Familiares de las víctimas denunciarán a funcionarios porteños por el derrumbe en Villa Urquiza

Familiares de las víctimas denunciarán a funcionarios porteños por el derrumbe en Villa Urquiza

Por Maia Jastreblansky
De la redacción de lanacion.com
mjastreblansky@lanacion.com.ar
@maiajastre

Maximiliano Salgado, la última víctima hallada entre los escombros del gimnasioque se derrumbó el 9 de agosto en Villa Urquiza, hubiera llegado hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia.

Así lo asegura su madre, Patricia Izraelewiz, que informó a lanacion.com que se presentará como querellante en la causa y buscará imputar a todos lo que tuvieron algún grado de responsabilidad en la tragedia, a la que define como un "pequeño Cromagnon", incluido al gobierno porteño, al que considera el principal responsable.

Para ella, tanto quienes estaban a cargo de la obra lindera, que habría provocado el desmoronamiento del edificio, como el dueño del gimnasio, que permitió el ingreso de sus clientes, y las autoridades gubernamentales, que no ejercieron el control, tienen responsabilidad por la muerte de su hijo.

Sin embargo, junto con su abogado, Fernando Burlando, entienden que los funcionarios porteños son los más comprometidos y consideran que fueron "negligentes" a la hora de controlar la obra en construcción lindera.

El abogado adelantó que buscarán investigar a todos los funcionarios que tuvieron algún grado de responsabilidad. "Esperamos llegar al mayor rango posible, hasta Macri si es necesario," señaló.

"Esto no fue un accidente, fue un homicidio y también forma parte de la inseguridad que vive la ciudadanía", enfatizó.

Horas después de que las tres vícitimas fueron halladas, las autoridades porteñas habían echado a un funcionario y suspendido las obras a cargo del ingeniero imputado.

Además, el gobierno porteño pretendió presentarse como querellante en la causa, pedido que fue denegado por la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, del juzgado de instrucción 45° a cargo de la investigación y que fue calificado por Burlando como "absurdo".

Hasta el momento, los imputados son Guillermo Heyaca Varela, el ingeniero a cargo de la obra lindera al gimnasio; Daniel Alberto Menta, que forma parte del directorio a cargo de dicha construcción, y José Pataro, dueño de la empresa de excavaciones. El hecho está caratulado como "homicidio culposo".

Este lunes, la jueza resolvió prorrogar el secreto de sumario sobre el expediente, lo que fue interpretado por Burlando como una señal de que se está haciendo una investigación importante que involucraría a más personas.

Más comprometidos. Además del gobierno porteño, Burlando consideró que el dueño del gimnasio también fue responsable por las muertes de las tres personas que estaban haciendo ejercicio en su edificio, así como también, los encargados y empleados del lugar que tampoco tomaron medidas.

"El hombre tuvo avisos de todo tipo, desde los ruidos y los temblores hasta las advertencias de palabra. Se solucionaba cerrando una puerta, la puerta del gimnasio, y esto es algo que nadie le va poder explicar a Patricia", declaró el abogado. Por su parte, la mujer aseguró que el dueño del lugar había suspendido algunas clases por los continuos temblores.

Por último, apuntó a las tres personas ya imputadas "y a todos aquellos que tuvieron en sus manos algún expediente de la obra y que pasaron por alto las advertencias", entre ellas la de la Uocra, que había alertado dos veces acerca del peligro de la construcción.

Impunidad y dolor. Para Patricia la impunidad estuvo presente antes y después de la tragedia: afirma que las autoridades porteñas no establecieron contacto con ella.

Según relató, una vez que se subió a la ambulancia que la trasladó tras la terrible noticia del hallazgo del cuerpo de Maxi, nadie volvió a acercarse. "Ni se preocuparon por llamarme. Los psicólogos, que ya durante la búsqueda me habían atendido muy mal, sin contención, desaparecieron también".

En relación a las demás víctimas fatales, Patricia indicó que no tuvo noticias de que otras familias tuvieran intención de realizar alguna acción judicial. Con los Fede, familiares de Guillermo, el profesor de 37 años, no logró contactarse. Con los Lu, los padres del otro joven de 23 años que estudiaba abogacía, mantuvo solo algunas conversaciones telefónicas (ver aparte recuadro).

"Es lo único que me queda, nadie me va a devolver a mi hijo. Además, tengo que estar bien por mi otra hija, que tiene seis años", explicó Patricia.

La mujer contó que todos los días entra al muro de Facebook de su hijo y no deja de sorprenderse por los mensajes de cariño que le siguen dejando todos sus amigos, tanto del colegio, como de inglés, de la banda de música en la que había participado y del nuevo grupo que había hecho en el primer año de la carrera de Comunicación Social, que estaba cursando.

"Maxi era el chico diez en todo: diez en el colegio, diez como hijo, y ahora me enteré que era un diez como amigo. Le agarró también la exigencia por la cuestión del físico y pasó esto", describió su mamá, que agregó que el joven tenía un fuerte interés por lo social que es lo que hoy le hace a ella "mover cielo y tierra como él hubiera hecho".