Cae la protección a edificios de más de 70 años y hay polémica

POR NORA SÁNCHEZ

Son unos 140 mil, muchos con valor patrimonial Una ley obligaba a pedir permiso antes de demoler propiedades anteriores a 1941. Pero no hubo acuerdo en la Legislatura para prorrogarla. Cruces políticos y de urbanistas, que piden soluciones de fondo.

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EDIFICIO. EL DE CHARCAS AL 3100 ESTABA EN RIESGO PERO PUDO SALVARSE: FUE CATALOGADO ANTES DEL CESE DE LA LEY.

10/12/11

Los edificios construidos antes de 1941, que son alrededor de 140.000, perderán la ley que los protege a fin de mes. En la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña no hubo acuerdo para emitir un despacho que permitiera debatir en el recinto la prórroga de la norma. Y la bancada del PRO frenó su tratamiento sobre tablas.

Los urbanistas opinan que es una ley imperfecta, aunque atiende la emergencia. Y piden soluciones de fondo , como la sanción del Código Urbanístico o la elaboración del catálogo de edificios patrimoniales.

Como reacción, la diputada K María José Lubertino presentó un proyecto pidiendo la catalogación de todos los edificios anteriores a 1941, que en la práctica tiene el efecto defrenar las demoliciones , aunque su aprobación está lejos.

La ley es la 3.056, prorrogada hace un año, que extendió la protección que ofrecía la ley 2.548 a los edificios representativos o con premios municipales a todas las construcciones anteriores al 31 de diciembre de 1941. No prohibió las demoliciones, pero introdujo un control. Cuando el Ejecutivo recibe un pedido de permiso para demoler un edificio de 1941 o anterior, debe darle intervención al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), formado por el Ministerio de Cultura, la Legislatura y entidades como la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura de la UBA. Este evalúa si el edificio tiene valor patrimonial. Si no lo tiene, permite demolerlo. Pero si es valioso, ordena su protección preventiva hasta que la Legislatura determine la definitiva.

Según el Gobierno porteño, en el marco de esta ley ingresaron 5.242 expedientes y se catalogaron 989 edificios. En el último año, se presentaron pedidos para demoler 1.746 edificios y 129 fueron catalogados. Y en 2010, sobre 1.114 pedidos se catalogaron 73. De acuerdo al Ejecutivo, la Ciudad tiene 15.207 edificios protegidos , 8.485 catalogados en los últimos cuatro años.

Si la ley no se prorroga, desde el 31 de diciembre el Ejecutivo permitirá demoler edificios anteriores a 1941 basándose sólo en que los planos de la obra estén bien. Y dejará de importar si pueden o no tener valor patrimonial . En la Legislatura afirman que la orden para frenar la prórroga bajó del Ministerio de Desarrollo Urbano cuyo titular, Daniel Chaín, se negó a opinar para esta nota.

“Esto se enmarca en una lógica de permisividad –acusa Martín Hourest, diputado del GEN que presentó el proyecto de prórroga. Es un guiño para los que quieren destruir el patrimonio, que no surgió de los diputados PRO, sino del Ejecutivo. Si la ley cae, entre enero y marzo se van a hacer todas las demoliciones , antes de que haya tiempo para votar otra”.

Esta semana, la diputada Lubertino presentó un proyecto que pide catalogar todos los edificios anteriores a 1941 . “Sé que no todos tienen valor patrimonial, pero es una estrategia. Existe un fallo de Cámara que dice que mientras haya un proyecto que proponga la catalogación, no se puede tirar abajo un edificio hasta que la Legislatura se expida. Esto evitará las demoliciones en enero y febrero, hasta que vuelva a sesionar la Legislatura. El otro fin es lograr que el Ejecutivo haga un relevamiento de esos edificios para proteger a los que merecen catalogación”.

“La ley 3.056 ayudaba, pero la herramienta que falta desde que se aprobó el Plan Urbano Ambiental es el Código Urbanístico, para no tener que estar detrás de la emergencia –opina la diputada peronista Silvina Pedreira, presidente de la Comisión de Planeamiento–. Con un código actualizado, todos sabríamos las alturas autorizadas en nuestros barrios. Hacerlo o no es una decisión política. También hay que demandar que se haga el catálogo de edificios protegidos”.

“El objetivo de la ley es bueno: proteger el patrimonio construido –dice el urbanista Enrique García Espil, de la Sociedad Central de Arquitectos–. Pero su funcionamiento es regular, porque no hay una estructura administrativa armada y la responsabilidad recae en una comisión honoraria. Se suponía que iba a estar vigente un año, mientras se armaba el catálogo de los edificios de valor patrimonial. Con un grupo de expertos, el Ejecutivo podría completarlo en seis meses. Pero llevamos cuatro años prorrogando una ley sin discutir la cuestión de fondo”.

Desde las ONGs Basta de Demoler, Proteger Barracas y Protocomuna Caballito acusan al Ejecutivo de favorecer al negocio inmobiliario y de no enviar los proyectos para catalogar los edificios protegidos en forma preventiva. “El Gobierno porteño no cumple con el deber constitucional de preservar el patrimonio –dice Ana Bas, de Basta de Demoler–. El turismo viene porque ésta es una ciudad con una arquitectura maravillosa. Un bien que está por desaparecer”