Camps y Hourest quieren detalles sobre la obra de IRSA

El proyecto edilicio Santa María del Plata que ocuparía parte de la Costanera Sur y la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors genera dudas entre los diputados opositores. Señalan impacto ambiental y concesiones ilimitadas a la empresa de Eduardo Elsztain.

Por Clarisa Ercolano 


Tal como lo adelantó Noticias Urbanas, Mauricio Macri quiere que antes de fin de año se le de el visto bueno al emprendimiento de la empresa IRSA, que quiere construir un condominio de oficinas y departamentos de lujo en la zona de la Costanera Sur. Claro que, el PRO deberá sortear algunos escollos: por caso el diputado del GEN Martín Hourest requirió que se archive el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo porteño para aprobar un convenio de normas especiales por el predio de 70 manzanas de la Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, propiedad de la empresa IRSA S.A.

“Estoy planteando la necesidad de archivar este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo porteño porque omitieron incluir dentro de la moción el cumplimiento de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que dicen que todo proyecto que modifica el Código de Planeamiento Urbano tendrá tratamiento de doble lectura y necesitará una mayoría especial de 31 votos en cada una de las lecturas. Y, que entre la primera y la segunda sanción, se deberá convocar a una audiencia pública. Visto y considerando que en la cláusula 4 del convenio de este proyecto de ley que están proponiendo se enuncia que si la legislatura no llegase a aprobar la moción o la aprobara con modificaciones al texto, este convenio se extinguirá de pleno derecho y quedará sin efecto ni valor legal alguno para las partes. Entonces no podemos tratar un proyecto de ley que en si mismo encierra una incongruencia técnica de gravedad, ya que es de por si inconstitucional”, explicó el legislador del bloque GEN y candidato a diputado nacional por el espacio que lidera Hermes Binner (FAP).

“Quiero aclarar que si bien este es un reparo estrictamente técnico también me opongo por cuestiones urbanísticas, ecológicas y de planeamiento urbano estratégico ya que pretenden rezonificar el predio para permitir la construcción de 16 torres de 160 metros de altura y un barrio semi-privado con una marina. La ganancia de estas construcciones sería cuantiosa ya que estaríamos hablando de que el metro cuadrado se vendería en 5.000 y 6.000 dólares dándole un ingreso a IRSA de 3.500 millones de dólares”, dijo Hourest.

“Después de 4 años de gestión macrista, el Ejecutivo no cumple con las cláusulas institucionales que necesita para que un proyecto de ley sea aprobado optando siempre por las empresas constructoras, en detrimento de los vecinos y sus intereses”, concluyó Hourest.

DIPUTADOS Y VECINOS

Hoy por la tarde, una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano convocó a unos 20 asesores y más de 80 vecinos, entre ellos unas 20 personas que actualmente viven en la villa Rodrigo Bueno. Durante las casi dos horas que duró el debate, no se escucharon palabras en defensa del proyecto enviado por el Ejecutivo de la Ciudad.

"Tal y como está planteada la ley no sólo es ofensiva para la Legislatura, sino para la dignidad de los diputados y la división de poderes. De aprobarse en estos términos, dejaríamos de ser una democracia participativa -tal como lo establece la Constitución porteña- y nos convertiríamos en una plutocracia, donde manda el poder económico sobre las representaciones políticas electas por el pueblo", advirtió el legislador Adrián Camps -Partido Socialista Auténtico, Bloque Proyecto Sur-.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno porteño condiciona de manera insólita a la Legislatura: Solares de Santa María S.A. le da a los diputados plazo hasta el 10 de diciembre de este año para aprobar el acuerdo sin tocarle una sola coma -cláusulas 3 y 4 del Convenio-. Además, queda a criterio exclusivo de la empresa prorrogar dicho plazo por 300 días más. Esto inhabilita por completo cualquier posibilidad de discusión.

Por otro lado, "la ley tiene errores -contradicciones con el convenio- que exigen, para su aprobación, una modificación. Pero según los términos en que está planteado, cualquier cambio en el texto haría caer el convenio", explica Camps.

A esto hay que sumarle que el proyecto carece de la debida Evaluación de Impacto Ambiental, se pretende tomar como válida la Audiencia Pública realizada en 2002, a pesar de que el proyecto ha cambiado sustancialmente; se pretende ceder el uso del canal de la Reserva; se quiere aprobar como ley de simple lectura cuando es una manifiesta modificación al Código de Planeamiento Urbano y cesión de derechos, y por tanto requiere doble lectura y 40 votos.

"En estas condiciones el proyecto debe ser rechazado sin más trámite", sentenció el legislador Adrián Camps, quien participa de las tres comisiones en las que se debatirá: Planeamiento Urbano, Ecología y Protección y Uso del Espacio Público.

Durante la reunión se solicitó realizar, la semana próxima, una nuevo encuentro de asesores, diputados y vecinos con invitación abierta al Poder Ejecutivo de la Ciudad para que aporte la información que aún no consta en el expediente, por ejemplo, estudio de impacto ambiental.