El fin de la Ley que protege el patrimonio de Buenos Aires

ELOGIO DE LA INCONSISTENCIA

Quienes seguimos de cerca las cuestiones del patrimonio arquitectónico y la identidad de los barrios en la Ciudad nos hemos visto sorprendidos en el día de ayer con el hecho de que en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura no haya podido firmarse el despacho a favor de la prórroga de la ley 2548 y sus modificatorias 3056 y 3680 debido a la negativa de la mayoría de los diputados oficialistas. 

Llama la atención que, si bien la ley original que comprendía la franja costera de la Ciudad fue una iniciativa de la por entonces diputada Teresa de Anchorena, su ampliación a todo su territorio en 2009 fue impulsada por diputados pertenecientes al bloque mayoritario, el mismo que hoy le asesta el golpe de gracia. 

Las razones aducidas para justificar tal inconsistencia no resisten siquiera su propio peso. Se hace referencia –por ejemplo- al completamiento de un catálogo de edificios patrimonialmente valiosos que, según los mismos datos publicados por fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad en sus “Atlas de edificios catalogados”, alcanzan a 11.500 piezas de las cuales apenas 4000 cuentan con protección firme y efectiva. 

Nadie puede afirmar con seriedad que esa cantidad represente la totalidad de edificios porteños que merece ser preservados de demolición. Aún considerando la depredación de que han sido objeto los barrios más codiciados por el mercado inmobiliario, es lógico pensar que la cantidad real excede largamente tal cifra oficial. Y es precisamente la aplicación de la norma cuestionada la que semana a semana ha ido incorporando preventivamente nuevos inmuebles al catálogo,  demostrando per se que la tarea de relevamiento está muy lejos de haberse finalizado.

Esto es, si la propia ley 2548 se justifica a sí misma, ¿cómo pueden ciertos legisladores decidir que ha cumplido su finalidad o perdido vigencia?

¿Cómo justificarán ante los ciudadanos de cada barrio esos mismos legisladores la pérdida de cientos de piezas valiosas de la arquitectura porteña que a partir del 1º de enero comenzará a producirse, ya sin el filtro de la ley? 

Indudablemente les requerirá un esfuerzo intelectual notable, una verdadera ingeniería semántica volver creíbles las palabras vertidas en el prólogo del “Atlas de edificios catalogados” firmadas por el Jefe de Gobierno, su Ministro de Desarrollo Urbano y su Subsecretario de Planeamiento en razón del “La Protección Patrimonial como política pública” cada vez que los vecinos levanten la vista y encuentren escombros donde hasta la víspera hubo un edificio entrañable y reconocible de su barrio. 

Más dificultoso aún de sostener a la luz de las recientes modificaciones de la Comisión Asesora del Consejo del Plan Urbano Ambiental integrada ahora por entidades ligadas a la construcción y el mercado inmobiliario o el proyecto de sustituir a la actual y comprometida conducción de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico Cultural.

Si la cuestión patrimonial está hoy en la agenda política, se debe en gran parte a la movilización de los vecinos que ven modificados dramáticamente sus entornos queribles. Esos mismos ciudadanos que ahora aguardamos ansiosos sus explicaciones.