Los representantes macristas se fueron de la reunión de la Comisión de Planeamiento y quedó sin tratarse la postergación de la ley que protege a los inmuebles construidos antes de 1941, que vence el 31 de diciembre.
La reunión de la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña que tuvo lugar el jueves a la noche, se suspendió de manera imprevista cuando los diputados del PRO, Álvaro González, Cristian Ritondo y Bruno Guido Screnci Silva (este último vicepresidente de la comisión) se levantaron luego de la firma de algunos expedientes. Así, dejaron sin tratamiento el proyecto para la tercera prórroga de la Ley 2548, que protege a las edificaciones que se hayan levantado en la ciudad antes del 31 de diciembre de 1941. Las asociaciones proteccionistas aseguran que si no se sanciona la norma, corren peligro más de 100 mil edificios, según datos oficiales.
Gustavo Desplats, de Proto Comuna Caballito, explicó a Tiempo Argentino que “si esta ley cae, no importa el valor patrimonial, directamente se van a destruir”.
La preocupación de los vecinos es porque el 31 de diciembre pierde vigencia la Ley de Régimen de Promoción Especial de Protección Patrimonial, “el único mecanismo de protección para los edificios que datan de antes de 1941”, según expresaron. El jueves se trató en la Comisión de Planeamiento, y la dilación de su discusión fue moneda corriente en los últimos años, motivada sobre todo por la presión de arquitectos y constructores que desde un primer momento se opusieron a la medida.
La norma, que está a un mes de caducar, prorroga por un año la Ley 2548, aprobada en 2007 como mecanismo de urgencia para “congelar” los inmuebles antiguos hasta tanto se los termine de catalogar. Sin embargo, las organizaciones, como Proteger Barracas, remarcaron “las escasas construcciones catalogadas que existen en la ciudad”. Ante la lentitud de los catálogos, lo que en su momento fue promulgado como excepción hoy se transformó en la regla.
El presidente de la Comisión Especial del Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura, Patricio Di Stéfano (PRO), indicó a Tiempo Argentino que su posición es a favor de la aprobación: “Hay consenso, propusimos este régimen para proteger a los edificios anteriores de 1941, para ponerle una fecha y que no sea indefinida, como un mecanismo excepcional, porque el patrimonio no está protegido. Deberíamos continuar con este régimen, pero lo mejor es que haya reglas claras de qué hacer.”
Representantes de distintas ONG dieron su parecer a Tiempo Argentino. Mario Oybin, de SOS Caballito, aseguró: “No podemos admitir que año tras año estemos corriendo detrás de los legisladores para que aprueben esto, hay que hacer una ley de defensa del patrimonio arquitectónico de la Ciudad. El problema es respetar la identidad de los barrios. La calle Pedro Goyena era un diamante, con petit hoteles y una arquitectura extraordinaria; hoy es un escenario hollywoodense de nuevos ricos. Es una lucha sin cuartel que los vecinos estamos llevando a cabo. Y el objetivo del gobierno es el negocio inmobiliario.”
Leonardo Figueroa, de Proteger Barracas, comentó que “el proyecto se trató la semana pasada pero por causa de la presión de las representantes del CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo) no se logró consenso. Se estima que son unos 100 mil edificios que están en riesgo si no se aprueba la prórroga, y según datos oficiales del CGBA, los que tienen algún nivel de protección firme son menos de 10 mil”.
Desde 2008 hasta mitad de este año sólo se habían revisado 7640 (el 5%), de los cuales 2037 se catalogaron preventivamente. Se desestimaron 5520 (el 72% de las evaluadas) y 83 no pudieron evaluarse porque fueron demolidas ilegalmente. Los datos provienen del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), encargado de examinar todos los pedidos de aviso de obra o intención de demoler un edificio anterior a 1941. Si decide que un inmueble es patrimonio de la Ciudad, lo eleva a la Legislatura, que debe aprobarlo. Si lo desestima, automáticamente puede empezar la demolición. Para examinar cada caso cuentan con 45 días desde que ingresa el expediente, y en las cuatro horas que dura cada reunión semanal, el CAAP evalúa, en promedio, 68 propiedades. A ese ritmo harían falta 80 años para catalogar toda la ciudad.
La secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural (una de las cuatro instituciones fijas del CAAP), Mónica Capano, señaló a este diario que “aparentemente la ley se firmaría por un año, pero lo importante es que se termine de hacer el catálogo, que no está. Lostri habla de 152 mil inmuebles catalogados, cualquier cosa. A un 90% se les da protección cautelar, sólo la fachada, y constantemente hay casas demolidas sin aviso.”
Gustavo Desplats, de Proto Comuna Caballito, explicó a Tiempo Argentino que “si esta ley cae, no importa el valor patrimonial, directamente se van a destruir”.
La preocupación de los vecinos es porque el 31 de diciembre pierde vigencia la Ley de Régimen de Promoción Especial de Protección Patrimonial, “el único mecanismo de protección para los edificios que datan de antes de 1941”, según expresaron. El jueves se trató en la Comisión de Planeamiento, y la dilación de su discusión fue moneda corriente en los últimos años, motivada sobre todo por la presión de arquitectos y constructores que desde un primer momento se opusieron a la medida.
La norma, que está a un mes de caducar, prorroga por un año la Ley 2548, aprobada en 2007 como mecanismo de urgencia para “congelar” los inmuebles antiguos hasta tanto se los termine de catalogar. Sin embargo, las organizaciones, como Proteger Barracas, remarcaron “las escasas construcciones catalogadas que existen en la ciudad”. Ante la lentitud de los catálogos, lo que en su momento fue promulgado como excepción hoy se transformó en la regla.
El presidente de la Comisión Especial del Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura, Patricio Di Stéfano (PRO), indicó a Tiempo Argentino que su posición es a favor de la aprobación: “Hay consenso, propusimos este régimen para proteger a los edificios anteriores de 1941, para ponerle una fecha y que no sea indefinida, como un mecanismo excepcional, porque el patrimonio no está protegido. Deberíamos continuar con este régimen, pero lo mejor es que haya reglas claras de qué hacer.”
Representantes de distintas ONG dieron su parecer a Tiempo Argentino. Mario Oybin, de SOS Caballito, aseguró: “No podemos admitir que año tras año estemos corriendo detrás de los legisladores para que aprueben esto, hay que hacer una ley de defensa del patrimonio arquitectónico de la Ciudad. El problema es respetar la identidad de los barrios. La calle Pedro Goyena era un diamante, con petit hoteles y una arquitectura extraordinaria; hoy es un escenario hollywoodense de nuevos ricos. Es una lucha sin cuartel que los vecinos estamos llevando a cabo. Y el objetivo del gobierno es el negocio inmobiliario.”
Leonardo Figueroa, de Proteger Barracas, comentó que “el proyecto se trató la semana pasada pero por causa de la presión de las representantes del CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo) no se logró consenso. Se estima que son unos 100 mil edificios que están en riesgo si no se aprueba la prórroga, y según datos oficiales del CGBA, los que tienen algún nivel de protección firme son menos de 10 mil”.
Desde 2008 hasta mitad de este año sólo se habían revisado 7640 (el 5%), de los cuales 2037 se catalogaron preventivamente. Se desestimaron 5520 (el 72% de las evaluadas) y 83 no pudieron evaluarse porque fueron demolidas ilegalmente. Los datos provienen del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), encargado de examinar todos los pedidos de aviso de obra o intención de demoler un edificio anterior a 1941. Si decide que un inmueble es patrimonio de la Ciudad, lo eleva a la Legislatura, que debe aprobarlo. Si lo desestima, automáticamente puede empezar la demolición. Para examinar cada caso cuentan con 45 días desde que ingresa el expediente, y en las cuatro horas que dura cada reunión semanal, el CAAP evalúa, en promedio, 68 propiedades. A ese ritmo harían falta 80 años para catalogar toda la ciudad.
La secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural (una de las cuatro instituciones fijas del CAAP), Mónica Capano, señaló a este diario que “aparentemente la ley se firmaría por un año, pero lo importante es que se termine de hacer el catálogo, que no está. Lostri habla de 152 mil inmuebles catalogados, cualquier cosa. A un 90% se les da protección cautelar, sólo la fachada, y constantemente hay casas demolidas sin aviso.”
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