en las condiciones de seguridad laboral para los albañiles pero no en cómo se estaba llevando adelante la excavación.
A las críticas a Macri de la oposición en la Ciudad ayer se le sumaron las del Gobierno Nacional. “Si cada vez que se va a hacer una obra dejamos que esté en manos del arquitecto o del ingeniero sin que el Estado los mire, estamos fallando en lo más importante, el cuidado de la salud de los habitantes. Si es necesario un ejército de inspectores, debe haberlo porque si no estamos muertos”, aseguró el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En tanto, el ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien el lunes había estado en la Legislatura, ayer subió la apuesta: “Acá hay una concepción que tiene que ver con el Estado ausente. Por mucho menos, otros funcionarios han sido eyectados”.
Las críticas de la oposición se centran en las fallas en los controles y también en que el Ejecutivo sigue sin reglamentar una ley que obliga a realizar inspecciones en todas las excavaciones y demoliciones, que había sido sancionada por la Legislatura porteña precisamente después del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza.
