Patrimonio porteño en peligro

Si no se prorroga la ley que protege los edificios anteriores a 1941, la ciudad volverá a sufrir pérdidas en su arquitectura

En las principales ciudades del mundo, muchas de ellas de América latina, los edificios testigos de la historia y del devenir de sus habitantes son respetados y puestos en valor, porque no sólo constituyen un motivo de orgullo para todos, sino también un fuerte atractivo para los turistas y estudiosos del patrimonio.

El destino de la ciudad de Buenos Aires puede ser muy distinto, si, como todo indica, no se renueva la vigencia de la ley 2548, que protege los edificios porteños anteriores a 1941 y que está por vencer el 31 de diciembre próximo.

La mencionada ley, votada en noviembre de 2007 por inspiración de la entonces presidenta de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de la Legislatura porteña, Teresa Anchorena, establece que todos los edificios anteriores a diciembre de 1941 (fecha en la que se hizo un relevamiento general de la ciudad) no pueden ser demolidos o sus fachadas cambiadas sin la autorización del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Desde la sanción de la ley hasta ahora, el CAAP evaluó 7500 edificios y de ellos fueron salvados de ser demolidos 1000, que quedaron catalogados.

Costó mucho lograr que se aprobara la mencionada ley, cuya característica es que debe ser renovada en diciembre de cada año. Sin embargo, el pasado 25 de noviembre, durante la reunión en la Legislatura de la Comisión de Planeamiento Urbano, tres diputados del oficialismo no firmaron el despacho que permitiría prorrogar la ley y dar tiempo para que se termine el catálogo definitivo, para saber exactamente cuál edificio tiene valor patrimonial.

Si no se logra su prórroga, a partir del 1° de enero de 2012, cualquier edificio anterior a diciembre de 1941 que no esté aún catalogado, podrá ser demolido. La única posibilidad existente sería recurrir en cada caso a la justicia, amparándose en un reciente fallo que dio por válida la protección solicitada para un caso anterior que todavía no tenía fuerza de ley.

Permitir la demolición de un edificio porteño sin antes evaluar su relevancia patrimonial es un acto peligroso porque se trata de un capital simbólico y económico con el que cuenta la ciudad. Es también un recurso importantísimo para la promoción de Buenos Aires en el mundo, aquello que nos diferencia de otras ciudades y nos da identidad. La arquitectura porteña encanta a los visitantes, tanto a quienes simplemente disfrutan de la estética de estos inmuebles como particularmente a los expertos, porque es el reflejo de lo que somos: una gran variedad de estilos arquitectónicos de todo el mundo conviviendo en un conjunto de gran calidad. Pero también conservar y reutilizar el patrimonio construido conlleva, como lo señalan los expertos en preservación, un importante ahorro de energía y contribuye a hacer más sustentables a las ciudades.

Falta entonces de parte de los legisladores y funcionarios del gobierno de la ciudad comprender la importancia de este tema, que no es menor para el futuro de Buenos Aires. Por supuesto, no todo lo construido antes de 1941 es valioso, pero justamente por eso es fundamental determinar cuáles edificios deben ser preservados y cuáles demolidos.

Nuestra ciudad ya ha perdido por esta razón varios edificios de valor patrimonial y, aun aquellos que quizá no lo tuvieran, no pudieron ser evaluados en su momento. En esta situación se encontraba la casa de la calle Terrada 578, en Flores. Como advirtió la asociación Basta de Demoler, allí vivió Alfonsina Storni y desde allí partió a Mar del Plata, en donde murió, el 25 de octubre de 1938. Si bien se trataba de una construcción desprovista de un gran valor arquitectónico, era indudable su importancia histórica y simbólica. Sin embargo, finalmente fue demolida, aunque, como hizo constar la citada ONG, la casa se encontraba bajo el amparo de las leyes 3056 y 1227 de la ciudad.

Nunca el patrimonio arquitectónico de una ciudad debería quedar a merced de las leyes del mercado de la construcción. Sobre todo ahora, que en el mundo se discute cómo hacer más vivibles las ciudades en términos de arquitectura real, es decir, de acercamiento a sus habitantes, que son principalmente quienes deben disfrutarlas.

La ausencia de una ley que proteja el patrimonio arquitectónico porteño dejará la puerta abierta para que distintos proyectos inmobiliarios tomen la delantera, sin pensar en la ciudad como un todo, propiedad de sus habitantes.